6A La Prensa Panamá, jueves 29 de enero de 2026 Panorama La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, compareció ayer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tras ser citada para responder un cuestionario sobre la implementación de la Ley 467, que reformó la figura de los jueces comunitarios de paz y las casas comunitarias de paz. Montalvo indicó que, a partir del 1 de enero de 2026, todas las casas comunitarias de paz —antes corregidurías— quedaron bajo la administración del Ministerio de Gobierno (Mingob), y que lo que encontró fue “un hermoso desastre”. Entre las irregularidades detectadas mencionó jueces de paz que no eran abogados, casas de paz cerradas o en malas condiciones, así como deudas por alquileres y por el servicio de energía eléctrica. Reconoció que a inicios de año recibió “una avalancha” de personas que ejercían como jueces de paz hasta diciembre de 2025, pero que desconocían si continuarían en sus cargos. Además, llegaron funcionarios que laboraban en estas casas comunitarias y que fueron desvinculadas. Los diputados preguntaron qué ocurriría con estas personas que quedaron sin sus puestos. Montalvo explicó que, dado que la justicia comunitaria no podía detenerse, comenzaron a realizar nombramientos interinos por un período de tres meses, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, seleccionando jueces con perfiles específicos y que fueran abogados y no estar inscritos en partido políticos. A los aspirantes los entrevistaron y le hicieron unas 100 preguntas. Adelantó que la ley establece que en abril debe realizarse la convocatoria general para el nombramiento oficial de los jueces de paz. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, solicitó que la convocatoria sea ampliamente promocionada, al señalar que en PaMontalvo sobre la justicia comunitaria de paz: ‘era un hermoso desastre’ COMPARECENCIA namá hay cerca de 37 mil abogados y que “sería una buena oportunidad, tomando en cuenta que hay mucho desempleo”. Sobre la competencia que tenían las casas comunitarias de paz en materia de pensiones alimenticias, Montalvo recordó que estos casos ahora pasaron a manos de los juzgados de familia. La ministra defendió el proceso de transición. “Nadie quería estas casas comunitarias de paz, porque es un tema complejo. Para muchos era mejor cerrarlas, porque sentían que no estaban funcionando. Pero la realidad es que una justicia bien llevada nos puede, de alguna manera, traer paz a muchas comunidades”, afirmó. La Ley 467, promulgada el 24 de abril de 2025, derogó el marco legal vigente desde 2016 y dio paso a una nueva Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz. De esta forma, más de 500 jueces de paz, que operaban en cerca de 700 corregimientos del país, dejaron de depender de los municipios y pasaron a la órbita administrativa del Ministerio de Gobierno, tal como lo dispone la norma. La ley establece un salario base de 1,000 dólares mensuales para los jueces de paz y exige título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia. En el orden usual, Gerardo Guerrel, Ulloa, Adrián Cuevas y Jordi Pujol. Cortesía La Arquidiócesis se someterá a un examen en casos de abuso Yaritza Mojica [email protected] José González Pinilla jagonzalezprensa.com IGLESIA CATÓLICA La Iglesia católica anunció la creación de una Comisión de Transparencia integrada por expertos independientes nacionales e internacionales, la cual valorará el manejo integral de los casos registrados entre 2001 y 2025. Se prevé la presentación de un informe en septiembre de este año. La Arquidiócesis de Panamá empezó una investigación institucional profunda sobre su actuación frente a los casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre 2001 y 2025, mediante la conformación de una Comisión de Transparencia, integrada por expertos independientes nacionales e internacionales. La Arquidiócesis anunció ayer que la comisión llevará a cabo una valoración integral del manejo de estos casos, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también clínica, psicológica, sociocultural y pastoral, con el objetivo de identificar aciertos, debilidades y oportunidades de mejora. El arzobispo, José Domingo Ulloa, afirmó que “este proyecto nace del deseo de la Iglesia arquidiocesana de abrirnos con responsabilidad y transparencia a la mirada de expertos internacionales para revisar cómo hemos escuchado, atendido y acompañado a quienes han denunciado casos de abuso contra menores y personas en condiciones de vulnerabilidad”. La investigación será coordinada por un equipo académico financiado por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), con la participación de especialistas vinculados a la Universidad Villanueva (España). Según explicó el sacerdote Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, el estudio busca ir más allá de los datos estadísticos y comprender cómo se produjeron los hechos, así como la respuesta institucional ante ellos. “La finalidad es realizar una valoración holística que permita proponer mecanismos más eficaces de acompañamiento a las víctimas, sus familias y comunidades, y garantizar que la Iglesia arquidiocesana sea un entorno seguro”, indicó Pujol. Con respecto al perfil del equipo investigador, se detalló que está conformado por especialistas en derecho canónico, derecho penal, psicología, comunicación, protección de menores y protocolos internacionales, con una composición diversa que incluye expertos latinoamericanos y conocedores del contexto panameño. Durante su estancia en Panamá, la comisión revisará documentación institucional y realizará entrevistas, incluyendo una fase clave de escucha a víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y la adolescencia. Este proceso se desarrollará entre el 29 de enero y el 30 de abril de 2026, en coordinación con la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Gerardo Guerrel, psicólogo y encargado de la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, señaló que la intervención externa representa una oportunidad para fortalecer la Pastoral del Cuidado y la Prevención, que opera desde hace dos años, y para crear condiciones que permitan a personas que no han denunciado hacerlo en un entorno seguro, evitando la revictimización. Guerrel explicó que la Oficina de Escucha inició operaciones en marzo de 2024 y, hasta la fecha, ha recibido 11 denuncias relacionadas con posibles casos de abuso, además de múltiples solicitudes de orientación y acompañamiento. Estos casos corresponden principalmente a situaciones vinculadas a menores y personas en condición de vulnerabilidad. En el ámbito legal, Adrián Cuevas, consultor legal de la Arquidiócesis, señaló que la Iglesia mantiene la obligación de actuar conforme al Derecho Canónico, sin dejar de cumplir con el Derecho Penal y Civil panameño. Recalcó que, ante el conocimiento de un caso de abuso, existe el compromiso de presentar la denuncia ante las autoridades competentes, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuevas destacó que tanto en el Derecho Canónico como en el panameño se busca proteger al menor y que, en ambos sistemas, existe la obligación de denunciar los casos de abuso, responsabilidad que recae en primera instancia en los padres, madres o progenitores. El abogado subrayó que tanto el Derecho Canónico como el panameño establecen que estos delitos no prescriben, por lo que una víctima puede presentar una denuncia en cualquier momento, incluso en la edad adulta. También se precisó que las denuncias pueden provenir tanto de la ciudad de Panamá como del interior del país, y que otras diócesis ya avanzan en la implementación de oficinas similares. En los casos que involucren a personas consagradas, se aplican dos vías paralelas: la canónica y la civil; si se trata de laicos, el caso se remite directamente a la jurisdicción penal. Las personas que hayan sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden contactar directamente a la Comisión de Transparencia a través del correo [email protected], donde los casos serán atendidos de manera confidencial por los investigadores. El informe final con las conclusiones de la investigación será publicado en septiembre de 2026, con la expectativa de que contribuya al proceso de sanación de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas de prevención y gestión de abusos dentro de la Arquidiócesis de Panamá. La ministra Montalvo, durante su comparecencia ayer a la Comisión de Gobierno del Legislativo. Tomada de @asambleapa Tal Cual Mónica Palm [email protected] INSULTO. En pleno juicio de Odebrecht, Mulino condecoró a Lula da Silva con la Orden Manuel Amador Guerrero. En la ceremonia, ambos resaltaron la cooperación bilateral entre Panamá y Brasil. De eso no se ha enterado la fiscal Ruth Morcillo, quien esta semana anunció que no podía localizar a cinco testigos brasileños porque las autoridades de ese país ya no quieren cooperar con Panamá. Si tan siquiera Lula hubiera traído el cheque de la multa de Odebrecht, pero ni eso. REPRESALIA. La nueva secretaria general del PRD, Balbina Herrera, contó que un grupo formado por abogados y miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) asesoró a los representantes para que presentaran una demanda contra la administradora de la Autoridad de la Descentralización, Roxana Méndez, por extralimitación de funciones. Lástima que no hayan designado a otro grupo de abogados para proponer mejoras al sistema, de modo que no se repitan más escándalos como el de la descentralización paralela. AUTOBOMBO. Por cierto, Balbina resaltó que hay más de 20 perredistas detenidos por distintas causas y que “todos han dado el rostro”. Es difícil decir si eso es un signo de entereza de sus miembros o de poca preocupación por las consecuencias de ser procesados. RING RING. Según Gaby Carrizo, el contralor le mandó un mensaje a través de llamadas telefónicas a sus familiares: “que cante, que son $200 millones”. Es muy difícil saber si, en efecto, se dieron esas llamadas, pero, de ser cierto, ¿por qué el contralor piensa que Gaby debe entregarle ese dinero? SALTO. Haber votado por Omar Castillo, el candidato del ‘establishment’ para ocupar el cargo de subcontralor, podría salirle caro al independiente Carlos Saldaña. Por sugerencia de Juan Diego Vásquez, uno de los mentores de Vamos, Saldaña ha sido excluido de todas las actividades de la bancada, y no se descarta que se adopte alguna sanción. Saldaña votó por Castillo con más entusiasmo que Camacho y Bolota. Cualquier despistado habría podido confundirlo con un miembro de RM o del PRD. OMG. Jorge Herrera y Popi Varela también votaron por Castillo. ¿Qué les pasa? ¿Acaso los panameñistas se declararon diputados de gobierno y no nos hemos enterado? GUAYABO. Gustavo Petro ha hecho lo que le ha dado la gana durante su estadía en Panamá, con motivo del foro de la CAF. Ha llegado tarde a todos los eventos en los que su presencia era requerida. A Mulino lo dejó esperando en la reunión bilateral que tenían programada en la Presidencia. Por lo menos esta vez no han surgido videos con travestis ni caminatas románticas por el Casco.
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