4A La Prensa Panamá, miércoles 4 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SUERTE. Roberto Barsallo, suplente del diputado Ernesto Cedeño, presentó un anteproyecto que adopta una ley general anticorrupción. La última vez que alguien hizo algo similar, Camacho se encargó de evitar que la iniciativa fuera aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno (donde él manda), alegando que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Si se repasa la cantidad de copartidarios de Camacho que han tenido un rol protagónico en los casos más sonados del país, cualquiera entendería por qué afirma eso. Dime con quién andas y te diré qué ley no quieres… BIENVENIDA. Por cierto, Camacho anunció que con gusto recibe a Carlos Saldaña en la bancada de RM. El aludido aparentemente ha declinado la invitación, pues respondió con un silencio indiferente… por ahora. VICTIMISMO. Raúl Pineda escribió en Instagram que la detención de su hijo Rico le enseñó a no “perder la esperanza” y a “resistir”. A resistir debajo del escudo de la prueba sumaria, querrá decir. La carpeta que el Ministerio Público envió para que se investigue si está o no implicado en la operación Jericó está en la Corte, sin registrar mayor avance. Aquí, quien resiste es la población, que tiene que soportar el doble estándar de la justicia. ENHORABUENA. La planilla legislativa, que en noviembre pasado tenía 5,631 personas, ha descendido dramáticamente: ahora es de 3,136 funcionarios. No sabemos cuál es la razón ni dónde metían a toda esa gente, pero son casi 2,500 funcionarios menos y nadie ha notado que desaparecieron. FRESCOS. Entre los municipios que todavía no han entregado a la Contraloría el informe de rendición de cuentas están los de Chame, Aguadulce y Pinogana, tres El debate sobre educación esta en marcha. Imagen generada por Inteligencia Artificial Por qué el país no puede esperar más: la urgencia de una reforma educativa Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN La crisis educativa en Panamá demanda una reforma integral para garantizar el acceso a educación de calidad, ante la exclusión de 120,000 niños y un desempeño académico rezagado. La educación en Panamá enfrenta una crisis profunda, persistente y estructural que ya no admite diagnósticos parciales ni soluciones cosméticas. Por ello, es urgente una reforma integral de la Ley Orgánica de Educación para garantizar que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, equitativa y capaz de impulsar el desarrollo social, económico y democrático del país. Así lo evidencia el documento “La realidad que no podemos ignorar: La crisis educativa panameña y la urgencia de una reforma legal”, presentado en el marco del Proyecto de Transformación Legal 2026, que lleva adelante el diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, desde la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. La magnitud del problema educativo es alarmante: 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, según un análisis del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Esta exclusión sostenida refleja fallas estructurales del Estado para garantizar trayectorias educativas completas y de calidad. Además, la evidencia internacional confirma la gravedad de la situación. En la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022, Panamá quedó rezagada frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que solo el 16% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en matemáticas (OCDE: 69 %), el 42 % en lectura (OCDE: 74%) y el 38% en ciencias (OCDE: 76%). La brecha, especialmente en matemáticas, alcanza 53 puntos porcentuales, limitando el acceso a la educación superior y al mercado laboral. Desigualdad educativa El documento muestra que el rezago educativo no es homogéneo. Mientras un niño que nace en una zona urbana alcanza, en promedio, nueve años de escolaridad, uno nacido en una comarca indígena llega apenas a cinco, perpetuando ciclos de pobreza de generación en generación. La desigualdad también se refleja en la infraestructura y las condiciones de aprendizaje. A pesar de los avances tecnológicos del país, 220 escuelas rancho continúan operando, y 115 mil estudiantes asisten a centros multigrado o con condiciones precarias, muchos sin acceso a agua potable ni servicios sanitarios. Además, se estima que 90 mil niños con discapacidad permanecen fuera del sistema educativo, debido a la falta de diagnósticos, docentes capacitados y presupuesto suficiente. La formación docente es otro desafío crítico, ya que el 54.5% de los docentes de preescolar no cumple con la calificación requerida, lo que afecta la etapa más determinante del desarrollo cognitivo, social y emocional. Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2024), posteriores a la pandemia, muestran ligeras mejoras en lectura y matemáticas, pero más del 50% de los estudiantes sigue en el nivel más bajo de desempeño, sin comprender textos explícitos ni resolver problemas matemáticos elementales. En sexto grado, nueve de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo esperado en matemáticas. Los pilares críticos de la reforma educativa El diagnóstico del informe identifica cinco crisis sistémicas: calidad educativa, equidad, formación docente, gestión y financiamiento. Panamá carece de un sistema autónomo de evaluación integral, mantiene un currículo desactualizado y presenta una inversión educativa inestable, que ha oscilado entre el 3.2 % y el 4.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Además, cerca de 3,400 centros educativos operan en condiciones inadecuadas, agravando la exclusión y el rezago. El impacto de esta crisis es tangible. Estudiantes que culminan la educación media presentan un nivel equivalente al de sexto grado en países de la OCDE, es decir, un rezago de seis años. Entre 2020 y 2025, se perdieron más de 500 días de clase, mientras el país produce cada mes alrededor de 1,000 jóvenes que no estudian ni trabajan, en un mercado laboral que exige al menos 11.6 años de escolaridad, frente a los 10.6 años que alcanzan en promedio los jóvenes panameños. El informe también cuestiona la vigencia de la Ley 47 de 1946, que rige el sistema educativo desde hace casi ocho décadas. Aunque ha sido reformada en múltiples ocasiones, el resultado es un marco normativo fragmentado que no garantiza los 14 años de escolaridad obligatoria, no profesionaliza plenamente la carrera docente ni asegura una inversión sostenida y exigible. En respuesta a esta crisis, el Proyecto de Transformación Legal 2026 propone la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, con la participación de ocho sectores de la sociedad: docentes, estudiantes, padres de familia, universidades, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es convertir los consensos técnicos y sociales en obligaciones legales que trasciendan los ciclos políticos y permitan evaluar, exigir y rendir cuentas. Una reforma estructural y gradual Lo que está en juego no es solo la reforma de una ley, sino la capacidad de Panamá para garantizar educación de calidad como motor de desarrollo, equidad y democracia. En el marco del Proyecto de Transformación Legal 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) ha anunciado un proceso de reforma que busca modificar la Ley 47 de 1946, vigente desde hace casi ocho décadas. La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que el proceso está en marcha, pero enfatizó que será gradual y no apresurado. “Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, subrayó, aclarando que la reforma no será impuesta ni coyuntural, sino un cambio estructural que garantice el futuro educativo de las nuevas generaciones. Además, Molinar destacó que ya se han realizado 10 de las 18 reuniones previstas para concluir las consultas, en las que participarán gremios docentes, actores políticos, la sociedad civil y otros sectores vinculados al ámbito educativo. “Con esto no podemos jugar a ver quién aplaude más”, enfatizó, refiriéndose a la importancia de tratar la reforma con seriedad y responsabilidad. de los más beneficiados con las transferencias extraordinarias realizadas por el MEF. El de Chame, cuyo alcalde es Francisco León Fu, de RM, recibió $1.2 millones. Al de Aguadulce (feudo político de Jorge Herrera) le tocaron $950,000 y el de Pinogana, donde está Jannelle González (CD), recibió $900,000. ¿Por qué tardan tanto en entregar el informe? Pareciera que les dieron todo ese platal y ni siquiera preguntaron para qué. La prueba PISA 2022 Realidad alarmante 16% Solo el 16% de los estudiantes panameños alcanzó el nivel básico en matemáticas, frente al 69% del promedio de la OCDE. 42% De los estudiantes logró el nivel básico de lectura, muy por debajo del 74% registrado en la OCDE. 38% De los estudiantes alcanzó el nivel básico en ciencias, comparado con el 76% del promedio OCDE.
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