1A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 7 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15285 Hoy por hoy Panamá arrastra desde hace años una deuda histórica con los menores y jóvenes que viven bajo custodia del Estado. La ausencia de una política pública sostenida para la protección de niños, niñas y adolescentes en albergues ha transformado estos espacios, concebidos para resguardar derechos, en escenarios recurrentes de denuncias, indignación y dolor. Las autoridades suelen acordarse de esta población solo cuando estalla una crisis; pasada la conmoción, todo vuelve a la inercia. No es la primera vez. En 2021 estalló un escándalo por maltrato y presuntos abusos sexuales en albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), vinculado incluso al ascenso político de una funcionaria cercana al Ejecutivo en ese momento, lo que evidenció omisiones graves en la respuesta estatal. La denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes sobre irregularidades en el Centro de Tocumen expone, de nuevo, Ellas.pa Arelys Alvarado: escuchar, actuar y ayudar 5B Michael Amir Murillo le sonríe al futuro con el Besiktas 8A Deportes Panorama Genaro López pasa de arresto domiciliario a reporte semanal 2A Economía Expocomer 2026: Panamá reunirá cinco ferias 1B El Estado ignoró alertas sobre la niñez bajo cuidado Eliana Morales Gil [email protected] PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Una denuncia penal expone presuntas omisiones de la Senniaf ante riesgos graves para menores bajo custodia del Estado en el CAI de Tocumen. Meses de correos internos, informes técnicos y actas oficiales sostienen la denuncia que hoy revisa el Ministerio Público por lo ocurrido en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Los documentos, incorporados a una denuncia penal, describen una secuencia de alertas ignoradas sobre condiciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. La acción legal fue presentada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, ante la Procuraduría General de la Nación. El escrito apunta a presuntas omisiones y fallas en la gestión del albergue, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Según la denuncia, las advertencias comenzaron a circular meses antes de la inspección oficial. Correos dirigidos a altos cargos de la institución alertaban sobre casos de tuberculosis sin Censo socioeconómico abre la ruta social del tren Panamá–Paso Canoas La Secretaría del Ferrocarril iniciará el 18 de febrero el censo socioeconómico del tren Panamá–David–Paso Canoas, un paso clave para planificar el proyecto con información sobre las comunidades dentro de su área de influencia. VEA 1B Corte niega demanda por $10 millones de Mayer Mizrachi contra el Estado JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó la demanda contencioso administrativa presentada por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, que reclamaba Mayer Mizrachi. Archivo Justicia de EUA condena a Cholo Chorrillo cabecilla de la pandilla Bagdad Una corte federal de Estados Unidos (EUA) declaró culpable a Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, líder de la pandilla Bagdad, por narcotráfico internacional tras una investigación conjunta con autoridades panameñas. VEA 3A una indemnización de $10 millones al Estado por presunto mal funcionamiento del Ministerio Público. La decisión concluyó que no procedía la pretensión, pese a que en 2024 un tribunal penal anuló un proceso por blanqueo de capitales en su contra debido a un error en la imputación del delito. VEA 4A Cuenca del río Juan Díaz Wanda frena 400 mil kilos de basura El sistema de Wanda demuestra que es efectivo frente al problema crónico de la basura en los ríos urbanos de Panamá. Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 este sistema interceptó al menos 400 mil kilos de residuos en el río Juan Díaz, con lo cual evitó que llegaran a la bahía de Panamá. El volumen recolectado evidencia la magnitud de la contaminación y la intervención de Marea Verde para reducir el impacto de los desechos. VEA 3A Anel Asprilla capacidad de aislamiento, convivencia de menores con adultos con discapacidad psiquiátrica, episodios de presunto abuso sexual, embarazos de adolescentes y la falta de espacios adecuados para proteger a la población más vulnerable. El caso reabre un debate que Panamá ya ha enfrentado antes. Años atrás, denuncias y reportes oficiales advirtieron fallas estructurales en el sistema de albergues, sin que las correcciones prometidas lograran sostenerse en el tiempo. VEA 2A alertas ignoradas, condiciones indignas y una cadena de omisiones que deja a los más vulnerables sin protección. La protección de la niñez no puede seguir dependiendo del escándalo de turno. Exige responsabilidad institucional, supervisión permanente y decisiones de fondo. Cada día de retraso es otra forma de abandono. Esta aciaga situación trasciende gobiernos, lo que evidencia que no se le ha dado la importancia requerida. Significa un desprecio hacia los menores en riesgo social.
2A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 Un juez de garantías cambió la medida cautelar de depósito domiciliario por reporte periódico los viernes de cada semana al dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, imputado por los delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados a dicha organización sindical que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro. Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la juez Ninoska Montero decidió acceder a la petición presentada por la defensa de López de cambiar la medida de retención domiciliaria por el reporte periódico, mantener el brazalete electrónico y la prohibición de viajar a la provincia de Bocas del Toro, ya que no existe riesgo de fuga ni de Genaro López pasa de arresto domiciliario a reporte semanal DECISIÓN DEL JUEZ destrucción de pruebas. Sin embargo, tanto la fiscalía como la defensa de López apelaron la decisión de la juez de garantías, por lo que se fijó una audiencia el próximo 25 de febrero en la sala 5 del Tribunal Superior de Apelaciones. Según la investigación del Ministerio Público, López, junto a los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez (quien está prófugo) y Erasmo Cerrud, habrían arrebatado 14 fincas entregadas por la empresa Pillar Construction S.A. a modo de compensación, tras perder un litigio laboral en 2011 por un monto de 7 millones de dólares con un grupo de 400 trabajadores del proyecto Red Frog, entre prestaciones laborales y costas legales. López fue imputado y detenido preventivamente el 24 de mayo de 2025 por este caso, pero posteriormente el tribunal le concedió una medida de arresto domiciliario por presentar problemas de salud. Las 14 fincas, con una extensión de 33,712 metros cuadrados, fueron entregadas por Pillar Construcción —luego Bastimentos Holding— como parte de un acuerdo para compensar a 412 trabajadores del Suntracs que participaron en una huelga en el proyecto Red Frog entre 2007 y 2008, declarada legal por el Mitradel. Aunque la empresa fue condenada al pago de $7 millones por salarios caídos, se pactó un acuerdo extrajudicial mediante el cual las fincas, valoradas entonces en $3 millones, fueron utilizadas como compensación. Según el Ministerio Público, la mayoría de los trabajadores no fue informada del acuerdo ni de que pasó a figurar como propietaria de los terrenos. Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Cortesía Las alertas que la Senniaf ignoró en el albergue de Tocumen Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PROTECCIÓN A LA NIÑEZ La denuncia describe condiciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal, entre ellas casos de tuberculosis sin capacidad de aislamiento, relatos de presunto abuso sexual, episodios de autolesiones que derivaron en hospitalizaciones. La denuncia que llegó al Ministerio Público reúne correos impresos, informes técnicos, memorandos internos y fotografías que llevan meses circulando dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). En conjunto, los documentos describen una secuencia de advertencias que, según el expediente, no recibieron atención oportuna. Desde la página ocho, la acción legal presentada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, se concentra en las evidencias que el agente de instrucción debe asegurar y contrastar para reconstruir lo ocurrido dentro del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Se trata de una cadena de comunicaciones internas que se extiende por varios meses y que describe riesgos graves para la población bajo custodia estatal. El tema entró a la agenda pública el pasado jueves, cuando la diputada de San Miguelito acudió al albergue luego de recibir alertas de miembros de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, que previamente habían detectado una cadena de irregularidades en el centro de acogida. Por eso, Brenes acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia que apunta a Ana Fábrega Guardia, directora de la entidad y otros funcionarios de la institución. Fue acompañada de César Pérez, un psicólogo que hasta el viernes coordinó el CAI. A raíz de que surgió el escándalo fue despedido por “pérdida de confianza”. ‘Existe contagio por tuberculosis’ Entre las evidencias figuran correos electrónicos enviados a altos cargos de la institución, como Fábrega, algunos reenviados en más de una ocasión. En ellos se detallan múltiples hechos como la convivencia de menores con adultos con discapacidad psiquiátrica, alertas por enfermedades contagiosas, episodios de acoso sexual, embarazos de adolescentes y la falta de espacios adecuados para aislar o proteger a quienes se encontraban en mayor riesgo. Los documentos consignan fechas, horarios y solicitudes concretas. Uno de esos correos fue redactado el 3 de septiembre de 2024 a las 7:25 a.m. En dicho correo, César Pérez escribió lo siguiente: “existe contagio por tuberculosis en tres menores de edad”. Alertó que no contaba con el aislamiento necesario y solicitaba la hospitalización de uno de los pacientes. Pérez envió otro mensaje similar unos días después. Insistía. Decía que no podía contener la enfermedad. Ana Fábrega asumió la dirección de Senniaf a partir del 1 de julio de 2024, cuando José Raúl Mulino asumió la presidencia de la República. Acoso sexual En otro mensaje, se solicita el traslado urgente de adultos con discapacidad ante situaciones reiteradas de acoso sexual hacia menores. Se mencionan “chicas embarazadas, niños pequeños y una bebé que requieren mucha atención y cuidados”. De acuerdo con la denuncia, esas alertas no derivaron en respuestas efectivas. El expediente también incorpora informes de incidentes elaborados por personal técnico, entre ellos psicólogos y trabajadoras sociales. Esos reportes describen actos sexuales entre residentes con discapacidad, episodios de autolesión que culminaron en hospitalizaciones y señales de deterioro emocional en adolescentes bajo custodia estatal. En uno de los informes, una joven relata prácticas humillantes y abusivas atribuidas a cuidadoras, un testimonio que la denuncia considera necesario verificar mediante peritajes y entrevistas especializadas. Además de la documentación escrita, la denuncia solicita evaluaciones médico-legales y psicológicas a varias posibles víctimas, algunas menores de edad, para determinar si los hechos descritos configuran delitos sexuales, maltrato o trato negligente agravado por la condición de discapacidad. También pide una inspección ocular inmediata al albergue, con énfasis en sistemas informáticos y archivos internos, ante el riesgo de pérdida o alteración de información relevante. Verificar, contrastar y escuchar El escrito advierte que el cúmulo de alertas ignoradas y decisiones que no llegaron expuso durante meses a niños, niñas y adolescentes a condiciones incompatibles con cualquier estándar de protección. A partir de ahí, traslada al Ministerio Público la tarea de verificar, contrastar y escuchar a quienes redactaron informes, enviaron correos, tomaron fotografías y pidieron intervención por los canales institucionales. Los documentos ya constan en el expediente. La diputada recordó que las alertas sobre presuntos abusos y maltrato en albergues no son nuevas. “Desde 2021 se han presentado denuncias por abuso sexual y maltrato al menor, y la realidad que hoy tenemos no es distinta”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas estructurales del Estado. Pidió celeridad al Ministerio Público y llamó al Ejecutivo a asumir responsabilidades. “Los niños y la vulneración de sus derechos no pueden esperar un día más”, dijo, al insistir en que la protección de la niñez debe ser una prioridad real y no solo discursos. Silencio en la Senniaf Después de la denuncia, la Senniaf no se ha pronunciado. El pasado jueves, luego de la visita que realizó la Comisión de la Mujer al albergue, emitió un comunicado en el que informó que el recorrido “se desarrolló con normalidad y en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes”. En ese recorrido participó Fábrega. Mal de siempre No es la primera vez que los albergues estatales quedan bajo escrutinio. Hace algunos años, investigaciones oficiales, reportes de la Defensoría del Pueblo y denuncias de organizaciones civiles ya habían advertido fallas estructurales en el sistema de protección, desde deficiencias en la supervisión hasta casos de maltrato y abusos contra menores bajo custodia del Estado. Fue precisamente la Comisión de la Mujer de la Asamblea, la instancia que en el quinquenio pasado se interesó en el tema producto de una investigación realizada en los sitios de acogida del Estado y otros regentados por organizaciones no gubernamentales. Aquellos episodios, que sacudieron la opinión pública y obligaron a promesas de reformas, dejaron en evidencia un modelo frágil, con controles débiles y respuestas tardías. Todo sigue igual. Genaro López. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 Panorama La Casa de Wanda, un centro interactivo de educación ambiental, recibió unos 7,000 visitantes en 2025; el 70% fueron estudiantes. Anel Asprilla Marea Verde instalará barreras en el río Matías Hernández Yaritza Mojica [email protected] MEDIOAMBIENTE Como parte del proyecto Siete Cuencas, antes de que comience la temporada lluviosa 2026, la organización ambiental instalará barreras para empezar a recoger los residuos que bajan por este afluente hasta desembocar en la bahía de Panamá. Al menos 400 mil kilos de residuos fueron interceptados desde la instalación del sistema Wanda, en septiembre de 2022, hasta diciembre de 2025, evitando que llegaran a la desembocadura del río Juan Díaz y, por ende, a la bahía de Panamá. El sistema opera en un punto considerado sitio Ramsar de importancia internacional por su biodiversidad y la presencia de aves migratorias. Desde hace tres años, mediante la rueda hidráulica Wanda, un sistema de recolección automática de basura para ríos, y dos barreras flotantes —conocidas como Bob— que interceptan los residuos, la organización ambiental Marea Verde desarrolla esta tarea en el río Juan Díaz, como una primera fase. Este año, la iniciativa se ampliará al río Matías Hernández. El objetivo final es alcanzar también los ríos Curundú, Matasnillo, Abajo, Matías Hernández, Tocumen y Cabuya. Así lo informó Laura González, directora ejecutiva de Marea Verde, quien destacó que 2025 marcó un punto de inflexión para la organización con el lanzamiento del proyecto Siete Cuencas, una iniciativa que busca intervenir los siete ríos que desembocan en la bahía de Panamá con un sistema de barreras diseñadas para impedir que la basura, en especial los desechos plásticos, lleguen al océano. “El mapa de la bahía muestra que los ríos están muy cerca unos de otros, y eso explica en gran parte el nivel de contaminación. Por esodecidimosescalarelmodelo”, indicó González. El proyecto se desarrolla en alianza con The Ocean Cleanup, una organización internacional que tiene como meta operar en 30 ciudades del mundo para 2030, y que posiciona a Panamá como una ciudad referente a nivel global en soluciones contra la contaminación por plásticos, destacó González. Nuevas barreras y expansión a más ríos En junio de 2025, Marea Verde instaló barreras en el río Abajo, que desemboca en el área de Panamá Viejo, donde ya se han retirado alrededor de 31,600 kilos de residuos. Como parte de las innovaciones del proyecto, se colocaron dobles barreras en algunos tramos. “Nos dimos cuenta que, durante lluvias muy intensas, algunos residuos pasaban por encima o por debajo, por lo que la primera barrera reduce la velocidad y la segunda captura los desechos, aumentando significativamente la efectividad”, explicó la directora. Para los próximos meses, antes del inicio de la temporada lluviosa, Marea Verde prevé la instalación de nuevas barreras en el río Matías Hernández—quedesemboca en Costa del Este—, otro afluente con altos niveles de contaminación, el cual, segúnla organización, podría presentar condiciones iguales o incluso más críticas que las del río Juan Díaz. En este río no se instalará el sistema Wanda debido a su menor profundidad y ancho; sin embargo, se colocarán barreras flotantes y sistemas Bob, similares a los TRÁFICO Y BLANQUEO Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] que utilizan actualmente. Solo en 2025 se recolectaron 220 mil kilos de desechos en el río Juan Díaz, siendo mayo el mes más crítico. “Casi la mitad de los residuos que retiramos en todo el año se concentran en el mes de mayo, justo con las primeras lluvias, cuando se arrastra todo lo acumulado durante la temporada seca”, explicó González. Según la directora, durante ese mes se retiraron al menos 20 contenedores de basura únicamente en ese río, evitando que los desechos llegaran al manglar de la bahía. Entre los residuos más frecuentes figuran botellas plásticas, envases desechables, recipientes, cubiertos plásticos, juguetes, piezas de autos y cartuchos, entre otros, materiales que pueden tardar entre cuatro y 450 años en degradarse. Entre los desechos inusuales extraídos, la organización contabilizó 206 partes de neveras, 509 balones deportivos y 106 juguetes. Preparación ante el cambio climático González subrayó que el cambio climático ha hecho que las lluvias sean cada vez más impredecibles, por lo que la organización mantiene un monitoreo constante en todos los ríos intervenidos. “Tenemos cámaras instaladas que nos permiten detectar acumulaciones de residuos y desplegar rápidamente al equipo. No podemos confiar que en ciertos meses no habrá basura; hoy puede llover en cualquier momento”, afirmó. En el ámbito científico, Marea Verde realizó, junto con la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) un estudio de línea base en el manglar del río Abajo, previo a la instalación de la barrera flotante. El análisis evidenció la importancia de proteger este ecosistema, al identificar especies amenazadas incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como el tiburón martillo, así como aves protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En materia de educación ambiental, La Casa de Wanda, un centro interactivo de educación ambiental, recibió a unos 7,000 visitantes el año pasado, de los cuales el 70% fueron estudiantes. Además, el programa Wanda Educa benefició seis escuelas oficiales, logrando el reciclaje de no menos de 2,800 kilos de materiales mediante puntos limpios escolares. Jorge Camargo Clarke fue extraditado el 2 de marzo de 2023. Cortesía/Policía Nacional EUA condena a Cholo Chorrillo por narcotráfico internacional Una corte federal de Estados Unidos, en Los Ángeles, declaró culpable a Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, señalado como líder de la organización criminal panameña conocida como la pandilla Bagdad, tras una investigación internacional desarrollada en coordinación entre autoridades estadounidenses y panameñas. De acuerdo con un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Camargo Clarke fue hallado culpable de todos los cargos relacionados con narcotráfico internacional. La investigación lo vinculó con el tráfico de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos, así como con el sostenimiento de rutas y operaciones transnacionales que alimentaron el trasiego de drogas a gran escala y generaron episodios de violencia en Panamá. El acusado fue capturado en Costa Rica, país al que se trasladó para evadir procesos judiciales. En marzo de 2023 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el juicio federal. El caso se sustentó en pruebas documentales, peritajes técnicos y testimonios que lo relacionaron directamente con las operaciones de la red criminal. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lideró la investigación en coordinación con autoridades panameñas, que aportaron evidencia clave, incluidos análisis forenses y testimonios especializados. La embajada estadounidense destacó el veredicto como un ejemplo del alcance de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y subrayó el trabajo conjunto que permitió procesar a un cabecilla cuyas operaciones trascendieron las fronteras panameñas. En Panamá, Camargo Clarke también enfrenta antecedentes judiciales. En 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación contra una condena de 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. Anteriormente, había sido condenado por pandillerismo y vinculado a diversas investigaciones, incluida la operación Neptuno por tráfico de drogas. Su nombre ha sido asociado durante años con la pandilla Bagdad y con disputas entre grupos criminales, incluida la masacre ocurrida en 2019 en el Centro Penitenciario La Joya. La barrera flotante y Wanda, en el río Juan Díaz, en un momento de poca recolección de desechos. Anel Asprilla
4A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 Panorama Panama Ports Company (PPC) ha anunciado un proceso de arbitraje contra la República de Panamá. Era obvio, dadas las ridículas concesiones que gobierno tras gobierno le dieron a esa empresa sin que el Estado panameño fuera recompensado. PPC obtuvo todo cuanto quiso, incluyendo la renovación automática de un contrato leonino, profundamente inconveniente para los intereses de la Nación. Y PPC quiere todo de vuelta o que paguemos por recuperarlo, hasta el último centavo, más intereses, más lucro cesante y todo lo que le costó ese contrato. Los que lo renovaron no les importó nada. Al igual que el contrato minero, el gobierno de José Gabriel Carrizo/Laurentino Cortizo fue irresponsable y negligente, por decir algo decente. Mientras ambas empresas recogían diamantes, a nosotros solo nos permitían ver por unos instantes su brillo antes de verlos desaparecer en sus bolsillos. Estoy seguro de que, si se busca en la Ley, debe haber, no uno, sino varios delitos de los que se les pueda acusar a esos funcionarios ante lo que parece ser simple estupidez e incompetencia. Pero muchísimas personas, entre las que me incluyo –legos absolutos en asuntos legales– nos dábamos cuenta de lo absurdo que era mantener esos contratos. La Corte Suprema de Justicia, por petición de terceros, tuvo que intervenir para darnos la razón: los que firmaron esos contratos violentaron la Constitución. En consecuencia, ellos deberían ser investigados y enjuiciados, porque actuaron con, al menos, sospechosa desidia. Nadie, ni careciendo de sentido común, aceptaría los términos de esos contratos, salvo que esos funcionarios les permitieran algo más que presenciar fugazmente el destello de esos diamantes. O, como diría el exlegislador Manuel de la Hoz, “¡Aquí hay mameyes!”. La Corte Suprema dejó como verdaderos peleles a afamados bufetes que revisaron esos contratos; a abogados de la Contraloría, incluido el contralor – abogado también–, a departamentos completos de asesores legales de ministerios y de la Presidencia de la República. No escaparon sus titulares (Carrizo/Cortizo) ni los defensores de oficio de esos mamotretos legales hechos para exprimir hasta el último centavo de nuestros valiosos recursos. Pienso que para que se aprobaran esos contratos tal como quedaron redactados haría falta una orden de muy arriba; harían falta deslumbrantes incentivos para que los firmantes eligieran ser ciegos en lugar de leer lo que tenían enfrente; haría falta ser cómplice en lugar de íntegro; haría falta ser un Judas, un traidor que no lo fue por el puro gusto de serlo, sino porque comerció su falta de escrúpulos. No creo que haya sido únicamente desidia; creerlo sería como elegir ser ciego. Pero no faltará el que diga que hay que probarlo. Y ese eligió ser ciego, porque solo hay que ver cómo viven hoy y cómo vivían antes. Lo que habría que preguntarse es, además de lo obvio, quién más participó en la fiesta en la que se paga por bailar. Fuentes bien informadas relatan cuentos que aseguran no son cuentos. Narraciones de criptos, perdón, de la cripta. ¡De mameyes! De celebraciones y triunfos festejados discretamente; de riquezas instantáneas; de restaurantes y cafeterías que no necesitan clientes, sino de un local y un nombre. Y, por cierto, les recuerdo a esos que se pasan de ciegos que, si bien hay algunos que entran millonarios al Gobierno, como Ricardo Martinelli, eso no los hace menos codiciosos. Martinelli era o es infinitamente más rico, así que, en lugar de miles de dólares, mordió millones. Es decir, su inagotable apetito por lo ajeno no fue menos, fue mayor… Sugiero a alguna autoridad iniciar una investigación seria sobre este asunto. Los panameños probablemente tengamos que pagar miles de millones en indemnizaciones a PPC, aunque espero no sea así. Pero, si así fuera, los que firmaron y aprobaron ese contrato no deberían seguir en las calles, como si ellos no fueran responsables de absolutamente nada. Son ellos los que deberían pagar por su inexcusable negligencia o por su descarada complicidad…, pero en la cárcel. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La juez Baloisa Marquínez en el momento en que juramentó a la testigo Tatiana Cherigo. Captura de pantalla Odebrecht: Martinelli, Duboy y Díaz presentan sus testigos Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO Duboy estaba presente personalmente en la sala. Martinelli siguió el desarrollo del juicio por Zoom. El juicio del caso Odebrecht sigue su curso. Ayer, con testigos que intentan justificar la legalidad de las transferencias realizadas, pese a que desde 2016 la constructora brasileña admitió que esos pagos son en realidad sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño. Estos testimonios fueron solicitados por los acusados Ricardo Martinelli, Carlos Duboy y Rodrigo Díaz. Duboy estaba presente personalmente en la sala. Martinelli siguió el desarrollo del juicio por Zoom. A continuación, se presenta una cronología de los testimonios más relevantes durante la jornada, que inició a las 8:30 a.m., en la sala que preside la juez Baloisa Marquínez. Erasmo Moreno, un testigo requerido por Basilio González, abogado del exministro de Vivienda, Carlos Duboy, fue el primero. En realidad, empezó a declarar el día antes, pero como no terminó, continuó este viernes. Moreno confirmó que Strategic Management Group sí recibió fondos de sociedad controladas por Odebrecht, aunque supuestamente desconocía que su procedencia era ilícita. El testigo examinó el informe de la investigación realizada en Estados Unidos, que es una de las pruebas que la Fiscalía Especial Anticorrupción incorporó al expediente. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había acordado una multa con Odebrecht, por las coimas que pagó la constructora en 12 países (incluyendo Panamá), entre los años 2010 y 2014, y que circularon por el sistema financiero estadounidense. Al respecto, Moreno recalcó que Strategic recibió fondos de Odebrecht en 2008 y 2009, antes del periodo aducido en la investigación. También hizo referencia a una declaración de André Campo Rabello, antiguo intendente de la constructora en Panamá, quien aseguró que Duboy no recibió fondos de Odebrecht. El segundo testigo en subir al estrado fue el perito Eluro Castillo, experto en banca y finanzas, presentado por Pedro Meilán, abogado de Rodrigo Díaz. Castillo explicó que elaboró un informe sobre el blanqueo de capitales relacionado con Mundial de Valores entre los años 2007 y 2008, cuando Díaz estaba al frente. Mundial de Valores recibió fondos de Klienfield Services, una sociedad fachada utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para blanquear los pagos ilegales. El perito indicó que Mundial de Valores era una casa de valores que realizaba inversiones a solicitud de terceros y que debía contar con un oficial de cumplimiento para investigar a los clientes cuyo perfil transaccional no fuera adecuado. Señaló que se detectaron transacciones de empresas afiliadas a Odebrecht que ingresaron a Mundial de Valores y, a través de cinco transacciones, fueron enviadas a la cuenta de inversión de Inversora Villa Loly, por un monto total de $1.3 millones, entre 2007 y 2008. También se registró una transacción de 545 mil dólares a la sociedad Logaro, S.A. Inversora Villa Loly y Logaro eran controladas por Díaz. El perito citó la declaración de Rabello, quien informó que Hugo Torrijos Richa (ya fallecido), a quien identificó como socio de Díaz, era la persona encargada de decidir qué cuentas debían recibir los fondos que Odebrecht desembolsaba a Mundial de Valores. Castillo añadió que Díaz era ejecutivo de varias empresas, entre ellas Río Fuentes, dedicada al arrendamiento de equipos, que manejaba en sociedad con Torrijos. El perito insistió en que Torrijos actuó como intermediario entre Odebrecht y Klienfield Services para la transferencia de los fondos, los cuales luego fueron entregados a Díaz para saldar deudas que tenía con Río Fuentes. A continuación, declaró Tatiana Cherigo, contadora de profesión, quien fue citada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Cherigo elaboró un informe pericial sobre las actividades de Importadora Ricamar entre 2007 y 2009. Este informe involucró transacciones entre Caribbean Holding, Importadora Ricamar y el partido Cambio Democrático (CD). Cherigo relató que Importadora Ricamar tenía cuentas por cobrar con CD, derivadas de la campaña electoral de los años 2007, 2008 y 2009, las cuales consistían básicamente en una relación comercial. Detalló que ambas partes establecieron un acuerdo y tenían cuentas relacionadas con las donaciones realizadas por Caribbean Holding. Señaló que CD debía $2.8 millones a Importadora Ricamar, de los cuales Caribbean Holding pagó $2.6 millones. Caribbean Holding es una sociedad controlada por Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. Mizrachi fue excluido del juicio, gracias a un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que, en septiembre pasado, anuló los cargos en su contra. La fiscalía apeló esa decisión. También mencionó que se giraron cheques a agencias publicitarias y medios de comunicación en concepto de publicidad para la campaña de CD. A su vez, relató que los pagos por publicidad fueron reportados al Tribunal Electoral mediante un informe detallado con las facturas correspondientes. La testigo explicó que la información comercial utilizada en su análisis se la proporcionó Marcelino Vásquez, contador de Importadora Ricamar. Aseguró no haber encontrado actuaciones sospechosas relacionadas con las transacciones con CD. La fiscalía interrogó a la testigo sobre los saldos y transacciones con compañías relacionadas entre 2008 y 2009. Cherigo reconoció que Martinelli firmó tanto por Importadora Ricamar como por CD el convenio para el pago de las cuentas relacionadas con las actividades políticas. También indicó que no tuvo acceso a todos los estados financieros de Importadora Ricamar. Juan Manuel Díaz [email protected] Mizrachi fue proclamado como alcalde del distrito de Panamá el 9 de mayo de 2024. Archivo Sala Tercera rechaza demanda de $10 millones de Mizrachi contra el Estado CORTE SUPREMA La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desestimó una demanda contencioso administrativa de indemnización, propuesta por el actual alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, para que se condene al Estado al pago de $10 millones por mal funcionamiento del servicio público por parte del Ministerio Público (MP). A través del edicto No.391, se informa que bajo la ponencia de la magistrada Gisela Augurto y el respaldo de los magistrados Carlos Váquez y María Cristina Chen Staziola, se decidió no acceder a la pretensión presentada. Mizrachi demandó al MP, luego de que en julio del 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró nulo un proceso en su contra por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por un error en la denominación del delito por parte del Ministerio Público. Según el fallo del Tribunal Superior, el MP incurrió en una falla al imputar el cargo de blanqueo de capitales a Mizrachi, teniendo como delito precedente el delito de peculado, a pesar de que a través del auto vario No. 46 del 24 de agosto del 2021, el Tribunal Superior de Causas Penales archivó el proceso seguido al actual alcalde capitalino. La investigación inició en 2014, cuando la Autoridad de Innovación Gubernamental denunció que Mizrachi a través de la empresa Innovative Venture Ltd, incumplió un contrato para el suministro de un sistema informático denominado Criptex para los estamentos de seguridad, esta denuncia sirvió de base para abrir un proceso por blanqueo de capitales, usando como precedente la denuncia de la entidad. Al caso también se introdujo una certificación del Tribunal de Cuentas que revela que un proceso seguido en esta jurisdicción por estos mismos hechos se determinó que no existió lesión patrimonial.
5A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026
6A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. que conduzca a soluciones concretas. Es cierto que se plantea una nueva reforma educativa para intentar subsanar ciertas deficiencias dentro del sistema, pero, a mi parecer, esto no es más que “una curita que intenta tapar un cuello degollado”. Supongamos que el currículo educativo se modifica y que el horario se ajusta a las necesidades regionales de los planteles. Si, pese a ello, aumentan el fracaso escolar, la deserción y la insatisfacción de maestros, estudiantes y padres de familia —en especial por carencias de infraestructura y el aislamiento de planteles en zonas de difícil acceso—, entonces el problema de fondo debe abordarse desde una perspectiva poco explorada. Con frecuencia se mencionan sistemas educativos de otros países, casi siempre con ejemplos nórdicos o asiáticos. Cuando algún padre de familia, profesor o delegado del Ministerio de Educación aborda el tema enfocándose en países con sistemas educativos consolidados, se suelen obviar dos aspectos que, a mi juicio, son fundamentales. Estos países cuentan con sistemas políticos y educativos con niveles muy bajos de corrupción y, además, su culLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Sin bibliotecas escolares, no hay educación Reforma educativa construcción democrática. La nueva ley de Educación no puede ignorar el papel de las bibliotecas escolares por varias y poderosas razones. Una sería que la biblioteca escolar garantice la equidad en el acceso al conocimiento en un contexto de profundas brechas digitales y de aprendizaje. Incluir a las bibliotecas en la reforma permite que estas dejen de ser entes aislados y se articulen con el currículo escolar. También funcionan como espacios poéticos y culturales que aseguran la creatividad y el pensamiento crítico dentro del centro escolar. Una ley moderna debe entender las bibliotecas como laboratorios de experimentación donde se producen contenidos multimodales y se fomenta la justicia epistémica. Si bien es cierto que la Ley de Educación no puede ser ajena a las transformaciones del siglo XXI, no es menos cierto que el concepto de biblioteca ha evolucionado a ser espacios de “nodos territoriales y culturales” que fomentan los multialfabetismos y la ciudadanía digital; en la escuela son clave para el aprendizaje. Con bibliotecas escolares dinámicas óptimas integradas al proyecto pedagógico, se pueden cerrar las brechas de comprensión lectora. Otra razón para fortalecer la presencia de la biblioteca escolar desde la reforma es que estos espacios garantizan los derechos culturales de los estudiantes. La lectura es la ventana a todos los derechos. Sin el acceso que brindan las bibliotecas escolares a la información, la cultura escrita, la oralidad y la creatividad, los esCarlos Fong Repensando los problemas en educación Cultura ciudadana Probablemente las dificultades dentro del sistema establecido deban analizarse desde otra perspectiva. Desde hace un tiempo se vienen evidenciando múltiples fallas en el sistema de educación panameño, más de las que se suelen percibir. De forma silenciosa, se están consolidando ciertos parámetros que dificultan el ingreso de nuevos profesores y maestros al sistema, además del claro conflicto que existe por las condiciones complejas que enfrentan docentes y estudiantes en áreas de difícil acceso. Lo que he mencionado no es nada nuevo, ni es algo que pase desapercibido; sin embargo, si revisamos de manera lógica el tiempo que se lleva intentando lidiar con esta situación, queda claro que se ha carecido de un planeamiento estratégico sólido enteras. Si durante décadas hemos desvalorizado nuestro propio sistema, socialmente los jóvenes —muchas veces sin notarlo— terminarán por desconfiar de él y restarle legitimidad. Por ello, gran parte del desafío es más social y cultural que curricular o tecnológico: mientras no cambien nuestra memoria colectiva y nuestra relación sociocultural con la educación, difícilmente se corregirán las falencias actuales. Cuando intentamos implementar modelos funcionales de otros países o regiones, deberíamos analizar primero qué tipo de cultura y sistema político sustentan sus principios morales. Si ignoramos ese contexto, estaremos obligando a nuestro sistema a usar “ropa de invierno en un clima tropical”, algo que, por lógica, resulta incompatible. Al final, no basta con implementar políticas anticorrupción desde el Estado; la ciudadanía también debe asumir un rol activo, convirtiéndose en agente de cambio para erradicar la cultura de la corrupción. Opinión EL AUTOR es diseñador y poeta. EL AUTOR es escritor. como dicen los expertos, porque son ellos los que conectan el mundo íntimo del estudiante con el patrimonio cultural universal. La biblioteca escolar es un antídoto contra la desinformación (Infocracia). En la era de la inteligencia artificial y las noticias falsas, las bibliotecas escolares son espacios de alfabetización, pero también son lugares para debatir y discutir, porque son esenciales para que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y no sean manipulados por el algoritmo. La biblioteca escolar funciona como un laboratorio donde los estudiantes pueden pasar de ser lectores a creadores, apropiándose del lenguaje de forma estética y crítica. Es un “espacio mágico” donde el sujeto se construye a sí mismo, elabora su identidad y descubre sus propios deseos a través del encuentro con la palabra poética y literaria. La reforma de la Ley de 1946 debe trascender la instrucción escolar y orientarse hacia la democracia cultural. En ese marco, la biblioteca escolar constituye un recurso indispensable para la educación permanente y debe integrarse, desde la política cultural de lectura, con las bibliotecas públicas, como parte de un Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad del Estado, a fin de garantizar los derechos culturales como herramientas esenciales para una democracia plena. En la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, la palabra biblioteca, tanto en plural como en singular, se menciona aproximadamente 22 veces. La Ley octogenaria se refiere a estos equipamientos escolares, explícitamente, como componentes esenciales para el apoyo pedagógico, la gestión educativa y el desarrollo cultural de la comunidad escolar; además son recursos para la educación permanente, apoyo a la gestión educativa, recurso didáctico fundamental, centro de difusión cultural, entre otros. Pese a todas estas nociones positivas, las bibliotecas escolares en Panamá han sido descuidadas de manera sistemática. Muchas se han convertido en verdaderos depósitos de basura y muchas más han desaparecido. Lo que significa que, durante 80 años, los sucesivos gobiernos han violado la Ley 47, que indica que todos los centros educativos deben ser dotados adecuadamente con recursos y que cada centro es responsable de la conservación de su propia biblioteca. En el marco de la actual discusión de la reforma educativa, es prioridad que las bibliotecas escolares se integren en el sistema como pilares de los derechos culturales y la Jocsan Fernández tudiantes no pueden ejercer plenamente su libertad de expresión ni su derecho a la educación, claves para formar buenos ciudadanos. La biblioteca escolar es un espacio de equidad y de oportunidad social. Desde una perspectiva antropológica, la biblioteca escolar representa para muchos niños y jóvenes su único punto de contacto con los libros y la cultura escrita. Se convierte en una “segunda oportunidad” porque permite compensar las desventajas socioculturales de origen y se convierte en un refugio para aliviar el peso de los determinismos sociales por lo que actúa como un motor de justicia social. La biblioteca escolar debe ser entendida como un lugar de “extraterritorialidad”; es decir, una “tierra de libertad” o un “espacio de no obligatoriedad dentro de la obligatoriedad”, como dice Michelle Petit al citar a Ani Siro. A diferencia del aula, permite una relación más estrecha con el saber porque fomenta una curiosidad personal y autónoma que es clave para el éxito en superiores y en la vida democrática. Esto nos lleva a hacer otra conexión cívica. La ley actual exige que las bibliotecas cuenten con personal especializado para asegurar un servicio de calidad. Aunque parezca contradictorio, la pieza clave no es la colección, sino el mediador (bibliotecario), quien ejerce la hospitalidad y logra crear escenarios de lectura y creatividad en un lugar familiar. Este profesional es un “pasador de fronteras”, tura ciudadana refleja una estructura de normas, valores y principios sólidamente establecidos. Esto demuestra que la construcción de un buen sistema educativo está más relacionada con la memoria colectiva y la influencia social que con simples reformas técnicas. La pedagoga sueca Inger Enkvist, en su reflexión sobre el secuestro de la educación por intereses ajenos a ella y sus consecuencias, señala: “No se trata solo de corrupción económica, sino también de corrupción moral, porque el sistema de educación está pensado para transmitir la cultura del país, socializar a los jóvenes como ciudadanos y formar la mano de obra que necesita el país. A pesar de tener una misión importante, la educación no educa o no educa tan bien como quisiéramos”. Si nuestra influencia social está infestada de corrupción en las grandes estructuras y planteles, el sistema terminará produciendo reformas que respondan al mismo esquema corrupto imperante. Nuestra memoria colectiva influye en la forma en que percibimos el sistema educativo y refleja cómo se educó a generaciones Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La opinión de Hilde
7A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 chinas y el endurecimiento de inspecciones a productos panameños, no deberían sorprender a nadie. Son reacciones previsibles dentro del libreto geopolítico global. Lo que sí constituiría un error estratégico es interpretar estas acciones como una señal para retroceder, improvisar o diluir decisiones soberanas. Panamá no puede, ni debe, entrar en una lógica de turbulencia geopolítica que no controla ni necesita. Su activo no es la confrontación, sino la firmeza serena. Declarar un contrato inconstitucional no es un acto hostil contra un país, una empresa o un bloque económico. Es una señal clara de que quien hace negocios bajo el pabellón panameño está sujeto a las leyes panameñas, del mismo modo en que Panamá respeta las leyes cuando opera o invierte en otras jurisdicciones. Uno de los mayores riesgos en este momento histórico es que el accionar institucional de Panamá sea leído como una postura coyuntural de una administración específica. Esa lectura es incorrecta y peligrosa. Lo que está ocurriendo no es el capricho de un gobierno, sino la expresión de un Estado que se respeta a sí mismo. La decisión judicial habría sido acatada con la misma firmeza si el fallo hubiese sido Hacia una infraestructura crítica, segura y resiliente Seguridad nacional Panamá acaba de acoger a varios líderes políticos, empresariales y financieros de la región durante la reciente Cumbre de la CAF, que contó con la participación de varios presidentes y expresidentes latinoamericanos, confirmando el papel del país como plataforma estratégica para el desarrollo, la inversión y la integración regional. Este posicionamiento, sin embargo, trae consigo una responsabilidad clave: asegurar que la infraestructura crítica nacional esté protegida bajo estándares modernos de gobernanza, cumplimiento y gestión de riesgos. Puertos, logística, energía, telecomunicaciones y sistemas digitales no son activos ordinarios. Su adecuada gestión impacta directamente en la competitividad del país, la seguridad nacional y la credibilidad internacional. En un entorno global cada vez más expuesto a riesgos legales, cibernéticos, reputacionales y operativos, la ausencia de marcos claros y exigencias modernas puede traducirse en vulnerabilidades innecesarias. Desde una perspectiva de compliance, la lección es clara: cuando los activos críticos no se identifican ni se gestionan adecuadamente, aumentan los riesgos de contratos vulnerables, litigios, incertidumbre jurídica y deterioro de la imagen país. Esto afecta la atracción de inversión responsable, justo cuando Panamá busca consolidarse como un destino confiable para proyectos estratégicos de largo plazo. En ese contexto, el anuncio de la próxima apertura del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) gubernamental es un paso positivo hacia el fortalecimiento de la ciberseguridad nacional. No obstante, la protección de la infraestructura crítica no puede limitarse exclusivamente a lo tecnológico. Requiere un enfoque integral que combine tecnología, regulación, prevención y cultura de cumplimiento. Esto implica contar con: leyes claras y actualizadas; procesos de debida diligencia reforzados; transparencia contractual; mecanismos efectivos de control preventivo; y estándares internacionales de integridad y lucha contra la corrupción. De cara al futuro, sería una buena práctica que las licitaciones de infraestructura crítica incorporen como criterio la exigencia de que los participantes cuenten con certificaciones internacionales en sistemas de gestión antisoborno, reconocidas globalmente. Este tipo de requisitos no excluyen la competencia; por el contrario, elevan la calidad de los procesos, reducen riesgos reputacionales y fortalecen la confianza en las decisiones públicas. La experiencia internacional demuestra que los países que adoptan estándares modernos para la gestión de su infraestructura crítica no solo reducen su exposición a desastres naturales, accidentes o ciberataques, sino que también mejoran su posición en evaluaciones internacionales, refuerzan su institucionalidad y generan un entorno más atractivo para la inversión responsable. Panamá tiene hoy una oportunidad estratégica: convertirse en un modelo regional de infraestructura crítica segura y resiliente, alineando crecimiento económico con integridad institucional. Invertir en marcos regulatorios modernos no es una carga, sino una ventaja competitiva que protege el interés público, fortalece la seguridad jurídica y consolida la reputación del país. La infraestructura crítica no solo sostiene la economía nacional; sostiene la imagen de Panamá ante el mundo. Protegerla con reglas claras, enfoque preventivo y estándares internacionales de cumplimiento es una obligación del Estado y una decisión inteligente para el futuro. Puertos de Panamá frente al reto digital: modernizarse o perder el liderazgo Logística sudamericano inaugurado en 2024, nació con AGVs (vehículos autónomos), sensores IoT (Internet de las cosas; dispositivos inteligentes conectados a internet que recogen y transmiten datos en tiempo real), y blockchain integrados en la logística portuaria (tecnología de registro digital distribuido que almacena información de forma segura). Estos puertos actuaron cuando las tecnologías eran emergentes; hoy cosechan los beneficios. Una oportunidad que no volverá Puerto Barú, puerto multipropósito ($250M) y Puerto Armuelles ($21M) en Chiriquí representan algo extraordinario: la posibilidad de nacer digitales. Los puertos antiguos deben desmantelar procesos obsoletos para modernizarse, los nuevos pueden integrar gemelos digitales, redes 5G privadas y AGVs desde el diseño inicial, y como proyecto ejercer un control sistematizado desde sus primeras etapas de movimiento de tierra hasta la construcción y función operativa. La fórmula está probada: simular operaciones antes de verter concreto reduce errores costosos, integrar sensores IoT desde la construcción permite rastreo en tiempo real. Incorporar vehículos autónomos desde el inicio reduce costos laborales 30% y mejora la seguridad. Puerto Barú puede generar 1,200 empleos en fase de construcción y convertirse en el hub agroindustrial más moderno de Centroamérica, pero solo si nace como puerto inteligente, no como infraestructura tradicional con parches tecnológicos. Juan Colón Henley Más que puertos: madurez institucional Sector marítimo Panamá ha entrado en una fase que pone a prueba algo más profundo que su modelo portuario: su madurez como Estado soberano. La declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión de Panama Ports Company no es un gesto político ni una provocación internacional; es el ejercicio legítimo de un país que hace cumplir sus propias leyes. En ese contexto, las reacciones externas —incluidas advertencias provenientes de autoridades de regiones administrativas vinculadas a China— deben leerse con serenidad, no con temor. Como afirmó el presidente José Raúl Mulino, Panamá es un país digno y soberano, que no se deja intimidar. Y esa afirmación no es retórica: es doctrina constitucional. La fortaleza panameña no reside en el volumen de su poder, sino en la coherencia entre su institucionalidad y sus actos. Aquí no gobierna el Ejecutivo sobre los tribunales; aquí rige la separación de poderes. La Corte falló y el país acata. Eso es lo que convierte a Panamá en un socio confiable, no en uno débil. Las informaciones reveladas por Bloomberg, sobre la congelación de conversaciones para nuevas inversiones distinto. Esa es la señal que debe entender el mundo: en Panamá mandan las reglas, no las presiones. Precisamente por ello resulta indispensable avanzar hacia un modelo logístico nacional único, articulado y coherente. Un país que ejerce soberanía jurídica debe, al mismo tiempo, ofrecer claridad estratégica. No puede darse el lujo de múltiples narrativas, agendas fragmentadas o mensajes contradictorios hacia inversionistas y socios globales. En un entorno internacional cada vez más volátil, Panamá no puede gestionar su logística como una suma de decisiones aisladas. La respuesta correcta no es replegarse, sino ordenar, integrar y blindar. Una estrategia logística nacional, con visión de país, legitimidad técnica y una narrativa única, no solo permitiría alinear puertos, corredores y plataformas, sino también despolitizar las decisiones estratégicas, elevarlas al rango de política de Estado y reducir la vulnerabilidad frente a presiones externas. La soberanía no se declama; se administra con inteligencia. Panamá ya demostró que el Canal es panameño y seguirá siéndolo. Hoy el desafío es mayor: demostrar que su logística, su institucionalidad y su estrategia también lo son. Sin estridencias. Sin miedo. Con la madurez de un país que entiende su lugar en el mundo y actúa en consecuencia. EL AUTOR es presidente del World Compliance Association, capítulo de Panamá. EL AUTOR es estratega en Tecnología, Innovación y Transformación digital. EL AUTOR es magister en Desarrollo de proyectos. Tabaré Albarracini Decisiones Estratégicas Sensores IoT en cada muelle desde el día uno: No es lujo tecnológico: es el estándar que los clientes globales esperan. Callao lo hizo. Panamá puede hacerlo mejor. Sistemas de comunidad portuaria verdaderamente integrado: VUMPA es un inicio valioso, pero necesita evolucionar. Cartagena y Portonave redujeron papeleo 80% con estos sistemas avanzados. Panamá debe buscar recursos para liderar. Talento local capacitado en IA y automatización: trabajadores portuarios entrenados en inteligencia artificial básica, análisis de datos y sistemas automatizados, en alianza con la Autoridad Marítima y universidades, Brasil lo hizo con Santos, Perú con Chancay, Panamá no puede quedarse atrás. El futuro se decide ahora Las tecnologías avanzadas pueden reducir los costos logísticos en un 25% mediante eficiencia predictiva; esto no solo beneficia a los operadores portuarios: hace que toda la economía panameña sea más competitiva. La expansión del Canal consolidó la relevancia de Panamá, pero las autopistas marítimas del futuro serán dictadas por algoritmos, no solo por la geografía; la tecnología está disponible, lo único que falta es la voluntad estratégica de transformar la ventaja geográfica histórica en competitividad tecnológica. Puerto Barú y Puerto Armuelles son más que proyectos de infraestructura: son la prueba de si Panamá está dispuesto a liderar la logística del siglo XXI o conformarse con ser jugador secundario en su propia región. La transformación digital de los nuevos puertos panameños no es una cuestión técnica: es una decisión estratégica que definirá el rol del país en el comercio global de las próximas décadas. La tecnología portuaria del futuro ya opera en Brasil, Perú y Colombia. La pregunta es: ¿aprovechará Panamá la oportunidad histórica de sus nuevos puertos o repetirá errores del pasado? Santos moviliza un buque en un día, mientras que Balboa requiere 2.5 días. La diferencia no radica en las grúas, sino en los algoritmos. Mientras Panamá se apoya en su ubicación estratégica, puertos como Santos (Brasil), Callao y Chancay (Perú), y Cartagena (Colombia) ya utilizan inteligencia artificial, gemelos digitales y redes 5G. Como resultado, procesan más carga en menos tiempo y a menor costo. Una brecha tecnológica creciente Los puertos en Panamá gestionan más de 9.9 millones de TEU en 2025 (unidad equivalente a 20 pies) según reportes de la AMP, mediante VUMPA (Ventanilla Única Marítima) que automatiza trámites y PORTCEL que integra datos del status de contenedores (Portal Tecnológico de Comercio Exterior y Logística), incluyendo grúas super-post-Panamax, sistemas OCR y tecnologías conectadas IoT. Aunque se han logrado avances significativos, aún son insuficientes; la logística 5.0 requiere colaboración humano-máquina, sostenibilidad y una personalización avanzada gracias a la IA generativa, y nuestros competidores ya están en esa etapa. Cartagena procesa movimientos de grúa por hora con IA predictiva, Santos genera ahorro significativo en combustible prediciendo llegadas con precisión algorítmica, Chancay, el primer megapuerto inteligente En un entorno internacional cada vez más volátil, Panamá no puede gestionar su logística como una suma de decisiones aisladas. La respuesta correcta no es replegarse, sino ordenar, integrar y blindar. Gabriel J. Perea Puerto Barú y Puerto Armuelles son más que proyectos de infraestructura: son la prueba de si Panamá está dispuesto a liderar la logística del siglo XXI o conformarse con ser jugador secundario en su propia región. Opinión
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