9A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. la planificación territorial se antepone a la expansión urbana descontrolada. Este nuevo modelo se apoya en hitos consolidados, desde la ampliación para buques Neopanamax hasta la conectividad estratégica del Puente Atlántico, a los que ahora se suma la planificación del proyecto hídrico de Río Indio. En este contexto surge un proyecto ambicioso que marca una nueva etapa: la construcción de un ducto de 76 kilómetros para el transporte de propano y butano. Este proyecto es, en esencia, una pieza clave; al trazar una línea de acero que conecta el Atlántico con el Pacífico, Panamá construye un bypass energético. Lo más relevante de esta obra es su impacto indirecto en el recurso hídrico. Al mover gas por tubería, la ACP podrá ahorrar millones de galones de agua dulce que, de otro modo, se perderían en el llenado de las esclusas para el tránsito de buques gaseros. Es un ejemplo claro de cómo la infraestructura tecnológica puede ordenar el uso de los recursos naturales, permitiendo que el agua del lago Gatún se reserve para el consumo humano y para los buques de carga que no tienen alternativa terrestre. No obstante, el incremento proyectado del 40% en el tráfico de equipo pesado no puede ser ignorado. La red vial Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Inspiración multilateralista y crisis Soberanía latinoamericana do hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado, como está, en el centro del globo, viendo por una parte Asia y, por la otra, África y Europa”. El Congreso Anfictiónico de Panamá, que se instaló el 22 de junio de 1826 en la sala capitular del antiguo convento de San Francisco, en cuanto a resultados concretos e inmediatos, fue un fracaso. Tanto así que un descorazonado Bolívar le escribiría al general José Antonio Páez lo siguiente: “El Congreso de Panamá, institución que debiera ser admirable, no es otra cosa que aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban en alta mar… Su poder será una sombra, y sus decretos, meros consejos…”. Sin embargo, el tiempo y el espacio demostraron —y demuestran— que esta reunión anfictiónica fue la siembra de una semilla colocada por Bolívar, cuya germinación, crecimiento y desarrollo se convertirían en un frondoso árbol del cual los panameños recogeríamos sus frutos. El Congreso Anfictiónico de Panamá no solo fue la cuna de las futuras conferencias panamericanas, así como la fuente de inspiración que formaría la Unión Panamericana primero y la Organización de Estados Americanos después, sino que dio inicio a una nueva era en el Derecho Internacional Americano, en lo concerniente a las relaciones entre los Estados del nuevo continente. Fue una propuesta bolivariana para contrarrestar el despotismo monárquico mediante la defenJulio Ernesto Linares Justicia o impunidad: el fallo que rescata el orden marítimo nacional Concesiones portuarias El reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC), representa un avance jurídico frente a un monopolio de casi tres décadas. Durante 27 años, la relación entre el Estado y PPC estuvo marcada por un contrato que muchos sectores calificaron como leonino. Esta declaración de inconstitucionalidad ha devuelto al Estado panameño la soberanía sobre los litorales del Canal, en los puertos de Balboa y Cristóbal, al ser considerados lesivos al interés público. Bajo esta premisa, resulta necesario rescatar el territorio para establecer un nuevo ordenamiento marítimo que priorice las infraestructuras estratégicas e impacte tanto en la logística global como en la movilidad urbana local. Desde la perspectiva territorial, esto significa que el suelo costero de mayor valor estratégico vuelve a estar sujeto a la planificación urbana nacional, prevaleciendo el interés público sobre los intereses de una concesión privada. Sin embargo, el verdadero cambio radica en la visión del Órgano Ejecutivo y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de integrar estos puertos en un ecosistema único. Ya no se trata de terminales aisladas, sino de nodos marítimos interconectados que responden a una planificación de uso de suelo donde actual ya representa un sacrificio para la calidad de vida de los residentes en áreas como Ancón, Cárdenas, Diablo y Albrook. Por ello, el ordenamiento territorial debe ser más contundente, mediante la creación de vías exclusivas. Resulta imperativo el diseño de corredores de carga que segreguen físicamente a las mulas del tráfico particular. Estos corredores deben conectar directamente los puertos de Balboa y Corozal con el Puente Centenario y el futuro Cuarto Puente, junto con una maximización del uso ferroviario, donde el tren deje de ser un complemento y se convierta en el eje principal del movimiento de contenedores, reduciendo así la presión sobre la Vía Centenario. El ordenamiento territorial en Panamá siempre ha sido un ejercicio de equilibrio geopolítico. La decisión de quién opera cada terminal no solo afecta el flujo de buques, sino que define las zonas de influencia económica en el istmo. Bajo la mirada protectora y reguladora de la ACP, el gobierno central, al retomar el control, debe asegurar que el uso del suelo refleje una neutralidad que continúe siendo atractiva para la inversión global, sin comprometer la autonomía nacional. El fallo contra PPC ha abierto una ventana de oportunidad para que el ordenamiento territorial marítimo y la logística finalmente hablen el mismo idioma. En este nuevo escenario, Panamá puede dejar de ser solo un lugar de paso para convertirse en un modelo de desarrollo sostenible que replique el éxito del Canal en el conjunto de su territorio. Opinión EL AUTOR es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá. EL AUTOR es abogado. sa de los sistemas republicanos, así como la creación de mecanismos multilaterales para preservar las independencias logradas. Se intentó instaurar una zona de paz y establecer una ciudadanía común entre los Estados participantes, que incluyó el interés de abolir la esclavitud de los negros africanos. Sobresalieron el republicanismo, la federación y la ciudadanía universal como instituciones contempladas en el Tratado de unión, liga y confederación perpetua, producto del Congreso Anfictiónico de 1826, asimiladas de la propuesta internacionalista del eminente filósofo prusiano Immanuel Kant, cuyos temas fueron desarrollados en su renombrado ensayo Hacia la paz perpetua, publicado en 1795. Por lo tanto, lejos de un congreso improvisado, esta idea bolivariana fue el inicio del multilateralismo americano, hoy fuertemente amenazado desde los predios norteños. Porque hoy ese multilateralismo se desvanece. La Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, no se ha puesto de acuerdo para defender a Venezuela, reconstruir su democracia o reconocer a su presidente. Se ha limitado a ser espectadora frente al reconocimiento que Estados Unidos hace de su gobierno ilegítimo. En lo personal, creo en el ideal bolivariano, lo estudio y lo transmito. Pero si este Bicentenario del Congreso Anfictiónico se limita a buenas intenciones, hermosos recuerdos e ilustres remembranzas, pasará como una mácula producto de la inacción, la incapacidad y la ineptitud regional. Condenados a defendernos con la palabra hipócrita, subyugada y dócil, frente al acoso continuo y camorrista del coloso bravucón. Es la triste realidad latinoamericana que nos abruma ante la desunión que practicamos. Apesar de su pequeñez territorial, Panamá no es una creación artificial ni un sujeto arbitrario. Nuestra debilidad nacional, tal vez, ha sido la falta de arraigo en nuestras tradiciones. No haber sido protagonistas de los siglos de oro, plata o bronce en las ciencias, artes o letras no implica estimar poco o nada a nuestros hombres y mujeres más preclaros. Lo que sucede es que fuerzas extrañas que nos merodeaban y aún merodean, tanto desde adentro como desde afuera, tienden a relajarnos. Nuestra posición geográfica, que por años abrazó un territorio sometido a limitaciones jurisdiccionales, sufrió la relajación nacionalista desde la época de la colonia por parte de los sumisos y pusilánimes que, incluso hoy, abundan. A pesar de eso, hemos tenido siempre una nacionalidad muy particular que, aunque digna de estudiarse, a muchos les es desconocida y a otros no les interesa. Incluso gobernantes y gobernados la olvidan o, simplemente, la ejercen con tibieza, prefiriendo supeditarla a intereses foráneos. Es entonces cuando, con mayor velocidad, se va perdiendo la fe en lo autóctono, en lo panameño. Cuando el 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar, como jefe de Estado —o, mejor dicho, dictador proclamado— del Perú, remite una carta a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, invitándolos a asistir al Congreso Anfictiónico de Panamá, expuso lo siguiente: “Parece que, si el munLa inconstitucionalidad del contrato de PPC reabre el debate sobre soberanía, uso del suelo y planificación logística, y plantea desafíos inmediatos para el ordenamiento territorial y la movilidad urbana en Panamá. Orlando Prince Tuñon A dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá, el ideal multilateral bolivariano enfrenta una crisis regional marcada por la desunión, la pérdida de soberanía y la inacción institucional. Cuenta por cobrar a los delincuentes y por pagar a los ciudadanos Contrato portuario En el “Hoy por Hoy” de La Prensa, publicado el 4 de febrero de 2026, se señala que “La historia del contrato de Panama Ports Company (PPC) no es la de un error aislado, sino la de una cadena de decisiones públicas que desprotegieron los intereses del Estado. Durante casi tres décadas, funcionarios con nombre y apellido ocuparon posiciones clave y, por acción u omisión, permitieron que un contrato estratégicamente sensible derivara en un esquema profundamente desequilibrado”. Ante esta afirmación, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto es el daño causado por esta desprotección de los intereses del Estado y, en consecuencia, de los intereses de los ciudadanos de Panamá? Dicho de forma más directa: ¿de cuánto fue el perjuicio producido por el “desequilibrio de los contratos”, cuánto debe el Estado recuperar y cuánto tienen los ciudadanos derecho a recibir? ¿Cuál es el monto de esa gigantesca cuenta por cobrar del Estado y, a la vez, de esa gigantesca cuenta por pagar del Estado a los ciudadanos? Una auditoría de la Contraloría reveló que el Estado panameño dejó de percibir más de $1,200 millones —con estimaciones de hasta $1,337 millones— debido a un contrato desventajoso y a la eliminación de la anualidad fija en las concesiones otorgadas a PPC. Esta situación se atribuye a la falta de supervisión y a modificaciones contractuales poco beneficiosas para el país. En términos de aritmética sencilla:$1,200,000,000 por recuperar, divididos entre 4,500,000 ciudadanos, equivaldrían a aproximadamente $267 por persona. El Gobierno actual no puede seguir mirando hacia otro lado, ni mantener la política de que aquí no ha pasado nada, porque esa omisión lo convierte en cómplice y deudor. Después será tarde. Es imperativo proceder al cobro a los funcionarios directamente responsables, en los gobiernos centrales ya plenamente identificados, y aplicarles sanciones políticas, administrativas, pecuniarias y penales. Se sabe quiénes son y dónde están. De igual manera, deben responder los funcionarios responsables por omisión en la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras instancias. La recuperación de este dinero no es un acto de revancha, sino una obligación para devolver de manera racional y ordenada a los ciudadanos los servicios que necesitan y que el Estado no presta por corrupción e incompetencia. No se trata de “quiero mi plata” para seguir despilfarrando recursos públicos en clientelismo o pseudo-inversiones disparatadas. Errar es humano; no corregir ni aprender es imperdonable. EL AUTOR es consultor en asuntos económicos y bancarios. Ricardo Alba Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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