7A La Prensa Panamá, martes 3 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Muchos de estos mal llamados influenciadores están siendo “financiados”, y es así como a varios se les ve hablando en contra de algún tema y, a los dos días, se cambiaron de bando y ahora son los mayores defensores del mismo. Lo hemos podido percibir en temas de tanta sensibilidad como lo han sido la mina de cobre y, más recientemente, en el tema de dos puertos, uno de cada lado del Canal. En relación a lo que en los últimos días ha acaparado los titulares de los diarios y noticieros del país, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la renovación del contrato con la empresa Panama Ports/Hutchinson Wampoa, operadores de un puerto en Balboa y otro en Cristóbal, vemos a “expertos en temas portuarios” emitir opiniones a favor, en contra y —le agrego yo— todo lo contrario, que en muchas ocasiones no tienen fundamento alguno, más allá de querer “influenciar” sobre la forma de pensar y de expresarse de muchos. Así vemos que no investigan ni consultan, y van emitiendo desacierto tras desacierto, pero con el morbo adecuado, para tratar de cambiar la opinión pública. Qué triste que la desidia de tantos gobiernos, ante la falta de una reforma educativa, ha sido el puente para que algunos hayan podido lograr, no solo cambiar la forma de pensar, sino hasta pensar por otros. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El riesgo de inconstitucionalidad y su impacto en la inversión extranjera Caso Minera y PPC otras palabras, si incluso contratos trabajados por “los mejores especialistas” pueden caer por inconstitucionalidad, el sistema envía una señal clara de imprevisibilidad. Esta situación refleja un problema de continuidad institucional y de respeto por los acuerdos establecidos. El resultado práctico es un clima de desconfianza en el sistema legal y político del país: hoy se firma con aplausos, mañana se litiga con incertidumbre. El nuevo riesgo Este riesgo se refiere a la posibilidad de que contratos que antes se consideraban válidos sean anulados por nuevas interpretaciones constitucionales o por cambios en los criterios jurisprudenciales. Esa inestabilidad tiende a ahuyentar a los inversionistas, que buscan entornos previsibles, donde el “sí” del Estado no se convierta en un “tal vez” con el siguiente giro político o judicial. Además, la incertidumbre también golpea a las empresas locales. Muchas terminan ajustando sus planes, elevando reservas legales, renegociando financiamientos o postergando expansiones, porque deben prepararse para contingencias judiciales en lugar de invertir en productividad. Ahora bien, conviene separar lo constitucional de lo que no lo es. Si en alguno de estos negocios existió sospecha fundada de corrupción —de parte y parte—, ese no es un problema de inconstitucionalidad, sino un asunto penal, con responsables individualizables y consecuencias propias. Del mismo modo, si hubo negligencia o impericia de los negociadores del Estado al no proteger adecuadamente el interés público, eso apunta a responsabilidades administrativas, civiles o incluso patrimoniales, pero no convierte automáticamente el contrato en inconstitucional. Y si lo ocurrido fue un incumplimiento contractual, estamos ante un conflicto típicamente contractual, norEdgardo Molino Mola Un fallo más Desinformación Parece interesante cómo nos comportamos los pueblos, sin importar sus orígenes o su educación. Está hartamente comprobado que mientras menos educación hay, más fácil se maneja o se controla a la población de un país. Para muchos, los tiempos modernos han cambiado la forma de pensar y de actuar de las “grandes mayorías”, y pudiera decirse que esto se debe a que estas supuestas mayorías han decidido no leer, no investigar y mucho menos comprobar lo que escriben o repiten. La nueva enciclopedia, como punto de referencia, ya no es un libro, sino el aparatito con el que muchos amanecen y a quien le dicen buenas noches antes de dormir. Muchos “generadores de opinión” han descubierto que, al escribir algo que puede ser cierto o falso, es “su público” quien determina el nivel de certeza, y si a estos les suena como algo que es agradable o coincide con lo que ellos piensan, entonces, por obra de magia, el enunciado se convierte —por convencimiento— en verdad y digno de ser reproducido. Entonces, los creadores de la mentira o de lo que ellos quieren hacer pensar que es verdad se convierten, casi que por arte de magia, en los grandes influenciadores, a quienes, por darles un “me gusta”, lo único que hacen es poner dinero en sus bolsillos. Regresando al tema de Panama Ports, hay quienes confundieron la “nacionalización” de los puertos con la negociación y firma del contrato original y su respectiva renovación. Ahora, ante el fallo de la Corte, critican el pronunciamiento del máximo organismo de justicia del país, pues “a su juicio” podría perjudicar la reputación en temas de inversión en nuestro país. Nunca se les escuchó cuando se dio la renovación del referido contrato. Y es ahí donde pareciera estar el problema. Hay muchos intereses en juego, y la reputación de Panamá no debería estar en juego. Lo que debería investigarse es quiénes negociaron y en qué condiciones se firmó el referido contrato. No debería ser el acto final, sino el intermedio. Cuántas veces se cuestionó no solo la renovación, sino la “interpretación” de lo que se le debía pagar al Estado y hasta se les equiparó y, consecuentemente, se les exoneró de pagar dineros que hubieran sido de gran beneficio para todos los panameños. Si las cosas no se hicieron, en cualquiera de las etapas, de la manera más cristalina posible, poniendo los intereses de los panameños por delante de cualquier otro, entonces esto nos dice que debemos estar más atentos, no a lo que nos dicen por las redes, sino por las vías oficiales y de alto reconocimiento que aún tenemos y que, infortunadamente, ante el “vil metal” que compra y vende, tuerce brazos y compra conciencias en algunas ocasiones, somos testigos mudos de lo que al final nos termina costando en vidas, dinero y hasta conciencias. Opinión EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. malmente canalizado por las cláusulas de solución de controversias y, cuando corresponde, por arbitraje, que es precisamente el espacio donde se deslindan responsabilidades, se cuantifican daños y se corrigen desequilibrios sin forzar al derecho constitucional a resolver lo que no le corresponde. En resumen: no todo lo que huele mal es “inconstitucional”; a veces es delito, a veces es mala negociación y, otras veces, simple incumplimiento. Un marco jurídico sólido Para enfrentar este problema, es fundamental que Panamá establezca un marco legal más robusto que reduzca el riesgo de inconstitucionalidad. Una solución razonable sería implementar mecanismos de revisión previa para contratos de alto impacto, asegurando su compatibilidad con la Constitución antes de su firma o aprobación. Esto daría mayor seguridad tanto al Estado como a los inversionistas y evitaría el “deporte nacional” de descubrir la inconstitucionalidad cuando el contrato ya está en ejecución y hay miles de millones en juego. También es crucial fomentar un diálogo constructivo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Trabajar de manera conjunta ayuda a construir un entorno más transparente y estable, donde se respeten los derechos de los inversionistas y, al mismo tiempo, se proteja el interés público con reglas claras y sostenibles. Conclusión El riesgo de inconstitucionalidad en Panamá no es solo un problema legal: es una prueba de estrés para la confianza país. La estabilidad y la seguridad jurídica son esenciales para atraer inversión y sostener un ambiente empresarial dinámico. Panamá debe aprender de los errores del pasado y construir un futuro en el que la inversión esté protegida por instituciones consistentes, criterios previsibles y controles preventivos serios. Porque si la Constitución es la brújula, lo ideal es consultarla antes de zarpar, no cuando el barco ya está en alta mar. Recientemente se han declarado inconstitucionales contratos-leyes importantes en Panamá, como los de Minera Panamá y Panama Ports. Esto ha introducido un nuevo riesgo en el sistema jurídico del país: el riesgo de inconstitucionalidad. Este problema se ha agudizado con los cambios de gobierno y con la evolución en la forma de interpretar las normas, lo que alimenta dudas sobre la estabilidad y la seguridad jurídica, factores cruciales para atraer y sostener la inversión extranjera. Contexto de los fallos Los fallos en contra de estos contratos no son solo decisiones legales; son advertencias para las empresas y para el propio Estado. Por ejemplo, el fallo que anuló el contrato de Minera Panamá no solo dejó sin efecto un acuerdo previamente aprobado, sino que también puso en duda la capacidad del Estado para sostener compromisos asumidos a través de sus órganos. De manera similar, la anulación de contratos vinculados a Panama Ports ha creado un ambiente de incertidumbre que afecta no solo a las empresas involucradas, sino también a la imagen de Panamá como un lugar seguro para invertir. Es importante destacar que muchos de estos contratos fueron aprobados por presidentes, ministros, diputados y contralores generales anteriores, quienes validaron su legalidad y viabilidad. Hay, además, un dato inquietante para cualquier inversionista serio: estos contratos no se redactaron en una servilleta ni fueron improvisaciones. Fueron negociados y estructurados por los mejores abogados del gobierno de turno y por equipos de primer nivel de grandes firmas que representaban a las empresas. Sin embargo, a pesar de ese blindaje técnico, la Corte terminó concluyendo que no superaban la prueba de constitucionalidad. En Entre desinformación, redes sociales y fallos judiciales, el debate sobre Panama Ports expone una debilidad estructural: una ciudadanía mal informada es terreno fértil para la manipulación. Juan B. Mckay La anulación de contratos-ley por inconstitucionalidad introduce un factor de imprevisibilidad jurídica que debilita la confianza, afecta la inversión extranjera y expone fallas de continuidad institucional. La mina que viene Relato político En literatura, cuando quieres que un personaje sea querido u odiado, haces que la acción vaya cargándolo de motivos para que, cuando se dé la circunstancia correcta, el lector explote en amor u odio contra él. Es una de las artimañas de los escritores: se trata de hacer necesario al personaje, para bien o para mal. Cuando un gobierno quiere dar una solución populista a una situación desastrosa, carga las circunstancias con dramatismo: desempleo, falta de insumos, degradación de las infraestructuras, de tal forma que el remedio no sea otro que el que ya lleva guardando calladito hasta que llegue el momento más oportuno y la opinión mayoritaria esté dispuesta a asumir cualquier cosa con tal de escapar. La calle está preñada de motivos, dispuesta a la solución final: la reapertura de la mina como «única» solución a nuestros grandes males. En el «Davitos» tricolor que montamos como escenario, ya se vio que todos tienen ganas de negocio y no de soluciones reales, como dijo el alcalde capitalino, inventándose sin rubor cifras y emprendimientos, mientras el respetable se comía el cuento. Y todo bajo la mirada del gobernador estadounidense para Panamá, que sigue paseándose por todos lados, vigilando el patio trasero de su jefe para que todo siga en orden, mientras los panameños se alinean poco a poco con las buenas ideas gringas para el futuro. Quizás la mina satisfaga más que el Canal, porque las dos cosas no pueden ser a la vez: no hay tierra de nuestras dimensiones que aguante tanta explotación. Las consecuencias de la mina que viene no se verán a corto plazo, quizás a mediano y seguro que a largo plazo, pero el relato y la pedagogía ya los han construido y ganado los de la mina, utilizando sus artimañas, como los escritores. Es difícil competir contra el hambre y contra la pereza de quienes emprenden luchas y no las explican, para que sigan siendo sostenibles más allá de las necesidades inmediatas. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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