1A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 75¢ Jueves 29 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15276 Hoy por hoy La imagen frente a las esclusas del Canal ampliado, construido y operado por Panamá, es un mensaje poderoso en tiempos convulsos. Presidentes y líderes de América Latina y el Caribe, de distintas corrientes ideológicas pero con vocación democrática, posaron juntos ante una obra que simboliza institucionalidad, continuidad y capacidad de gestión. El Canal es panameño, funciona y conecta. En un contexto internacional de tensiones, fragmentación y repliegues, el respaldo explícito al papel de Panamá en el manejo de la vía interoceánica refuerza su valor como espacio democrático de encuentro y como plataforma confiable para el comercio global. El Canal vuelve a ser, además de una ruta, un punto de articulación política y económica. Los discursos del foro coincidieron en un eje común: pragmatismo. Menos retórica y más resultados. Generar empleo, atraer inversión, impulsar el crecimiento y combatir la inseguridad — Ellas.pa El ‘scroll’ infinito de los menores 5B Panorama Iglesia católica hace autoexamen por abuso de menores 2A ADEMAS Parálisis multilateral en una región fragmentada 7A Economía Panamá apunta a déficit fiscal menor al 4% del PIB 1B Los líderes de la región se tomaron una foto en las esclusas del Canal ampliado, un proyecto inaugurado por Panamá en 2016 a un costo de más de 5,000 millones de dólares que multiplicó los ingresos y valor estratégico de la vía. Cortesía ACP CAF 2026: Un llamado a remar en bloque para ganar peso global El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 con un llamado compartido por líderes regionales a actuar con pragmatismo, cooperación democrática y enfoque en empleo, inversión y crecimiento. Al encuentro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno panameño, asistieron los presidentes de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala; el primer ministro de Jamaica; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y otros líderes. El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, subrayó que la región —con 615 millones de habitantes y el 15% de la superficie terrestre mundial— “lo tiene todo”: biodiversidad incomparable, metales y minerales estratégicos y la mayor despensa alimentaria del planeta, pero advirtió que sin coordinación corre el riesgo de quedar fragmentada en el nuevo orden global. VEA 4A,5A, 1B Y 2B que drena recursos, ahuyenta capital y erosiona la cohesión social— marcaron una agenda compartida. El regionalismo que se evidencia en Panamá está basado en intereses comunes y resultados concretos, no en afinidades ideológicas. A diferencia de cumbres tradicionales, este encuentro avanzó hacia reuniones bilaterales, ofertas de integración logística, diálogos energéticos y cooperación contra el crimen organizado, incluso entre gobiernos de distinto signo político. Testigo que confesó cobro de coimas deja plantada a la fiscalía ODEBRECHT Juan Manuel Díaz [email protected] Olmedo Méndez Tribaldos, colaborador de la Fiscalía Anticorrupción y testigo clave en el caso Odebrecht, no compareció a la audiencia pese a estar notificado, lo que obligó a reordenar la jornada testimonial del juicio. VEA 2A El medio libre de Panamá Jueza descarta fuero de Gaby Carrizo y le concede arresto domiciliario La jueza Oris Medina imputó a José Gabriel Carrizo por enriquecimiento injustificado y le aplicó las medidas cautelares de arresto domiciliario e impedimento de salida del país. La fiscalía y la defensa apelaron la decisión. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 La juez Baloisa Marquínez y el perito Antonio Lin, durante el juicio de Odebrecht, el miércoles 28 de enero de 2026. Captura de pantalla El informe del perito Lin devela la estructura de reparto del dinero Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO DE ODEBRECHT El informe del CPA Antonio Lin hace referencia a 114 personas naturales y jurídicas que mantuvieron relación con Odebrecht; todos los imputados en la causa están mencionados. Antonio Lin es un un contador público autorizado (CPA), ya jubilado, que por 12 años trabajó en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. Esta oficina preparó un informe de actuación financiera, en el que se detalla cómo Odebrecht utilizó una red de sociedades, cuentas bancarias y contratos ficticios para repartir coimas a políticos, funcionarios y testaferros, a cambio de contratos con el Estado panameño, entre los años 2010-2014. El informe se divide en tres partes. La primera describe los hechos; la segunda presenta un análisis de la trazabilidad del dinero, y la tercera enumera las conclusiones. Ayer, Lin se presentó en el juicio por blanqueo de capitales que se desarrolla ante la juez Baloisa Marquínez, como testigo de la Fiscalía Especial Anticorrupción. El interrogatorio fue conducido por la fiscal Thalia Palacios, quien forma parte del equipo que representa al Ministerio Público en el juicio. El perito explicó que se detectó el uso de sociedades fantasma creadas por firmas de abogados, las cuales no registraban actividad alguna. El informe hace referencia a 114 personas naturales y jurídicas que mantuvieron relación con Odebrecht. Todos los imputados en la causa están mencionados en ese informe. De hecho, lo que contó Lin fue recogido en la vista fiscal y consta también en el auto de llamamiento a juicio adoptado por la juez Marquínez el 7 de noviembre de 2022. Primero habló de Juan Antonio Niño, el banquero acusado por su relación con Active Capital Holding, una empresa que supuestamente realizó una consultoría a Odebrecht para el saneamiento de la bahía de Panamá. Los delatores de Odebrecht y el informe de la DIJ prueban que Active Capital Holding recibió fondos de Sherkson lnternational, una sociedad registrada en Uruguay y que era utilizada por los operadores de Odebrecht como parte del esquema societario a través del cual se canalizaron los pagos ilegales. El perito contó que Active Capital Holding, una empresa dedicada al negocio de seguros y reaseguros, recibió transferencias de Odebrecht por $488,000 y $175,500 en enero de 2014. También aludió a un informe del Ministerio Público de Suiza, en el cual se instruye un proceso penal contra Odebrecht. En dicho informe se detalla que Sherkson International era una sociedad de papel utilizada para mover dinero de Odebrecht. En la investigación también consta que, el 21 de enero de 2014, Active Capital Holding firmó un contrato de prestación de servicios con Sherkson International, representada en dicha transacción por el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras, quien también es enjuiciado por la juez Marquínez. La fiscal Palacios también preguntó por la Constructora Internacional del Sur, otra sociedad controlada por Odebrecht a través del operador brasileño Olivio Rodrigues. Aunque fue creada en Panamá, no tenía registro de operaciones en el Ministerio e Comercio e Industrias (Mici) ni cotizaba cuotas patronales en la Caja de Seguro Social (CSS), pero sí aperturó cuentas en el Credicorp Bank, a través de Humberto De León, un antiguo empleado del banco. De León tiene un acuerdo de colaboración y de pena, que lo obligó a entregar $1.9 millones al Tesoro Nacional. El acuerdo también implica una pena de 60 meses de prisión. A través de las cuentas de Constructora Internacional del Sur se movilizaron $266 millones 852 mil. El perito también se refirió a Navin Mohan Bhatka y a MTI Corporation. Como dueño de MTI Corporation figura Heston Studies Limited, una sociedad beliceña que, a su vez, tenía un único accionista: Bhatka. De una cuenta a nombre de MTI Corporation salió un pago de $814,500, el 19 de marzo de 2014, para adquirir un helicóptero al fabricante europeo Eurocopter, con matrícula N1626L. La nave tenía un valor total de $3.2 millones y fue puesta a nombre de la sociedad Silver Wing. En su declaración indagatoria, Bhatka contó que Luis Enrique Martinelli Linares le propuso adquirir el helicóptero, a través de Silver Wing. De hecho, la tenedora del 100% de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, una empresa de la familia Martinelli. Otro nombre mencionado en la jornada de este miércoles fue el de la publicista brasileña Mónica Moura, quien gestionó un programa de mejoramiento de imagen del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Posteriormente, en 2013, fue asesora de la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones de 2014. El perito respaldó lo que ya había contado Moura: que por esa asesoría de campaña le tocaban $21 millones: Odebrecht pagó $16 millones y CD se encargó del resto. Para estos fines se abrió una cuenta en el Banco General, en la que figuraba como proveedor la sociedad José Domingo Arias 2014. Interrogado por la fiscal Palacios, Lin dijo en la sala que José Domingo Arias 2014 recibió depósitos por 1 millón 522 mil dólares, fraccionados en varias transacciones. Dicha sociedad recibió un depósito de Active Capital; según el perito, esos fondos venían de Odebrecht. En su informe, el perito habló de la existencia de Shellbill Finance, S.A., cuyo beneficiario final era el también publicista Joao Santana, pareja de Mónica Moura. Según Lin, Shellbill recibió $4.4 millones de Isagon Investment, otra fachada utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas. Al final, Shellbill recibió mucho más: le llegaron $16.6 millones adicionales a través de transacciones de otras tres sociedades ligadas a Odebrecht. Agregó que José Porta Álvarez, tesorero de la campaña de José Domingo Arias, recibió$1millónparausaren campaña, también aportados por Odebrecht. Sigue la madeja de sociedades y cuentas bancarias. La fiscal Palacios también preguntó por la firma forense Rosas & Rosas. Tres personas que están o estuvieron ligados a la firma están acusados: los abogados Jorge Alberto Rosas (que fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2009-2014), Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino. El perito explicó que en el informe de la DIJ consta que, en el año 2010, Rosas & Rosas recibió fondos por $339,000, fraccionados en varios depósitos procedentes de Innovation Research, ligada a Odebrecht. También le ingresaron hasta $2.3 millones de Constructora Internacional del Sur. Hubo tiempo para hablar de Mauricio Cort y García, aunque este abogado, identificado en España como “testaferro” de los Martinelli, tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía, el cual conlleva la pena de 48 meses de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años y la devolución de $1.6 millones. La fiscalía ya anunció su intención de llamar a Cort, como testigo, una vez concluya el interrogatorio y contrainterrogatorio del perito. Lin contó que Cort recibió fondos de Aeon Group, una sociedad controlada por Odebrecht, a través de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Igualmente, el perito señaló que dinero de Odebrecht fue utilizado para cancelar compras personales de la acusada Aurora Muradas, expareja del expresidente Martinelli. Por ejemplo, se pagaron $85,000 y $36,000 a la galería de arte Habitante y a Euroboutique (que opera la tienda Cartier), respectivamente, canalizados a través de Corporación Logística del Caribe, una sociedad controlada por Ramón Carretero que era alimentada con fondos de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Otra sociedad de Carretero, llamada Jiu Shun International, también captó dinero de la constructora brasileña, el cual posteriormente fue transferido a terceros. También hubo tiempo para mencionar a Jaime Lasso y su hija Michelle. El perito confirmó que en los informes de la DIJ consta la creación de dos sociedades en Antigua y Barbuda, las que recibieron $6.4 millones de Innovation Research Engeniering Development y Klienfield Services, ambas utilizadas por los operadores de Odebrecht para repartir las coimas. Lin confirmó que la fundación de Lasso, llamada Don James, recibió $175,000 que después puso a disposición de un “aforado”. El perito está impedido de decir el nombre, pero se trata del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también está acusado por esta causa, pero será enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia, ya que ahora ostenta el cargo de parlamentario centroamericano. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Uno de los colaboradores plantó a la fiscalía Olmedo Méndez Tribaldos, uno de los colaboradores de la Fiscalía Especial Anticorrupción, no se presentó a declarar en el juicio por los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá, el cual continúa en la fase testimonial. Méndez era el primer convocado para la jornada de ayer, pero la fiscal Ruth Morcillo le informó a la juez Baloisa Marquínez que, aunque estaba debidamente notificado, su despacho hizo dos intentos por comunicarse con él, sin éxito. Como parte de su acuerdo de pena (validado por el juez Óscar Carrasquilla en el año 2017), Méndez confesó que –a través de sociedades y cuentas en las que aparecía como firmante– recibió coimas de la Caja 2 de Odebrecht. Esto fue lo que declaró en una indagatoria el 27 de septiembre de 2017. “Mi presencia en el día de hoy es porque quiero declarar que acepto parcialmente los cargos que me fueron formulados en la providencia del 1 de septiembre, en el sentido de que ayudé a aperturar en el principado de Andorra, específicamente en la Banca Privada de Andorra, una cuenta identificada con el número 490153, a nombre de la sociedad Ralfim Limited, en la que aparezco como su representante, y en la cual se depositaron 3 millones 250 mil dólares, provenientes de la sociedad Aeon Group Inc., y que sabía que eran dineros mal habidos, provenientes de Odebrecht... Yo me siento arrepentido de ello, por lo cual quiero llegar a un acuerdo de aceptación parcial de los hechos de los que se me acusa y a un acuerdo de pena”. Aeon Group es una sociedad utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, para canalizar las coimas. En tanto, Ralfim Limited estaba representada por Méndez, aunque en el auto de llamamiento a juicio de la juez Marquínez se menciona que el “destinatario final” del dinero era el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Ante la imposibilidad de escuchar el testimonio de Méndez, la fiscalía llamó a otro testigo, que resultó ser el perito Antonio Lin. Juan Manuel Díaz [email protected] Imputan cargos a Gaby Carrizo por caso de enriquecimiento injustificado PROCESO JUDICIAL La jueza de garantías Oris Medina imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado al exvicepresidente (2019-2024) José Gabriel Carrizo, por la presunta comisión de ese ilícito. La jueza Medina decidió continuar con la audiencia a Carrizo, a pesar de que sus abogados advirtieron que no era competente para conocer el caso, porque su cliente es miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por disposiciones constitucionales. La jueza Medina acogió la petición presentada por la fiscal Patricia Herrera, quien aseguró que un informe de la Contraloría General de la República arrojó que Carrizo incrementó su patrimonio en $1.9 millones durante su gestión como funcionario público. Según Herrera, el exvicepresidente Carrizo obtuvo ingresos por la suma de $7.1 millones durante su gestión. Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron la suma de $9 millones, arrojando una diferencia de $1.9 millones. Por su parte, Pedro Meilán, abogado defensor de Carrizo, alegó que el informe de la Contraloría contiene múltiples imprecisiones y errores. Meilán sostuvo que la Contraloría no quiso reconocer documentos que certifican la procedencia de esos fondos. Al cierre de esta edición (9:00 p.m.), la jueza Medina analizaba las medidas cautelares contra el ahora imputado.
3A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026
4A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 Panorama José Raúl Mulino. Alexander Arosemena Siete jefes de Estado, un Canal y Eliana Morales Gil [email protected] En un escenario global marcado por tensiones e incertidumbre, líderes de la región debatieron en Panamá cómo ganar peso in En tiempos revueltos, cuando en el mundo se habla de aranceles, intervenciones y de incertidumbre global, siete jefes de Estado de América Latina y el Caribe se reunieron en Panamá para hablar de integración, coincidencias y buscar fórmulas frente a los desafíos. Distintas ideologías, discursos y prioridades nacionales confluyeron en el Foro Económico Internacional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La gran conclusión fue clara: la región solo ganará peso en el nuevo orden internacional si actúa con mayor unidad y capacidad de negociación. La jornada comenzó con las palabras de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien abrió el foro con un llamado a reforzar los lazos regionales en un escenario internacional cada vez más complejo. “Nuestra fuerza como región está en la unidad y en la cooperación. Fortalecer la integración ya no es solo una aspiración, es una necesidad estratégica”, afirmó. Mulino: ‘Nadie le va a venir con cuentos a Panamá’ Luego intervino el otro anfitrión, el presidente panameño José Raúl Mulino. Su discurso partió desde la visión de Panamá en un contexto internacional crecientemente inestable. Planteó una crítica directa a la arquitectura multilateral actual. Dijo que los organismos internacionales han sido incapaces de responder a los conflictos y sugirió que el mundo transita “la antesala de una gran tormenta”, un escenario en el que Panamá, por su posición estratégica y por el Canal, queda inevitablemente dentro de las líneas de tensión geopolítica. “Nadie le va a venir con cuentos a Panamá” frente a presiones externas, dijo sin mencionar nombres, hechos ni momentos. Mulino apostó por una narrativa regional: América Latina, sostuvo, solo tendrá poder de negociación si actúa como bloque, más allá de gestos simbólicos como los puestos rotativos en el Consejo de Seguridad. También resaltó los activos estratégicos de la región —reservas hídricas y recursos naturales— como elementos de peso en esa negociación. Todo ocurría en un salón en el corazón del Panama Convention Center, en Amador, a orillas del Canal. Más allá de los mandatarios, la primera jornada del foro reunió a representantes de organismos internacionales y multilaterales, figuras de la diplomacia regional, actores del sector cultural, la banca, las inversiones y el empresariado. En los pasillos era posible cruzarse con expresidentes como Iván Duque y Juan Manuel Santos, de Colombia, y también con líderes del sector privado como Stanley Motta. El encuentro funcionó como un punto de convergencia entre política, economía y agenda regional. Lula y la amenaza de la potencia militar El siguiente en el podio fue Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Inició su intervención destacando el valor simbólico de Panamá como sede del encuentro, al que definió como un punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico y un espacio histórico clave para la integración regional. Lula también lanzó dardos a las instituciones regionales. Mencionó particularmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que dijo que en su última cumbre (Colombia, noviembre de 2025) no fue capaz de emitir una declaración contra las operaciones militares en el Caribe. No mencionó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero su discurso pareció dirigido hacia ese tablero, en especial por el tema de Venezuela. La intención quedó clara cuando mencionó que uno de los desafíos de la región es “la proximidad geográfica de la mayor potencia militar mundial”. Las reflexiones de Petro Después de Lula habló Gustavo Petro, de Colombia. De entrada advirtió que se extendería, y cumplió. Su discurso fue largo, denso, cargado de frases grandilocuentes y reflexiones sobre el nuevo orden mundial, con un tono más ideológico que técnico. Situó situar a América Latina en el centro de las convulsiones globales y dejó frases como “no queremos misiles sobre Caracas”, retórica que llegó a los titulares de El País, en España. A pocos días de su encuentro con Trump en Washington, el colombiano se distanció de cualquier apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, pero pidió que cualquier juicio se realice bajo estándares multilaterales. “Debe ser juzgado por un tribunal venezolano o por un tribunal de las Américas si lo construimos”, dijo. También tendió un puente hacia su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, tras meses de relaciones congeladas. “Le ofrezco la posibilidad de que hablemos”, propuso. El turno de Noboa Noboa, a su turno, habló de integración, seguridad y reducción de la pobreza. Definió a Panamá como “un punto natural de encuentro para el comercio, la inversión y el diálogo global”. La jornada avanzó y los presidentes desfilaron por el podio con diagnósticos distintos, pero con una preocupación compartida: cómo reposicionar a América Latina en un mundo fragmentado. Paz y la verdad Rodrigo Paz, de Bolivia, fue directo al corazón de la demagogia. Solicitó construir un proyecto común basado en la verdad, la confianza y el empleo. “Estamos viviendo un momento global de mentiras y desinformación. América Latina tiene que volver a construir su destino con la verdad”, advirtió. El mandatario andino valoró el papel de Panamá como espacio de encuentro democrático y contrastó el clima regional con otros foros internacionales. “El hemisferio sur hoy refleja unidad, transparencia y diálogo; eso no lo encontramos en Davos, pero sí lo encontramos en Panamá, y es una grata señal para el mundo”, sostuvo. Evocó además el rol histórico del país como refugio político y “territorio de combate por la democracia”. El presidente electo de Chile En tanto, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, llamó a enfrentar con franqueza el estancamiento de América Latina, que atribuyó a la falta de carácter político más que a la ausencia de diagnósticos. Planteó que la unidad regional debe ser una obligación institucional y no una consigna, y relató su diálogo con Lula como ejemplo de cooperación más allá de diferencias ideológicas. Advirtió que la pobreza, la migración forzada y el avance del crimen organizado evidencian un fracaso transversal de gobiernos y élites. Argumentó que sin seguridad no hay democracia ni inversión, y pidió decisiones firmes, coordinación regional y confianza para cambiar el destino del continente. Kast asumirá oficialmente la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026. La foto del símbolo y la lectura política Probablemente el momento más simbólico fuera del salón. Horas después de hablarle al mundo y a la región desde un frío salón de un centro de convenciones, los presidentes y jefes de Gobierno se trasladaron a las esclusas de Cocolí, en el Pacífico, una de las infraestructuras más estratégicas del país y pieza clave del comercio marítimo global. Allí, sobre el concreto de la ampliación, la tercera esclusa construida bajo administración panameña, se tomó una de las fotografías más emblemáFORO ECONÓMICO INTE Luis Inácio ‘Lula’ da Silva Alexander Arosemena Gustavo Petro Alexander Arosemena Daniel Noboa Alexander Arosemena Panamá y Brasil sellan acuerdo para facilitar inversiones Panamá y Brasil firmaron un Acuerdo de Facilitación de Inversiones para dinamizar el flujo comercial y de capitales entre ambos países, durante una reunión bilateral entre los presidentes José Raúl Mulino y Luiz Inácio Lula da Silva en la sede del Gobierno panameño. Ambos mandatarios avanzaron además en la negociación de un acuerdo de preferencias arancelarias vinculado a la futura adhesión de Panamá como Estado asociado del Mercosur. En el encuentro se abordaron temas como cooperación en turismo, cultura y gestión portuaria, actualización del acuerdo de servicios aéreos, y la conclusión de procedimientos sanitarios para la importación de carne panameña en Brasil. Mulino destacó el inicio de un mecanismo de cooperación bilateral más ágil y eficiente, mientras que Lula expresó la disposición de su país a importar más productos panameños. “ La situación de América Latina no admite eufemismos. No hemos estado estancados por falta de ideas, sino paralizados por falta de carácter”. Juan Antonio Kast Paz ofrece a Chile los ‘puertos’ de Bolivia para conectarse con Brasil El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso a Chile utilizar los “puertos” bolivianos —vías terrestres y fluviales— para facilitar su conexión comercial con Brasil, como parte de una visión pragmática de integración regional, durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe celebrado en Panamá. Paz planteó que Bolivia puede actuar como eje logístico complementario mediante corredores terrestres y la hidrovía Paraguay-Paraná, junto a Uruguay y Argentina. El gesto se enmarca en un intento de recomposición de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, marcadas por décadas de tensiones y la ruptura diplomática de 1978. El mandatario destacó a Panamá como espacio de unidad, transparencia y diálogo, y llamó a la región a actuar con verdad y coordinación para ganar peso en el nuevo orden geopolítico y geoeconómico.
5A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 Panorama y una región que busca conectar nternacional mediante cooperación, pragmatismo y agendas comunes de desarrollo. ERNACIONAL CAF 2026 ticas del encuentro. Junto al presidente Mulino y su esposa Maricel, los mandatarios caminaron entre compuertas. Lula, Petro, Noboa, Paz, Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; y Kast. Conocieron la operación de la ruta interoceánica, su historia reciente y los avances en sostenibilidad hídrica, eficiencia operativa e innovación tecnológica, aspectos centrales para la competitividad del Canal. Pero la visita tuvo, además, una lectura política inevitable. En medio de las tensiones recientes con Estados Unidos y las pretensiones del presidente Donald Trump de retomar el control del Canal, la presencia conjunta de líderes latinoamericanos y caribeños en Cocolí funcionó como un respaldo silencioso al país anfitrión. La foto en la tercera esclusa proyecto un mensaje institucional: Panamá administra su Canal y así lo reconoce. Bernardo Arévalo Alexander Arosemena José Antonio Kast Alexander Arosemena Rodrigo Paz Alexander Arosemena Andrew Holness Alexander Arosemena
6A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 Panorama La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, compareció ayer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tras ser citada para responder un cuestionario sobre la implementación de la Ley 467, que reformó la figura de los jueces comunitarios de paz y las casas comunitarias de paz. Montalvo indicó que, a partir del 1 de enero de 2026, todas las casas comunitarias de paz —antes corregidurías— quedaron bajo la administración del Ministerio de Gobierno (Mingob), y que lo que encontró fue “un hermoso desastre”. Entre las irregularidades detectadas mencionó jueces de paz que no eran abogados, casas de paz cerradas o en malas condiciones, así como deudas por alquileres y por el servicio de energía eléctrica. Reconoció que a inicios de año recibió “una avalancha” de personas que ejercían como jueces de paz hasta diciembre de 2025, pero que desconocían si continuarían en sus cargos. Además, llegaron funcionarios que laboraban en estas casas comunitarias y que fueron desvinculadas. Los diputados preguntaron qué ocurriría con estas personas que quedaron sin sus puestos. Montalvo explicó que, dado que la justicia comunitaria no podía detenerse, comenzaron a realizar nombramientos interinos por un período de tres meses, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, seleccionando jueces con perfiles específicos y que fueran abogados y no estar inscritos en partido políticos. A los aspirantes los entrevistaron y le hicieron unas 100 preguntas. Adelantó que la ley establece que en abril debe realizarse la convocatoria general para el nombramiento oficial de los jueces de paz. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, solicitó que la convocatoria sea ampliamente promocionada, al señalar que en PaMontalvo sobre la justicia comunitaria de paz: ‘era un hermoso desastre’ COMPARECENCIA namá hay cerca de 37 mil abogados y que “sería una buena oportunidad, tomando en cuenta que hay mucho desempleo”. Sobre la competencia que tenían las casas comunitarias de paz en materia de pensiones alimenticias, Montalvo recordó que estos casos ahora pasaron a manos de los juzgados de familia. La ministra defendió el proceso de transición. “Nadie quería estas casas comunitarias de paz, porque es un tema complejo. Para muchos era mejor cerrarlas, porque sentían que no estaban funcionando. Pero la realidad es que una justicia bien llevada nos puede, de alguna manera, traer paz a muchas comunidades”, afirmó. La Ley 467, promulgada el 24 de abril de 2025, derogó el marco legal vigente desde 2016 y dio paso a una nueva Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz. De esta forma, más de 500 jueces de paz, que operaban en cerca de 700 corregimientos del país, dejaron de depender de los municipios y pasaron a la órbita administrativa del Ministerio de Gobierno, tal como lo dispone la norma. La ley establece un salario base de 1,000 dólares mensuales para los jueces de paz y exige título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia. En el orden usual, Gerardo Guerrel, Ulloa, Adrián Cuevas y Jordi Pujol. Cortesía La Arquidiócesis se someterá a un examen en casos de abuso Yaritza Mojica [email protected] José González Pinilla jagonzalezprensa.com IGLESIA CATÓLICA La Iglesia católica anunció la creación de una Comisión de Transparencia integrada por expertos independientes nacionales e internacionales, la cual valorará el manejo integral de los casos registrados entre 2001 y 2025. Se prevé la presentación de un informe en septiembre de este año. La Arquidiócesis de Panamá empezó una investigación institucional profunda sobre su actuación frente a los casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre 2001 y 2025, mediante la conformación de una Comisión de Transparencia, integrada por expertos independientes nacionales e internacionales. La Arquidiócesis anunció ayer que la comisión llevará a cabo una valoración integral del manejo de estos casos, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también clínica, psicológica, sociocultural y pastoral, con el objetivo de identificar aciertos, debilidades y oportunidades de mejora. El arzobispo, José Domingo Ulloa, afirmó que “este proyecto nace del deseo de la Iglesia arquidiocesana de abrirnos con responsabilidad y transparencia a la mirada de expertos internacionales para revisar cómo hemos escuchado, atendido y acompañado a quienes han denunciado casos de abuso contra menores y personas en condiciones de vulnerabilidad”. La investigación será coordinada por un equipo académico financiado por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), con la participación de especialistas vinculados a la Universidad Villanueva (España). Según explicó el sacerdote Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, el estudio busca ir más allá de los datos estadísticos y comprender cómo se produjeron los hechos, así como la respuesta institucional ante ellos. “La finalidad es realizar una valoración holística que permita proponer mecanismos más eficaces de acompañamiento a las víctimas, sus familias y comunidades, y garantizar que la Iglesia arquidiocesana sea un entorno seguro”, indicó Pujol. Con respecto al perfil del equipo investigador, se detalló que está conformado por especialistas en derecho canónico, derecho penal, psicología, comunicación, protección de menores y protocolos internacionales, con una composición diversa que incluye expertos latinoamericanos y conocedores del contexto panameño. Durante su estancia en Panamá, la comisión revisará documentación institucional y realizará entrevistas, incluyendo una fase clave de escucha a víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y la adolescencia. Este proceso se desarrollará entre el 29 de enero y el 30 de abril de 2026, en coordinación con la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Gerardo Guerrel, psicólogo y encargado de la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, señaló que la intervención externa representa una oportunidad para fortalecer la Pastoral del Cuidado y la Prevención, que opera desde hace dos años, y para crear condiciones que permitan a personas que no han denunciado hacerlo en un entorno seguro, evitando la revictimización. Guerrel explicó que la Oficina de Escucha inició operaciones en marzo de 2024 y, hasta la fecha, ha recibido 11 denuncias relacionadas con posibles casos de abuso, además de múltiples solicitudes de orientación y acompañamiento. Estos casos corresponden principalmente a situaciones vinculadas a menores y personas en condición de vulnerabilidad. En el ámbito legal, Adrián Cuevas, consultor legal de la Arquidiócesis, señaló que la Iglesia mantiene la obligación de actuar conforme al Derecho Canónico, sin dejar de cumplir con el Derecho Penal y Civil panameño. Recalcó que, ante el conocimiento de un caso de abuso, existe el compromiso de presentar la denuncia ante las autoridades competentes, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuevas destacó que tanto en el Derecho Canónico como en el panameño se busca proteger al menor y que, en ambos sistemas, existe la obligación de denunciar los casos de abuso, responsabilidad que recae en primera instancia en los padres, madres o progenitores. El abogado subrayó que tanto el Derecho Canónico como el panameño establecen que estos delitos no prescriben, por lo que una víctima puede presentar una denuncia en cualquier momento, incluso en la edad adulta. También se precisó que las denuncias pueden provenir tanto de la ciudad de Panamá como del interior del país, y que otras diócesis ya avanzan en la implementación de oficinas similares. En los casos que involucren a personas consagradas, se aplican dos vías paralelas: la canónica y la civil; si se trata de laicos, el caso se remite directamente a la jurisdicción penal. Las personas que hayan sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden contactar directamente a la Comisión de Transparencia a través del correo [email protected], donde los casos serán atendidos de manera confidencial por los investigadores. El informe final con las conclusiones de la investigación será publicado en septiembre de 2026, con la expectativa de que contribuya al proceso de sanación de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas de prevención y gestión de abusos dentro de la Arquidiócesis de Panamá. La ministra Montalvo, durante su comparecencia ayer a la Comisión de Gobierno del Legislativo. Tomada de @asambleapa Tal Cual Mónica Palm [email protected] INSULTO. En pleno juicio de Odebrecht, Mulino condecoró a Lula da Silva con la Orden Manuel Amador Guerrero. En la ceremonia, ambos resaltaron la cooperación bilateral entre Panamá y Brasil. De eso no se ha enterado la fiscal Ruth Morcillo, quien esta semana anunció que no podía localizar a cinco testigos brasileños porque las autoridades de ese país ya no quieren cooperar con Panamá. Si tan siquiera Lula hubiera traído el cheque de la multa de Odebrecht, pero ni eso. REPRESALIA. La nueva secretaria general del PRD, Balbina Herrera, contó que un grupo formado por abogados y miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) asesoró a los representantes para que presentaran una demanda contra la administradora de la Autoridad de la Descentralización, Roxana Méndez, por extralimitación de funciones. Lástima que no hayan designado a otro grupo de abogados para proponer mejoras al sistema, de modo que no se repitan más escándalos como el de la descentralización paralela. AUTOBOMBO. Por cierto, Balbina resaltó que hay más de 20 perredistas detenidos por distintas causas y que “todos han dado el rostro”. Es difícil decir si eso es un signo de entereza de sus miembros o de poca preocupación por las consecuencias de ser procesados. RING RING. Según Gaby Carrizo, el contralor le mandó un mensaje a través de llamadas telefónicas a sus familiares: “que cante, que son $200 millones”. Es muy difícil saber si, en efecto, se dieron esas llamadas, pero, de ser cierto, ¿por qué el contralor piensa que Gaby debe entregarle ese dinero? SALTO. Haber votado por Omar Castillo, el candidato del ‘establishment’ para ocupar el cargo de subcontralor, podría salirle caro al independiente Carlos Saldaña. Por sugerencia de Juan Diego Vásquez, uno de los mentores de Vamos, Saldaña ha sido excluido de todas las actividades de la bancada, y no se descarta que se adopte alguna sanción. Saldaña votó por Castillo con más entusiasmo que Camacho y Bolota. Cualquier despistado habría podido confundirlo con un miembro de RM o del PRD. OMG. Jorge Herrera y Popi Varela también votaron por Castillo. ¿Qué les pasa? ¿Acaso los panameñistas se declararon diputados de gobierno y no nos hemos enterado? GUAYABO. Gustavo Petro ha hecho lo que le ha dado la gana durante su estadía en Panamá, con motivo del foro de la CAF. Ha llegado tarde a todos los eventos en los que su presencia era requerida. A Mulino lo dejó esperando en la reunión bilateral que tenían programada en la Presidencia. Por lo menos esta vez no han surgido videos con travestis ni caminatas románticas por el Casco.
7A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. un mandato fijo y no sujeto a mociones de censura, el presidente puede impulsar con mayor agilidad la ejecución de leyes y políticas públicas, así como responder a crisis, sin la constante necesidad de negociar mayorías parlamentarias volátiles. Los detractores del sistema presidencialista sostienen que este puede devenir en una tiranía autoritaria. Sin embargo, la historia ha demostrado que ese riesgo disminuye si existen mecanismos constitucionales que imponen límites al poder presidencial. Tales mecanismos incluyen prohibir la reelección indefinida y garantizar la autonomía efectiva del Órgano Judicial y del Ministerio Público. El Judicial debe velar por que los otros dos órganos cumplan con la Constitución y las leyes. Para este propósito es esencial que el Legislativo cuente con los contrapesos adecuados. Estos deben incluir el poder de la bolsa; la aprobación del presupuesto general del Estado; los traslados de partidas; la creación de impuestos; la ratificación de altos cargos del Estado, como el contralor general, el procurador general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el poder de derrotar con mayoría calificada el veto presidencial a leyes aprobadas por la Asamblea, Parlamento o Congreso; las facultades de fiscalización de las actuaciones públicas; y la potestad de someter al presidente a un juicio político que pueda llevar a su destitución, de así considerarlo la mayoría del Legislativo que establezca la Constitución para este propósito. Algunos países han creado sistemas híbridos que combinan rasgos del presidencialismo y el parlamentarismo, buscando equilibrar liderazgo sólido con mayor control legislativo. Francia es el prototipo del semipresidencialismo: el presidente, elegido directamente por sufragio universal, concentra poderes en política exterior, defensa y veto legislativo. Sin embargo, delega la gestión interLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Parálisis multilateral en una región fragmentada Incertidumbre Ninguna de las entidades multilaterales regionales —las cuales dependen, a su vez, de la voluntad política de sus Estados miembros— ha dado un paso adelante para hacer de esa reconstrucción uno de sus objetivos. En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se leyeron en su momento enfáticos discursos, dignos de encomio, acerca de la situación venezolana. Pero transcurridas varias semanas desde el 3 de enero, esos discursos son lo más lejos a lo que la OEA y sus Estados miembros han llegado. Todos parecen mantenerse a la espera de conocer cuáles serán las directrices que, sin mayor discusión, emanen de la Casa Blanca sobre el futuro de Venezuela, sus nacionales y sus riquezas naturales. Incluso uno de los factores que al menos mantenía cohesionada a una mayoría de países —el no reconocimiento de un gobierno venezolano nacido de elecciones fraudulentas— queda ahora en entredicho. Desde Washington se ha nombrado a una jefa de misión en Caracas ante ese mismo gobierno, reconociéndole de facto la legitimidad política y diplomática antes denegada. Es cierto que la inacción multilateral no es exclusiva de los organismos de América Latina y el Caribe. La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, celebrada la semana pasada, quedó inmersa en las divergencias entre Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y el resto de Europa. Groenlandia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) relegaron los diálogos sobre Fernando Gómez Arbeláez Presidencialismo Gobernabilidad democrática En América Latina predomina el sistema presidencialista por la influencia que ejerció en nuestras repúblicas el modelo instaurado por Estados Unidos a partir de 1789, fecha en que entró en vigor su Constitución federal: la segunda y actual. Dato curioso: durante sus primeros trece años de existencia como nación, Estados Unidos funcionó con un régimen cuasi parlamentario cuyo brazo ejecutivo era un cuerpo colegiado con poca autonomía y escasos poderes. Por ello, su primer experimento constitucional se considera un fracaso que llevó a la reunión de la Convención de Filadelfia en 1787, donde se creó el presidencialismo robusto de la Constitución vigente. En otras palabras, el presidencialismo moderno surgió en Estados Unidos como solución a los graves problemas que les generó el sistema parlamentario. Los constituyentes de 1787 diseñaron un modelo que garantiza la separación estricta de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, junto a un régimen de controles y contrapesos mutuos. A diferencia del parlamentarismo, donde el Ejecutivo depende de la confianza del Legislativo y suele compartir el mismo signo político, el presidencialismo permite a la ciudadanía elegir distintas composiciones partidarias para cada rama del poder: un mecanismo adicional de control y equilibrio. Además, el presidencialismo otorga al Órgano Ejecutivo mayor dinamismo y capacidad de acción: con na en un primer ministro designado por él, pero obligado a contar con la confianza de la Asamblea Nacional. Si pierde esa mayoría, el Parlamento puede censurarlo y forzarlo a dimitir. Cuando el partido presidencial no controla el Legislativo, surge la “cohabitación”: presidente y primer ministro de partidos opuestos, lo que obliga a negociar y reduce el poder del jefe de Estado en asuntos domésticos. En Perú, aunque nominalmente presidencialista, la Constitución ha generado un híbrido “parlamentarizado”: el Congreso ejerce amplios controles, incluyendo censuras a ministros y destituciones presidenciales por “incapacidad moral permanente”. En los últimos años, esto ha provocado la cesantía de múltiples ministros y la destitución de tres presidentes, así como dos renuncias forzadas, mostrando una inestabilidad crónica ante un Legislativo fragmentado. Estos modelos intentan mitigar rigideces y abusos, pero en contextos de polarización —como en América Latina— a menudo derivan en parálisis o enfrentamientos, en vez de un equilibrio genuino. Ni el parlamentarismo ni el presidencialismo garantizan por sí solos una óptima gobernabilidad: ambos sistemas tienen virtudes y defectos inherentes. Su éxito depende de factores de carácter cívico y cultural: instituciones públicas independientes y transparentes, y una sociedad que valore la meritocracia, la honestidad y el respeto por las reglas del juego democrático. Basta observar dos casos emblemáticos de Asia Oriental para confirmarlo: Japón, con su consolidado sistema parlamentario, y Corea del Sur, con un presidencialismo robusto, han logrado democracias estables y economías dinámicas que han elevado de forma notable la calidad de vida de sus ciudadanos. En ambos países, más que la forma de gobierno, ha sido la solidez institucional y la madurez cívica lo que ha marcado la diferencia. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es abogado y doctor en Derecho Internacional. temas económicos, financieros y tecnológicos a un segundo plano claramente marginal. La atención local y mundial se concentró en las incógnitas sobre el futuro de la isla del Ártico, tanto como en el porvenir mismo de la OTAN. Pero mientras el foro en Davos se convertía en una arena geopolítica, en Washington no se perdía el tiempo. El pasado 23 de enero, el Pentágono anunció la llamada Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos de 2026, complementaria de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada seis semanas atrás. Al igual que en el documento anterior, en este nuevo se enfatiza el interés geopolítico en el Hemisferio Occidental como un área en la que se aglutinan los intereses estratégicos de Estados Unidos y los esfuerzos del Pentágono. El Canal de Panamá es mencionado cinco veces en esta Estrategia, todas en paralelo con Groenlandia: “Garantizaremos acceso militar estadounidense y comercial a terrenos clave, especialmente el Canal de Panamá … y Groenlandia”. El texto agrega: “Nos comprometeremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios en Centro y Sudamérica, pero nos aseguraremos de que ellos respeten y cumplan su parte para defender nuestros intereses compartidos. Y donde no lo hagan, estaremos listos para tomar acciones enfocadas y decisivas que avancen concretamente los intereses de Estados Unidos. Este es el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, y el ejército estadounidense está listo para hacerla cumplir con velocidad, potencia y precisión, como el mundo vio en Venezuela”. El multilateralismo regional no está funcionando, precisamente ahora, cuando Panamá y el Canal más lo necesitan. A lo largo de su devenir histórico, los países de América Latina y el Caribe nunca se han caracterizado por su uniformidad de condiciones en lo social, ni mucho menos por su unidad de criterio en lo político. Al coincidir en orígenes, realidades socioeconómicas, amenazas externas y aspiraciones comunes, han sido numerosos los intentos regionales promovidos con el fin de constituir un frente multilateral que permita la realización, a todos los niveles, de intereses compartidos. Tras dos siglos de buenas intenciones, el progreso en esa dirección sigue siendo débil, lento y precario. Como consecuencia, en el contexto mundial actual —cargado de incertidumbre y cada vez más impredecible— se distingue una lamentable y preocupante realidad: como bloque, como conjunto de Estados, nuestros países han dejado de actuar con su inercia característica para ir todavía a menos, quedando ahora política y moralmente paralizados. Desde antes, durante y después de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero en Venezuela, entre tantos ejemplos, los Estados latinoamericanos y caribeños han demostrado ser meros espectadores de las grandes decisiones que afectan a los actores regionales. A la fecha, ni siquiera han propuesto algo que refleje su voluntad conjunta de participar en la eventual reconstrucción de la democracia y la economía venezolanas. Pesa demasiado la división causada por el antagonismo ideológico y comercial entre nuestros países, una fractura que no hace sino profundizarse. Iván Rogelio Robles La fragmentación política de América Latina paraliza el multilateralismo regional, justo cuando Venezuela, Panamá y el Canal enfrentan presiones geopolíticas que exigen acción colectiva y visión estratégica. Secuelas del capitalismo tardío: neoliberalismo y posfordismo Esquemas económicos Tras la ofensiva del bloque occidental para desarticular el comunismo en Europa durante la década de 1980, el neoliberalismo se consolidó como una realidad casi ortodoxa. Este giro marcó un hito determinante en la economía global. Con su llegada, muchos gobiernos comenzaron a adoptar la austeridad como única vía de salvación, reduciendo de forma significativa el intervencionismo estatal con el objetivo de promover la apertura del mercado libre, la innovación y el crecimiento económico. Esta nueva realidad fue impulsada principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, y posteriormente asumida por otros países capitalistas de Europa y América Latina. Con la imposición del pensamiento neoliberal, el fordismo —entendido como estabilidad laboral y base de la producción masiva— fue relegado y sustituido abruptamente por el posfordismo. Este nuevo modelo de “desarrollo” promueve la flexibilización laboral, la subcontratación y la tercerización de servicios, presentadas como requisitos necesarios para responder a las exigencias del mercado global. La vida laboral y la vida personal se vuelven progresivamente inseparables; el ocio y el tiempo libre pasan a integrarse en la lógica productiva, mientras se exige producir más con menos recursos económicos y menor fuerza laboral. Enestenuevoesquemaeconómico,eltrabajador pierde autonomía y deja de ocupar el eje central de la sociedad. Esto conlleva la desarticulación progresiva de los sindicatos, el debilitamiento de la clase obrera y la proliferación de contratos temporales, generando precarización e inestabilidad laboral. Antes del posfordismo, existía una correlación más directa entre Estado y trabajador; en cambio, el neoliberalismo sitúa al consumidor como pilar del sistema, profundizando las desigualdades sociales. Estos fenómenos constituyen síntomas evidentes del capitalismo tardío, entendido como su fase más avanzada. Una vía para aliviar estos efectos es la participación activa del Estado frente a la crisis social y económica. El Estado no debe limitarse a regular, sino proteger y velar por los intereses colectivos, manteniendo su autonomía y soberanía mediante un modelo de gobierno abierto. En la práctica, la crisis actual no está siendo resuelta, sino gestionada. Como advirtió el escritor británico Mark Fisher en Is There No Alternative?, atravesamos una sensación de agotamiento profundo, una esterilidad cultural y política generalizada. De ahí que subordinar la acción estatal al bien común resulte imprescindible. No es posible una transformación colectiva de gran alcance sin un Estado que participe activamente en la toma de decisiones. Aunque el neoliberalismo restringe la intervención estatal en la economía, también reduce su capacidad política. En este contexto, priorizar el bien colectivo sobre el individual se vuelve urgente, en un mundo donde —paradójicamente— resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. LA AUTORA es internacionalista. Valentina Varela Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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