1A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 6 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15284 Hoy por hoy El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha logrado un hito relevante para la estabilidad fiscal del país. Cerrar el año fiscal 2025 con un déficit equivalente al 3.68% del PIB —una reducción cercana al 40% frente a 2024 y una mejora de $2,069 millones en el balance fiscal— no es un dato menor. En un contexto de presiones sociales, desaceleración económica y demandas crecientes al Estado, el resultado refuerza la credibilidad del ministro Chapman y envía una señal positiva a la sociedad panameña y a los mercados. Sin embargo, ese mismo rigor debe extenderse a otros frentes igual de sensibles. La disciplina aplicada para contener el déficit debe servir también para frenar el crecimiento de la deuda pública o, al menos, evitar su escalada. Además, preocupa que mientras se predica austeridad, persistan prácticas asociadas al clientelismo político, como transferencias discrecionales a algunos municipios sin explicaciones claras. La disciplina fiscal debe ser integral y sostenida; de lo contrario, los avances alcanzados perderán impacto y credibilidad. Ellas.pa ‘La mujer está capacitada para ser lo que quiera ser’ 5B Deportes Arrancó Atevo Cup con triunfos del Panama City FC y Plaza Amador 4B Economía Cambios y adendas en la licitación del teleférico 2B Las lecciones del fallo de Panama Ports Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga del contrato de Panama Ports Company reactivó un debate de fondo sobre la forma en que el Estado panameño negocia, supervisa y protege jurídicamente sus contratos estratégicos. Para juristas como Rodrigo Noriega, Ana Matilde Gómez y Edgardo Molino Mola, la decisión no solo fija límites claros a los acuerdos con empresas concesionarias, sino que evidencia fallas en la fiscalización y expone al país a escenarios recurrentes de incertidumLOGÍSTICA El abogado Rodrigo Noriega plantea que el fallo obliga al Estado a renegociar contratos estratégicos para garantizar soberanía, equilibrio y beneficios reales. Felipe Chapman. Cortesía Yasser Yánez García [email protected] Panamá cerró el año fiscal 2025 con un déficit equivalente al 3.68% del producto interno bruto (PIB), una reducción cercana al 40% frente a 2024 y una mejora de $2,069 millones en el balance fiscal, superando tanto la meta oficial del 4% como las proyecciones de mercados y calificadoras, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. El ajuste se logró sin frenar el crecimiento económico, que rondó el 4%, impulsado por transporte y logística, servicios financieros, comercio y construcción. VEA 1B AJUSTE Déficit fiscal bajó el año pasado a 3.6% del PIB El puerto de Balboa, en el lado Pacífico del Canal, tiene capacidad anual de hasta 5 millones de TEU, opera con 25 grúas pórticas y 7 Super post-panamax. EFE Ambientalistas acusan asfixia financiera Los ambientalistas denunciaron que el secuestro preventivo de sus bienes y cuentas bancarias ha paralizado parte de su operatividad, afectando el pago de salarios, gastos administrativos y la continuidad de la defensa legal y de proyectos de conservación. La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea, Alexandra Brenes, denunció graves irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen tras una inspección legislativa que confirmó hallazgos previos de organizaciones civiles. Entre los problemas detectados figuran infraestructura deteriorada, colchones en mal estado, baños insalubres, falta de condiciones mínimas para los menores y la convivencia de niños con adultos con discapacidad, pese a que el centro está destinado exclusivamente a población infantil. Brenes también alertó sobre menores alojados en “casitas” inadecuadas y el aislamiento de un niño con esquizofrenia en condiciones precarias. La diputada cuestionó la falta de planes individualizados. VEA 3A INSPECCIÓN Anomalías en albergue de de niños en Tocumen bre jurídica. Noriega recomendó al gobierno de José Raúl Mulino abrir procesos de renegociación: “Sería muy sano que su administración se siente con las empresas, renegocie esos contratos y los mantenga en una relación más balanceada para el Estado”. De lo contrario, dijo, “cualquier abogado o abogada puede demandar la inconstitucionalidad” y provocar nuevas crisis sectoriales. VEA 2A Advirtieron además que estas medidas tienen un efecto intimidatorio, al limitar su capacidad de participación y expresión. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro dijo que las acciones contra ambientalistas no favorecen el diálogo sobre proyectos con impacto ambiental. VEA 6A
2A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a enviarle un mensaje al gobierno de China: “el Órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país”. Ayer, en su habitual rueda de prensa semanal, el mandatario panameño reaccionó a los cuestionamientos de China tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal. Mulino reiteró que el Órgano Ejecutivo panameño respeta las decisiones del poder judicial, al tiempo que trató de dejar el tema hasta este punto, para no entrar en dimes y diretes. Además del gobierno chino, las autoridades administrativas de Hong Kong también cuestionaron el fallo de la Corte, respaldando el contrato de PPC, que es una subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison. “Porque a diferencia de China, el Órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país. Hay una gran difeMulino reitera a China: ‘El Ejecutivo panameño no interfiere en la Justicia’ rencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista de China y una institucionalidad democrática, que es la que rige en Panamá”, destacó. Mulino resaltó que para Panamá es muy trascendental y muy delicada la transición que se está haciendo de los puertos regentados por PPC a los puertos que serán administrados pronto por Panamá. “PPC tiene todo el derecho de acudir a un arbitraje, y nosotros tendremos todo el derecho de defendernos. Panamá no ha pasado un año hostigando a la empresa china; eso es totalmente falso”, afirmó Mulino. Grúas de pórtico en el puerto de Balboa. EFE/ Bienvenido Velasco Decisión de la Corte sobre PPC expone fallas y obliga a ajustar reglas Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Henry Cárdenas P. [email protected] JUSTICIA Para los juristas consultados, el fallo fija límites a los acuerdos, revela fallas en la supervisión y obliga a reforzar las reglas para evitar nuevas crisis constitucionales. El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la prórroga del contrato de Panama Ports Company (PPC) reabrió el debate sobre cómo el Estado negocia, fiscaliza y blinda jurídicamente sus contratos estratégicos. Para los juristas Rodrigo Noriega, la exprocuradora Ana Matilde Gómez y el exmagistrado Edgardo Molino Mola, la decisión no solo fija límites claros a los acuerdos con las empresas, sino que también expone debilidades en la supervisión pública y obliga a reforzar los mecanismos legales para evitar nuevas crisis constitucionales y escenarios de incertidumbre jurídica. Noriega recomendó al gobierno del presidente José Raúl Mulino sentarse con las empresas y abrir procesos de renegociación. “Sería muy sano que su administración se siente con las empresas, renegocie esos contratos y los mantenga en una relación más balanceada para el Estado”, afirmó. De lo contrario, advirtió, “cualquier abogado o abogada puede demandar la inconstitucionalidad y vamos a tener crisis en esos sectores, porque se van a quedar sin fundamento jurídico”. Principios legales En ese contexto, el jurista subrayó que la decisión del 29 de enero de 2026 no es un hecho aislado, sino la consolidación de una doctrina sostenida por la Corte desde 2017. “Este es el cuarto fallo que la Corte Suprema de Justicia emite de forma unánime desde diciembre de 2017, cuando declaró la inconstitucionalidad del primer contrato minero”, recordó, al señalar que en todos ellos se reiteran los mismos principios constitucionales. Uno de esos principios, explicó, es que en este tipo de contratos el Estado y la empresa no están en un plano de igualdad. “El Estado tiene que estar en una posición privilegiada, porque son derechos públicos, son los bienes de todos, son los intereses de todos los panameños y panameñas”, dijo, y añadió que, por esa razón, “no puede estar al mismo nivel que la empresa” en negociaciones de esta naturaleza. El segundo eje es el respeto a la soberanía del Estado panameño. “No se puede otorgar derechos que equivalgan a ejercicios soberanos a la empresa. La empresa no puede ser más soberana que el Estado panameño”, afirmó Noriega. Un tercer aspecto es la obligación de que exista un beneficio significativo para el interés público. “No es que simplemente te pago y ya; tú estás ganando dinero y, obviamente, ese dinero tiene que compensarse también al Estado”, señaló. Noriega también destacó que la Corte censuró la forma en que se tramitó la prórroga, al advertir un sesgo en el proceso. “La auditoría de la Contraloría no era pública y no hubo una consulta pública sobre cómo se había afectado el país”, recordó, al señalar que la decisión adoptada por la junta directiva de la AMP en junio de 2021 se tomó sin un debate amplio ni transparente. De hecho, subrayó que la Corte fue categórica al rechazar la idea de una renovación automática en contratos de esta magnitud. “Por más que una cláusula diga literalmente ‘prórroga automática’, debes cumplir con ciertas cosas, como el refrendo de la Contraloría, la consulta y una renegociación en beneficio del Estado”, concluyó. Otras lecciones La exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez afirmó que el fallo deja lecciones claras para el país, especialmente sobre la responsabilidad de los funcionarios. “Todo servidor público que negocia en nombre de la Nación debe hacerlo cuidando o teniendo presentes los intereses de las mayorías, incluso de futuras generaciones”, señaló, al subrayar que este tipo de decisiones no pueden evaluarse solo desde la coyuntura política o económica del momento, sino desde su impacto a largo plazo sobre los bienes y derechos colectivos. Gómez también cuestionó las debilidades del Estado en materia de control y fiscalización, al advertir que “somos pésimos ejerciendo funciones de control y adecuada supervisión para fiscalizar desempeños”. Además, planteó que el fallo vuelve a poner en discusión la rigidez de los contratos-ley, al recordar que “ya ha quedado más que demostrado que también son susceptibles de control constitucional”. Las advertencias Para el exmagistrado de la Corte Edgardo Molino Mola, los fallos en contra de estos contratos no son solo decisiones legales: son advertencias para las empresas y para el propio Estado. Por ejemplo, el fallo que anuló el contrato de Minera Panamá, dijo, no solo dejó sin efecto un acuerdo previamente aprobado, sino que también puso en duda la capacidad del Estado para sostener compromisos asumidos a través de sus órganos. De manera similar, planteó que la anulación de contratos vinculados a Panama Ports ha creado un ambiente de incertidumbre que afecta no solo a las empresas involucradas, sino también la imagen de Panamá como un lugar seguro para invertir. Según el jurista, es importante destacar que muchos de estos contratos fueron aprobados por presidentes, ministros, diputados y contralores generales anteriores, quienes validaron su legalidad y viabilidad. “Hay, además, un dato inquietante para cualquier inversionista serio: estos contratos no se redactaron en una servilleta ni fueron improvisaciones”, acotó. Argumentó que, a pesar de ese blindaje técnico, la Corte terminó concluyendo que no superaban la prueba de constitucionalidad. En otras palabras, dijo que, si incluso contratos trabajados por “los mejores especialistas” pueden caer por inconstitucionalidad, el sistema envía una señal clara de imprevisibilidad. Para hacer frente a este escenario, subrayó que es fundamental que Panamá establezca un marco legal más robusto que reduzca el riesgo de inconstitucionalidad. “Una solución razonable sería implementar mecanismos de revisión previa para contratos de alto impacto, asegurando su compatibilidad con la Constitución antes de su firma o aprobación”, puntualizó. La empresa también ha emitido su postura. En un comunicado manifestó que este resultado es diametralmente opuesto a las decisiones dictadas anteriormente por la Corte Suprema de Justicia en relación con contratos similares al de PPC. Rodrigo Noriega. Archivo Edgardo Molino Mola. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ana Matilde Gómez. Archivo José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía
3A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 Panorama Momento en que la comisión legislativa efectúa la visita al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Cortesía/Senniaf Niños conviven con adultos y sin planes de atención en albergue Eliana Morales Gil [email protected] PROTECCIÓN A LA NIÑEZ La diputada advirtió que uno de los aspectos más delicados es la convivencia de niños y niñas con adultos con discapacidad dentro del mismo centro. ‘No tienen un plan individualizado para poder tratar las discapacidades de estos niños y niñas’, afirmó. La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, denunció una serie de irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, tras una visita realizada ayer por integrantes de esa instancia legislativa. Brenes explicó a La Prensa que la inspección confirmó hallazgos ya advertidos en un informe previo de la Red Nacional de Apoyo para la Niñez y la Adolescencia. “Lamentablemente, el día de hoy lo corroboramos”, señaló. Entre las situaciones detectadas mencionó infraestructura deteriorada, colchones rotos y sin sábanas, baños en malas condiciones y espacios que no cumplen condiciones mínimas para la atención de menores. Adultos y niños La diputada advirtió que uno de los aspectos más delicados es la convivencia de niños y niñas con adultos con discapacidad dentro del mismo centro. “Los niños y niñas que están ahí están mezclados con adultos que tienen un tipo de discapacidad. No tienen un plan individualizado para poder tratar las discapacidades de estos niños y niñas”, afirmó, al destacar que el CAI está concebido exclusivamente para población infantil. Durante el recorrido, la comisión también constató la situación de menores que viven en pequeñas estructuras individuales dentro del albergue. “Las casitas no están en óptimas condiciones para que ellos puedan desarrollarse, ni siquiera garantizar sus derechos”, dijo Brenes. Añadió además el caso de un menor con esquizofrenia que permanece aislado. “El colchón, sin sábana, sin nada, con un olor muy fuerte a orine”, relató. Consultada sobre la posición de la Senniaf, Brenes indicó que la entidad reconoció limitaciones presupuestarias. “Ellos nos comentaron que han mandado múltiples notas al ministro Chapman para hablar sobre el tema de presupuesto”, explicó. También comparó la situación del CAI de Tocumen con otros albergues visitados por la comisión. “Los albergues de fundaciones y organizaciones están muy por encima, en buen estado y bien administrados, que estos que son institucionales, y eso da pena”, expresó. Reacción de la Senniaf Luego de la visita, la Senniaf emitió un comunicado en el que aseguró que el recorrido “se desarrolló con normalidad y en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes”. La entidad informó que los diputados estuvieron acompañados por su directora general, Ana Fábrega, y que sostuvieron intercambios con el personal técnico y administrativo del centro. En la nota de prensa, la Senniaf recordó que los albergues se rigen por el Decreto Ejecutivo N.° 404 de 30 de octubre de 2020 y subrayó que las visitas deben coordinarse previamente mediante el envío de una lista de visitantes, con el fin de “priorizar siempre el bienestar, la seguridad y la confidencialidad de los casos”. La institución reiteró además que mantiene “sus puertas abiertas al acompañamiento y la colaboración de las instituciones del Estado y de todos los actores que deseen sumar esfuerzos por el bienestar de la niñez y adolescencia panameña”, siempre en apego a los protocolos de protección. La comisión emitirá un informe Desde la Comisión de la Mujer, Brenes anunció que ya se elabora un informe detallado con los hallazgos y que se activarán otras acciones. “Vamos a enviar muchas cartas y agotar los recursos que sean necesarios para que la Comisión de Presupuesto pueda evaluar este tema que se trata de nuestra niñez”, contó. También adelantó posibles citaciones para que las autoridades rindan cuentas. La diputada cuestionó el contraste entre el comunicado institucional y lo observado en el terreno. “Según ese comunicado, los niños están en el país de las maravillas, y cuando nosotros vamos a la realidad, una semana después, es totalmente distinta”, afirmó. Añadió que, sin información precisa y acciones concretas, estos problemas de riesgo social no se atienden de fondo. El viceministro Administrativo de Educación encargado, Luis Herrera interpuso la denuncia en el Ministerio Público. Cortesía Meduca detecta 16 diplomas presuntamente falsos en concurso NOMBRAMIENTOS Yaritza Mojica [email protected] El Ministerio de Educación (Meduca) presentó ayer una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 diplomas presuntamente falsificados durante el proceso de revisión de documentos del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores para el año lectivo 2026. El viceministro administrativo de Educación encargado, Luis Herrera, explicó que las irregularidades fueron identificadas durante una revisión exhaustiva de la documentación presentada por aspirantes a cargos docentes en todo el país. Los diplomas, que correspondían a una universidad privada, fueron verificados directamente con la casa de estudios, la cual certificó que no habían sido expedidos por dicha institución. “Una vez confirmada la información con la universidad correspondiente, procedimos a presentar la denuncia para que las autoridades competentes realicen las investigaciones y determinen responsabilidades”, señaló Herrera. El viceministro enfatizó que el Meduca “no tolerará actos antiéticos” por parte de personas que aspiren a ocupar cargos dentro del sistema educativo, al tratarse de profesionales responsables de la formación de los estudiantes. Herrera indicó que los 16 casos detectados corresponden a aspirantes que participan por primera vez en los concursos docentes y aclaró que, debido a la reserva del sumario y al carácter incipiente de la investigación, no se pueden brindar mayores detalles sobre las especialidades, niveles académicos ni los años de emisión de los diplomas. En este proceso participan más de 22 mil docentes, que compiten por 3,234 vacantes publicadas al inicio del concurso. Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla Así podría quedar el nuevo esquema de comisiones si se mantiene la propuesta de cambio al reglamento ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] La reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional ya deja ver uno de sus cambios más visibles: el rediseño del mapa de las comisiones permanentes. La propuesta, que se discute en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, modifica los nombres de las 15 comisiones y amplía el alcance de varias de ellas. La Comisión de Credenciales, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, revisó recientemente el artículo 46 del reglamento interno, donde se enumeran las comisiones permanentes del Legislativo. Nombres de comisiones que se mantienen Por el momento se mantiene el número de comisiones, pero introduce ajustes relevantes en su denominación y, con ello, en sus competencias. Algunas conservan su nombre casi intacto, mientras otras incorporan nuevos conceptos que amplían su campo de acción. El diputado Augusto Tuto Palacios, miembro de la Comisión de Credenciales, explicó que el número de comisiones se mantiene en 15, aunque se introdujeron cambios en algunos nombres. Explicó que también desestimaron propuestas controversiales y no contaron con respaldo. “Por ejemplo, se planteó incorporar la Comisión de Presupuesto a la de Economía y Finanzas, algo que consideramos inviable porque implicaría una carga de trabajo excesiva y dificultaría el avance de los proyectos. Hay periodos en los que Presupuesto sesiona de forma permanente, como durante las vistas presupuestarias, y por eso esa propuesta no prosperó”, dijo. Agregó que los ajustes que sí avanzaron buscan incorporar temas relevantes, como sostenibilidad y otras materias que hoy requieren atención. Entre las comisiones que se mantienen sin cambios sustanciales figuran Presupuesto; Economía y Finanzas; Infraestructura Pública y Asuntos del Canal; Comunicación y Transporte; Relaciones Exteriores; Asuntos Agropecuarios; Asuntos Indígenas; Asuntos Municipales; y la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. En estos casos, el reglamento ratifica estructuras ya conocidas dentro del engranaje legislativo. Nuevos nombres, más temas Otros despachos, en cambio, ganan nuevas capas temáticas. La Comisión de Gobierno pasa a llamarse Comisión de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Asuntos Constitucionales, una fusión que concentra en un solo espacio debates políticos, constitucionales y de derechos fundamentales. La Comisión de Comercio amplía su espectro y ahora incorpora Turismo e Industrias, un ajuste que alinea su nombre con sectores económicos estratégicos. Algo similar ocurre con la Comisión de Educación, que suma Tecnología e Innovación, además de Cultura y Deportes, una combinación que refleja el peso creciente de la agenda digital y científica. También destaca la creación de una comisión con un enfoque más transversal en temas ambientales y productivos. La nueva Comisión de Población, Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible integra áreas que antes aparecían dispersas, y ubica en un mismo bloque asuntos demográficos, energéticos y ambientales. Otro patrón visible es la tendencia a agrupar agendas. Varias comisiones incorporan más materias en su título, lo que anticipa debates más amplios dentro de un mismo espacio. La propuesta surge de diputados de distintas bancadas y forma parte del paquete de reformas al reglamento interno que se discute por bloques. Tras superar el primer debate en Credenciales, el texto deberá pasar al pleno legislativo, donde los 71 diputados tendrán la última palabra. Por lo tanto, nada está escrito en piedra.
4A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APLAUSO. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha pedido que se suspenda el embargo de los bienes y cuentas bancarias del CIAM y Adopta Bosque, promovido por el desarrollador del proyecto del puerto de Barú. “Eso no beneficia en nada al diálogo nacional que tiene que haber”, dijo Navarro. Se puede decir más alto, pero no más claro. ACCIONES. PPC no solicitará una aclaración de sentencia ante la Corte Suprema, porque resulta que formalmente no es parte en la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 5 de 1997 (que adoptó el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal), sus adendas y dos resoluciones de la AMP. Lo que sí ha hecho la portuaria es moverse rápido con el arbitraje. Panamá debe ser el país que tiene más arbitrajes internacionales por metro cuadrado. Todos quieren un pedacito. FIESTO. Siete artistas internacionales y 62 nacionales se presentarán en el Festival Carnavalístico, en la cinta costera. La Alcaldía de Panamá hizo una alianza con MiCultura. ¿De veras ese es el ministerio que debe implicarse en los carnavales capitalinos? Si es así, hay algo que nos estamos perdiendo. Si hay actividades culturales, que las anuncien pronto. Actualmente, no parece que tengan siquiera a un niño declamando una poesía. ILESO. Finalmente, en 120 días, solo se recogieron 66 firmas a favor de la revocatoria del tío Mayer Mizrachi. Eso es menos de 17 firmas por mes. A ese ritmo, podrían recoger firmas por 10 años y ni así habrían podido captar ni el 1% de la cantidad requerida. OBSTÁCULO. Si en una visita anunciada (con cuaAlvin Ibarra es un perito citado por la defensa de Demetrio Papadimitriu; declaró en el juicio ayer. Captura de pantalla Odebrecht: testigos de acusados defienden las transferencias Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIA El primer testigo fue un perito que desvinculó al exministro Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu del dinero que Odebrecht hizo llegar a sociedades controladas por sus padres. En la jornada de este jueves 5 de febrero, cuatro testigos comparecieron ante la juez Baloisa Marquínez para justificar la legalidad de los dineros aportados por Odebrecht, aunque desde 2016 la constructora había confesado que se trataba de sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño. El primer testigo fue un perito que desvinculó al exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu del dinero que Odebrecht hizo llegar a sociedades controladas por sus padres. El segundo es un auditor forense que detalló el manejo de $3.9 millones por parte de la firma Rosas & Rosas. El tercero, un banquero que habló de las donaciones políticas al partido Panameñista, y el último, un contador que presentó un informe sobre transferencias realizadas a una sociedad ligada al lobista Jaime Lasso. El perito contable Alvin Ibarra, un exmiembro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fue citado por la defensa de Papadimitriu, que fue ministro de la Presidencia en los tres primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (20092014). Papadimitriu y Martinelli están en el grupo de acusados por presunto blanqueo de capitales. Ibarra realizó un examen contable del holding de las empresas manejadas por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas, padres del exministro. El perito remarcó que la pareja tenía la titularidad de las acciones y era la destinataria final de los dineros depositados en las cuentas bancarias a nombre de sus empresas. En la sala se encontraba presente Papadrimitriu, entre otros acusados, como Carlos Duboy, Jorge Alberto Rosas y Jaime Lasso. Papadimitriu es muy dado a acudir al tribunal. La mayoría de acusados opta por seguir el juicio vía Zoom. El perito explicó que las sociedades Dushking, S.A. y Demetering, S.A. tenían un vínculo con Constructora de El Oeste para la desalinización de arena marina, en conjunto con la constructora Odebrecht, y que existía una relación contractual para la prestación de dicho servicio. En la investigación consta que Dushking y Demetering recibieron fondos de Constructora Internacional del Sur y de Klienfield Services, dos sociedades utilizadas por los operadores de la Oficina de Operaciones Estructurales de Odebrecht para canalizar las coimas. El perito dijo que en sus análisis no se detectó actividades características del blanqueo de capitales y que tampoco existieron reportes de actividades ilegales. Advirtió que nunca se hicieron peritajes a las cuentas personales de Jimmy Papadimitriu. En el marco de la indagatoria realizada en 2017 a Jimmy Papadimitriu, se le formularon 90 preguntas, de las cuales 15 estaban relacionadas con sociedades manejadas por sus padres, con las que él -según el perito- no tenía relación, ya que no existía un informe contable sobre ellas. Relató que existe un informe aportado por la mayor Damaris Rodríguez, el cual ya había sido revisado por la Contraloría dentro de un proceso seguido al exministro por presunto enriquecimiento ilícito, del cual ya fue sobreseído. Por su parte, la fiscal anticorrupción Yanibeth Malek preguntó al testigo si podía explicar cuál era la diferencia entre un informe de actuación financiera y un dictamen pericial, a lo que respondió que el primero recoge información de fuentes abiertas o generales, mientras que el dictamen se sustenta en informes contables, usualmente elaborados por un contador. El perito admitió que en su análisis observó transferencias al holding por parte de Constructora Internacional del Sur y Klienfield Services. El cliente Odebrecht El segundo testigo en declarar fue el auditor forense Leonel Sanjur, solicitado por Gustavo Pereira, abogado de Rosa Mari Molino y Juan Carlos Rosas, ambos de la firma forense Rosas & Rosas, la cual tuvo entre sus clientes a Odebrecht. Sanjur explicó que su peritaje tenía como objetivo determinar el monto real del dinero manejado por Rosas & Rosas, vinculado a Odebrecht, el cual ascendía a $3.9 millones. El examen contable, que abarcó los años 2009 y 2010, reveló que la firma prestaba servicios a la empresa brasileña relacionados con actas, autorizaciones del registro público, actualización de representantes y suministro de efectivo. El auditor confirmó que los pagos gestionados para Odebrecht, incluidos planillas por $3.9 millones, se canalizaban mediante cheques a nombre de Roberto Gutiérrez. Señaló que la firma dejó de prestar estos servicios en 2010, cuando aún no existían regulaciones sobre la administración de fondos de clientes. Asimismo, destacó que el perfil financiero de Odebrecht mostraba el manejo de un fondo de $263 millones, reflejando la magnitud de los contratos vigentes en ese período. Consultado sobre posibles alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), indicó que no se emitió ninguna y que Rosas & Rosas realizaba la debida diligencia de sus clientes. Política y donaciones El tercer testigo fue el banquero Álvaro Thomas, citado por Erasmo Muñoz, abogado de Jaime Lasso. Thomas relató que asesoró al comité de finanzas de la campaña del Panameñista entre 2009 y 2014, en especial la campaña del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Señaló que el comité buscaba donantes entre “grupos empresariales exitosos” y que recibió aportes de empresas como el Grupo Inversiones Bahía y Verde Azul. Explicó que, por temor a represalias o a la divulgación en redes sociales, muchos donantes no entregaban fondos directamente. En ese sentido, los aportes de Lasso eran aceptados por el comité de finanzas, a quien considera una persona honesta. Sin embargo, Thomas admitió que no se realizaba la debida diligencia sobre los donantes, desconocía quién reportaba los fondos al Tribunal Electoral y no recordaba el nombre del administrador de la campaña ni del representante legal del partido, aunque asumía que era Varela. El último testigo de la jornada fue el contador público Manuel Erasmo Moreno, quien elaboró un informe sobre Carlos Duboy, quien fue ministro de Vivienda y subtesorero del Panameñista. Según la investigación de la fiscalía, la sociedad Strategic Management Group Inc., creada por Lasso en 2006, recibió en 2008 dos transferencias por $150 mil de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services. En ese momento, Dubois era subtesorero del Panameñista, bajo la supervisión del tesorero y del presidente del partido, y los $150 mil se destinaron íntegramente a la campaña. Alrededor de la 1:00 p.m., la juez Marquínez decidió suspender la sesión y Morena deberá regresar el viernes 6 de febrero para concluir su interrogatorio. EFE. CIUDAD DE PANAMÁ Leonardo Cortázar, procesado por delincuencia organizada. Archivo Panamá extraditará a Ecuador a acusado por corrupción en Gobierno de Lasso DELINCUENCIA Panamá extraditará “en los próximos días” a Ecuador a Leonardo Cortázar, procesado por delincuencia organizada dentro de la trama de corrupción del caso Encuentro, que lideraba Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), informó este jueves el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg. “Gracias a la cooperación internacional y al trabajo firme de nuestra Policía e Interpol, se aprobó la extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, implicado en una red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en 2021 y quien posee boleta de difusión roja de Interpol”, señaló Reimberg en su cuenta de la red social X. Cortázar fue detenido en Panamá en marzo de año pasado, pues sobre él pesaba una orden de detención con fines de extradición solicitada por un juez de Ecuador desde 2024, después de que la etapa de juicio para él y otras cuatro personas vinculadas a este caso quedara suspendida porque estaban prófugos. En cambio, Carrera, cuñado de Lasso, sí fue condenado a diez años de prisión tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario. Según el Ministerio Público, Carrera planificaba y coordinaba las acciones de la red junto con Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023 en un cuádruple crimen justo después de que el medio digital La Posta revelara posibles vínculos con la mafia albanesa, dedicada al narcotráfico. tro meses de anticipación) se encontraron tantas anomalías, imaginen qué hubiese pasado si Alexandra Brenes llega de sorpresa al albergue para niños y adolescentes en Tocumen. Con razón la Senniaf intentó cancelar y obstaculizar el recorrido de la diputada. Que aprenda esa secretaría que, en su rol fiscalizador, la Asamblea no requiere pedirle permiso al ente supervisado. Si no, esas funciones jamás se cumplirían.
5A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 Panorama El 7 de febrero de 1974, el Secretario de Estado Henry Kissinger firmó una “Declaración de Principios” con el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Juan Antonio Tack, creando un marco para un nuevo tratado sobre la Zona del Canal. Archivo El aguilucho que convenció al mundo: acuerdo Tack-Kissinger José Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA Juan Antonio Tack estuvo en la delegación que viajó a Washington a buscar un mejor acuerdo con EUA. Fue diplomático en varios países, en la Unesco y en el gobierno militar de Torrijos fue vicecanciller. Juan Antonio Tack nació en Santa Ana y estudió en el Instituto Nacional. Se formó en filosofía e historia en la Universidad de Panamá. Después de los sucesos del 9 de enero, formó parte de la delegación que viajó a Washington para buscar un mejor acuerdo con Estados Unidos. Fue diplomático en varios países, en la UNESCO y en el gobierno militar de Torrijos fue vicecanciller. Pero en un golpe de Estado contra Torrijos, Tack renunció en muestra de lealtad. Al recuperar el poder, Torrijos lo ascendió a canciller (ministro de Relaciones Exteriores) para recuperar juntos la Zona y el Canal, que Estados Unidos controlaba. Torrijos le tenía tanta confianza que decía que cualquier acuerdo que Tack hiciera, el pueblo lo aprobaría. Una campaña nacional convocó a los panameños a la Plaza 5 de Mayo, el 11 de octubre de 1971. La plaza se llenó con gente de todo el país. Con dos enormes banderas y un retrato enorme de Torrijos en otro edificio, el general pronunció su discurso, incluyendo estas palabras:“ […] Siempre he manifestado que el que da cariño, recibe cariño. Que el que da patria, recibe apoyo de la patria” […] “¿Qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera extranjera enclavada en su propio corazón?”. Estas palabras, aunque atribuidas a Torrijos, fueron en realidad obra de Tack. Pero estas palabras no movieron la posición estadounidense. Entonces Tack, Torrijos y el embajador ante la ONU, Aquilino Boyd, idearon un plan que cambió las negociaciones: internacionalizar el conflicto del Canal. Que ya no fuera un problema entre Panamá y Estados Unidos, sino un tema de justicia mundial. Querían que el mundo estuviera del lado de Panamá y como en ese tiempo era la guerra fría, con la amenaza constante de ataques nucleares, Estados Unidos necesitaba aliados mundiales. Aquilino Boyd propuso al Consejo de Seguridad de la ONU (15 países, incluyendo EUA) reunirse en Panamá como un caso de colonialismo estadounidense en América. Varias excolonias respaldaron a Panamá y acordaron la siguiente reunión en el Palacio Justo Arosemena. Se propuso una resolución a favor de Panamá: 13 de 15 países votaron a favor, el Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos vetó, bloqueando la resolución pese al apoyo mayoritario. Al final de la sesión, Juan Antonio Tack se levantó y declaró: “Estados Unidos vetó el proyecto en apoyo de la causa panameña…pero el mundo entero vetó a Estados Unidos”. A pesar del veto, la actitud estadounidense cambió. El presidente admitió que 70 años después del tratado Hay-Bunau Varilla, era necesario actualizarlo para reflejar los cambios del mundo y de Panamá. Posteriormente hubo una reunión secreta en Nueva York entre Tack y el secretario de Estado Henry Kissinger, acompañado por Ellsworth Bunker. Ahí es cuando Tack propuso que, en vez de hacer un nuevo tratado inmediatamente, podían empezar haciendo un acuerdo de principios para decir las causas del conflicto y cómo resolverlo. Estos son los aspectos más relevantes del acuerdo Tack-Kissinger: Eliminar el tratado Hay-Bunau Varilla; eliminar la perpetuidad y una fecha fija del fin de la presencia estadounidense; fin de la ley estadounidense; la Zona del Canal sería devuelta a Panamá; participación justa y equitativa en los beneficios del Canal; ambos países administrarían el Canal y poco a poco se traspasaría a Panamá; ambos garantizarían la protección y defensa del Canal; toda obra nueva se tendría que consensuar entre ambos países hasta la fecha fija. Como era un acuerdo, no había que ratificarlo (ser aprobado por la asamblea). Muchas personas se congregaron en las calles para presenciar la caravana por la ciudad, encabezada por Kissinger, Tack y Torrijos. Era una victoria diplomática para Panamá y, de estos puntos, se hizo la base para escribir el siguiente tratado: el tratado Torrijos-Carter.
6A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 Panorama Proyección del proyecto que adelanta la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services. Composición Ministro llama al diálogo tras secuestro de bienes a oenegé Aleida Samaniego C. [email protected] CONFLICTO POR PUERTO BARÚ A título personal, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su preocupación por las acciones legales contra organizaciones ambientales y pidió privilegiar el diálogo sobre proyectos con impacto ambiental, como es el caso de Puerto Barú, en el distrito de David. A título personal, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su preocupación por las acciones legales emprendidas contra organizaciones ambientales del país, al considerar que este tipo de medida no contribuye al diálogo nacional que debe existir en torno a proyectos con impacto ambiental. Navarro señaló que le ha resultado especialmente doloroso que una empresa haya optado por solicitar el secuestro preventivo de bienes y cuentas bancarias de grupos ecologistas, al estimar que esta decisión no fortalece el entendimiento ni el debate público sobre iniciativas de desarrollo con posibles efectos ambientales. “Las organizaciones ambientales tienen un papel crítico que desempeñar en toda democracia”, afirmó el ministro, al subrayar que, aun cuando puedan existir desacuerdos con algunas de sus posturas, su rol es fundamental para analizar y cuestionar proyectos que afectan intereses nacionales. El titular de Ambiente reconoció que ha tenido diferencias de opinión con las organizaciones involucradas en distintos momentos; sin embargo, destacó que están lideradas por personas que, a su juicio, actúan con el mejor interés del país. En ese sentido, recalcó la importancia de defender el derecho de todos los panameños a expresar sus opiniones de manera respetuosa. Navarro enfatizó que los grupos ambientales no solo tienen el derecho, sino también el deber, de pronunciarse sobre proyectos que puedan generar impactos ambientales relevantes, y advirtió que intentar silenciarlos mediante demandas o procesos judiciales no beneficia al país. “No me parece que tratando de callarlos o poniéndoles pleitos se ayude o se beneficie en nada a Panamá”, sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a que las partes involucradas reconsideren sus posiciones y se retiren de las demandas, con el fin de abrir un espacio de diálogo respetuoso entre la comunidad ambiental y las empresas o entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de desarrollo. Denuncia de las organizaciones ambientales Las declaraciones del ministro se produjeron luego de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá denunciaran ayer que enfrentan un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y otros activos, una medida solicitada por el promotor del proyecto portuario Puerto Barú, ubicado en el distrito de David, provincia de Chiriquí, y promovido por la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services. De acuerdo con las organizaciones, la acción judicial no corresponde a una sentencia ni a una sanción en firme, sino a una medida cautelar que permite asegurar activos como parte de una eventual demanda civil. No obstante, advirtieron que el secuestro preventivo ha tenido efectos inmediatos en su operatividad, al impedir el uso de recursos financieros necesarios para cubrir gastos administrativos, el pago de salarios y los fondos de cesantía de su personal. En el caso de CIAM, la medida dificulta la continuidad de la defensa legal gratuita que la entidad brinda a comunidades vulnerables y a ecosistemas en riesgo, una labor que incluye acompañamiento jurídico, la elaboración de análisis técnicos ambientales y el seguimiento de procesos administrativos. Por su parte, Adopta Bosque Panamá indicó que el secuestro preventivo pone en riesgo la gestión de cuatro fincas ubicadas en las provincias de Chiriquí y Darién, destinadas a la conservación, la educación ambiental y la investigación científica. Según la organización, en estas áreas se han identificado al menos 74 especies nuevas para la ciencia. Precedente legal y reacciones Las organizaciones señalaron que se trata del primer caso en Panamá en el que se aplica un secuestro preventivo de activos a organizaciones no gubernamentales, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre el ejercicio de derechos fundamentales, la participación ciudadana y el funcionamiento de los valores democráticos. CIAM y Adopta Bosque forman parte de una coalición de al menos 60 organizaciones de la sociedad civil que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, tras evaluaciones científicas que —según indicaron— evidencian posibles impactos negativos sobre los manglares de David, un ecosistema protegido legalmente desde 2007. La coalición también ha señalado deficiencias en la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa promotora y ha planteado a Puerto Armuelles como una alternativa para el desarrollo del proyecto portuario. A la rueda de prensa ofrecida por las organizaciones asistieron representantes de diversos colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, los cuales expresaron su respaldo a CIAM y Adopta Bosque. Estos grupos anunciaron que presentarán una solicitud ante la Defensoría del Pueblo para la instalación de una mesa de trabajo orientada a la elaboración de un proyecto de ley que brinde protección a defensores de derechos humanos y ambientales frente a este tipo de acciones legales. Antecedentes judiciales Las organizaciones recordaron que este proceso civil se produce luego de que, en agosto de 2025, los promotores del proyecto presentaran dos querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos de calumnia, injuria y contra la seguridad económica. Estas acciones no avanzaron en el Ministerio Público, por lo que —según explicaron— se optó posteriormente por la vía civil. Sobre este punto, Lilian González Guevara, directora ejecutiva de CIAM y vocera de ambas organizaciones, señaló que el secuestro preventivo se sustenta en un marco normativo que ya no se encuentra vigente. “Con este ataque, el promotor logra usar un marco normativo ya superado para congelar activos sin mayor sustento, con la expectativa de obtener una eventual victoria en un proceso judicial futuro”, afirmó. González Guevara aseguró que, pese a la situación, las organizaciones continuarán con su labor. “Seguiremos defendiendo el excepcional patrimonio natural del país y el derecho de todos los panameños a expresarse sin temor sobre temas de interés público”, sostuvo. Puerto Barú defiende acciones legales El abogado José María Castillo, representante legal de la empresa promotora del proyecto Puerto Barú, sostuvo que las acciones civiles y penales interpuestas contra CIAM y Adopta Bosque responden a afirmaciones públicas efectuadas en conferencias de prensa y a través de distintos medios de comunicación que, según indicó, carecen de sustento técnico y científico y han afectado el desarrollo del proyecto. Castillo explicó que “el punto central es la responsabilidad. Todos, como ciudadanos, somos responsables de nuestras acciones”, afirmó. El abogado aseguró que cualquier pronunciamiento público relacionado con un proyecto de esta naturaleza debe estar respaldado por evidencia técnica verificable y aseguró que, en este caso, no se ha presentado información científica que sustente las afirmaciones realizadas por las organizaciones. Añadió que las acciones legales no buscan restringir el trabajo de los ambientalistas, sino exigir responsabilidad por declaraciones que, según dijo, han generado perjuicios al proyecto, el cual —de acuerdo con la empresa— aspira a convertirse en el primer puerto verde de Panamá y en la mayor inversión privada en la historia de la provincia de Chiriquí. El caso se mantiene en trámite judicial, mientras ambas partes sostienen posiciones contrapuestas sobre la validez técnica de las afirmaciones realizadas en torno al proyecto Puerto Barú y el alcance de las acciones legales interpuestas. El proceso de recolección de firmas para activar una revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, concluyó sin respaldo. Este miércoles venció el plazo otorgado por el Tribunal Electoral (TE), y los activistas que impulsaban el proceso contra el alcalde solo habían recolectado 66 firmas de las 217,322 requeridas, según cifras oficiales del organismo electoral. El TE autorizó el inicio del proceso el 8 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo de 120 días calendario, que venció este 4 de febrero. De acuerdo con la instiRevocatoria contra el alcalde Mayer Mizrachi no alcanzó las 100 firmas TRIBUNAL ELECTORAL tución, las firmas recolectadas apenas representan el 0.03% del total exigido. Para que la revocatoria prospere, la normativa establece como requisito la recolección del 30% del padrón electoral del distrito, vigente a la fecha de la elección. La iniciativa fue presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, quien formalizó la solicitud en julio pasado. El propio alcalde reaccionó en sus redes sociales ayer. “Hoy cierra mi revocatoria de mandato con 66 firmas de 217 mil. En otras palabras, 99.97% de aceptación. Que sepan que no pasa un día en que no esté agradecido por la confianza que han depositado en mí, no solo quienes votaron por mí, sino todos los ciudadanos a quienes sirvo con dedicación, orgullo y convicción, junto a mi equipo”. Además del caso de Mizrachi, también fracasaron los intentos de revocatoria de mandato contra la diputada independiente Paulette Thomas Horly, electa por el circuito 8-3, y contra la alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba. En el caso de Thomas, solo tuvo seis firmas de apoyo; y en el caso de Peñalba, se recolectó menos del 5% de las firmas exigidas para activar el proceso. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected]
7A La Prensa Panamá, viernes 6 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. De residuo a recurso: la oportunidad que Panamá está dejando en la calle Las consecuencias son conocidas y medibles: contaminación de ríos y playas —con impacto directo en la pesca y la recreación—, emisiones por quema y por la descomposición de orgánicos, proliferación de enfermedades, pérdida de valor inmobiliario en áreas cercanas a botaderos y un costo fiscal creciente por operar en emergencia, apagar incendios o remediar daños. El Banco Mundial recuerda que, a escala global, al menos un 33% de los residuos se gestiona de forma inadecuada, mediante botaderos y quema. Quemar basura también quema oportunidades. Panamá no puede seguir gastando en apagar fuegos sin atacar la raíz. Planificar residuos es planificar desarrollo La buena noticia es que el mundo ya probó rutas que funcionan. Corea del Sur convirtió el “paga según lo que botas” —cobro por volumen, bolsas oficiales y separación obligatoria— en política nacional; un balance del Banco Asiático de Desarrollo destaca que el reciclaje aumentó sostenidamente hasta niveles muy altos hacia 2022. Alemania, por su parte, financia buena parte de su sistema con la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR). La OCDE explica que estos esquemas trasladan costos y, en ocasiones, responsabilidades operativas de la gestión de residuos desde el gobierno hacia los productores, creando Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Cómo asegurar que nuestra riqueza llegue a toda la población? Ingresos mineros del Canal de Panamá reportó ingresos por alrededor de $5,705 millones, un aumento de más del 14% respecto al período anterior. De estos ingresos, una parte sustancial se transfiere al Tesoro Nacional, donde, históricamente, se han utilizado para financiar el presupuesto general del Estado. Entre 2000 y 2025, el Canal ha aportado cerca de $28,000 millones al fisco panameño, según datos del Instituto de Estudios Nacionales. Sin embargo, gran parte de ese dinero termina financiando subsidios (transporte, energía o educación) dentro del Presupuesto corriente, lo que, si bien tiene impactos sociales positivos, también puede hacer que el gasto público se vuelva recurrente y difícil de reemplazar. Esta lógica de subsidios, aunque cumplen una función social, tiende a postergar los debates estructurales sobre eficiencia pública, calidad de los servicios y sostenibilidad fiscal, transformando riqueza estratégica en gasto permanente en lugar de inversión productiva de largo plazo. ¿Y si pensamos más allá del gasto corriente? Aquí es donde entra la idea del fondo soberano intergeneracional y su componente de cuentas individuales para las futuras generaciones de panameños. En lugar de usar la renta minera para cubrir brechas presupuestarias año tras año, podríamos vincularla a capital económico de largo plazo para quienes verdaderamente representarán el futuro del país: los nacidos después de la creación de esta estructura . Con supuestos realistas como destinar una fracción de los ingresos al Fondo y capitalizarlos con inversión nacional y extranjera durante un periodo de front loading de cinco años, los números indican que un joven panameño podría tener un capital acumulado de $18,000– $22,000 al cumplir 18 años y hasta USD $28,000–$35,000 al llegar a los 25. Este Andrew Eisenmann La basura como variable olvidada del ordenamiento territorial Gestión de residuos Panamá no tiene un “problema de basura”: tiene un problema de planificación. Cada bolsa que termina en una cuneta, cada quema a cielo abierto en el interior y cada incendio recurrente en el relleno de Cerro Patacón es, en realidad, el síntoma de que se ordena tarde y se reacciona caro. La capital vive el drama en alta definición. A Cerro Patacón llegan desde Panamá y San Miguelito entre 2,400 y 2,500 toneladas diarias de desechos, sin separación previa. Ese volumen, acumulado día tras día, no solo acorta la vida útil del sitio: multiplica lixiviados, gases, vectores y riesgos de incendios, y deteriora la imagen de la ciudad ante visitantes y residentes. Ningún destino que aspire a una “marca verde” puede normalizar montañas humeantes en su periferia. Pero el país es más grande que el vertedero. El Censo 2023 del INEC deja una alerta que casi no discutimos: en el distrito de La Pintada, el servicio de recolección de basura se aproxima al 44.7%, mientras que la incineración o quema alcanza el 36.5%. El mismo diagnóstico municipal, basado en datos del INEC, estima entre 45 y 50 toneladas métricas diarias dispuestas en un vertedero a cielo abierto, además de una alta morosidad en la tasa de aseo. Cuando quemar se vuelve “solución”, el humo entra a las casas y el costo sanitario lo paga la familia. fondos estables para recolección, clasificación y reciclaje. No basta con campañas de afiches; se requiere una estrategia país, anclada al ordenamiento territorial: • Planificar por regiones de gestión (cuencas y corredores logísticos). • Separación en origen, gradual pero obligatoria, empezando por grandes generadores (hoteles, comercios y mercados) y municipios turísticos. • Orgánicos como prioridad: compostaje y biodigestión cerca de zonas agropecuarias. • Financiamiento mixto y transparente: EPR para envases y tarifas “paga lo que botas” donde sea viable. • Alianzas público-privadas para plantas de valorización y bonos verdes municipales para infraestructura, con metas verificables y rendición trimestral. • Beneficios visibles para ciudadanos y turistas: calles limpias, playas más seguras, empleo local —reciclaje formal e inclusión de recuperadores— y una marca país coherente con la sostenibilidad. • Incentivos tarifarios a barrios que cumplan metas. Si cada municipio vincula su plan de residuos a su Plan de Ordenamiento Territorial —definiendo zonas de acopio, rutas, educación y control—, la basura dejará de ser una vergüenza nacional y podrá convertirse en una oportunidad productiva. Hablamos de economía circular. La basura no desaparece: se administra. Y administrar, en un país logístico y turístico, también es ordenar el territorio con disciplina. Opinión EL AUTOR es exministro de Vivienda y estudiante de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá. EL AUTOR es abogado. capital estaría disponible para fines concretos: educación, emprendimiento, vivienda o inversión productiva. Esto no es un “cheque anual” que genera titulares de periódico por unas semanas. Es un activo patrimonial real que cambia vidas y eleva la productividad. Sí, no es sencillo… pero tampoco es imposible. Solo hay que ver cómo otros lugares ya han implementado modelos similares a éste, como el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega o el Alaska Permanent Fund, ambos diseñados para transformar riqueza estratégica en prosperidad duradera para sus ciudadanos. Quiero ser claro, este proyecto no es simple. Requerirá: clarificaciones técnicas, coordinación entre múltiples instituciones del Estado, compromiso ciudadano, y diálogo político profundo. No es una panacea y no se construye de la noche a la mañana. Pero sí es posible si nos proponemos diseñar sistemas que miren más allá de los ciclos electorales y pongan a las futuras generaciones en el centro de la política pública. La solución a la riqueza de la mina no tiene porqué ser una entidad gubernamental que simplemente “pague al Estado” o que termine financiando el gasto corriente. Podemos imaginar y construir algo mucho más ambicioso: un contrato intergeneracional, una política de Estado que traduzca recursos finitos en capital humano y patrimonial infinito. Esta idea merece ser debatida con seriedad, datos y visión de largo plazo. Panamá puede - y debe - ser más que un país con potencial. Puede ser un país que logra construir prosperidad incluso para quienes hoy aún no han nacido. Este proverbio griego encierra una verdad simple: el verdadero progreso de una nación no se mide por cuánto disfruta hoy, sino por cuánto invierte en la prosperidad de quienes vienen después. Panamá ha tenido “potencial” durante décadas, solo necesita desarrollarlo para que se convierta en un país que hace las cosas bien. Hoy, mientras debatimos el futuro económico del país, existe una discusión relevante sobre la mina [de Donoso] y cómo utilizar los ingresos: ¿simplemente transferirlos al Estado para el gasto anual?, ¿crear otra entidad como la ACP? o ¿podemos hacer algo realmente duradero, que deje un legado tangible para todas nuestras futuras generaciones? Una propuesta transformadora que consiste en la creación de un Fondo Soberano Intergeneracional que capitalice los ingresos mineros y los traduzca en capital humano y patrimonial para las siguientes generaciones de panameños. En lugar de gastar esos recursos en el corto plazo, podríamos invertirlos en la educación, la productividad nacional y, sobre todo, en cuentas individuales de capital que permitan a cada joven panameño tener una base económica fuerte al llegar a la adultez. La realidad del Canal de Panamá Para entender qué significa realmente administrar bien una fuente de riqueza nacional basta mirar al Canal de Panamá. En el año fiscal 2025 la Autoridad La basura no desaparece: se administra. Y administrar, en un país logístico y turístico, también es ordenar el territorio con disciplina. Rogelio Paredes Robles La calma dolorosa que deja un accidente Seguridad vial En los últimos días hemos visto aumentar, de manera preocupante, el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en todo el país. Lo leemos a diario en los periódicos, lo vemos en la televisión y, con mayor frecuencia, nos enteramos a través de las redes sociales. Pero surge una pregunta necesaria: ¿nos hemos detenido a pensar en cuáles son las causas de tantos accidentes? ¿O, como no se trata de familiares ni conocidos, simplemente dejamos que la noticia no nos afecte? El 29 de agosto de 2024 publiqué en La Prensa un artículo titulado ‘Del tranque, del estrés y otros demonios’, en el que mencionaba a los busitos “piratas del West” y el desorden con el que suelen circular, así como el temor constante de sus usuarios. Sin embargo, ese transporte colectivo —o, más bien, sus conductores— posee algo que parece escasear entre quienes manejamos vehículo propio: habilidades sociales. Sí, habilidades de comunicación, empatía, colaboración y trabajo en equipo. Las ponen en práctica en la vía y, paradójicamente, eso hace que no se vean involucrados con tanta frecuencia en colisiones. La mayoría de los accidentes, en realidad, involucran autos particulares. Entonces, ¿por qué el resto de los mortales —y me incluyo— no somos más amables y pacientes al conducir? El apuro por llegar, que se traduce en exceso de velocidad, la descortesía y, sobre todo, el uso del celular, están llevando las cifras de colisiones, vuelcos y accidentes fatales a niveles alarmantes. Cada choque deja heridas visibles e invisibles. Los lesionados y fallecidos son el reflejo del dolor que la carretera deja cuando se lleva una vida. Ese instante de desatención o distracción, propio o ajeno, nos expone al alto costo de la imprudencia y a sus consecuencias irreversibles. Y qué decir de los atropellos, que también han aumentado de forma alarmante. Peor aún: muchos conductores abandonan a las víctimas y huyen, evidenciando una profunda falta de responsabilidad, empatía y humanidad ante una situación tan delicada. Si condujéramos a la defensiva, con cortesía, cediendo el paso, usando las direccionales, reduciendo la velocidad y manteniendo la atención, quizás las cifras serían muy distintas. Nuestros seres queridos esperan que lleguemos sanos y salvos. No les generemos angustia innecesaria. Cuidémonos y cuidemos a los demás. La solidaridad en la vía es una forma concreta de promover una cultura de prevención y seguridad vial. Me detengo y reflexiono: nadie sale de su casa con la intención de atropellar a alguien o de verse involucrado en una colisión. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de evitar convertirnos en víctimas o victimarios. Seamos responsables al conducir. Fortalezcamos nuestras habilidades socioemocionales. Practiquemos la cortesía. Reduzcamos la velocidad. Solo así podremos contribuir a disminuir los accidentes de tránsito y, con ello, las muertes en nuestras carreteras. LA AUTORA es psicóloga y ciudadana de la provincia de Panamá Oeste. Mercedes Cecilia De La Cruz Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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