4A La Prensa Panamá, sábado 24 de enero de 2026 Panorama El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, en el inicio del diálogo por la reforma de la Ley Orgánica de Educación. Cortesía/André Pimentel Comisión legislativa inicia debate nacional para una nueva ley marco Yaritza Mojica [email protected] REFORMA EDUCATIVA Un día antes, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional se reunió con la ministra Lucy Molinar y, al final, anunciaron que trabajarían de forma conjunta por una propuesta de consenso. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional inició ayer −desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)− un proceso de análisis y diálogo nacional para la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, con la participación de autoridades educativas, gremios docentes, padres de familia, estudiantes, expertos nacionales e internacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad. Durante el acto de apertura, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Jorge Bloise, afirmó que el país enfrenta una deuda histórica en materia educativa y subrayó que el objetivo no es reformar la Ley 47 de 1946 (la norma fundamental que organiza el sistema educativo en Panamá), sino construir un nuevo marco legal que convierta los compromisos educativos en obligaciones jurídicas exigibles. “No nos convoca un evento más, nos convoca la responsabilidad de saldar una deuda histórica mediante el inicio del análisis para una nueva Ley Orgánica de Educación”, expresó Bloise, al señalar que existe una coincidencia de voluntades entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo para impulsar una nueva normativa. El diputado advirtió que el sistema educativo panameño atraviesa crisis estructurales en calidad, equidad, gestión e inversión, reflejadas en profundas brechas sociales. “Un niño en la comarca alcanza en promedio cuatro años menos de escolaridad que uno en la ciudad. El 20% más pobre del país apenas llega a cinco años de escolaridad, mientras que el 20% más rico alcanza 14”, detalló. Bloise manifestó que su aspiración es que una nueva ley garantice al menos 14 años de escolaridad para todos los niños y jóvenes del país, sin importar su lugar de nacimiento. Como parte del proceso, la Comisión anunció la instalación de mesas de trabajo con ocho sectores: el Ministerio de Educación (Meduca), docentes, padres de familia, estudiantes, organizaciones no gubernamentales educativas, universidades, sector privado y sector trabajador. Estas mesas funcionarán antes de que el proyecto formal sea presentado ante la Asamblea Nacional. El inicio del debate contó con el acompañamiento de expertos internacionales con experiencia en reformas educativas, entre ellos Andrés Schleicher, creador del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA); Tue Halgreen, analista principal de políticas públicas educativas de la OCDE; María Victoria Angulo (Colombia) y Monserrat Creamer (Ecuador), exministras de Educación de la región, quienes aportarán evidencia sobre políticas que han funcionado y aquellas que no. “No estamos aquí para remendar una ley antigua, sino para construir juntos un marco legal sólido que convierta la educación en una verdadera política de Estado”, afirmó Bloise. Con respecto al proceso de diálogo, incluirá también una encuesta virtual abierta a la ciudadanía y transmisiones en línea, con el fin de ampliar la participación de la población. Además, una vez presentada la propuesta del Ejecutivo, la Comisión realizará giras regionales, incluidas las comarcas indígenas, para desarrollar un proceso de escucha activa y revisión técnica del proyecto. “Sin prisa, pero sin pausa. El futuro de Panamá no se va a juzgar por nuestros discursos, sino por la ley que aprobemos”, concluyó el diputado Bloise. Rezagos en la descentralización educativa Por su parte, Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), quien participó en el evento realizado en el Parlatino —donde se presentaron expositores internacionales—, señaló que uno de los temas que más llamó la atención fue la descentralización educativa. Indicó que, aunque Panamá aprobó este modelo en 1995 mediante la Ley 28, el sistema educativo continúa altamente centralizado 31 años después, lo que limita la capacidad de acción de las direcciones regionales. También se abordaron las pruebas internacionales, como PISA y ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), en las que —según los expositores— Panamá cuenta con los recursos económicos necesarios, pero enfrenta rezagos en el rediseño curricular. El Meduca implementará, a partir de este año, un nuevo proceso de rediseño curricular. Sin embargo, el vocero gremial cuestionó la falta de participación de los gremios docentes en estos procesos de actualización curricular. Con respecto al diálogo, Montero confirmó que el sector magisterial formará parte de las ocho mesas de trabajo que iniciarán el 30 de enero, junto a otros sectores, con el objetivo de discutir posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación. Montero reiteró que los gremios están dispuestos a participar en todos los espacios de diálogo, tanto en la Comisión de Educación como en las convocatorias del Meduca; no obstante, subrayó que las deficiencias del sistema educativo responden a la falta de ejecución de la ley vigente por parte del Estado y no a su antigüedad. Añadió que los educadores esperan conocer la propuesta del Órgano Ejecutivo antes de fijar una posición definitiva sobre una nueva ley de educación. En el evento organizado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional no estuvo presente la ministra de Educación, Lucy Molinar. Un día antes, los comisionados y Molinar se reunieron en la sede del Meduca. Tras ello, Molinar remarcó que cada uno tiene sus áreas de responsabilidad, que al Ejecutivo, a través de su ministerio, le corresponde presentar la propuesta y que a la Asamblea le compete su análisis y discusión posterior. Bloise, por su parte, destacó que se trabajaría de forma conjunta para obtener una propuesta consensuada. Reforma educativa debe ir sin fines políticos En esta misma línea, Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), expresó su preocupación por la posible reforma educativa y advirtió que cualquier cambio en el sistema carecerá de legitimidad si se impone de forma vertical o con fines políticos. La organización subrayó que la educación es un derecho fundamental cuyo vínculo primario recae en la familia y que no puede ser utilizada como herramienta de confrontación o control institucional. El vocero de Anpafa señaló que una reforma auténtica debe construirse a partir de consensos amplios y verificables, con la participación efectiva de los padres de familia, y atender condiciones esenciales como la seguridad escolar, la infraestructura adecuada, la nutrición, el apoyo psicopedagógico y el fortalecimiento de las comunidades educativas. Reiteró que no permitirán que los estudiantes sean instrumentalizados y exigió que la educación sea tratada como una política de Estado seria, humana y ajena a la politiquería. Ese proyecto de ley sobre el etanol en combustibles apesta a negociado por donde se mire. Es que todo se reduce a la obligatoriedad. En cambio, los que tienen ingenios –incluidos dos angelitos de los negocios: el contralor y el expresidente condenado por lavar dinero– harán el negocio de sus vidas sin arriesgar capital. Y todavía dice uno de esos dos descarados que no hay conflicto de interés. Sus brújulas morales carecen de norte; apuntan siempre hacia ellos, porque son cachivaches inservibles, arreglados por ellos mismos para torcer las cosas a fin de que todo sea para su beneficio personal. ¿Cómo creer en un funcionario que mediante una simple resolución ha paralizado las actividades administrativas, gastos e inversiones de un municipio tan importante como San Miguelito, solo porque a él le da su regalada gana? No hay duda de que el poder desnuda y lo que toda esta situación revela con los desechos en ese distrito es que algunos matan por revolcarse en la basura. Y este aprendiz de dictador que gobierna desde la avenida Balboa no le tiembla la mano para hacer su nada santa voluntad. Así como el etanol será una fuente de recursos sin mayor esfuerzo para su bolsillo, preguntémonos ¿a quién beneficie la virtual paralización de las actividades del Municipio de San Miguelito? Pues a nadie. De hecho, perjudica a todos los habitantes de ese distrito. Son cientos de “pataconcitos” donde yacen toneladas de basura. Pero a él no le importa un rábano con los residentes de San Miguelito: ¡Que se pudran! Ah, pero a los dueños de la empresa Hombres de Blanco, a esos sí hay que pagarles por su supuesta limpieza de hospitales del Ministerio de Salud. Esos sí que no se pueden quedar sin plata, pero las familias de San Miguelito, ¡al diablo con ellas!, que se ahoguen en la basura. ¡Quien los manda a elegir una alcaldesa independiente! En su institución está el contrato para recoger la basura en San Miguelito, pero Bolo Flores lo que ha hecho es entablar una guerra con Irma Hernández, reduciendo la capacidad de refrendo de los fiscalizadores de la Contraloría en la Alcaldía de $50 mil a solo mil dólares. ¿Por qué no hace eso en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no le aplica la misma regla al Ministerio de Gobierno donde se cocinan no solo las comidas de los huéspedes del sistema penitenciario? ¿Por qué no hace en el Ministerio de Salud, con sus amiguitos de Hombres de Blanco? ¿Por qué no frena la nueva descentralización paralela? ¿Por qué tanto leseferismo con los contratos de Etesa o los del Ministerio de Seguridad? La hipocresía de Flores es tanto o más que la del presidente de la República. El solo hecho de que él defienda el proyecto de ley del etanol es suficiente razón para mí para desconfiar de sus aparentes propósitos, pues esconde órdenes para el ciudadano. Primero, el uso del etanol será obligatorio para todos los conductores; segundo, los importadores y distribuidores de combustibles estarán obligados a adquirir la totalidad del bioetanol disponible en el país. Tercero: si el combustible es importado a Panamá previamente mezclado con etanol, el impuesto pasa de 60 centésimos por galón a $3.78 por galón. Y si es diésel importado con biodiésel, el impuesto por galón pasa de 25 centésimos a $1.58 por galón. O sea, obligarán a la compra a los locales. Y todo esto es apenas la punta del iceberg. Aseguran que buscan generar empleos. Yo digo que es falta de capacidad, imaginación y pura incompetencia. Si quieren entrar a competir en un mercado tan competitivo como los combustibles, háganlo bajo su propio riesgo. Nosotros no tenemos que estar obligados a garantizarles nada. ¿Quieren obligarnos a consumir sus productos? Entonces, ¿por qué no se hace obligatorio que todos los funcionarios panameños en cualquier cargo se atiendan en el sistema público de salud en lugar de ir a hospitales en Houston, New York, Madrid o cualquier otro en el extranjero? ¿Lo nuestro primero? Entonces pongan ustedes el ejemplo, ¡caraduras! Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Alcaldía fija horarios y prohibiciones para el Carnaval La Alcaldía de Panamá emitió un decreto que establece los horarios, regulaciones y restricciones para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero. El documento señala que el área oficial del evento comprende la cinta costera 1 y la avenida Balboa. La tarima principal, los toldos y las actividades comerciales operarán el viernes 13 de febrero en horario de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.. Del sábado 14 al martes 17, las actividades se realizarán en jornadas diurnas, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y nocturnas, de 6:00 p.m. a 4:00 a.m. El área infantil y los juegos mecánicos estarán habilitados todos los días de 5:00 p.m. a 11:59 p.m. En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, estará permitida hasta las 3:00 a.m., una hora antes del cierre de la tarima principal. Asimismo, se establece que toda actividad comercial temporal deberá contar con los permisos municipales correspondientes y cumplir las normas vigentes. El documento incluye 20 prohibiciones, entre las que figuran el ingreso de hieleras, envases de vidrio, armas blancas, la venta de alcohol a menores de edad, la manipulación de pirotecnia sin autorización, el uso de disfraces que imiten estamentos de seguridad y cualquier acto que altere el orden público. Además, la venta ambulante sin autorización, lanzar harina, productos químicos, serpentina o confeti que puedan causar lesiones. VOLUMEN CARIBE 2026 Getzalette Reyes [email protected] Los estamentos de seguridad se encargarán de hacer cumplir el decreto. Archivo
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