9A La Prensa Panamá, miércoles 4 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. intensidad emocional y más tribalismo. Un estudio influyente sobre el acceso a banda ancha encuentra que este puede aumentar la hostilidad partidista (polarización afectiva): no solo desacuerdo, sino rechazo al “otro bando”. Aquí está el matiz clave: internet no solo amplía información; amplía volumen, velocidad y segmentación. La política se vuelve más susceptible a cámaras de eco, a mensajes diseñados para nichos y a contenidos que viajan por indignación. La conectividad puede empujar a que el electorado se alinee alrededor de pocos polos con más intensidad, o que se fragmente en múltiples opciones competitivas; en ambos casos, el combustible suele ser emocional antes que deliberativo. Y por eso la frase “internet = voto más informado” es, como mínimo, incompleta. El mejor resumen estadístico que he visto sobre el tema viene de un metaanálisis prerregistrado (76 estudios, más de 442 mil personas): en estudios observacionales no aparece evidencia de aprendizaje político en redes sociales y, en experimentos, los aumentos de conocimiento existen, pero son pequeños en términos prácticos. En paralelo, un análisis de Pew Research Center muestra que quienes dependen principalmente de redes sociales para noticias políticas tienden a ser menos Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Panamá y el estigma del ‘país no cumplidor’ Centro financiero tar hacia países pequeños en lugar de examinar sus propias falencias, siendo en muchos casos los mayores cómplices de la evasión. Organizaciones independientes como el Tax Justice Network han señalado que solo una fracción muy pequeña de las pérdidas fiscales globales proviene de los países comúnmente incluidos en listas negras. En cambio, una parte mucho mayor de la evasión fiscal ocurre dentro de los propios Estados miembros de la Unión Europea. Aun así, estos países continúan siendo catalogados como “altamente cumplidores”, mientras otros, como Panamá, cargan con el estigma. El episodio de los Panama Papers dañó profundamente la percepción internacional del país. El problema no fue la investigación en sí, sino la forma en que se construyó la narrativa. Se utilizó el nombre de Panamá para describir un fenómeno global, cuando en realidad se trataba de prácticas realizadas por clientes de muchos países y facilitadas por una firma privada específica. El resultado fue una generalización injusta. Panamá quedó asociado, en el imaginario colectivo, con el lavado de dinero, aunque estructuras similares existían —y existen— en múltiples jurisdicciones del mundo. Muchas empresas y personas dejaron de usar estructuras panameñas perfectamente legales, no por ilegalidad, sino por miedo reputacional. Mientras Panamá es señalado, otros países reciben un trato muy distinto. Suiza, por ejemplo, ha sido históricamente un refugio para grandes fortunas, incluidas aquellas vinculadas a corrupción y saqueo de fondos públicos. Investigaciones interOctavio Vallarino Arias Conectados, pero no necesariamente informados Tribalismo La promesa suena lógica: más internet debería producir un voto “más informado”. Pero cuando crucé resultados electorales publicados como datos abiertos en Panamá con indicadores sociodemográficos y socioeconómicos del INEC —incluyendo el porcentaje de hogares sin acceso a internet fijo o móvil— lo que aparece es un fenómeno distinto: la conectividad tiende a volver la competencia más pareja y el voto menos cautivo, pero también puede intensificar la polarización, sin que eso garantice un mayor conocimiento real. En zonas con mayor acceso a internet, la política se vuelve un mercado más disputado. No porque el ciudadano se transforme de golpe en tecnócrata, sino porque cambian los costos: es más fácil comparar propuestas, fiscalizar, enterarse de escándalos y coordinar apoyo o rechazo. Eso debilita intermediarios tradicionales y abre espacio a campañas más baratas y más rápidas. El efecto visible es una contienda menos “cómoda”: el voto se reparte más o, al menos, se vuelve menos predecible, con márgenes más ajustados en ciertos niveles. Ahora bien, que el voto se vuelva más competitivo no significa que se vuelva más racional. De hecho, la evidencia internacional sugiere que la conectividad puede empujar el sistema en otra dirección: más conocedores y más propensos a oír afirmaciones no verificadas. La síntesis no es “internet daña la democracia” ni “internet la salva”. Una revisión sistemática amplia sobre medios digitales y democracia encuentra resultados mixtos: puede aumentar la participación y el consumo de información, pero también se asocia con polarización, desinformación y deterioro de la confianza, según el contexto. Es decir: la conectividad puede concientizar —poner a la gente a hablar, exigir y vigilar— sin elevar proporcionalmente el conocimiento factual promedio. En Panamá, esto importa porque corremos el riesgo de celebrar el síntoma equivocado. Que la elección se ponga más pareja en zonas conectadas puede ser una buena noticia: más competencia obliga a mejorar. Pero si esa competencia se alimenta más de identidades, rumores y microcampañas que de información verificable, entonces lo que ganamos en competitividad lo podemos perder en cohesión y confianza. La conclusión es incómoda, pero útil: más conexión no nos vuelve automáticamente más sabios; nos vuelve más disputados —y, a veces, más tribales—. Por eso, expandir el acceso es necesario, pero no alcanza. Si queremos un voto realmente más informado, lo decisivo no es solo la tecnología: es el criterio. Alfabetización mediática, datos públicos fáciles de revisar y una cultura de verificación que compita —en velocidad y claridad— con el audio viral. Opinión EL AUTOR es analista de datos. EL AUTOR es ingeniero mecánico y promotor de proyectos. nacionales han demostrado cómo bancos suizos administraron durante años dinero de dictadores y funcionarios corruptos de distintos países. A pesar de ello, Suiza sigue siendo considerada “altamente cumplidora” por la OCDE. Algo similar ocurre con Luxemburgo, donde miles de fondos de inversión administran billones de dólares sin que siempre sea claro quiénes son los beneficiarios finales. Revelaciones como OpenLux mostraron cómo estas estructuras pueden ser utilizadas para ocultar activos y evitar impuestos. Malta, Irlanda, Países Bajos y Chipre también han sido señalados por permitir esquemas de planificación fiscal agresiva, pero ninguno de estos países aparece en las listas más duras de la Unión Europea. Los mayores escándalos de lavado de dinero de las últimas décadas no pasaron por Panamá, sino por grandes bancos internacionales. Danske Bank, HSBC y Westpac Bank movieron enormes cantidades de dinero de origen sospechoso. Las instituciones fueron multadas, pero rara vez hubo consecuencias penales proporcionales para los responsables, ni se cuestionó seriamente el sistema que lo permitió. En esos casos, el problema se trató como un “error bancario”, no como una falla estructural de los países donde operan estos bancos. Ninguno fue marcado como “no cumplidor”. Panamá no es perfecto. Aún tiene áreas que debe fortalecer, y nadie sensato lo niega. Pero insistir en catalogarlo como un país incumplidor, ignorando sus avances y sin aplicar el mismo rigor a las grandes potencias financieras, no contribuye a una lucha real contra el lavado de dinero. Si el objetivo es un sistema financiero más transparente y justo, el esfuerzo debe ser global. No se puede exigir a unos lo que se tolera en otros. Mientras persistan los dobles estándares, las listas y señalamientos seguirán siendo percibidos como herramientas políticas, no como instrumentos técnicos al servicio del bien común. Panamá ha cambiado y ha avanzado. Lo que aún falta es que el mundo —y en particular Europa— esté dispuesto a reconocerlo y a mirarse en el mismo espejo con el que juzga a los demás. No soy banquero, financista ni abogado. Soy ingeniero de profesión, pero cuando veo algo que afecta a mi país, investigo y me pronuncio. En los últimos años, Panamá ha sido señalado repetidamente como un país “no cumplidor” en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, impulsado principalmente por la Unión Europea y organismos vinculados a la OCDE. Este señalamiento ha calado en la opinión pública internacional y ha afectado la imagen del país. Sin embargo, vale la pena preguntarse si estas acusaciones reflejan realmente la realidad o si responden a intereses y dobles estándares. Panamá es un centro financiero internacional desde hace décadas. Opera con el dólar estadounidense, cuenta con un sistema bancario regulado y supervisado, y ha sido utilizado legítimamente por empresas, inversionistas y ciudadanos de todo el mundo. Como cualquier centro financiero relevante, ha tenido fallas y desafíos, pero también ha realizado cambios profundos en su legislación y en sus mecanismos de control para cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos avances no son retóricos. Panamá ha reformado leyes, fortalecido a sus supervisores y cooperado activamente con organismos internacionales, lo que le permitió salir de listas de observación técnica. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el país sigue siendo señalado en ciertos foros como si nada hubiera cambiado. Muchos países de la Unión Europea enfrentan serios problemas de recaudación fiscal y, en lugar de resolver estas prácticas internamente, resulta más fácil apunInformarse principalmente a través de redes sociales no garantiza un voto más informado: amplía la competencia electoral, pero también la polarización, sin elevar necesariamente el conocimiento ciudadano. Francisco de La Espriella Panamá enfrenta señalamientos internacionales por lavado y evasión fiscal, pese a reformas profundas. El debate revela dobles estándares que afectan su reputación y cuestionan la credibilidad del sistema financiero global. Reflexiones sobre el rediseño curricular Educación El rediseño curricular es un proceso central en los sistemas educativos, ya que orienta la selección de contenidos, las estrategias de enseñanza y los criterios de evaluación. Más allá de los ajustes técnicos que conlleva, su efectividad depende en gran medida de la coherencia entre los principios formativos que se declaran y las prácticas que se implementan. Esta coherencia no es automática ni queda garantizada por el solo hecho de reformular un currículo. Con frecuencia, los procesos de rediseño se concentran en la actualización de contenidos, la incorporación de competencias o la adopción de enfoques pedagógicos contemporáneos. Si bien estos elementos son necesarios, su sola inclusión en documentos oficiales no asegura mejoras reales en los aprendizajes. Para que los cambios sean efectivos, deben articularse con criterios claros de implementación y evaluación que orienten la práctica docente. En este marco, la ética cumple una función estructural. No se trata de un añadido declarativo, sino de un eje que permite definir prioridades educativas, niveles de exigencia y criterios de evaluación coherentes. La moral, entendida como el conjunto de normas y prácticas vigentes en la comunidad educativa, se expresa en la aplicación cotidiana del currículo. Cuando existe una brecha entre los valores declarados y las prácticas institucionales, se generan tensiones que afectan la credibilidad del proceso formativo y dificultan su sostenibilidad. Asimismo, los valores orientan la formación del estudiante más allá de los contenidos específicos. Para que tengan un impacto verificable, deben traducirse en experiencias de aprendizaje concretas, criterios de evaluación claros y responsabilidades institucionales definidas, evitando quedarse en formulaciones generales sin aplicación práctica. La relación entre rediseño curricular y política también exige una delimitación precisa. Aunque la educación es un asunto público, la excesiva influencia de coyunturas políticas y cambios administrativos frecuentes debilita la continuidad del currículo e impide evaluar sus resultados a mediano y largo plazo. Reducir esa influencia no implica desconocer el contexto social, sino crear condiciones de estabilidad que permitan ajustes informados y sostenidos en el tiempo. En conclusión, el rediseño curricular no es únicamente una reorganización de contenidos o metodologías, sino una decisión formativa que exige coherencia entre principios, prácticas y evaluación. Ningún modelo educativo funciona sin una base ética, moral y de valores; sacar la política del centro de las decisiones curriculares es un primer paso hacia esa coherencia. Sostenerla en el tiempo constituye el principal desafío del rediseño curricular. LA AUTORA es profesora de filosofía. Indhira Londoño Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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