2A La Prensa Panamá, martes 3 de febrero de 2026 El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención provisional aplicada a Abraham Rico Pineda, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y en su defecto le concedió arresto domiciliario. Pineda permanecía detenido desde el pasado 20 de agosto de 2024 cuando fue detenido por la Policía Nacional en la parte exterior de las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Ágora, cuando se desarrollaba una audiencia en la que se imputaron cargos a otro grupo de personas detenidas en la operación Jericó. Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Justo Vargas, Frank Torres y Adrián José Hernández, resolvieron sustituir la medida de detención provisional en un centro penitenciario por arresto domiciliario (casa por cárcel), al considerar que el imputado ha permanecido 17 meses bajo prisión preventiva. Pineda, hijo del diputado Tribunal otorga arresto domiciliario al hijo del diputado Raúl Pineda JUSTICIA del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, fue detenido en el marco de la denominada operación Jericó. Se le acusa de haber utilizado la empresa Servicios Múltiples Rama y otras sociedades para blanquear dinero presuntamente proveniente del tráfico de drogas. La investigación de la Fiscalía de Drogas se sustenta en 14 transcripciones de interceptaciones telefónicas a Rico Pineda, a través de las cuales se conocieron las órdenes que, presuntamente, dio a sus colaboradoras antes y después de los allanamientos. La operación Jericó −desarrollada por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional el 30 de junio de 2023− permitió la detención de 37 personas. Rico Pineda había solicitado cambio de medida cautelar en cuatro ocasiones anteriores, pero todas ellas habían fracasado con el argumento de que los cargos imputados eran graves y que mantenía riesgo de fuga. En la operación Jericó las autoridades lograron el decomiso de un apartamento ubicado en el exclusivo barrio Santa María, valorado en $780 mil; varios vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias por más de $700 mil. Sede de la Asamblea Nacional. Carlos Moore Diputados en tribunales: ¿compatibilidad o privilegio? Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] LEGISLATIVO La licencia para litigar reactivó el debate recurrente sobre los límites entre el ejercicio privado de la profesión y el poder político que otorga una curul, en un órgano del Estado que legisla sobre justicia, fiscaliza instituciones y ejerce funciones judiciales. En la lista de diputados que ahora tienen licencia para ejercer como abogados mientras ocupan una curul figuran algunos que forman parte de comisiones encargadas de tramitar reformas sobre justicia y administración pública, e investigar, acusar y juzgar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Otros han representado a personas vinculadas a procesos judiciales de alto perfil y hay un diputado que ha sido investigado por el mismo sistema judicial ante el que ahora podría litigar. La resolución de la controversia fue aprobada en la noche del lunes 26 de enero, en una sesión del pleno que coincidió con una jornada cargada de hechos políticos: el país se preparaba para recibir a los presidentes que asistirían al Foro Económico Internacional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y mientras se ordenaba la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por supuesto enriquecimiento injustificado. Los beneficiados Con el país revuelto, la Asamblea avaló el documento que permite a un grupo de diputados ejercer como abogados durante todo su mandato legislativo. Los beneficiados son Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; Shirley Castañeda, Jamis Acosta Guerra, Dana Castañeda Guardia y Nelson Jackson Palma, de Realizando Metas (RM); Ernesto Cedeño Alvarado, del Movimiento Otro Camino; Didiano Pinilla Ríos, de Cambio Democrático; y Jairo Salazar Ramírez, del Partido Revolucionario Democrático. La medida también incluyó a los suplentes Hilda Marín Guzmán Cedeño, Arnulfo Antonio Arias Olivares, Ana María Poveda Herrera y Daryelis Aponte Rodríguez. Esta última, sin embargo, envió una carta a la Secretaría General renunciando al beneficio. La decisión reactivó un debate recurrente sobre los límites entre el ejercicio privado de la profesión y el poder político que otorga una curul, en un órgano del Estado que legisla sobre justicia, fiscaliza instituciones y ejerce funciones judiciales para tramitar denuncias y procesos contra magistrados de la Corte Suprema, e incluso contra el presidente de la República. Clientes investigados por blanqueo de capitales Entre los diputados autorizados figuran abogados con antecedentes documentados en procesos de alto perfil. Shirley Castañeda y Jamis Acosta, por ejemplo, han sido abogados del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia para evadir una condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business. Castañeda, además, ha defendido a Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. En la Comisión de Gobierno Otros diputados beneficiados ocupan espacios estratégicos dentro del engranaje legislativo. Jairo Salazar y Didiano Pinilla forman parte de la Comisión de Gobierno, instancia que revisa y decide sobre proyectos vinculados a justicia, seguridad y administración pública, precisamente los mismos ámbitos que suelen desembocar en controversias legales ante los tribunales. Jueces y partes Ernesto Cedeño y Dana Castañeda forman parte de la Comisión de Credenciales, Justicia y Asuntos Constitucionales, encargada de tramitar denuncias y procesos contra magistrados de la Corte, superiores jerárquicos del sistema judicial ante el cual los diputados ahora podrían ejercer como abogados. Cedeño, por su parte, ha construido un perfil distinto: antes de llegar a la Asamblea ya era conocido por recurrir a los tribunales como vía para cuestionar decisiones del Estado y promover acciones legales vinculadas a temas de interés público, transparencia y derechos ciudadanos. Con un expediente en el judicial El caso de Isaac Mosquera añade otro elemento al panorama. El diputado fue investigado por un proceso relacionado con supuesto tráfico de drogas y blanqueo de capitales, expediente que ha transitado por distintas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. La licencia le permitiría litigar ante el mismo sistema judicial donde su expediente ha sido tramitado. ¿Y los controles? Hasta el momento, la Asamblea, poder del Estado que tiene como presidente al diputado del Partido Panameñista, Jorge Herrera, no ha precisado públicamente qué mecanismos adicionales existirán para evitar incompatibilidades, ni si los diputados que litigan deberán revelar clientes o apartarse de debates legislativos vinculados a materias que puedan cruzarse con su práctica profesional. La Ley 316 del 18 de agosto de 2022 obliga a los funcionarios de alta jerarquía a declarar sus actividades profesionales, económicas o gremiales, remuneradas o no, así como beneficios derivados de concesiones estatales, contrataciones públicas, vínculos como proveedores del Estado y la recepción de regalos de terceros. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a cargo de Sheyla Castillo, recientemente recordó a los funcionarios de alto perfil que deben declarar sus intereses particulares. Sin embargo, estos documentos no son de acceso público. La Constitución Política no contiene una lista extensa de incompatibilidades profesionales para los diputados, pero sí establece límites relevantes cuando se trata de mezclar el cargo público con actividades privadas. Entre ellos, la restricción de celebrar contratos con el Estado y la obligación general de actuar en función del interés público. En el caso específico de la abogacía, la Carta Magna prevé que los diputados solo pueden litigar durante el período de sesiones mediante una licencia otorgada por la propia Asamblea, disposición que sirve de base para la resolución aprobada recientemente. El artículo 158, numeral 4, de la Constitución faculta a la Asamblea a “conceder licencia a los diputados para ejercer la profesión de abogado durante el período de sesiones”. No obstante, la discusión se concentra en cómo se gestionan los posibles conflictos de interés cuando un diputado combina el ejercicio privado del derecho con funciones parlamentarias. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 28 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), tras concluir una investigación por presuntas prácticas de nepotismo dentro de la institución. El proceso fue iniciado de oficio a finales de 2024, luego de que se hicieran públicos señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación y permanencia de funcionarios con vínculos familiares. Según informó la entidad, la investigación se desarrolló con apego al debido proceso y en cumplimiento de su función como ente rector en materia de ética y transparencia en la gestión pública. En ese contexto, la Antai realizó una revisión administrativa y laboral de 86 servidores públicos de la Unachi, con el objetivo de verificar el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos. De acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 41 del Código de Ética, se prohíbe el nombramiento, contratación o permanencia de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad dentro de una misma institución, así como su coincidencia en unidades administrativas donde exista relación de control, supervisión o fiscalización. Antai sanciona a 28 funcionarios de la Unachi por presunto nepotismo ÉTICA Como resultado de la investigación, la Antai recomendó la destitución de 14 servidores públicos de distintos niveles jerárquicos dentro de la universidad. Además, se impusieron sanciones económicas a otros 14 funcionarios: 12 deberán pagar el equivalente al 50% de su salario mensual, mientras que dos servidoras públicas fueron sancionadas con el 10% de su salario. La entidad también informó que mantiene abiertas cerca de 40 investigaciones adicionales relacionadas con servidores públicos de la Unachi, por lo que no se descartan nuevas sanciones administrativas en los próximos meses. En su comunicado, la Antai reiteró que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública y que continuará investigando cualquier señalamiento de irregularidad en la administración estatal. La publicación de la decisión se realizó en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 33 de 2013, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas. La gestión administrativa de la Unachi, encabezada por Etelvina Medianero de Bonagas, ha sido objeto de cuestionamientos públicos por presuntas prácticas de nepotismo, un tema que ha generado críticas en diversos sectores y mantiene bajo escrutinio a la casa de estudios superiores. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Etelvina de Bonagas, rectora de la Unachi Archivo Abraham Pineda. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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