7A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. un mandato fijo y no sujeto a mociones de censura, el presidente puede impulsar con mayor agilidad la ejecución de leyes y políticas públicas, así como responder a crisis, sin la constante necesidad de negociar mayorías parlamentarias volátiles. Los detractores del sistema presidencialista sostienen que este puede devenir en una tiranía autoritaria. Sin embargo, la historia ha demostrado que ese riesgo disminuye si existen mecanismos constitucionales que imponen límites al poder presidencial. Tales mecanismos incluyen prohibir la reelección indefinida y garantizar la autonomía efectiva del Órgano Judicial y del Ministerio Público. El Judicial debe velar por que los otros dos órganos cumplan con la Constitución y las leyes. Para este propósito es esencial que el Legislativo cuente con los contrapesos adecuados. Estos deben incluir el poder de la bolsa; la aprobación del presupuesto general del Estado; los traslados de partidas; la creación de impuestos; la ratificación de altos cargos del Estado, como el contralor general, el procurador general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el poder de derrotar con mayoría calificada el veto presidencial a leyes aprobadas por la Asamblea, Parlamento o Congreso; las facultades de fiscalización de las actuaciones públicas; y la potestad de someter al presidente a un juicio político que pueda llevar a su destitución, de así considerarlo la mayoría del Legislativo que establezca la Constitución para este propósito. Algunos países han creado sistemas híbridos que combinan rasgos del presidencialismo y el parlamentarismo, buscando equilibrar liderazgo sólido con mayor control legislativo. Francia es el prototipo del semipresidencialismo: el presidente, elegido directamente por sufragio universal, concentra poderes en política exterior, defensa y veto legislativo. Sin embargo, delega la gestión interLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Parálisis multilateral en una región fragmentada Incertidumbre Ninguna de las entidades multilaterales regionales —las cuales dependen, a su vez, de la voluntad política de sus Estados miembros— ha dado un paso adelante para hacer de esa reconstrucción uno de sus objetivos. En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se leyeron en su momento enfáticos discursos, dignos de encomio, acerca de la situación venezolana. Pero transcurridas varias semanas desde el 3 de enero, esos discursos son lo más lejos a lo que la OEA y sus Estados miembros han llegado. Todos parecen mantenerse a la espera de conocer cuáles serán las directrices que, sin mayor discusión, emanen de la Casa Blanca sobre el futuro de Venezuela, sus nacionales y sus riquezas naturales. Incluso uno de los factores que al menos mantenía cohesionada a una mayoría de países —el no reconocimiento de un gobierno venezolano nacido de elecciones fraudulentas— queda ahora en entredicho. Desde Washington se ha nombrado a una jefa de misión en Caracas ante ese mismo gobierno, reconociéndole de facto la legitimidad política y diplomática antes denegada. Es cierto que la inacción multilateral no es exclusiva de los organismos de América Latina y el Caribe. La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, celebrada la semana pasada, quedó inmersa en las divergencias entre Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y el resto de Europa. Groenlandia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) relegaron los diálogos sobre Fernando Gómez Arbeláez Presidencialismo Gobernabilidad democrática En América Latina predomina el sistema presidencialista por la influencia que ejerció en nuestras repúblicas el modelo instaurado por Estados Unidos a partir de 1789, fecha en que entró en vigor su Constitución federal: la segunda y actual. Dato curioso: durante sus primeros trece años de existencia como nación, Estados Unidos funcionó con un régimen cuasi parlamentario cuyo brazo ejecutivo era un cuerpo colegiado con poca autonomía y escasos poderes. Por ello, su primer experimento constitucional se considera un fracaso que llevó a la reunión de la Convención de Filadelfia en 1787, donde se creó el presidencialismo robusto de la Constitución vigente. En otras palabras, el presidencialismo moderno surgió en Estados Unidos como solución a los graves problemas que les generó el sistema parlamentario. Los constituyentes de 1787 diseñaron un modelo que garantiza la separación estricta de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, junto a un régimen de controles y contrapesos mutuos. A diferencia del parlamentarismo, donde el Ejecutivo depende de la confianza del Legislativo y suele compartir el mismo signo político, el presidencialismo permite a la ciudadanía elegir distintas composiciones partidarias para cada rama del poder: un mecanismo adicional de control y equilibrio. Además, el presidencialismo otorga al Órgano Ejecutivo mayor dinamismo y capacidad de acción: con na en un primer ministro designado por él, pero obligado a contar con la confianza de la Asamblea Nacional. Si pierde esa mayoría, el Parlamento puede censurarlo y forzarlo a dimitir. Cuando el partido presidencial no controla el Legislativo, surge la “cohabitación”: presidente y primer ministro de partidos opuestos, lo que obliga a negociar y reduce el poder del jefe de Estado en asuntos domésticos. En Perú, aunque nominalmente presidencialista, la Constitución ha generado un híbrido “parlamentarizado”: el Congreso ejerce amplios controles, incluyendo censuras a ministros y destituciones presidenciales por “incapacidad moral permanente”. En los últimos años, esto ha provocado la cesantía de múltiples ministros y la destitución de tres presidentes, así como dos renuncias forzadas, mostrando una inestabilidad crónica ante un Legislativo fragmentado. Estos modelos intentan mitigar rigideces y abusos, pero en contextos de polarización —como en América Latina— a menudo derivan en parálisis o enfrentamientos, en vez de un equilibrio genuino. Ni el parlamentarismo ni el presidencialismo garantizan por sí solos una óptima gobernabilidad: ambos sistemas tienen virtudes y defectos inherentes. Su éxito depende de factores de carácter cívico y cultural: instituciones públicas independientes y transparentes, y una sociedad que valore la meritocracia, la honestidad y el respeto por las reglas del juego democrático. Basta observar dos casos emblemáticos de Asia Oriental para confirmarlo: Japón, con su consolidado sistema parlamentario, y Corea del Sur, con un presidencialismo robusto, han logrado democracias estables y economías dinámicas que han elevado de forma notable la calidad de vida de sus ciudadanos. En ambos países, más que la forma de gobierno, ha sido la solidez institucional y la madurez cívica lo que ha marcado la diferencia. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es abogado y doctor en Derecho Internacional. temas económicos, financieros y tecnológicos a un segundo plano claramente marginal. La atención local y mundial se concentró en las incógnitas sobre el futuro de la isla del Ártico, tanto como en el porvenir mismo de la OTAN. Pero mientras el foro en Davos se convertía en una arena geopolítica, en Washington no se perdía el tiempo. El pasado 23 de enero, el Pentágono anunció la llamada Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos de 2026, complementaria de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada seis semanas atrás. Al igual que en el documento anterior, en este nuevo se enfatiza el interés geopolítico en el Hemisferio Occidental como un área en la que se aglutinan los intereses estratégicos de Estados Unidos y los esfuerzos del Pentágono. El Canal de Panamá es mencionado cinco veces en esta Estrategia, todas en paralelo con Groenlandia: “Garantizaremos acceso militar estadounidense y comercial a terrenos clave, especialmente el Canal de Panamá … y Groenlandia”. El texto agrega: “Nos comprometeremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios en Centro y Sudamérica, pero nos aseguraremos de que ellos respeten y cumplan su parte para defender nuestros intereses compartidos. Y donde no lo hagan, estaremos listos para tomar acciones enfocadas y decisivas que avancen concretamente los intereses de Estados Unidos. Este es el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, y el ejército estadounidense está listo para hacerla cumplir con velocidad, potencia y precisión, como el mundo vio en Venezuela”. El multilateralismo regional no está funcionando, precisamente ahora, cuando Panamá y el Canal más lo necesitan. A lo largo de su devenir histórico, los países de América Latina y el Caribe nunca se han caracterizado por su uniformidad de condiciones en lo social, ni mucho menos por su unidad de criterio en lo político. Al coincidir en orígenes, realidades socioeconómicas, amenazas externas y aspiraciones comunes, han sido numerosos los intentos regionales promovidos con el fin de constituir un frente multilateral que permita la realización, a todos los niveles, de intereses compartidos. Tras dos siglos de buenas intenciones, el progreso en esa dirección sigue siendo débil, lento y precario. Como consecuencia, en el contexto mundial actual —cargado de incertidumbre y cada vez más impredecible— se distingue una lamentable y preocupante realidad: como bloque, como conjunto de Estados, nuestros países han dejado de actuar con su inercia característica para ir todavía a menos, quedando ahora política y moralmente paralizados. Desde antes, durante y después de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero en Venezuela, entre tantos ejemplos, los Estados latinoamericanos y caribeños han demostrado ser meros espectadores de las grandes decisiones que afectan a los actores regionales. A la fecha, ni siquiera han propuesto algo que refleje su voluntad conjunta de participar en la eventual reconstrucción de la democracia y la economía venezolanas. Pesa demasiado la división causada por el antagonismo ideológico y comercial entre nuestros países, una fractura que no hace sino profundizarse. Iván Rogelio Robles La fragmentación política de América Latina paraliza el multilateralismo regional, justo cuando Venezuela, Panamá y el Canal enfrentan presiones geopolíticas que exigen acción colectiva y visión estratégica. Secuelas del capitalismo tardío: neoliberalismo y posfordismo Esquemas económicos Tras la ofensiva del bloque occidental para desarticular el comunismo en Europa durante la década de 1980, el neoliberalismo se consolidó como una realidad casi ortodoxa. Este giro marcó un hito determinante en la economía global. Con su llegada, muchos gobiernos comenzaron a adoptar la austeridad como única vía de salvación, reduciendo de forma significativa el intervencionismo estatal con el objetivo de promover la apertura del mercado libre, la innovación y el crecimiento económico. Esta nueva realidad fue impulsada principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, y posteriormente asumida por otros países capitalistas de Europa y América Latina. Con la imposición del pensamiento neoliberal, el fordismo —entendido como estabilidad laboral y base de la producción masiva— fue relegado y sustituido abruptamente por el posfordismo. Este nuevo modelo de “desarrollo” promueve la flexibilización laboral, la subcontratación y la tercerización de servicios, presentadas como requisitos necesarios para responder a las exigencias del mercado global. La vida laboral y la vida personal se vuelven progresivamente inseparables; el ocio y el tiempo libre pasan a integrarse en la lógica productiva, mientras se exige producir más con menos recursos económicos y menor fuerza laboral. Enestenuevoesquemaeconómico,eltrabajador pierde autonomía y deja de ocupar el eje central de la sociedad. Esto conlleva la desarticulación progresiva de los sindicatos, el debilitamiento de la clase obrera y la proliferación de contratos temporales, generando precarización e inestabilidad laboral. Antes del posfordismo, existía una correlación más directa entre Estado y trabajador; en cambio, el neoliberalismo sitúa al consumidor como pilar del sistema, profundizando las desigualdades sociales. Estos fenómenos constituyen síntomas evidentes del capitalismo tardío, entendido como su fase más avanzada. Una vía para aliviar estos efectos es la participación activa del Estado frente a la crisis social y económica. El Estado no debe limitarse a regular, sino proteger y velar por los intereses colectivos, manteniendo su autonomía y soberanía mediante un modelo de gobierno abierto. En la práctica, la crisis actual no está siendo resuelta, sino gestionada. Como advirtió el escritor británico Mark Fisher en Is There No Alternative?, atravesamos una sensación de agotamiento profundo, una esterilidad cultural y política generalizada. De ahí que subordinar la acción estatal al bien común resulte imprescindible. No es posible una transformación colectiva de gran alcance sin un Estado que participe activamente en la toma de decisiones. Aunque el neoliberalismo restringe la intervención estatal en la economía, también reduce su capacidad política. En este contexto, priorizar el bien colectivo sobre el individual se vuelve urgente, en un mundo donde —paradójicamente— resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. LA AUTORA es internacionalista. Valentina Varela Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==