1A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 27 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15274 Hoy por hoy El comercio mundial entra en 2026 con menor crecimiento, mayor fragmentación geopolítica y reglas cada vez más exigentes. No es un entorno cómodo, pero tampoco es uno sin oportunidades. Panamá lo sabe: el Canal muestra signos claros de recuperación y el turismo mantiene una senda de crecimiento sostenido. Los flujos existen.El problema no está afuera. Está en casa. Mientras las cadenas de valor se reconfiguran y los servicios digitales ganan peso, los países que captan inversión son aquellos con instituciones previsibles, capital humano competitivo y reglas claras. Panamá tiene ventajas logísticas únicas, pero sigue fallando en transformar tránsito, visitantes y comercio en empleo estable y productivo. Por eso, la discusión sobre perspectivas económicas no puede evadir dos temas centrales: empleo e inversión. Sin políticas que conviertan esos flujos en trabajo formal, encadenamientos locales y productividad, el crecimiento se queda en estadísticas. El mundo no va a esperar a Panamá. O el país convierte su posición estratégica en oportunidades reales para su gente, o seguirá viendo pasar barcos, turistas y capital… sin que eso cambie lo esencial. Nelson Colón, seleccionador masculino de Panamá 11A Deportes Panorama El juicio Odebrecht, sin Rabello ni Rodrigues 6A Economía Estas son las 10 tendencias que redefinirán el comercio 2B Fiscal ordena aprehensión de Gaby Carrizo Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA Al exvicepresidente de la República en el período 2014-2019 se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado. La fiscal superior Adela Cedeño solicitó la aprehensión con fines de conducción del exvicepresidente de la República José Gabriel Gaby Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado. La decisión fue adoptada el viernes 23 de enero y comunicada el lunes 26 a la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, así como al Servicio Nacional de Migración, ante la posibilidad de que Carrizo intente salir del país. Carrizo, quien fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, enfrenta además medidas patrimoniales. En octubre pasado, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a su patrimonio, por un monto estimado de hasta $1.3 millones. Para frenar esas acciones, Carrizo presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte, asegurando su disposición a colaborar con transparencia. Carrizo viajó recientemente a Colombia y, desde allí, abordó un vuelo de Avianca con destino a Guatemala, donde se encuentra la sede del Parlacen, organismo en el que en los últimos meses ha intentado juramentarse como diputado. Panamá y el Caribe ante Haití: ¿auxilio urgente? Panamá acogió una conferencia regional del Caribe para coordinar ayuda humanitaria y financiamiento para Haití, ante una crisis alimentaria, sanitaria y de seguridad que afecta a más de la mitad de su población actual. VEA 5A Foro de CAF: Petro y Noboa se verían; Lula y Paz confirman cita bilateral Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, se verán mañana miércoles en el foro económico organizado por CAF y el Gobierno de Panamá. También se confirmó que los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantendrán su primera reunión bilateral. VEA 6A Gustavo Petro. EFE Daniel Noboa. EFE Crecimiento El Canal arranca el año fiscal 2026 a todo vapor El Canal de Panamá muestra en 2026 señales de recuperación sostenida tras las restricciones por la sequía. El aumento de tránsitos, la alta utilización de cupos y el mayor peso de los buques neopanamax reflejan la reactivación del comercio marítimo. La disponibilidad de agua, el mantenimiento operativo y la confiabilidad del servicio serán claves para sostener ingresos, empleo y competitividad logística del país en 2026 y años venideros. VEA 1B Alexander Arosemena
2A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino. Archivo Nueva delegación de diputados panameños viajará a Taiwán GEOPOLÍTICA Un nuevo grupo de diputados de la Asamblea Nacional viajará a Taiwán en los próximos días, reavivando un debate diplomático sensible para Panamá. Según informó a La Prensa el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), la delegación saldrá del país el sábado 31 de enero y retornará el 7 de febrero. La invitación provino de autoridades taiwanesas y la agenda estará centrada en asuntos comerciales, particularmente en la industria de semiconductores y en la posibilidad de instalar una oficina comercial Panamá– Taiwán o crear una cámara de comercio bilateral. Pérez Barboni explicó que se tratará de una gira similar a la realizada por otro grupo de diputados el año pasado. El legislador representa el circuito 8-3, que abarca Ancón, Bella Vista, Bethania, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana. Además de él, participarán otros cinco diputados pertenecientes a distintas bancadas, entre ellas el Partido Panameñista, Realizando Metas, el Partido Revolucionario Democrático y Vamos. El anuncio revive la polémica generada en noviembre de 2025, cuando ocho diputados viajaron a Taipéi, provocandotensionesdiplomáticas. En aquella ocasión participaron Ernesto Cedeño y Betserai Richards, de Seguimos; Ronald De Gracia, de Realizando Metas; Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Jhonathan Vega, de Vamos; y Julio De la Guardia y Manuel Cohen, de Cambio Democrático. Ese viaje motivó una reacción inmediata de la embajada de China en Panamá, que advirtió que este tipo de contactos contravenían el principio de “una sola China”, adoptado oficialmente por el Estado panameño desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín en 2017. El episodio derivó en un intercambio inusual de mensajes diplomáticos. La Cancillería panameña rechazó entonces lo que consideró presiones externas sobre decisiones internas, mientras que la embajada de Estados Unidos cuestionó públicamente la postura china. Tras conocerse el nuevo viaje, el Ejecutivo volvió a distanciarse. Fuentes del Gobierno reiteraron que estas giras no cuentan con respaldo oficial y recordaron que la política exterior es competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. La Cancillería subrayó, mediante un comunicado, que Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China y que los viajes de diputados a Taiwán no representan la posición del Estado, sino decisiones individuales de los legisladores. Félix Fallabella, Frank Ábrego y José Raúl Mulino en noviembre de 2025. Foto tomada de Instagam Minseg otorga otro contrato por ‘urgencia’ a Max Gear Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Un contrato directo por casi $300 mil vuelve a favorecer a una empresa vinculada a Félix Fallabella Napolitano, reavivando cuestionamientos por compras “urgentes” repetidas y fallas en la planificación del abastecimiento policial. Un nuevo contrato directo por casi $300 mil fue otorgado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a Max Gear, Inc., empresa ligada a Félix Fallabella Napolitano. El contrato es para el suministro de 7,692 raciones de alimentos para agentes de las fuerzas especiales y unidades antinarcóticos y ambientales de la Policía Nacional. Este sería el segundo contrato bajo la justificación de “urgencia” que se entrega a Max Gear, en menos de un mes (entre noviembre y diciembre de 2025). A finales de octubre pasado, el Minseg le adjudicó un contrato por $6.9 millones para el suministro de uniformes y botas para agentes de la Policía. Sin embargo, ante las críticas por tratarse de un millonario contrato exprés otorgado a través de un procedimiento que tardó cuatro horas, se realizó una convocatoria a un nuevo acto público en noviembre, pero el resultado fue el mismo y la compra fue a favor de Max Gear. “Urgencia” invocada El desabastecimiento de alimentos tomó “de imprevisto” al Minseg, lo que “obligó” a adoptar medidas inmediatas para garantizar la “subsistencia” de los agentes, justificó la entidad al solicitar la aprobación de la contratación. En un documento titulado “informe técnico fundado”, el Minseg justificó la contratación directa alegando que no resultaba viable realizar un procedimiento “ordinario” de selección de contratista, ya que estos procesos tardan un tiempo —“hasta 70 días”—, la urgencia operativa de la entidad y el cierre de la vigencia fiscal. “Para abordar esta situación de manera eficaz, la entidad ha realizado un minucioso análisis y ha decidido considerar la selección de un determinado proveedor a través de la contratación por vía de procedimiento excepcional”, señala el documento, en el que además se afirma que con Max Gear podrá “cumplir con los compromisos actuales” y garantizar “estándares de calidad y eficiencia”. El informe fue firmado por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; el viceministro de Seguridad, Luis Icaza (entonces en funciones de ministro encargado), y de otros dos miembros de la institución policial. En el documento se sostiene que la elección de Max Gear se fundamenta en su “sólida reputación y destacada trayectoria”. El Minseg asegura que los agentes que consumirán las raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) “son responsables, entre otras misiones, de patrullar las riberas del Canal de Panamá”, y que la falta de abastecimiento “compromete directamente la capacidad de estas fuerzas para garantizar la seguridad y proteccompra “no puede esperar”, al tratarse de una “necesidad urgente, impostergable y vinculada a la seguridad nacional”, lo que —según el informe— justifica la aplicación del procedimiento excepcional. No obstante, entre los documentos aportados por la propia entidad al portal Panamá Compra figura un antecedente de compras de este tipo de comida: Max Gear, Inc. fue proveedor del Minseg en 2020, cuando entregó 110 cajas de raciones por un monto de $15,900. Max Gear, Inc. fue constituida en febrero de 2008. En su junta directiva figuran Marco Bosquez, quien funge como presidente, secretario y tesorero, junto con Irak Shaik y David Camaño como directores. Entre los suscriptores aparece Edwin Pitty Madrid, quien actualmente se desempeña como embajador de Panamá en Cuba. Pitty Madrid fue agente residente hasta el pasado 24 de noviembre. En su reemplazo quedó Zuleiry Quinzada. Aunque su nombre no figura en la junta directiva de Max Gear, según el Registro Público, en julio de 2024 Fallabella solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que certificara por escrito que no existía —ni existe actualmente— investigación formal en su contra ni en varias empresas vinculadas a su entorno, entre ellas Max Gear, Inc., Ultratech International Enterprises, S.A., e International Munition & Explosives, S.A., también conocida como Inmunex, S.A. La Prensa intentó obtener la versión de Fallabella y de Bosquez sobre la adjudicación de este nuevo contrato y los cuestionamientos en torno a las contrataciones por “urgencia”. Sin embargo, pese a que desde la oficina de Max Gear se indicó que devolverían la llamada, hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta. ción de este recurso vital”. La autorización para este procedimiento excepcional de contratación llegó el 19 de diciembre pasado por parte de la Secretaría General de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la nota se menciona que la solicitud de la entidad tuvo que ser subsanada siete días después de haberse presentado. En el documento consta que la última vez que se adquirieron estas raciones fue en el año 2021, sin precisar el proveedor, la cantidad y el monto. La entidad concluye que la UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026
4A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] COINCIDENCIA 1. El presidente de Brasil, Lula da Silva, será el orador principal en la apertura del Foro Económico América Latina y el Caribe 2026, que organiza la CAF a partir de mañana, en Amador. Debería aprovechar esas ganas de hablar para dar una vuelta por la sala de audiencias del caso Odebrecht. Ahí también habría podido ser un orador destacado. COINCIDENCIA 2. Es una burla que Lula venga a Panamá durante el juicio de Odebrecht. Lula no fue declarado inocente en su país, sino que se salvó porque un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las sentencias y todo lo que había en su contra, apelando a tecnicismos. Hay quienes siguen bailando al son que toquen y, si es samba, mejor. NECIOS. La defensa del corrupto designado va a insistir en la aplicación del principio de especialidad. Este tema ya fue desestimado por la juez Marquínez el primer día de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, el 12 de septiembre de 2022. Además, en el auto de llamamiento a juicio, Marquínez rechazó “de plano” varios incidentes de nulidad por supuestas violaciones a ese principio. Hace rato se les acabó el manual de excusas, así que toca repetir los mismos trucos hasta la saciedad. POR FUERA. El exrepresentante de Don Bosco y candidato a alcalde de Panamá en la elección de 2024, Willie Bermúdez, también renunció al Panameñista, cansado porque en ese partido nadie le hace caso y “todo sigue igual”. Ese colectivo ha perdido 5,727 adherentes La administración de la CSS es la responsable de la compra de los medicamentos. Archivo Pacientes de artritis reportan baja efectividad de fármaco biosimilar Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Pacientes y médicos cuestionan la compra de un biosimilar por la CSS tras reportes de recaídas y eventos adversos. Alertan que priorizar precio sobre eficacia puede generar costos y riesgos. Más de 30 pacientes con artritis reumatoide habrían presentado recaídas tempranas y ausencia de respuesta clínica tras recibir el medicamento biosimilar Rixathon (rituximab), utilizado en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS). Así lo denunció la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá (Funarp), junto con reportes médicos que —según indicó— han sido debidamente consignados en el sistema institucional de farmacovigilancia. La alerta surge a partir de informes elaborados por el Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en los cuales se documentaron casos de ineficacia terapéutica desde el cuarto mes posterior a la aplicación, pese a que los protocolos clínicos establecen intervalos de respuesta de entre seis y ocho meses. De acuerdo con los pacientes, se han reportado recaídas prematuras, persistencia del dolor, progresión del daño articular y la necesidad de recibir infusiones adicionales, sin que se logre una mejoría sostenida. Además de la falta de efectividad, los pacientes señalan que los informes también consignan reacciones adversas que no habían sido observadas con la molécula original. Esta situación motivó a los médicos tratantes a notificar formalmente los casos al sistema de farmacovigilancia y a recomendar la sustitución del producto por alternativas con un historial de seguridad comprobado y con registro sanitario vigente en el país. No obstante, estas advertencias no fueron consideradas dentro del proceso de compra pública que lleva adelante la CSS, denunció Luris Higuera, presidenta de la Comisión de Advocacy de Funarp, organización que agrupa a pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Licitación bajo cuestionamiento La controversia se centra en la licitación pública LPU No. 05-2026, específicamente en los renglones 41 y 42, destinados a la adquisición de medicamentos biotecnológicos de alto costo. Según Higuera, el criterio determinante en la evaluación fue la oferta de menor precio, sin tomar en cuenta los reportes de farmacovigilancia ni la experiencia clínica documentada por los especialistas. La Funarp sostiene que esta práctica contraviene disposiciones legales vigentes, entre ellas la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 y el Decreto Ejecutivo No. 27 del 10 de mayo de 2024, que obligan a fiscalizar y garantizar la seguridad de los medicamentos biotecnológicos, así como el Decreto Ejecutivo No. 882 de diciembre 2021, que prohíbe la sustitución de medicamentos biológicos sin la autorización expresa del médico prescriptor. “Cuando un paciente está estable, cambiar su tratamiento únicamente por razones económicas puede generar recaídas, complicaciones y mayores costos para el sistema”, advirtió Higuera. Añadió que la decisión sobre la adjudicación de estos renglones no consideró criterios como la efectividad clínica en la práctica real, la continuidad del tratamiento ni el impacto de los eventos adversos en la calidad de vida de los pacientes. Aunque manifestó que no hay medicamentos perfectos, sí hay decisiones más responsables que deben partir de la experiencia clínica y del bienestar del paciente. La mirada académica Las denuncias también plantean un debate técnico sobre los criterios que deben regir la introducción de biosimilares en el país. Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Universidad de Panamá, explicó que la aprobación de este tipo de medicamentos debe cumplir con estándares internacionales rigurosos. “La normativa establece que un biosimilar debe haber sido previamente aprobado por agencias regulatorias de alto nivel, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)”, señaló. Torres Atencio subrayó que todos los medicamentos, sin excepción, deben demostrar eficacia y seguridad y que, en el caso de los biotecnológicos, es fundamental garantizar una adecuada trazabilidad de cada lote, así como un sistema sólido de farmacovigilancia. “Es necesario conocer cuántas fallas terapéuticas y cuántas reacciones adversas raras se han reportado, y cuántas de ellas pueden atribuirse realmente al principio activo”, indicó. Recordó que se trata de un anticuerpo monoclonal quimérico que requiere premedicación para reducir la inmunogenicidad propia de la molécula, lo que exige una vigilancia clínica aún más estricta. La especialista añadió que, si bien los criterios de seguridad y eficacia deben primar, también es cierto que el acceso a estos medicamentos tiene un impacto directo en la población. “Se debe realizar un análisis crítico de los reportes y contrastarlos con la experiencia de vida real en otros países donde estos biosimilares son ampliamente utilizados, como España”, sostuvo. Torres Atencio recalcó, además, la importancia de notificar cualquier evento al laboratorio productor y de vigilar cuidadosamente la cadena de frío, el almacenamiento y la distribución del producto, factores que pueden incidir directamente en su efectividad clínica. Un ahorro cuestionable Uno de los principales argumentos de la fundación es que el supuesto ahorro económico resulta marginal y, en algunos casos, inexistente. La diferencia de precio entre las opciones evaluadas es de 26 dólares por vial. Con el medicamento de referencia, los pacientes requieren dos viales una o dos veces al año, según las indicaciones del fabricante original. Sin embargo, con el biosimilar actualmente utilizado, varios pacientes han debido recibir entre tres y cuatro aplicaciones anuales debido a la falta de respuesta clínica sostenida. “Si se multiplican las infusiones, el ahorro desaparece y el costo final puede ser incluso mayor”, advirtió Higuera. También expresó su preocupación por la posible adjudicación de otros medicamentos críticos bajo el mismo criterio de ahorro mínimo. Uno de ellos es un biológico ampliamente utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, cuya sustitución —según la fundación— pondría en riesgo a más de 1,500 pacientes estables por una diferencia de precio inferior a seis balboas por unidad. Costos ocultos para el sistema Médicos consultados advierten que privilegiar el precioporencimadelaefectividad clínica genera costos ocultos para el sistema de salud, como el aumento de consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones, eventos adversos y ausentismo laboral, además del impacto emocional y físico en los pacientes crónicos y sus familias. “Cada recaída implica más exámenes, más medicamentos, más incapacidades y, en muchos casos, la pérdida del control de una enfermedad que estaba estable”, explicó un reumatólogo que solicitó reserva de su nombre. La Funarp recordó antecedentes recientes en los que medicamentos previamente retirados del mercado por fallas regresaron como únicos oferentes en licitaciones públicas, lo que —según la organización— evidencia debilidades en los mecanismos de control y evaluación. Para la fundación, ignorar los informes de médicos especialistas y subespecialistas, así como los reportes de farmacovigilancia, no solo compromete la seguridad de los pacientes, sino que incrementa el gasto prevenible de la institución y del bolsillo de las familias. “La discusión no es si el precio importa, sino si puede convertirse en el único criterio cuando están en juego tratamientos de alto impacto y la estabilidad de miles de pacientes”, subrayó la organización. En noviembre de 2025, la CSS señaló que sus procesos de compra de medicamentos se realizan bajo un marco regulatorio sólido, con la participación de asociaciones de pacientes, gremios técnicos y especialistas clínicos, y con estándares internacionales de calidad y trazabilidad. La institución aseguró que todos los medicamentos adquiridos cumplen con los requisitos legales y técnicos para garantizar eficacia, seguridad y continuidad de los tratamientos. Este medio solicitó una versión a la CSS y a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta. De hecho, la CSS remitió el tema al Minsa. en el último año. ¿Eso lo sabrá Jorge Herrera? Capaz le da igual. No dijo nada cuando se fue Melitón; menos lo hará ahora. HORARIO. Parece que la juez Marquínez encontró la manera de participar en dos juicios de forma paralela. Ya dijo que esta semana la audiencia de Odebrecht será de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Seguramente así sea hasta el 13 de febrero.
5A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 Panorama La reunión es coordinada por la Cancillería de Panamá. Cortesía Estados del Caribe buscan una salida para la crisis de Haití Cecilia Fonseca C. [email protected] ENCUENTRO Panamá se convierte en sede de una respuesta regional a la crisis humanitaria de Haití, al acoger una conferencia del Caribe orientada a coordinar asistencia, movilizar recursos y promover estabilidad institucional. Panamá acoge hasta este martes 27 de enero la Conferencia Regional sobre Asistencia Humanitaria y Desarrollo de la República de Haití, organizada por la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con el propósito de articular apoyos políticos, técnicos y financieros frente a una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio. El encuentro busca traducir la preocupación regional en recursos concretos para atender las necesidades urgentes de un país de 11.8 millones de habitantes, donde más de la mitad de la población requiere asistencia. La combinación de inacción estatal, violencia armada, colapso institucional y falta de financiamiento ha llevado a que 5.7 millones de personas enfrenten inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1.9 millones se encuentran en niveles de emergencia. Para 2025, se estima que 288 mil niños padecerán desnutrición aguda, mientras que 6.4 millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria. A esta situación se suma el desplazamiento forzado de 1.4 millones de personas, que han huido principalmente de Puerto Príncipe, ciudad donde grupos armados controlan cerca del 85% del territorio. En el ámbito sanitario, el panorama es igualmente crítico: el 70% de las instalaciones de salud están cerradas, lo que ha incrementado el riesgo de brotes de sarampión, polio y cólera, especialmente en contextos de hacinamiento y movilidad forzada. Durante la inauguración del evento, la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, advirtió que Haití se encuentra en el centro de una emergencia humanitaria, social y de seguridad “sin precedentes” en la región, y subrayó la urgencia de avanzar hacia soluciones que restablezcan condiciones mínimas de movilidad, coordinación y acción institucional. Destacó que la conferencia reúne en un mismo espacio a Estados del Gran Caribe, organismos internacionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas y al propio Estado haitiano, al que definió como un actor clave del proceso. Espinoza Madrid alertó además sobre el impacto estructural de la crisis en el futuro del país. Más de 300 mil niños han visto interrumpida su educación, uno de cada cuatro está fuera del sistema escolar y el reclutamiento infantil por grupos armados ha aumentado de forma alarmante. A su juicio, cuando una generación entera crece sin educación ni protección, no solo se compromete el futuro de Haití, sino también la estabilidad regional. La secretaria general hizo un llamado a concebir la asistencia humanitaria como una respuesta integral y sostenida, vinculada a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Subrayó que, además de una obligación moral, se trata de una inversión estratégica para evitar que la crisis continúe profundizándose. El canciller panameño Javier Martínez-Acha, en su condición de presidente del Consejo de Ministros de la AEC, reconoció que Haití atraviesa una crisis humanitaria, institucional y de seguridad “sin precedentes”, que exige un enfoque respetuoso, empático y coordinado. Señaló que el Caribe es una comunidad de destino compartido y que la fragilidad de uno de sus Estados afecta inevitablemente a toda la región. Martínez-Acha indicó que la conferencia fue concebida como un espacio para explorar sinergias, alinear esfuerzos y movilizar capacidades en áreas críticas como seguridad alimentaria, salud, agua, protección de la niñez y mecanismos de financiamiento. Reiteró que Panamá sostiene que la respuesta a Haití debe ser regional, solidaria y sostenida, respetando el liderazgo haitiano y articulada con Naciones Unidas. La crisis actual tiene raíces profundas. Tras el devastador terremoto de 2010, que dejó más de 200 mil muertos, la debilidad institucional se agravó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Su sucesor, Ariel Henry, permaneció en el poder más allá de su mandato, lo que desató protestas violentas en 2024 y facilitó el avance de las pandillas. Las misiones internacionales previas se vieron limitadas por la falta de financiamiento. Actualmente, Haití es gobernado por un Consejo Presidencial de Transición, instaurado en abril de 2024, cuyo mandato expira el próximo 26 de febrero. Su misión de restablecer la seguridad y convocar elecciones no se concretó, en parte por la inestabilidad interna del propio órgano. La conferencia concluye hoy en Panamá con un diálogo de alto nivel y la presentación de una hoja de ruta regional, en un intento por transformar la preocupación compartida en acciones coordinadas frente a una crisis que ya desborda las fronteras de Haití.
6A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 La juez Baloisa Marquínez admitió las asistencias judiciales procedentes de Perú, Singapur, Andorra, Estados Unidos, Aruba y Antigua y Barbuda, solicitadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción como pruebas extraordinarias para ser usadas en el juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht. En cambio, la juez no admitió la declaración de un testigo protegido solicitada por la fiscalía, por considerar que no existe posibilidad de que la defensa realice un contrainterrogatorio. Tampoco autorizó la comparecencia de Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), a quien previamente se le remitió un cuestionario, el cual respondió “atendiendo todas las formalidades. Por tanto, no será interrogado en sala”, advirtió la juez. La juez tampoco avaló que se utilice un informe procedente de Brasil sobre pruebas realizadas en ese país, así como otro informe de los años 2004 y 2009 del Tribunal Electoral y del Tribunal de Cuentas en el que supuestamente se certifica que estas instituciones no han emprendido acciones ni investigado a Odebrecht. Estas pruebas extraordinarias fueron solicitadas por la defensa del expresidente e imputado, Ricardo Martinelli (2009-2014). A Martinelli, en cambio, sí se le permitió que utilice un supuesto “informe” del Ministerio de Gobierno (Mingob), sobre el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá. El expresidente ha invocado ese principio en múltiples ocasiones, para evitar ser enjuiciado. Ese argumento ya ha sido rechazado por la propia juez y por fallos de tribunales superiores. Marquínez también admitió dos pruebas extraordinarias requeridas por el abogado de Navin Bhatka, al señalar que son conducentes y fueron presentadas en tiempo oportuno. A la vez, la defensa del exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, podrá hacer uso de ¿Cuáles son las pruebas extraordinarias admitidas en el juicio de Odebrecht? JUICIO dos informes relacionados el patrimonio del exfuncionario, elaborados por la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas. Igualmente, la juez admitió las pruebas relacionadas con la idoneidad de Damaris Rodríguez, funcionaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), quien rindió un informe de inteligencia a la fiscalía relacionado con el caso. Al abogado del exministro de Vivienda, Carlos Duboy, se le permitirá utilizar como prueba un informe pericial y la declaración de un forente. Otro prueba extraordinaria que será ventilada en el juicio es la declaración del perito Eliseo Ábrego, quien elaboró un informe de actuación financiera el 27 de enero de 2025. El testimonio de Ábrego fue solicitado por la imputada Aurora Muradás. Al abogado de Jaime Lasso se le permitirá presentar pruebas que supuestamente demuestran que su defendido no ha sido procesado por delitos patrimoniales en el Tribunal de Cuentas. Al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, le admitió dos pruebas relacionadas con las operaciones de la sociedad Promotora Desarrollo Los Andes, que muestran la relación entre su empresa familiar, Grupo Suárez, y la familia Martinelli. La fiscal Morcillo se había opuesto a todas las pruebas extraordinarias presentadas por los abogados defensores por considerarlas extemporáneas e inconducentes, ya que muchas de ellas están dentro del expediente. En mayo de 2011 Ricardo Martinelli invitó al entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (centro) a la inauguración de uno de los tramos de la cinta costera. A su lado, André Rabello (derecha). Archivo Rabello y cuatro delatores no testificarán en juicio Odebrecht Juan Manuel Díaz Mónica Palm [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] BLAQUEO DE CAPITALES La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo anunció su decisión ante la imposibilidad de contactarlos, ya que las autoridades de Brasil han comunicado que no colaborarán más con Panamá. Los brasileños André Rabello, Olivio Rodrigues Junior, Luiz Antonio Mameri, Marco Grillo y Ángela Palmeira Ferreira, cinco antiguos ejecutivos y operadores de Odebrecht, no se presentarán como testigos de la Fiscalía Especial Anticorrupción durante el juicio por blanqueo de capitales que se lleva a cabo en la sala de la juez Baloisa Marquínez. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo anunció su decisión ayer lunes 26 de enero, ante la imposibilidad de contactarlos, ya que las autoridades de Brasil han comunicado que no colaborarán más con Panamá. Las declaraciones de Rabello, Rodrigues, Mameri, Grillo y Palmeira ya constan en el expediente; todos tienen acuerdos de colaboración eficaz y/o de pena con la Fiscalía. Los cinco explicaron con lujo de detalle cómo funcionaba la red de sociedades anónimas utilizada por Odebrecht para pagar sobornos a políticos, funcionarios y testaferros panameños, a cambio de contratos con el Estado. Los cinco Rabello fue el intendente de Odebrecht en Panamá. Como parte de su acuerdo de colaboración eficaz, aportó información sobre el mecanismo utilizado para realizar los acercamientos con los funcionarios panameños y las personas allegadas a estos, a fin de poder determinar los montos a pagar y los privilegios que se le otorgaron a la constructora. Incluso aportó las órdenes de pago giradas a los bancos y quiénes eran los beneficiarios finales de los sobornos. Mameri es descrito en el expediente como el “líder” de Odebrecht para Latinoamérica desde el año 2009. Por tanto, le correspondía autorizar los pagos ilegales solicitados por la oficina en Panamá. Fue uno de los primeros testigos en explicar sobre la existencia y funcionamiento de “Drousys”, el sistema electrónico empleado por la Oficina de Operaciones Estructuradas para canalizar las coimas. Grillo era un empleado de Odebrecht que manejaba cuentas y contratos ficticios en la Oficina de Operaciones Estructuradas, mientras que Ángela Palmeira trabajaba en la sede de la firma en Salvador, Brasil; su jefe era Fernando Migliaccio, quien, como Olivio Rodrigues, era operador de los pagos ilegales y manejaba su propia red de sociedades anónimas para hacer las transferencias. Otros testimonios excluidos La fiscal Morcillo también pidió excluir de su lista de testigos a Raúl de Saint Malo, Jorge Espino, Andrés Mosez Libedinski y Ramón Carretero Napolitano. Las declaraciones de De Saint Malo y de Espino están relacionadas con tres acusados que son procesados aparte, por la Corte Suprema de Justicia, por ser miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen): los hermanos Ricardo Albeto y Luis Enrique Martinelli Linares y el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford. En tanto, Mosez es cuñado de Danna Harrick, exdirectora del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), quien fue declarada reo rebelde. Sobre Carretero, está en Venezuela, donde se recupera de las heridas de un accidente de avioneta ocurrido en septiembre de 2025. En cambio, la fiscal confirmó que sí llamará a Gabriel Alvarado Far, Olmedo Méndez y Mauricio Cort. Además, dijo que su primer testigo será Yara Campo, actual directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral. Campo explicará las donaciones privadas que Odebrecht realizó a varias campañas de los periodos electorales de 2009 y 2014, y cómo las mismas burlaron el Código Electoral. La juez Marquínez cerró la sesión de este lunes, poco antes de mediodía. El juicio se reanuda el martes 27 de enero. Marquínez informó que, esta semana, el juicio se desarrollará en un horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, coincidirán mañana en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF y el Gobierno panameño, en un contexto regional marcado por tensiones comerciales y diplomáticas. La presencia de Noboa se produce pocos días después de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordaron temas arancelarios y de comercio bilateral, en medio de ajustes a las políticas comerciales impulsadas desde Washington. El foro, conocido como el “Davos latinoamericano”, reunirá también a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, además del anfitrión, José Raúl Mulino. Aunque no hay confirmación oficial de un encuentro bilateral entre Petro y Noboa, la cita genera expectativas tras la reciente escalada Panamá,punto de encuentro de presidentes de la región FORO REGIONAL arancelaria entre Colombia y Ecuador, derivada de diferencias en la lucha contra el narcotráfico fronterizo. En paralelo, Panamá será escenario de la primera reunión bilateral entre los presidentes de Bolivia y Brasil. El encuentro entre Paz y Lula busca abrir un nuevo ciclo en la relación política entre ambos países y fortalecer la coordinación regional, en momentos en que América Latina intenta reposicionarse en el escenario económico global. EFE Los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE La juez Baloisa Marquínez informó que esta semana, el juicio se desarrollará de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Captura de pantalla
7A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 Carlos Gasnell y la muralla que Panamá olvidó Getzalette Reyes [email protected] LITERATURA Una novela que reconstruye, desde la ficción, la memoria de la ciudad amurallada del Casco Antiguo de Panamá, ubicada en San Felipe, y cuestiona el abandono de su patrimonio histórico. Corría el año 2008 cuando el abogado y escritor panameño Carlos Alberto Gasnell Acuña decidió dar un giro a su trayectoria profesional y comenzar a escribir su primera novela. Se encontraba en España realizando estudios académicos y, mientras recorría ciudades históricas aún protegidas por murallas, comenzó a preguntarse por una ausencia que lo inquietaba profundamente: ¿por qué Panamá había derribado la muralla del Casco Antiguo y por qué esa historia no se enseñaba en las escuelas? Ese cuestionamiento se convirtió en el punto de partida de una obra literaria que uniría memoria histórica, denuncia patrimonial y una promesa personal. Gasnell había prometido a su madre que algún día escribiría una novela y se la regalaría. Aunque ella no lo tomó del todo en serio, él sí. Al regresar de España, comenzó a escribir una historia ambientada en el Casco Antiguo de Panamá, específicamente en el barrio de San Felipe, antigua ciudad amurallada fundada en 1673. La novela, titulada Bajo la Antigua Puerta de Mar, sigue a un joven interesado en reconstruir simbólicamente la ciudad amurallada para atraer turistas y rescatar una historia parcialmente olvidada. A través de la ficción, el autor plantea una crítica al abandono del patrimonio histórico y a la falta de divulgación sobre la importancia de las murallas, de las que hoy solo queda un tramo visible cerca de la Plaza Herrera. Para Gasnell, ese vestigio debería estar protegido, señalizado y acompañado por guías permanentes, dada su relevancia histórica. Uno de los elementos más llamativos de la obra es la inclusión de una joven guía turística invidente, personaje que aporta una dimensión humana y simbólica a la narrativa. Años después de escribir la novela, Gasnell conoció en la vida real a una guía del Casco Antiguo que es ciega, con quien hoy mantiene una amistad. “Mi personaje ficticio existía y yo no lo sabía”, ha comentado el autor, subrayando cómo la realidad terminó dialogando con su ficción. En 2021, Bajo la Antigua Puerta de Mar obtuvo el Premio Ricardo Miró en la categoría de novela, el máximo galardón literario del país. Aquella edición del certamen estuvo marcada por la pandemia de la covid-19 y por un cambio significativo: por primera vez, los manuscritos se enviaron de forma digital. Ese año se inscribieron 69 novelas, más del doble del promedio habitual. Al conocer esa cifra, Gasnell pensó que sus posibilidades de ganar eran mínimas, más aún tratándose de su primera novela. La participación en el concurso se mantuvo en secreto incluso para sus padres. Solo su esposa y su hijo, entonces de 11 años, sabían que había terminado la novela y que estaba concursando. La noticia del premio le llegó de forma inesperada, durante una cena, y marcó un antes y un después en su vida. Hastaesemomento,Gasnell se había dedicado principalmente al derecho, la docencia universitaria en la Universidad Santa María La Antigua y la publicación de libros jurídicos, el primero de ellos en 2004. Tras ganar el Miró, su vida comenzó a repartirse entre el ejercicio profesional y la literatura. Desde entonces, escribe de forma constante, dicta charlas en colegios y participa en ferias del libro, consolidando una faceta literaria que nació como un gesto íntimo y terminó convirtiéndose en una vocación. En 2023, participó en el Concurso Municipal de Literatura Carlos Francisco Changmarín, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría de novela con Aramís, una obra corta sobre emprendimiento juvenil. Aunque la novela no fue publicada por cambios administrativos tras un relevo gubernamental, Gasnell decidió editarla por su cuenta con el dinero del premio. En 2024 se realizó el lanzamiento oficial de Detrás de la Puerta Enterrada, segunda parte de Bajo la Antigua Puerta de Mar. Es la primera vez que una novela ganadora del Premio Ricardo Miró tiene una continuación. El autor explica que el final de la primera entrega quedó abierto de manera intencional, pues siempre concibió la historia como una saga con potencial para una tercera parte, proyecto que ya contempla. Gasnell, quien se define como un “escritor madrugador” que comienza a escribir desde las 4:00 a.m., asegura que su carrera literaria nació como un regalo para su madre y se transformó en una necesidad creativa. Mientras tenga tiempo, disciplina y energía, afirma, seguirá escribiendo. El autor presentará Detrás de la Puerta Enterrada el próximo 29 de enero, a las 5:00 p.m., en la Biblioteca Rogelio Sinán, ubicada en la Ciudad de las Artes, en la ciudad de Panamá. Carlos Gasnell y su novela. Cortesía
8A La Prensa Panamá, martes 27 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. a tiros y su abandono en fosas comunes en Polonia, Ucrania y otras partes de Europa Oriental. El Holocausto es la solución final diseñada por los nazis al judaísmo en Europa, decidida en la Conferencia de Wannsee, donde calcularon matar a once millones de judíos; es el sistema de transporte de seres humanos en vagones de tren, fabricados para llevar animales. El Holocausto es la matanza sistemática en lugares camuflados como duchas, pero en lugar de agua salía el potente gas Zyklon B, y luego la quema de los muertos en los crematorios de campos de exterminio como Sobibor, Majdanek, Chelmno, Treblinka o Auschwitz-Birkenau. El Holocausto es la matanza de seis millones de judíos, cuya única culpa fue haber nacido judíos. La obligación de nuestra generación es seguir recordando, seguir educando y hacer todo lo posible para que el Holocausto nunca más vuelva a ocurrir. Parece que Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Río Indio y el Canal: decisión estratégica para la economía Proyecto hídrico Río Indio no es un proyecto menor; es una decisión estratégica que garantiza el suministro de agua potable y la continuidad operativa del Canal. Este activo geopolítico sostiene una parte considerable de la actividad económica y la capacidad fiscal del Estado. Hablar del reservorio de agua sin reconocer esto es perder la perspectiva. La operación del Canal condiciona cadenas logísticas globales y la estabilidad macroeconómica de Panamá, por lo que cualquier política hídrica debe tratarse como política de Estado. Las inquietudes sobre desplazamientos y pérdida de hábitats son legítimas, pero deben responderse con evidencia técnica y compromisos operativos. Una hoja de ruta consonante requiere que las medidas de mitigación sean operativas desde el diseño. Los estudios serios no solo identifican impactos, sino que proponen planes de reubicación con compensación justa y reconversión productiva. Convertir estas medidas en fideicomisos con gobernanza y auditoría externa transforma promesas en obligaciones, garantizando que los costos sociales no recaigan sobre las comunidades. Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la vía interoceánica aporta de manera sostenida alrededor del 11% del producto interno bruto nacional, incluyendo transferencias directas al Tesoro y efectos indirectos en logística y comercio. Si la ciencia prueba que Río Indio puede reducir de forma significativa las restricciones de agua, esos resultados deben ser públicos y verificables. Cuando los supuestos resisten la revisión técnica, la decisión responsable es avanzar; si no, corresponde replantear. Ese es el verdadero estándar para una decisión de Estado. Llevar a cabo Río Indio es necesario para garantizar el agua y proteger nuestra economía. Defender el Canal y a las comunidades no son objetivos opuestos. La ACP inició procesos técnicos sin renunciar a las salvaguardas ambientales. A la sociedad nos corresponde respaldar este esfuerzo institucional, exigiendo transparencia y cumplimiento de los compromisos que se adquieran. El insulto como refugio del político sin argumentos Debate político ñalización tribal: no busca convencer al adversario ni a los indecisos, sino reforzar la cohesión del propio grupo mediante emociones de pertenencia y rechazo al “otro”. Estudios de comunicación política muestran que los mensajes cargados de desprecio generan más interacciones y visibilidad que los razonados, lo que los hace rentables en una economía de la atención dominada por algoritmos y redes sociales. Sin embargo, el precio es elevado. Cuando los insultos sustituyen sistemáticamente a los argumentos, el debate público se degrada en un griterío sin sentido: se pierde la deliberación colectiva, se normaliza la descalificación como método legítimo y se erosiona la confianza en las instituciones. Una asamblea o un órgano ejecutivo donde los representantes se atacan con adjetivos infundados deja de ser un espacio de resolución de conflictos para convertirse en política del espectáculo sin reglas. La ciudadanía, al presenciarlo, termina desencantada o reproduciendo el mismo patrón en sus conversaciones. En última instancia, el insulto sin argumentos revela tres realidades simultáneas: falta de preparación o ideas propias, desprecio por el interlocutor y, por extensión, por la ciudadanía que observa, y una apuesta estratégica por la emoción cruda en lugar de la persuasión racional. Cuando un político recurre exclusivamente al insulto ante una pregunta o controversia incómoda, el mensaje real no es “mi adversario está equivocado”, sino “no tengo nada mejor que ofrecer”. Es una rendición disfrazada de agresividad. Una democracia sana requiere adversarios que se respeten lo suficiente como para escucharse y rebatirse con razones, no con adjetivos. Recuperar ese estándar no es mera cortesía, sino una necesidad Tomás Cristóbal Alonso El Holocausto: que no se repita jamás Memoria histórica En 2005 la ONU declaró el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Pero qué es el Holocausto? El Holocausto es el antisemitismo moderno, basado en el odio antiguo hacia los judíos; es la pervertida ideología racista que decidió que los judíos son la peor raza; es la propaganda nazi culpando a los judíos por todo lo malo de aquella época; es la discriminación del niño judío y de la niña judía en su clase; la expulsión de los médicos y músicos judíos de sus asociaciones y lugares de trabajo; es la humillación de los judíos mientras les obligaron a ir con un rótulo amarillo que decía “judío”. El Holocausto es la confinación de los judíos en diferentes guetos, donde murieron de hambre y de enfermedades, y es la famosa Kristallnacht (la quema de sinagogas, libros, bienes y objetos religiosos judíos). El Holocausto es la matanza de los judíos es una tarea fácil que todos conozcan esta tragedia, pero no es así. Más de ocho décadas después de que el ejército ruso liberó el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, todavía hay personas que niegan que el Holocausto existió; todavía hay grupos neonazis que adoptan estos signos enfermos; todavía hay quienes pintan grafitis antisemitas o frases como “judíos fuera”, en diferentes partes del mundo. La tragedia del Holocausto tiene implicaciones de alcance universal y nos confiere responsabilidad a todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de no permitir el genocidio del pueblo judío, ni de ningún otro pueblo. Tenemos la responsabilidad de aprender y enseñar las lecciones del Holocausto para impedir que nunca se repitan. Tenemos la responsabilidad de actuar contra las fuerzas del antisemitismo, la intolerancia y el racismo en cualquiera de sus formas. Y tenemos la responsabilidad de condenar a los que educan a sus niños para asesinar y matar en nombre de Dios. No quiero escribir sobre venganza. Desde mi punto de vista, la mejor venganza del pueblo judío es la creación del Estado de Israel, un Estado desarrollado y vibrante, gigante en las ciencias, en la tecnología, en la medicina, en la agricultura, en la ciber y en la innovación, que celebra este año su septuagésimo octavo aniversario. Como orgulloso embajador de Israel, el Estado soberano del pueblo judío, y en nombre de las víctimas, incluyendo a casi toda la familia de mi abuela, les prometo a todos ustedes, les prometo a los sobrevivientes y le prometo a todo el pueblo judío una promesa que se sintetiza en dos palabras: ¡Nunca más! Opinión EL AUTOR es empresario. EL AUTOR es embajador de Israel en Panamá. EL AUTOR es abogado, docente y doctor en Derecho. Julio Trelles Metzner práctica: sin argumentos sólidos ni disposición a confrontarlos honestamente, solo queda ruido. Y el ruido, por intenso que sea, nunca ha resuelto un problema estructural de la sociedad. Mientras el insulto siga siendo premiado como sustituto del pensamiento, permaneceremos atrapados en un ciclo de descalificaciones, titulares virales y problemas nacionales sin resolver. Gritar un insulto es fácil; explicar cómo mejorar la vida de la gente exige esfuerzo, rigor y la valentía de aceptar que uno puede estar equivocado. Solo cuando juzguemos a nuestros representantes por la calidad de sus respuestas y no por la creatividad de sus agravios, el insulto volverá a ser un lapsus ocasional, no una estrategia de poder. Una crítica es válida en política cuando contribuye efectivamente al fortalecimiento de la democracia, a la rendición de cuentas y a la búsqueda del bien común, en lugar de atacar, polarizar o manipular. No toda crítica merece credibilidad: muchas son ruido, propaganda o desahogo emocional. Su validez surge cuando se sostiene en hechos verificables y evidencia concreta (no en rumores ni generalizaciones vagas), está orientada a la mejora y al bien común (señala fallos, explica su relevancia y, cuando procede, propone alternativas viables), se centra en políticas, decisiones y resultados (no en ataques personales), se expresa con respeto y civismo en contextos adecuados (evitando odio, burla o desprecio) y proviene, idealmente, de fuentes creíbles o de buena fe (sin conflictos de interés evidentes ni whataboutism). En síntesis, una crítica política válida se apoya en hechos, propone soluciones, enfoca lo que se hace y no quién lo hace, se formula con respeto y busca genuinamente que las cosas funcionen mejor para la sociedad. Cuando cumple estos elementos, fortalece la democracia mediante transparencia y mejora continua. Cuando faltan, se convierte en ruido que erosiona la confianza, profundiza la polarización y favorece formas degradadas del poder. La crítica verdaderamente valiosa no es “decir sin filtro”, sino argumentar con rigor y responsabilidad para construir un mejor presente y futuro colectivo. Desde hace varias semanas, el debate político en Panamá ha desplazado progresivamente la ironía y el argumento razonado hacia el insulto como respuesta habitual ante opiniones contrarias. Lo que antes podía ser una falta de respeto ocasional se ha convertido en un recurso frecuente: cuando un político opta por descalificar al adversario con adjetivos que menoscaban su carácter, en lugar de responder con datos, propuestas o razonamientos sólidos, no está debatiendo, sino desertando del intercambio de ideas. El insulto puro, desprovisto de sustento argumental, no es una forma legítima de confrontación ideológica; es un reconocimiento público de la ausencia de una respuesta convincente. Como señalaba Aristóteles en su Retórica, los discursos efectivos apelan al logos (razón), al pathos (emoción) y al ethos (credibilidad). El insulto prescinde casi por completo del logos y recurre a un pathos primario: indignación y molestia, desprecio inmediato y satisfacción emocional al humillar al “enemigo”, mientras erosiona el ethos del oponente sin demostrar nada. Se trata de una maniobra de bajo costo cognitivo y alto rédito inmediato. Este recurso recibe un nombre preciso en la lógica informal: la falacia ad hominem. Atacar a la persona en vez de refutar su argumento no invalida lo dicho, pero desvía la atención del público. Ante críticas concretas como el aumento de la pobreza, el fracaso de una reforma o las contradicciones entre promesas electorales y hechos, resulta más sencillo desacreditar al mensajero que responder al mensaje. Insultar no exige evidencia; demostrar que una acusación es infundada requiere datos, contexto y paciencia. En contextos de alta polarización, el insulto cumple además una función de seUn recordatorio necesario sobre el antisemitismo, la memoria histórica y la responsabilidad colectiva de educar y actuar para que el genocidio del pueblo judío no vuelva a repetirse. Mattanya Cohen El uso del insulto como respuesta política refleja la ausencia de argumentos, degrada el debate público y debilita la democracia al sustituir la razón por la descalificación emocional. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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