4A La Prensa Panamá, martes 3 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RESPONSABILIDAD. En el fallo que declaró inconstitucional el contrato ley de PPC, la Corte Suprema advirtió que la junta directiva de la AMP interpretó de forma “sesgada” que la concesión debía prorrogarse automáticamente, incumpliendo de ese modo la Constitución y la ley. Conviene recordar quiénes integraban la junta directiva en aquel momento: Carlos García Molino y José Luis Almengor, viceministros de la Presidencia y de Finanzas, respectivamente, y Patricia Velásquez, Julio de la Lastra, Juan Diego Reyna y José Alejandro Rojas Pardini, quien además formaba parte de la junta directiva de PPC, en representación del Estado panameño. Este ente se declaró en sesión permanente del 27 de mayo al 23 de junio de 2023 para, supuestamente, discutir sobre la continuidad de la concesión. Si desde el principio decidieron que esa prórroga era automática, ¿qué hicieron todo ese tiempo mientras, supuestamente, estaban sesionando? ¿Tomar café y contar chistes? ESCARNIO. El diputado Luis Duke impulsa una propuesta para crear una base de datos pública con los nombres de todas aquellas personas sancionadas por actos de corrupción. Esto no resuelve los problemas del país, pero es un buen paso en esa dirección. ¿AYUDA? Dicen que el canciller Martínez Acha habría mediado para que el expresidente Pérez Balladares recuperara la visa de ingreso a Estados Unidos. ¿Es eso algo que habría hecho por cualquier panameño o solo por clientes de la Casa del Marisco? ‘INTERCAMBIO’. El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, y la fiscal electoral (encargada), Raquel Santamaría, recibieron a una delegación de la Comisión Electoral de la Federación Rusa. El objetivo de la visita es “el interLa juez Baloisa Marquínez y el perito Luis Eduardo Rivas. LP Se reduce la lista de testigos y peritos que desfilarán en el juicio Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO ODEBRECHT La defensa desistió de decenas de testigos en el juicio, que avanza con pruebas periciales clave sobre cuentas, correos electrónicos y vínculos financieros del entramado investigado. Abogados de la defensa desistieron de la comparecencia de unos 28 testigos y peritos inicialmente convocados para el juicio sobre los sobornos de Odebrecht, que se desarrolla desde el pasado 12 de enero. La jornada de ayer lunes 2 de febrero, programada para las 8:30 a.m., se inició a las 9:52 a.m., porque la juez Baloisa Marquínez se reunió en privado con los defensores, precisamente para acordar quiénes se presentarían y en qué orden se practicarían estas pruebas testimoniales. En la reunión, algunos abogados desistieron de una serie de testigos, ya sea porque no pudieron contactarlos para que se presentarán al tribunal o por considerar que su testimonio ya no tenía mayor relevancia para el juicio. El primero que se presentó en el estrado fue el ingeniero informático Luis Eduardo Rivas Reyes, un perito aducido por Aníbal Salas, apoderado del acusado Juan Antonio Niño. Previamente, Salas comunicó a la juez que desistía de interrogar a otro de sus testigos, el empresario de la industria de seguros Mauricio de la Guardia Linares. A Niño se le acusa porque en el expediente se acreditó que su nombre aparece como beneficiario de las cuentas de las sociedades Active Capital Holding y Active Capital Reinsurance, las cuales transfirieron dinero a Sherkson y Sigma Investment. Las sociedades se encuentran vinculadas al entramado utilizado por la Caja 2. El primer indicio contra Niño surgió de una asistencia judicial remitida por Suiza, “de la cual se desprende que a la cuenta de Active Capital se le podía atribuir que pertenecía al círculo de Odebrecht y se utilizó con fines delictivos”. El perito Rivas, exfuncionario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), fue interrogado para dar detalles de un informe pericial realizado en octubre de 2023, en el que se inspeccionaron tres cuentas relacionadas con Niño, Christian Vergara, Alfonso Guevara y Alejandro Stanziola, con el fin de realizar ciertos pagos de reaseguro. Vergara y Guevara eran empleados de Active Capital. Stanziola era propietario de la empresa Prevensa, la cual asesoró a Odebrecht en temas de seguros y reaseguros. Stanziola fue imputado, pero luego sobreseído provisionalmente por la juez Marquínez. Se revisó una memoria digital tipo USB, que contenía correos electrónicos de Stanziola con Active Capital Reinsurance, sobre algunos proyectos de reaseguros. Rivas también fue interrogado por la fiscal Yanibeth Malek, quien le preguntó sobre su experiencia y la calidad de la prueba realizada sobre los correos analizados, a lo que aseguró que la prueba fue 100% precisa. Luego, el perito fue interrogado por Arturo Saurí, abogado de Demetrio Jimmy Papadimitriu, sobre un informe realizado en enero de 2026 relacionado con un servidor que contenía una base de datos contables y un perfil de la constructora Odebrecht. Rivas relató que hizo una inspección a un servidor en la empresa Construcciones del Oeste, ubicada en el puerto de Vacamonte, la cual está ligada a la familia Papadimitriu. En esa inspección se tomaron medidas para evitar intromisiones en el servidor y posibles alteraciones durante la prueba. Reveló que, entre los hallazgos, en una lista de clientes encontró el perfil de Odebrecht, con fecha del 13 de julio de 2010, que contenía una línea de crédito por $50,000. Luego, el perito fue interrogado por la fiscal Ruth Morcillo, quien le preguntó sobre la posibilidad de determinar si en la cuenta del servidor había un correo con el nombre de Norberto Odebrecht, a lo que contestó afirmativamente. También Alexis Rivera Taylor, abogado del Ministerio de Seguridad Pública (que en esta causa concurre como querellante), interrogó al perito sobre si Odebrecht era un cliente que le compraba a Construcciones del Oeste y le realizaba compras, a lo que el perito contestó afirmativamente. Ayer se tenía prevista la comparecencia del testigo José Luis Saiz Villanueva, pero no pudo ser ubicado por Aníbal Salas, quien lo había convocado. Saiz tiene acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía. La sesión terminó a las 11:13 a.m. La juez comunicó que el resto de la semana, el horario será de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. El juicio se reanuda este martes 3 de febrero, con el testimonio de Damaris Rodríguez, quien realizó un informe de actuación financiera relacionado con las cuentas de Odebrecht. Juan Manuel Díaz [email protected] José Gabriel Carrizo y Carlos Vásquez Archivo Vásquez será el ponente del recurso de Gaby que invoca condición del Parlacen REPARTO El magistrado Carlos Vásquez es el ponente de una advertencia de inconstitucionalidad presentada por el exvicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, en la que se sostiene que la jueza de garantías Oris Medina no era competente para conocer la audiencia de imputación realizada el pasado 28 de enero. Ese día, la jueza le imputó cargos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. En dicho acto judicial, Pedro Meilán y Roberto Moreno, miembros del equipo de abogados de Carrizo, advirtieron a la jueza Medina que no era competente para conocer el caso abierto por la Fiscalía Anticorrupción contra su defendido, al considerar que, como exvicepresidente de la República, adquiere de manera automática el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que, por esta razón, su caso debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia. Durante la audiencia, Moreno sostuvo que la Constitución establece que tanto el presidente como el vicepresidente de la República asumirán de manera automática una curul en el Parlacen, por lo que su cliente solo puede ser investigado y juzgado por la Corte. No obstante, las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera se opusieron a la solicitud presentada por la defensa, al sostener que Carrizo no ha sido juramentado como diputado del Parlacen y, por tanto, la jueza sí podía conocer la causa. A pesar de la presentación del citado recurso, la jueza Medina realizó la audiencia, imputó cargos y aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario a Carrizo. Carrizo fue aprehendido el martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando retornaba de Guatemala, donde buscaba juramentarse como diputado del Parlacen. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar 1.9 millones de dólares de su patrimonio. Según la fiscalía, Carrizo obtuvo ingresos por la suma de 7.1 millones de dólares durante su gestión. Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron los 9 millones de dólares, arrojando una diferencia de 1.9 millones de dólares. Actualmente, Carrizo permanece recluido en su residencia de Costa del Este. cambio de experiencias en los procesos electorales y llevar a cabo un diálogo de cooperación internacional”. ¿Cuándo fue la última vez que se llevaron a cabo elecciones democráticas en Rusia? ¿Acaso nos van a enseñar a vivir con un solo partido? FUERA. Ayer, la bancada de Vamos se reunió y acordó formalmente expulsar a Carlos Saldaña. Y brinca la tablita, yo ya la brinqué.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==