2A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 Un juez de garantías cambió la medida cautelar de depósito domiciliario por reporte periódico los viernes de cada semana al dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, imputado por los delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados a dicha organización sindical que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro. Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la juez Ninoska Montero decidió acceder a la petición presentada por la defensa de López de cambiar la medida de retención domiciliaria por el reporte periódico, mantener el brazalete electrónico y la prohibición de viajar a la provincia de Bocas del Toro, ya que no existe riesgo de fuga ni de Genaro López pasa de arresto domiciliario a reporte semanal DECISIÓN DEL JUEZ destrucción de pruebas. Sin embargo, tanto la fiscalía como la defensa de López apelaron la decisión de la juez de garantías, por lo que se fijó una audiencia el próximo 25 de febrero en la sala 5 del Tribunal Superior de Apelaciones. Según la investigación del Ministerio Público, López, junto a los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez (quien está prófugo) y Erasmo Cerrud, habrían arrebatado 14 fincas entregadas por la empresa Pillar Construction S.A. a modo de compensación, tras perder un litigio laboral en 2011 por un monto de 7 millones de dólares con un grupo de 400 trabajadores del proyecto Red Frog, entre prestaciones laborales y costas legales. López fue imputado y detenido preventivamente el 24 de mayo de 2025 por este caso, pero posteriormente el tribunal le concedió una medida de arresto domiciliario por presentar problemas de salud. Las 14 fincas, con una extensión de 33,712 metros cuadrados, fueron entregadas por Pillar Construcción —luego Bastimentos Holding— como parte de un acuerdo para compensar a 412 trabajadores del Suntracs que participaron en una huelga en el proyecto Red Frog entre 2007 y 2008, declarada legal por el Mitradel. Aunque la empresa fue condenada al pago de $7 millones por salarios caídos, se pactó un acuerdo extrajudicial mediante el cual las fincas, valoradas entonces en $3 millones, fueron utilizadas como compensación. Según el Ministerio Público, la mayoría de los trabajadores no fue informada del acuerdo ni de que pasó a figurar como propietaria de los terrenos. Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Cortesía Las alertas que la Senniaf ignoró en el albergue de Tocumen Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PROTECCIÓN A LA NIÑEZ La denuncia describe condiciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal, entre ellas casos de tuberculosis sin capacidad de aislamiento, relatos de presunto abuso sexual, episodios de autolesiones que derivaron en hospitalizaciones. La denuncia que llegó al Ministerio Público reúne correos impresos, informes técnicos, memorandos internos y fotografías que llevan meses circulando dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). En conjunto, los documentos describen una secuencia de advertencias que, según el expediente, no recibieron atención oportuna. Desde la página ocho, la acción legal presentada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, se concentra en las evidencias que el agente de instrucción debe asegurar y contrastar para reconstruir lo ocurrido dentro del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Se trata de una cadena de comunicaciones internas que se extiende por varios meses y que describe riesgos graves para la población bajo custodia estatal. El tema entró a la agenda pública el pasado jueves, cuando la diputada de San Miguelito acudió al albergue luego de recibir alertas de miembros de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, que previamente habían detectado una cadena de irregularidades en el centro de acogida. Por eso, Brenes acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia que apunta a Ana Fábrega Guardia, directora de la entidad y otros funcionarios de la institución. Fue acompañada de César Pérez, un psicólogo que hasta el viernes coordinó el CAI. A raíz de que surgió el escándalo fue despedido por “pérdida de confianza”. ‘Existe contagio por tuberculosis’ Entre las evidencias figuran correos electrónicos enviados a altos cargos de la institución, como Fábrega, algunos reenviados en más de una ocasión. En ellos se detallan múltiples hechos como la convivencia de menores con adultos con discapacidad psiquiátrica, alertas por enfermedades contagiosas, episodios de acoso sexual, embarazos de adolescentes y la falta de espacios adecuados para aislar o proteger a quienes se encontraban en mayor riesgo. Los documentos consignan fechas, horarios y solicitudes concretas. Uno de esos correos fue redactado el 3 de septiembre de 2024 a las 7:25 a.m. En dicho correo, César Pérez escribió lo siguiente: “existe contagio por tuberculosis en tres menores de edad”. Alertó que no contaba con el aislamiento necesario y solicitaba la hospitalización de uno de los pacientes. Pérez envió otro mensaje similar unos días después. Insistía. Decía que no podía contener la enfermedad. Ana Fábrega asumió la dirección de Senniaf a partir del 1 de julio de 2024, cuando José Raúl Mulino asumió la presidencia de la República. Acoso sexual En otro mensaje, se solicita el traslado urgente de adultos con discapacidad ante situaciones reiteradas de acoso sexual hacia menores. Se mencionan “chicas embarazadas, niños pequeños y una bebé que requieren mucha atención y cuidados”. De acuerdo con la denuncia, esas alertas no derivaron en respuestas efectivas. El expediente también incorpora informes de incidentes elaborados por personal técnico, entre ellos psicólogos y trabajadoras sociales. Esos reportes describen actos sexuales entre residentes con discapacidad, episodios de autolesión que culminaron en hospitalizaciones y señales de deterioro emocional en adolescentes bajo custodia estatal. En uno de los informes, una joven relata prácticas humillantes y abusivas atribuidas a cuidadoras, un testimonio que la denuncia considera necesario verificar mediante peritajes y entrevistas especializadas. Además de la documentación escrita, la denuncia solicita evaluaciones médico-legales y psicológicas a varias posibles víctimas, algunas menores de edad, para determinar si los hechos descritos configuran delitos sexuales, maltrato o trato negligente agravado por la condición de discapacidad. También pide una inspección ocular inmediata al albergue, con énfasis en sistemas informáticos y archivos internos, ante el riesgo de pérdida o alteración de información relevante. Verificar, contrastar y escuchar El escrito advierte que el cúmulo de alertas ignoradas y decisiones que no llegaron expuso durante meses a niños, niñas y adolescentes a condiciones incompatibles con cualquier estándar de protección. A partir de ahí, traslada al Ministerio Público la tarea de verificar, contrastar y escuchar a quienes redactaron informes, enviaron correos, tomaron fotografías y pidieron intervención por los canales institucionales. Los documentos ya constan en el expediente. La diputada recordó que las alertas sobre presuntos abusos y maltrato en albergues no son nuevas. “Desde 2021 se han presentado denuncias por abuso sexual y maltrato al menor, y la realidad que hoy tenemos no es distinta”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas estructurales del Estado. Pidió celeridad al Ministerio Público y llamó al Ejecutivo a asumir responsabilidades. “Los niños y la vulneración de sus derechos no pueden esperar un día más”, dijo, al insistir en que la protección de la niñez debe ser una prioridad real y no solo discursos. Silencio en la Senniaf Después de la denuncia, la Senniaf no se ha pronunciado. El pasado jueves, luego de la visita que realizó la Comisión de la Mujer al albergue, emitió un comunicado en el que informó que el recorrido “se desarrolló con normalidad y en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes”. En ese recorrido participó Fábrega. Mal de siempre No es la primera vez que los albergues estatales quedan bajo escrutinio. Hace algunos años, investigaciones oficiales, reportes de la Defensoría del Pueblo y denuncias de organizaciones civiles ya habían advertido fallas estructurales en el sistema de protección, desde deficiencias en la supervisión hasta casos de maltrato y abusos contra menores bajo custodia del Estado. Fue precisamente la Comisión de la Mujer de la Asamblea, la instancia que en el quinquenio pasado se interesó en el tema producto de una investigación realizada en los sitios de acogida del Estado y otros regentados por organizaciones no gubernamentales. Aquellos episodios, que sacudieron la opinión pública y obligaron a promesas de reformas, dejaron en evidencia un modelo frágil, con controles débiles y respuestas tardías. Todo sigue igual. Genaro López. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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