1A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 5 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15283 Hoy por hoy La realidad que enfrentan hoy los pacientes oncológicos en Panamá no admite dilaciones ni excusas. Las historias de espera, dolor y trato indigno en el Instituto Oncológico Nacional interpelan al Estado con una urgencia que va más allá de los discursos. La construcción del nuevo hospital representa una esperanza largamente postergada y una obligación moral impostergable. Pero la urgencia social no puede convertirse en carta blanca. No debe justificar atajos administrativos que produzcan opacidad, menos aún cuando la obra fue adjudicada mediante una millonaria adenda a favor de Constructora Riga, S.A., evitando un proceso de licitación pública y los controles, la competencia y los beneficios que esta apareja. Señalar este hecho no debilita la causa de los pacientes; la fortalece. Panamá puede —y debe— avanzar en infraestructura de salud con rapidez, pero también con transparencia. La dignidad de quienes luchan contra el cáncer exige hospitales modernos, atención humana y decisiones públicas limpias. Resolver una deuda histórica no puede hacerse creando otra: la de normalizar la opacidad cuando más confianza ciudadana se necesita. Ellas.pa Bad Bunny y el debut masculino de Schiaparelli 1B Baloy proyecta el sueño mundialista 10A Deportes Panorama Caso Odebrecht: exdirectores de BPA explican el entramado 3A Economía MEF inicia disolución de 300 mil sociedades 4B De la defensa ‘a ultranza’ al mutismo; Noriel Araúz tras el fallo de PPC El exadministrador de la Autoridad Marítima, clave en la extensión contractual de 2021, no se ha pronunciado luego de que la Corte declaró inconstitucional el procedimiento y cuestionó la actuación institucional seguida. VEA 5A Canchas fantasma y adendas millonarias Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Pandeportes denunció ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en al menos Denuncias por presunto peculado revelan un patrón de adendas, anticipos millonarios y obras deportivas inconclusas, con fondos públicos no recuperados y responsabilidades que ahora investiga el Ministerio Público. cuatro proyectos deportivos adjudicados entre 2018 y 2019, cuyo costo pasó de $9.7 millones a más de $14.3 millones tras adendas y pagos anticipados, sin que las obras se concluyeran. Las anomalías se agravaron durante el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando se modificaron contratos y se acumularon retrasos y abandonos. Entre los implicados figura el exdirector Héctor Brands, hoy detenido por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con depósitos no justificados por unos $28 millones. Las denuncias, presentadas en 2025, incluyen proyectos en Arraiján, Chitré, Veraguas y Chiriquí, donde se repite un patrón: anticipos elevados, obras abandonadas, fondos no recuperados y fianzas no ejecutadas, pese a cancelaciones administrativas. VEA 2A Ciudad de la Salud Se inicia construcción del Oncológico La construcción del nuevo Oncológico entró en su fase de ejecución ayer, con lo cual se marca el inicio de una obra anhelada por casi dos décadas. La construcción, a cargo de Riga, S.A., tiene un plazo de 26 meses. El costo de la obra se fijó mediante una adenda al contrato por $79 millones, más equipos, lo que suma un total de $95 millones. VEA 8A Cortesía El gobierno del presidente José Raúl Mulino salió al paso de las acusaciones del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, territorio de la República Popular China, sobre supuestas presiones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del grupo hongkonés Hutchison Ports. Tanto Mulino como la Cancillería afirmaron que la decisión de la CSJ responde a un fallo estrictamente jurídico, adoptado en el ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial. VEA 5A FALLO La Asamblea y el misterio de los $64.8millones adicionales Así se redefine el mapa de los puertos de Panamá Gobierno de Mulino rechaza acusaciones de Hong Kong de injerencia extranjera La diputada de Vamos Janine Prado denunció que el presupuesto de la Asamblea Nacional aumentó $64.8 millones en 2025 sin traslados visibles. VEA 4A Tras un fallo que anuló la concesión de PPC, Panamá redefine su mapa portuario mientras asegura continuidad operativa. El Canal avanza en nuevas licitaciones estratégicas en Corozal y Telfers. VEA 2B PRESUPUESTO SECTOR LOGÍSTICO UI UNIDAD INVESTIGATIVA Una región especial que depende de Pekín Hong Kong reaccionó al fallo porque PPC es una filial del conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en esa región administrativa especial de China. La política exterior de Hong Kong no es independiente de Pekín.
2A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 Terreno de la escuela Estela Sierra, en Arraiján, donde debía construirse una cancha sintética adjudicada en 2018, pero que ocho años después registra 0% de avance físico, según informes de Pandeportes. Alexander Arosemena Canchas fantasmas, anticipos y adendas millonarias: las denuncias de Pandeportes Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Pandeportes ha presentado denuncias para que se investiguen las irregularidades en al menos cuatro proyectos que suman poco más de $9.7 millones, pero que, tras modificaciones y adendas, terminaron costando más de $14.3 millones, lo que representa un aumento cercano al 47%. Canchas que nunca se construyeron o quedaron inconclusas, pese a múltiples adendas de tiempo y pagos anticipados por millones de dólares, son parte de las denuncias presentadas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) ante el Ministerio Público por presunto peculado en perjuicio del Estado. Hasta ahora, Pandeportes ha presentado denuncias para que se investiguen las irregularidades en al menos cuatro proyectos que suman poco más de $9.7 millones, pero que, tras modificaciones y adendas, terminaron costando más de $14.3 millones, lo que representa un incremento cercano al 47% respecto al monto inicial. Los contratos fueron adjudicados entre 2018 y 2019, en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), Entonces Pandeportes estaba bajo el mando de Mario Augusto Pérez González. No obstante, fue en la siguiente administración, la de Laurentino Cortizo (20192024), que se modificaron los contratos (con adendas de tiempo y de dinero) y se acumularon las anomalías. Uno de los directores de Pandeportes en aquella época era Héctor Brands, hoy detenido por presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Según una auditoría, en las cuentas bancarias ligadas a Brands se acumularon depósitos por unos $28 millones, un monto que no ha podido ser justificado hasta ahora. En total, en el gobierno de Cortizo hubo tres directores en Pandeportes: Eduardo Cerda, Brands y Luis Arce. Con la llegada del administrador Miguel Ordoñez, se han presentado cuatro denuncias entre abril y diciembre de 2025, para que se investiguen los contratos de construcción de una cancha sintética para la escuela Estela Sierra en Arraiján; del estadio Rico Cedeño en Chitré; de un complejo deportivo en Las Palmas, Veraguas, y de un campo de béisbol en San Lorenzo, Chiriquí. En las cuatro denuncias se describe lo que parece un mismo patrón: anticipos de hasta el 20% pagados a contratistas, obras abandonadas y fondos que no retornaron al Tesoro Nacional, aun cuando algunos contratos fueron cancelados por la vía administrativa. ‘0% de avance’ Lo que debió ser una cancha sintética para los estudiantes de la escuela Estela Sierra, en Arraiján, es hoy un terreno baldío. Ocho años después de haberse adjudicado el contrato, no hay absolutamente ningún avance en el proyecto. El contrato fue otorgado en 2018 al Consorcio PMES, S.A. y Asociados (Topoingeniería, S.A.) por $555,263.45, con un plazo de ejecución de ocho meses. Pandeportes desembolsó un anticipo de poco más de $111 mil, conforme a lo pactado en el contrato. Una revisión de La Prensa al Registro Público revela que PMES fue suspendida por la Dirección General de Ingresos (DGI) en abril de 2023 por morosidad en el pago de la tasa única, mientras que Topoingeniería quedó suspendida en mayo de ese mismo año tras la renuncia de su agente residente. Antes de la adjudicación del contrato, en mayo de 2015, la abogada Nadia del Río Fernández —que fue asistente ejecutiva de Cortizo en el Ministerio de la Presidencia— actuó como presidenta ad hoc de Topoingeniería, cuando la sociedad realizó cambio de directores y dignatarios. Posteriormente, inscribió los cambios en el Registro Público, pagando $365 para alterar el turno y agilizar su publicación. Consultada sobre su participación en Topoingeniería, Del Río respondió a través de su abogada, Marcela Araúz. Indicó que actuó como presidenta ad hoc “por el fallecimiento del entonces presidente de la sociedad, José Luis López Navarro”, y que su intervención fue “estrictamente formal y puntual”, limitada a una sola acta para “actualizar la representación legal de la sociedad y adecuar el régimen accionario conforme a la normativa aplicable”. Afirmó que su vínculo con Topoingeniería fue “únicamente profesional, durante el periodo 2015 a inicios de 2017”, y subrayó que “no fue socia, directora, dignataria permanente, agente residente, administradora, beneficiaria, contratista ni tomadora de decisiones”, ni participó “en consorcios, contrataciones públicas o ejecución de obras”. Sobre el contrato con Pandeportes, señaló que “nunca fue miembro de Topoingeniería ni participó como abogada en el acto público”, y que el procedimiento fue publicado en octubre de 2017, “cuando ya no mantenía relación profesional con la sociedad”. Aseguró que tuvo conocimiento del consorcio y del contrato “únicamente a partir de la información que ustedes señalan”. De paso, señaló que “las decisiones sobre la ejecución de fianzas, la resolución contractual o la imposición de sanciones pudieron haberse iniciado bajo la administración del presidente Juan Carlos Varela, lo cual no ocurrió”. PMES, registrada en junio de 2017, estuvo integrada por Ramón Ramírez Landrau, como presidente y tesorero, y Gian Carlo Pezzotti, como secretario. Este último presentó su renuncia en julio de 2023, aunque el trámite no fue procesado debido a que la sociedad ya se encontraba suspendida. En el documento de renuncia se indica que el declarante desconocía quiénes eran los accionistas o beneficiarios finales de la sociedad. Topoingeniería, por su parte, fue inscrita en mayo de 2010. Su junta directiva la conforman Óscar López Navarro (q.e.p.d.), presidente; Fátima García, secretaria, y Luis Cáceres, tesorero. Aunque una resolución de junio de 2024 señala que estas sociedades fueron inhabilitadas por dos años, ninguna aparece registrada con esa condición en el listado de Panamá Compra. Un informe técnico de Pandeportes fechado en marzo de 2023 concluyó que la obra se encontraba en total abandono, lo que motivó la presentación de la denuncia en abril de 2025. El Rico Cedeño: adendas y sobrecostos Del grupo de contratos demandados, el de mayor cuantía corresponde al Estadio Rico Cedeño, en Chitré, adjudicado en 2019 al Consorcio Rico Cedeño, conformado por Enobras, S.A. e Ingeniería Segura, S.A. El proyecto fue adjudicado en $5.4 millones, pero seis adendas después estaba en $10.5 millones. El plazo original de ejecución, que era de 12 meses, se extendió a más de 62 meses. En paralelo, el monto contractual se incrementó en un 94%, casi duplicando el valor inicial. Según la denuncia, la obra quedó abandonada y los fondos desembolsados no fueron devueltos al Estado. Durante su gestión, Brands aprobó dos de las seis adendas. Una de ellas autorizó el primer incremento, por más de $1.8 millones, elevando el contrato a $7.3 millones. Una quinta adenda, que amplió el plazo y sumó otros $3.2 millones, fue firmada por Luis Denis Arce, quien reemplazó a Brands en el cargo y se desempeñaba como subsecretario general de Pandeportes desde 2019. Pese a las quejas por retrasos e incumplimientos, Ordóñez autorizó una séptima adenda por trabajos adicionales superiores a $1 millón. No obstante, un análisis jurídico interno determinó que ese incremento elevaría el contrato a un 114.3% sobre el monto original, superando el límite que permite la Ley de Contrataciones Públicas. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), al rechazar pretensiones del Consorcio Rico Cedeño, advirtió que el incremento del 94% del valor original del contrato “vulnera el principio de legalidad”. Enobras, S.A., registrada en junio de 2017, realizó un cambio de directores el 16 de enero pasado, designando a José Azcárate Bustos como presidente y secretario, y a José Azcárate Reyes como tesorero. Mientras que Ingeniería Segura, inscrita en julio de 2008, tiene como directores y dignatarios a Carlos Segura, presidente; Yassira Cruz de Segura, vicepresidenta; Linette Segura, secretaria, y Diane Segura, tesorera. Consultado por La Prensa, Carlos Segura aseguró que la empresa “nunca” participó en la ejecución de la obra y que su presencia en el consorcio fue únicamente como “acompañamiento logístico”. Pandeportes inhabilitó a ambas empresas por tres años, a partir de octubre pasado, para contratar con el Estado. La Prensa consultó a Andreina Del Valle, gerente de proyecto del Consorcio Rico Cedeño, sobre la denuncia presentada por Pandeportes y la posición de la empresa socia Ingeniería Segura. Del Valle indicó que el consorcio “se encuentra impedido de emitir declaraciones públicas o comentarios” sobre los señalamientos, por instrucciones de sus abogados. Añadió que mantendrán “absoluta reserva” hasta que el proceso concluya. Dos proyectos, una misma caja Otro expediente revela un esquema similar: dos contratos distintos, dos consorcios con nombres diferentes, pero las mismas empresas y un resultado idéntico: obras abandonadas. Servicori, S.A. y Agopla participaron juntas en dos contratos adjudicados por Pandeportes que, en conjunto, superan los $3.7 millones. El primero corresponde al Consorcio Las Palmas, al que en 2018 se le adjudicó un contrato por $2.6 millones para la construcción de un complejo deportivo en Las Palmas, Veraguas. La orden de proceder fue emitida el 9 de noviembre de 2018 y la obra debía completarse en 10 meses. Un informe técnico de octubre de 2021 determinó que apenas alcanzaba un 14% de avance y se encontraba en abandono total. Para colmo, no consta que se haya reclamado la fianza de cumplimiento. Pandeportes desembolsó un anticipo de $550,164.60 en diciembre de 2018, monto que —según la denuncia— no fue devuelto. La empresa perdió el contrato en marzo de 2022. Un patrón similar se repitió con el Consorcio San Lorenzo, que tenía un contrato por más de $1.1 millones para construir el campo de béisbol mayor de San Juan, en el distrito de San Lorenzo, Chiriquí. Tras recibir un anticipo de $239,691.77, la obra tenía apenas 7% de avance. En mayo de 2022, el consorcio perdió el contrato y quedó inhabilitado para licitar con el Estado por tres años. En cuanto al estatus de estas sociedades, Servicori, S.A., constituida en 2013, figura suspendida en el Registro Público desde mayo de 2025, tras acumular tres años consecutivos de morosidad en el pago de la tasa única. En tanto, Agopla, inscrita en 2017, fue suspendida en 2022 por morosidad, aunque regularizó su situación ante la DGI en diciembre de 2023. En agosto de 2025, la sociedad cambió su razón social a Preconserv. Servicori ni Agopla, ni los consorcios bajo los cuales participaron, figuran en el listado de inhabilitados de Panamá Compra. La Prensa intentó obtener la versión de ambas empresas llamando a los números consignados en contratos y documentos oficiales, pero estos se encontraban fuera de servicio. Nadia del Río, exasistente del expresidente Cortizo. Cortesía Miguel Ordóñez, director de Pandeportes. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 Panorama Juan Cejudo Peña rindió testimonio desde el consulado de Panamá en Madrid. Captura de pantalla Exdirectores de BPA explican el entramado para mover el dinero Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO DE ODEBRECHT Según un testigo, los acusados Jaume Pamies, Cristina Lozano Bonet y Fransec Pérez Gimenez estaban vinculados a BPA Serveis y entre sus funciones figuraba la búsqueda y compra de sociedades offshore ofrecidas a clientes del banco. Dos exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirmaron ante el tribunal que esa entidad prestó servicios vinculados a la gestión y ocultamiento de pagos de sobornos de Odebrecht a políticos y testaferros en varios países, incluyendo Panamá. Los testigos, los españoles Juan Cejudo Peña y Santiago de Roselló Piera, declararon ayer, vía telemática desde el consulado de Panamá en Madrid, en el juicio por blanqueo de capitales que se sigue ante la jueza Baloisa Marquínez. Cejudo Peña, exsubdirector del área de negocios y director general adjunto de BPA entre 2007 y 2010, explicó que la filial en Panamá estaba a cargo del andorrano Sergi Lucas Fernández y que no recuerda otras filiales en Latinoamérica. Se refirió a BPA Serveis, filial fundada en 2002, donde presuntamente se estructuraron mecanismos financieros y societarios utilizados para ocultar fondos ilícitos. Indicó que esta unidad ofrecía servicios como declaración de renta para clientes no residentes y la adquisición de sociedades en Andorra y otras jurisdicciones, además de realizar ajustes tras la entrada en vigor de la ley estadounidense Fatca. Según el testigo, los acusados Jaume Pamies, Cristina Lozano Bonet y Fransec Pérez Gimenez estaban vinculados a BPA Serveis y entre sus funciones figuraba la búsqueda y compra de sociedades offshore ofrecidas a clientes del banco. La investigación los vincula con triangulaciones para encubrir el origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales. Sus actuaciones quedaron documentadas en delaciones de cuatro ejecutivos de Odebrecht y en testimonios de testaferros confesos de Frank De Lima, Danna Harrick y Ricardo Alberto Martinelli Linares, así como en información aportada por Roberto Brin. Cejudo detalló que BPA Serveis adquiría sociedades en diversas jurisdicciones y que en Panamá estas operaciones se gestionaron mediante firmas como Alcogal y Arifa. Tras el escándalo de los Panama Papers en 2016, indicó que se realizaron ajustes debido a que se habían adquirido 51 sociedades creadas por el bufete Mossack Fonseca. También relató que la intervención de BPA estuvo relacionada con una nota de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que alertaba sobre presuntas actividades de blanqueo de capitales y recomendaba a otros bancos no mantener relaciones con la entidad. Posteriormente, Panamá intervino la filial en marzo de 2015 y ordenó su liquidación en enero de 2017. El testigo reconoció que Odebrecht no era cliente directo de BPA, pero sí lo eran sus directivos, quienes solicitaban canalizar pagos en distintas jurisdicciones, alegando razones fiscales. También señaló que Fransec Pérez supervisó los negocios de BPA en Uruguay, donde Odebrecht tenía sociedades, y mencionó al gestor Andrés Alberto Sanguinetti como enlace para ese país. El segundo testigo, Santiago de Roselló, auditor y exdirector financiero y de auditoría interna de BPA desde 2012, confirmó que BPA Serveis ofrecía estructuras societarias en otras jurisdicciones y que estaba dirigida por Lozano y Pamies. Indicó que estuvo a cargo del área de cumplimiento, encargada de verificar nuevos clientes y estructuras solicitadas, y que el banco estaba sujeto a auditorías periódicas, incluyendo a BPA Serveis, así como a controles sobre clientes políticamente expuestos. También afirmó que Odebrecht no era cliente directo del banco. l tercer testigo, Edgar Rubio Yates, declaró a solicitud de la defensa del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu. Señaló que trabajó como coordinador en empresas de la familia Papadimitriu y describió negocios como la adquisición de una flota de aviones para transportar langosta y una empresa de venta de arena en el Puerto de Vacamonte, iniciados entre 2007 y 2008 y manejados por los padres del exministro. Asimismo, la banquera jubilada Lía Margarita Lasso de Chiari testificó que los Papadimitriu eran clientes importantes y que las decisiones eran comunicadas por Diamantis Papadimitriu. El juicio se reanuda hoy, a las 8:30 a.m. Audiencia Cinco aspectos relevantes de la jornada 1. Confirmación de servicios de BPA a Odebrecht. 2. Rol de BPA y los acusados. 3. Uso de firmas panameñas y sociedades ‘offshore’. 4. Controles de cumplimiento y auditorías. 5. Testimonios vinculados a Papadimitriu.
4A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SOCIO. Si el Estado es dueño del 10% de las acciones de PPC y la portuaria se sale con la suya en el arbitraje anunciado, a Panamá le tocaría el 10% de lo que la empresa gane. Menos mal el Ejecutivo cambió a su representante y reemplazó a José Alejandro Rojas por Roberto Brenes. TARIMA. Por cierto, el CeCAP está organizando el Panamá’s Arbitration Week , del 15 al 19 de marzo. Entre los patrocinadores hay varias firmas de abogados, incluyendo aquella que defiende a PPC. Después del anuncio del pasado martes, eso tiene bastante sentido. EXCUSA. Dice el diputado Carlos Saldaña que votó a favor de la designación de Omar Castillo como subcontralor, porque este candidato “no tenía orden de captura ni nada por el estilo”. O sea, que la única diferencia entre el bien y el mal está en una boleta. Entonces, según su criterio, todo aquel que no tenga orden de detención es apto para ser subcontralor y, eventualmente, hasta contralor, porque ese es el trabajo principal del subcontralor: reemplazar al titular en sus ausencias. Por estos disparates es que no lo quieren en Vamos. DESPISTE. A Betserai Richards no le desagradaría que la bancada Seguimos recoja a Saldaña. ¿Será que no leyeron bien el comunicado de Vamos, los tuits de Juan Diego y las explicaciones infantiles de Saldaña? El solo hecho de que Camacho lo quiera en RM ya es bastante dudoso. VOTO. Este afecto no es casualidad: Saldaña es miembro de la influyente Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Con razón. SINSENTIDO. El próximo sábado regresan los diputados que se fueron a Taiwan, invitados por las autoridades de ese país. En el grupo están Pérez Barboni, Neftalí Zamora, Jorge González, Alaín Cedeño, Tin Guardia y Panchito Brea. ¿Por qué no viajaron en carnavales o cuando la Asamblea está en receso? Ganas de perder el tiempo. ABSURDO. En la discusión para reformar el reJanine Prado, diputada de Vamos. Foto: Captura de pantalla TVL Prado denuncia que el presupuesto legislativo aumentó $64.8 millones Eliana Morales Gil [email protected] FUNCIONAMIENTO La diputada de Vamos Janine Prado cuestionó ante el pleno de la Asamblea Nacional la falta de registro sobre los traslados de partida. Otro hecho controvertido entra en la agenda del Palacio Justo Arosemena. En el pleno Asamblea, la diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, denunció que el presupuesto de funcionamiento de ese poder del Estado, durante 2025, se incrementó en $64.8 millones, sin que esté claro a través de qué mecanismos se aprobaron las partidas que elevaron el monto. Prado citó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien indicó en su discurso del 2 de enero que, al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ascendió a $160.5 millones. Según la diputada, la cifra originalmente aprobada fue de $95.7 millones. “Estamos hablando de $64.8 millones en planillas, viáticos, suministros y otros rubros. Ese dato, por sí solo, merece una explicación”, advirtió Prado desde el pleno durante la sesión de este miércoles. Las preguntas sin respuesta La diputada planteó entonces una pregunta clave: ¿cómo se aprobaron los traslados que permitieron ese aumento? Según explicó, existen únicamente dos vías legales para hacerlo. La primera es a través de la Comisión de Presupuesto, de la cual ella forma parte. “Y no he visto ningún traslado dirigido a la Asamblea Nacional”, advirtió. La segunda vía, agregó, es el llamado silencio administrativo, un mecanismo que permite que los traslados se aprueben de forma automática cuando no son tramitados dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, Prado aseguró que solicitó formalmente información sobre los traslados aprobados, rechazados y suspendidos, incluyendo aquellos avalados por silencio administrativo. Al revisar el listado oficial, dijo, surgió una nueva inconsistencia: tampoco aparece ningún traslado aprobado para la Asamblea bajo ese mecanismo. “Entonces la pregunta sigue siendo la misma”, insistió la diputada. “¿Cómo se hicieron esos traslados?, ¿bajo qué figura legal?, ¿quiénes participaron en esas decisiones?”. Prado concluyó que, cuando los números no cuadran y los procedimientos no aparecen debidamente documentados, la transparencia del manejo presupuestario queda en entredicho. Los reclamos por falta de transparencia En noviembre de 2025, Prado presentó tres acciones de habeas data ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo: que se ordene a la Asamblea entregar información pública sobre la planilla y los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto. Los recursos fueron dirigidos a María Eugenia López, quien en ese momento era la magistrada presidenta de la Corte. En ellos, la diputada argumentó que el Órgano Legislativonolehabíaentregadola información solicitada, pese a requerimientos formales presentados desde septiembre y octubre de 2025. En una de las acciones, pidió específicamente que se obligue a la Asamblea a entregar información relacionada con la planilla de los despachos de los diputados, desde junio pasado hasta la fecha en que interpuso las demandas. Yasser Yánez García [email protected] Nicolás Maduro y el empresario Alex Saab (Izq.). EFE Capturan al testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab RÉGIMEN Alex Saab, el empresario colombiano y señalado de ser el testaferro del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado ayer, según informó el medio colombiano, Noticias Caracol. De acuerdo al medio, Saab estaría bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y no se descartaría su extradición hacia Estados Unidos. Saab es señalado por Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro. Recientemente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez decretó la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional, lo que dio paso a una nueva cartera, dejándo por fuera del cargo a Saab, que había asumido en octubre de 2024 por designación directa del entonces presidente Nicolás Maduro. Fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentaba cargos por lavado de dinero vinculados a contratos del programa estatal de alimentos CLAP. En octubre de 2020,la Fiscalía colombiana incautó seis propiedades valuadas en más de $9.8 millones que presuntamente pertenecían a Saab. Según la Fiscalía, entre los activos incautados había empresas “al parecer utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, pues se evidenció que habrían sido constituiglamento interno de la Asamblea, Dana Castañeda presentó una propuesta para fusionar las comisiones de Presupuesto y de Economía. Por supuesto un bodrio como ese fue rechazado por la mayoría. Si la diputada quiere eliminar comisiones, ahí está la de Asuntos Municipales, que solo sirve para crear nuestros corregimientos. O la de Comunicación, que para colmo preside Shirley. Eso ya es una buena razón para retirarla del organigrama. das en papel como fachada por personas allegadas a Saab, ya que no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada”. Washington lo acusaba de mover cientos de millones de dólares mediante un esquema de corrupción y sobornos, mientras que el chavismo lo defendía como “enviado especial” y alegaba inmunidad diplomática. En diciembre de 2023, Saab fue liberado tras un canje de prisioneros entre ambos países, en el que Venezuela excarceló a ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio. La aprehensión se logró en diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. Cortesía Aprehenden a exrepresentante y extesorero de Bugaba PECULADO Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, informó sobre la aprehensión de la exrepresentante de corregimiento Edilsa Gómez y del extesorero de la Junta Comunal de Bugaba, Iván Araúz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos de la descentralización. De acuerdo con las autoridades, ambos fueron ubicados durante operativos realizados ayer miércoles 4 de febrero por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional, como parte de una investigación por el presunto manejo irregular de 49 mil 730 dólares. Gómez y Araúz forman parte de un grupo de 70 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que se encuentran bajo investigación, a raíz de una serie de denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Estas denuncias están relacionadas con presuntas inconsistencias en el uso de fondos asignados para el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS). Durante los allanamientos realizados por la Fiscalía Anticorrupción, se ubicaron equipos tecnológicos, los cuales están siendo analizados por las autoridades para determinar si contienen información relevante para el desarrollo de la investigación. Por otro lado, el juez de garantías de la provincia de Chiriquí, Gaspar Marcucci, ordenó el reingreso a un centro penitenciario de la exrepresentante de Dolega, María Elena Rojas, quien había sido beneficiada con una medida temporal de depósito hospitalario. El juez Marcucci no accedió a la petición de la defensa de Rojas para que se le concediera una medida de depósito domiciliario por razones de salud. La autoridad consideró que no se aportó documentación médica científica que acreditara una condición de salud que justificara dicha modificación.
5A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 Panorama El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó el pronunciamiento emitido por el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en relación con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC). A través de un mensaje publicado en la red social X, Mulino subrayó que Panamá es un Estado de Derecho y que las decisiones del Órgano Judicial forman parte de las atribuciones constitucionales del país, por lo que deben ser respetadas tanto a nivel interno como externo. Recalcó que se trata de un asunto que compete exclusivamente al ordenamiento jurídico panameño. Tras el mensaje de Mulino, la Cancillería emitió un comunicado en el que afirmó que el fallo de la CSJ responde a una decisión estrictamente jurídica, adoptada en el ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial. El Ministerio reiteró el compromiso del Ejecutivo con el Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes del Estado y el respeto a las instituciones democráticas. La Cancillería exhortó a todas las partes, nacionales e internacionales, a respetar la independencia judicial, tal como ocurre cuando empresas panameñas enfrentan procesos judiciales en otras jurisPanamá defiende soberanía judicial y rechaza injerencias tras pronunciamiento de Hong Kong dicciones. Además, recordó que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio fundamental protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución, y subrayó que cualquier controversia contractual debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal. El comunicado reafirmó que la política exterior panameña se rige por los principios de no injerencia, respeto mutuo entre Estados y apego al derecho internacional. Puerto de Balboa en la entrada del pacífico del Canal de Panamá. Anel Asprilla Noriel Araúz: el defensor de la prórroga de Panama Ports que hoy guarda silencio Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Yasser Yánez [email protected] El exadministrador de la AMP es uno de los citados en el fallo que declaró inconstitucional la prórroga. El pleno de la CSJ sostuvo que hubo una interpretación ‘sesgada’ de la extensión automática del contrato. Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), fue una figura clave en el proceso que derivó en la prórroga del contrato con Panamá Ports Company (PPC) en 2021, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hoy, ante el nuevo escenario abierto por el fallo, guarda silencio absoluto. A diferencia del excontralor Gerardo Solís y del exministro de la Presidencia Carlos García, quienes sí se han pronunciado sobre el tema, el hermetismo de Araúz —a quien se ha intentado contactar por La Prensa— resulta aún más llamativo si se toma en cuenta que, desde la AMP, fue uno de los principales voceros de las negociaciones entre el Gobierno y PPC. Incluso, un día después de aprobada la prórroga, salió en defensa a ultranza de lo actuado, tanto por él como por la junta directiva que dio el visto bueno al contrato. El exadministrador de la AMP es uno de los mencionados en el fallo que declaró inconstitucional la prórroga. El pleno de la CSJ sostuvo que, en 2021, hubo una interpretación “sesgada” de la prórroga automática del contrato por parte del administrador, Noriel Araúz, y de la junta directiva de la AMP. En la sesión de 2021 en la que se abordó el tema participaron Carlos García, quien presidía entonces la junta directiva y se desempeñaba como viceministro de la Presidencia; Jorge Luis Almengor, exviceministro de Finanzas; el exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini; y, por el sector privado, Patricia Velásquez, Julio de la Lastra y Juan Diego Reyna. Además, también estuvo presente el entonces contralor Gerardo Solís, con derecho a voz. García reemplazó en la sesión de la junta directiva al exvicepresidente, José Gabriel Carrizo, quien en ese entonces también era el Ministro de la Presidencia. El contrato establecía una negociación que no se hizo. Las autoridades se limitaron a certificar que PPC había cumplido con sus obligaciones contractuales y, solo por eso, consideraron que tenía derecho automático a prorrogar el contrato por 25 años más, algo que los magistrados rechazaron. La Corte fue categórica al evaluar la actuación de la AMP en el proceso que derivó en la prórroga del contrato a PPC. En su fallo, el pleno sostuvo que ninguno de los actos preliminares ni los actos administrativos dictados por la entidad “dan cuenta de una actividad de renegociación”, sino que, por el contrario, se limitaron a comportarse como un refrendo del cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de la empresa concesionaria. Para los magistrados, esa conducta no equivale a una renegociación de condiciones, pues advirtieron que la actuación de la AMP no podía reducirse a “un simple acto de notarización”. El pronunciamiento fue más allá y subrayó que, incluso al margen de si existió o no una renegociación, la institución estaba obligada a cumplir normas de orden público para que sus actuaciones tuvieran validez jurídica. Según la Corte, esos requisitos esenciales “están carentes, ausentes e inexistentes”, una conclusión que pone en entredicho la legalidad del procedimiento seguido por la AMP en el caso PPC y refuerza los cuestionamientos sobre la forma en que se tramitó la extensión del contrato. Defensa de la prórroga Un día después de que se aprobara la prórroga del contrato, es decir, el 24 de junio de 2021, el entonces administrador de la AMP, Noriel Araúz, salió a defender públicamente la decisión en una entrevista en Telemetro Reporta, en medio de críticas políticas y cuestionamientos sobre si el Estado había negociado lo suficiente. Araúz sostuvo que la AMP no partía de una hoja en blanco, sino de un “contrato ley de la República” aprobado en 1997, que establecía una concesión por 50 años, con una revisión a los 25. “La cláusula 2.9 del contrato ley 5 establecía que, si la empresa cumplía con las obligaciones básicas del contrato, era una renovación automática, una prórroga automática, que es muy distinta a una prórroga simple”, afirmó. Precisamente, el pleno de la Corte consideró que la extensión de la vigencia del contrato con base en la cláusula 2.9 de prórroga automática, sin la celebración de una adenda y prescindiendo del refrendo de la Contraloría General de la República —que ejerce la función constitucional de control previo—, evidencia que el Estado no ejerció la potestad que ostenta para salvaguardar sus intereses, al no efectuar una renegociación de lo convenido en el contrato. Entre los argumentos de Araúz, en su momento, estaba que la decisión de prórroga debía leerse también como un mensaje de seguridad jurídica para los inversionistas. “Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y mandar un mensaje internacional en temas de seguridad jurídica”, dijo, al tiempo que calificó de “histórico” lo que, según él, había logrado su administración en términos de ingresos para el Estado. De acuerdo con sus cifras, en apenas dos años la AMP había recaudado cerca de 165 millones de dólares entre dividendos, aportes por responsabilidad social y otros conceptos. Araúz comparó esos montos con lo ocurrido en las dos décadas anteriores. “En 24 años solo habíamos recibido 8 millones de dólares en temas de dividendos y nosotros en esta administración estamos recibiendo 130 millones”, aseguró, a lo que sumó otros 20 millones por responsabilidad social y 15 millones adicionales recaudados en los dos primeros años. Frente a las críticas, lanzó un reproche directo a exfuncionarios y actores políticos: “Me gustaría saber qué hicieron ellos en esos 24 años que fueron parte de la junta directiva”. Ingresos futuros En cuanto a los ingresos futuros, el exadministrador sostuvo que el Estado panameño recibiría más de 800 millones de dólares en los próximos 25 años. “Nosotros tenemos un estimado de aproximadamente 816 millones de dólares que vamos a recibir en los próximos 25 años”, afirmó, y recordó que en el primer periodo de la concesión se habían recibido 445 millones, según cifras de la Contraloría General de la República. “Eso no lo dice Noriel Araúz, lo dice la Auditoría de la Contraloría”, subrayó, aunque la auditoría a la que se refirió nunca se hizo pública. En la entrevista, el exadministrador recordó que Panamá Ports había facturado alrededor de 5,000 millones de dólares en los primeros 25 años de concesión y que, de esa cifra, el Estado había recibido unos 445 millones, además de inversiones en infraestructura y generación de empleo. “De esos 5,000 millones, a Panamá le ha tocado 445 millones, más 1,700 millones en inversión en infraestructura, más 900 millones en empleomanía”, enumeró, al tiempo que defendió el modelo de puerto de transbordo que, según dijo, sostiene el rol logístico del país. Su argumento siempre fue el mismo que el de la prórroga automática declarada inconstitucional: “El contrato ley existe desde el año 97; nosotros solo estamos haciendo una revisión de la prórroga automática de los siguientes 25 años”, sostuvo. Este medio intentó obtener una versión de Araúz, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. Su silencio deja hoy más interrogantes que respuestas sobre sus motivaciones en el proceso que condujo a la prórroga a PPC. El Ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, territorio de la República Popular China, expresó su “gran descontento” y su “categórico rechazo” al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucionales los contratos de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del grupo hongkonés Hutchison Ports. En un comunicado oficial, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao -a cargo de Xia Baolong- manifestó su oposición a lo que calificó como el uso de “medios coercitivos, presiones u otras medidas irrazonables” por parte de gobiernos extranjeros en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales internacionales, al considerar que estas acciones afectan los derechos e intereses legítimos de las empresas con sede en Hong Kong. Funcionarios chinos dicen que el fallo fue producto de presión extranjera Yasser Yánez [email protected] Noriel Araúz. Archivo CONCESIÓN PORTUARIA
6A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026
7A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026
8A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó el 27 de enero la suspensión provisional del cargo y del salario impuesta a la docente Benilda González, del Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza, en Cativá, provincia de Colón. El Tribunal determinó que la medida adoptada por el Ministerio de Educación (Meduca) vulneró principios constitucionales fundamentales. Aunque la decisión no limita la facultad del Estado para investigar posibles faltas administrativas ni su poder disciplinario, el Tribunal concluyó que la sanción carecía de una base legal sólida y no respetó el debido proceso. La medida, presentada como un trámite administrativo, tuvo en realidad efectos punitivos al separar a la docente de su cargo y suspender su salario. El Órgano Judicial centró su análisis en la falta de justificación normativa para la separación del cargo y la suspensión salarial. Señaló que no puede considerarse un acto administrativo de trámite una decisión que priva a un trabajador de su empleo y remuneración, debido a las consecuencias inmediatas y tangibles que genera en la vida del afectado. En consecuencia, dejó sin efecto la suspensión y ordenó la restitución del salario de la docente mientras se rePrecedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente DECISIÓN JUDICIAL suelve el fondo del proceso. El fallo tiene implicaciones más amplias, ya que podría impactar a 298 docentes separados de sus cargos tras la huelga de 2025 contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, una medida que Meduca no reconoció. Con esta decisión, el Tribunal estableció como precedente que no es aceptable separar a un trabajador de su puesto y suspender su salario sin una resolución firme, sin proporcionalidad y sin el respeto pleno al debido proceso. La resolución también cuestiona la estrategia de Meduca de utilizar suspensiones salariales como medidas provisionales, al poner en duda su legalidad y sostenibilidad. No obstante, el fallo no invalida los procesos administrativos en curso ni implica absoluciones automáticas, sino que reafirma que los procesos disciplinarios deben realizarse dentro de los límites de la legalidad y con pleno respeto a las garantías constitucionales. El dirigente gremial Alberto Díaz, de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, celebró la decisión y afirmó que las medidas fueron ilegales. Señaló que el Tribunal determinó que no puede utilizarse el artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación para sancionar a los educadores por ejercer el derecho constitucional a la huelga ni para vulnerar sus derechos laborales. El nuevo ION estará ubicado frente al actual Hospital de Cancerología y consistirá en una torre de nueve pisos. Cortesía El nuevo ION: una obra que comenzó a prometerse en 2007 Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] INFRAESTRUCTURA El proyecto, anunciado en 2007 y postergado por años, entra finalmente en etapa de ejecución. El presidente Mulino pidió que esté listo para octubre de 2027, pese a un plazo contractual de 26 meses. El proyecto de construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) comenzó oficialmente su fase de ejecución ayer, luego de años de anuncios y promesas. Para los pacientes con cáncer y sus familias, la obra representa una esperanza largamente esperada. Aunque desde enero pasado ya se realizaban trabajos de movimiento de tierra, fue ayer, durante un acto protocolar, cuando se dio inicio formal a la construcción del hospital. El tiempo de ejecución se perfilacomounodelosprincipales desafíos del proyecto. La obra fue concebida con un plazo superior a 24 meses; sin embargo, durante el acto de inicio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó que el hospital esté concluido para octubre de 2027. “Sé que el proyecto tiene un plazo de 26 meses, pero pedí que se termine lo más pronto posible. Trece años de espera es demasiado y, si podemos entregar esta obra y comenzar a atender pacientes en octubre del próximo año, sería un excelente mensaje en el mes del cáncer”, expresó el mandatario, al tiempo que aseguró respaldo gubernamental para concretar el proyecto. Mulino añadió que, de forma paralela y en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), se está ampliando la cobertura de atención oncológica en Bugaba y La Chorrera, donde se habilitarán salas especializadas para reducir los traslados de pacientes desde el interior del país hacia la capital. Las primeras gestiones para la construcción del nuevo ION se remontan a 2007, durante la administración del expresidente Martín Torrijos, cuando la dirección del hospital planteó al Minsa la necesidad de contar con un anexo frente a las actuales instalaciones, en el corregimiento de Ancón. Desde entonces, el proyecto atravesó múltiples anuncios, cambios de ubicación y ofrecimientos de terrenos que no se concretaron. En 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, se propuso un globo de terreno de 8.3 hectáreas en el antiguo campo de antenas de Clayton, en Ancón, cercano a donde hoy se construye la Ciudad de la Salud de la CSS. No obstante, el proyecto volvió a quedar en suspenso y, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, no se dispuso de los fondos necesarios para ponerlo en marcha. El nuevo ION estará ubicado frente al actual Hospital de Cancerología y consistirá en una torre de nueve pisos, con más de 50 consultorios de consulta externa, áreas de quimioterapia, salas de hospitalización, servicios diagnósticos, farmacia y una torre de estacionamientos para pacientes y personal médico. La obra será desarrollada por la constructora Rigaservices —responsable del proyecto Ciudad de la Salud— mediante una adenda contractual, lo que permitió agilizar el proceso. Así lo manifestó Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, quien explicó que esta modalidad facilitó el avance del proyecto, mientras que otras estructuras contempladas dentro de la Ciudad de la Salud deberán pasar por procesos de licitación regular. El director general de la CSS, Dino Mon, sostuvo que el nuevo ION se enmarca en el modelo de salud integrado, cuyo objetivo es “organizar mejor al Estado para que nadie tenga que esperar más de lo que la vida permite”. Cáncer en aumento De acuerdo con Alex González, asesor del Minsa, entre cinco y siete personas fallecen diariamente en Panamá a causa del cáncer, lo que mantiene esta enfermedad como uno de los principales retos del sistema de salud. Los tipos de cáncer que históricamente demandan mayor atención en el país son los de próstata, mama y cervicouterino; sin embargo, en los últimos años se ha registrado un aumento de casos de cáncer de estómago y colon en determinadas regiones del país. Esta tendencia, explicó, está asociada a factores como los estilos de vida, la genética y los hábitos alimenticios. En materia de atención, González detalló que el ION atiende entre 6,000 y 7,000 casos mensuales, lo que supera las 60,000 atenciones al año. Indicó además que, en 2025, se registraron alrededor de 5,000 atenciones de quimioterapia en Veraguas y unas 7.000 en la región de Azuero, como resultado del proceso de descentralización de estos servicios. El asesor del Minsa reconoció que el país enfrenta un déficit de oncólogos, aunque destacó avances en la formación de especialistas, como la capacitación local de radiooncólogos, que anteriormente debían formarse en el extranjero. El acto protocolar contó con la presencia de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y de Salud, Fernando Boyd Galindo; el director general de la CSS, Dino Mon; el contralor general de la República, Anel Flores; el director médico del ION, Julio Santamaría; así como representantes de asociaciones de pacientes, gremios médicos y patronatos. Al menos 40 mil docentes iniciaron un proceso de capacitación y revisión del rediseño curricular que adelanta el Ministerio de Educación (Meduca) en 156 centros escolares del país. Las jornadas se extenderán hasta el 13 de febrero y son facilitadas principalmente por docentes formados por la institución a través del programa Capacita Meduca, que cuenta con 1,248 facilitadores preparados durante 2025. La viceministra de Educación, Agnes De Cotes, explicó que durante las capacitaciones los educadores analizan y ponen en práctica los contenidos actualizados de los planes de estudio, los cuales no habían sido revisados de forma integral en más de una década. Señaló que durante 2026 los contenidos serán validados directamente en el aula. El proceso incorpora de manera transversal competencias de emprendimiento, tecnología, inteligencia artificial y desarrollo socioemocional, además de la revisión parcial previa de asignaturas prioritarias como español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Unos 40 mil docentes del país participan en capacitaciones por rediseño curricular AÑO LECTIVO 2026 Los docentes evalúan materiales elaborados por unos 500 educadores, tras consultas a distintos sectores. Gremios docentes expresaron preocupación por el proceso. Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes, cuestionó la rapidez del rediseño y la limitada participación de gremios y especialistas en currículo. También señaló deficiencias logísticas en las capacitaciones y recordó experiencias previas afectadas por falta de equipos e internet. La Asociación de MaesYaritza Mojica [email protected] Docentes en las capacitaciones. Cortesía Una de las marchas efectuadas por los gremios docentes y obreros en rechazo a la Ley 462 de 2025. Archivo tros Independientes Auténticos denunció carencias de agua y alimentación en algunos centros de capacitación. Panorama
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==