4A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APLAUSO. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha pedido que se suspenda el embargo de los bienes y cuentas bancarias del CIAM y Adopta Bosque, promovido por el desarrollador del proyecto del puerto de Barú. “Eso no beneficia en nada al diálogo nacional que tiene que haber”, dijo Navarro. Se puede decir más alto, pero no más claro. ACCIONES. PPC no solicitará una aclaración de sentencia ante la Corte Suprema, porque resulta que formalmente no es parte en la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 5 de 1997 (que adoptó el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal), sus adendas y dos resoluciones de la AMP. Lo que sí ha hecho la portuaria es moverse rápido con el arbitraje. Panamá debe ser el país que tiene más arbitrajes internacionales por metro cuadrado. Todos quieren un pedacito. FIESTO. Siete artistas internacionales y 62 nacionales se presentarán en el Festival Carnavalístico, en la cinta costera. La Alcaldía de Panamá hizo una alianza con MiCultura. ¿De veras ese es el ministerio que debe implicarse en los carnavales capitalinos? Si es así, hay algo que nos estamos perdiendo. Si hay actividades culturales, que las anuncien pronto. Actualmente, no parece que tengan siquiera a un niño declamando una poesía. ILESO. Finalmente, en 120 días, solo se recogieron 66 firmas a favor de la revocatoria del tío Mayer Mizrachi. Eso es menos de 17 firmas por mes. A ese ritmo, podrían recoger firmas por 10 años y ni así habrían podido captar ni el 1% de la cantidad requerida. OBSTÁCULO. Si en una visita anunciada (con cuaAlvin Ibarra es un perito citado por la defensa de Demetrio Papadimitriu; declaró en el juicio ayer. Captura de pantalla Odebrecht: testigos de acusados defienden las transferencias Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIA El primer testigo fue un perito que desvinculó al exministro Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu del dinero que Odebrecht hizo llegar a sociedades controladas por sus padres. En la jornada de este jueves 5 de febrero, cuatro testigos comparecieron ante la juez Baloisa Marquínez para justificar la legalidad de los dineros aportados por Odebrecht, aunque desde 2016 la constructora había confesado que se trataba de sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño. El primer testigo fue un perito que desvinculó al exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu del dinero que Odebrecht hizo llegar a sociedades controladas por sus padres. El segundo es un auditor forense que detalló el manejo de $3.9 millones por parte de la firma Rosas & Rosas. El tercero, un banquero que habló de las donaciones políticas al partido Panameñista, y el último, un contador que presentó un informe sobre transferencias realizadas a una sociedad ligada al lobista Jaime Lasso. El perito contable Alvin Ibarra, un exmiembro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fue citado por la defensa de Papadimitriu, que fue ministro de la Presidencia en los tres primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (20092014). Papadimitriu y Martinelli están en el grupo de acusados por presunto blanqueo de capitales. Ibarra realizó un examen contable del holding de las empresas manejadas por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas, padres del exministro. El perito remarcó que la pareja tenía la titularidad de las acciones y era la destinataria final de los dineros depositados en las cuentas bancarias a nombre de sus empresas. En la sala se encontraba presente Papadrimitriu, entre otros acusados, como Carlos Duboy, Jorge Alberto Rosas y Jaime Lasso. Papadimitriu es muy dado a acudir al tribunal. La mayoría de acusados opta por seguir el juicio vía Zoom. El perito explicó que las sociedades Dushking, S.A. y Demetering, S.A. tenían un vínculo con Constructora de El Oeste para la desalinización de arena marina, en conjunto con la constructora Odebrecht, y que existía una relación contractual para la prestación de dicho servicio. En la investigación consta que Dushking y Demetering recibieron fondos de Constructora Internacional del Sur y de Klienfield Services, dos sociedades utilizadas por los operadores de la Oficina de Operaciones Estructurales de Odebrecht para canalizar las coimas. El perito dijo que en sus análisis no se detectó actividades características del blanqueo de capitales y que tampoco existieron reportes de actividades ilegales. Advirtió que nunca se hicieron peritajes a las cuentas personales de Jimmy Papadimitriu. En el marco de la indagatoria realizada en 2017 a Jimmy Papadimitriu, se le formularon 90 preguntas, de las cuales 15 estaban relacionadas con sociedades manejadas por sus padres, con las que él -según el perito- no tenía relación, ya que no existía un informe contable sobre ellas. Relató que existe un informe aportado por la mayor Damaris Rodríguez, el cual ya había sido revisado por la Contraloría dentro de un proceso seguido al exministro por presunto enriquecimiento ilícito, del cual ya fue sobreseído. Por su parte, la fiscal anticorrupción Yanibeth Malek preguntó al testigo si podía explicar cuál era la diferencia entre un informe de actuación financiera y un dictamen pericial, a lo que respondió que el primero recoge información de fuentes abiertas o generales, mientras que el dictamen se sustenta en informes contables, usualmente elaborados por un contador. El perito admitió que en su análisis observó transferencias al holding por parte de Constructora Internacional del Sur y Klienfield Services. El cliente Odebrecht El segundo testigo en declarar fue el auditor forense Leonel Sanjur, solicitado por Gustavo Pereira, abogado de Rosa Mari Molino y Juan Carlos Rosas, ambos de la firma forense Rosas & Rosas, la cual tuvo entre sus clientes a Odebrecht. Sanjur explicó que su peritaje tenía como objetivo determinar el monto real del dinero manejado por Rosas & Rosas, vinculado a Odebrecht, el cual ascendía a $3.9 millones. El examen contable, que abarcó los años 2009 y 2010, reveló que la firma prestaba servicios a la empresa brasileña relacionados con actas, autorizaciones del registro público, actualización de representantes y suministro de efectivo. El auditor confirmó que los pagos gestionados para Odebrecht, incluidos planillas por $3.9 millones, se canalizaban mediante cheques a nombre de Roberto Gutiérrez. Señaló que la firma dejó de prestar estos servicios en 2010, cuando aún no existían regulaciones sobre la administración de fondos de clientes. Asimismo, destacó que el perfil financiero de Odebrecht mostraba el manejo de un fondo de $263 millones, reflejando la magnitud de los contratos vigentes en ese período. Consultado sobre posibles alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), indicó que no se emitió ninguna y que Rosas & Rosas realizaba la debida diligencia de sus clientes. Política y donaciones El tercer testigo fue el banquero Álvaro Thomas, citado por Erasmo Muñoz, abogado de Jaime Lasso. Thomas relató que asesoró al comité de finanzas de la campaña del Panameñista entre 2009 y 2014, en especial la campaña del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Señaló que el comité buscaba donantes entre “grupos empresariales exitosos” y que recibió aportes de empresas como el Grupo Inversiones Bahía y Verde Azul. Explicó que, por temor a represalias o a la divulgación en redes sociales, muchos donantes no entregaban fondos directamente. En ese sentido, los aportes de Lasso eran aceptados por el comité de finanzas, a quien considera una persona honesta. Sin embargo, Thomas admitió que no se realizaba la debida diligencia sobre los donantes, desconocía quién reportaba los fondos al Tribunal Electoral y no recordaba el nombre del administrador de la campaña ni del representante legal del partido, aunque asumía que era Varela. El último testigo de la jornada fue el contador público Manuel Erasmo Moreno, quien elaboró un informe sobre Carlos Duboy, quien fue ministro de Vivienda y subtesorero del Panameñista. Según la investigación de la fiscalía, la sociedad Strategic Management Group Inc., creada por Lasso en 2006, recibió en 2008 dos transferencias por $150 mil de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services. En ese momento, Dubois era subtesorero del Panameñista, bajo la supervisión del tesorero y del presidente del partido, y los $150 mil se destinaron íntegramente a la campaña. Alrededor de la 1:00 p.m., la juez Marquínez decidió suspender la sesión y Morena deberá regresar el viernes 6 de febrero para concluir su interrogatorio. EFE. CIUDAD DE PANAMÁ Leonardo Cortázar, procesado por delincuencia organizada. Archivo Panamá extraditará a Ecuador a acusado por corrupción en Gobierno de Lasso DELINCUENCIA Panamá extraditará “en los próximos días” a Ecuador a Leonardo Cortázar, procesado por delincuencia organizada dentro de la trama de corrupción del caso Encuentro, que lideraba Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), informó este jueves el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg. “Gracias a la cooperación internacional y al trabajo firme de nuestra Policía e Interpol, se aprobó la extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, implicado en una red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en 2021 y quien posee boleta de difusión roja de Interpol”, señaló Reimberg en su cuenta de la red social X. Cortázar fue detenido en Panamá en marzo de año pasado, pues sobre él pesaba una orden de detención con fines de extradición solicitada por un juez de Ecuador desde 2024, después de que la etapa de juicio para él y otras cuatro personas vinculadas a este caso quedara suspendida porque estaban prófugos. En cambio, Carrera, cuñado de Lasso, sí fue condenado a diez años de prisión tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario. Según el Ministerio Público, Carrera planificaba y coordinaba las acciones de la red junto con Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023 en un cuádruple crimen justo después de que el medio digital La Posta revelara posibles vínculos con la mafia albanesa, dedicada al narcotráfico. tro meses de anticipación) se encontraron tantas anomalías, imaginen qué hubiese pasado si Alexandra Brenes llega de sorpresa al albergue para niños y adolescentes en Tocumen. Con razón la Senniaf intentó cancelar y obstaculizar el recorrido de la diputada. Que aprenda esa secretaría que, en su rol fiscalizador, la Asamblea no requiere pedirle permiso al ente supervisado. Si no, esas funciones jamás se cumplirían.
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