2A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Momento en que Arrocha selló su alianza con Martín Torrijos para las elecciones de 2024. Archivo Arrocha renuncia al Partido Panameñista PROSELITISMO El excandidato presidencial y exdiputado Melitón Arrocha anunció su salida de las filas del opositor Partido Panameñista. A través de una nota dirigida a Jorge Herrera, presidente del partido, con fecha del 5 de enero de 2026, Melitón informó sobre su “renuncia irrevocable” como miembro de esa organización política. A su juicio, el partido “se encuentra muy alejado de cumplir” su papel como oposición. “El mandato popular conferido al Partido Panameñista en las pasadas elecciones fue, de manera inequívoca, ejercer un rol de oposición; una oposición responsable, firme y constructiva”, afirma el político. Sin embargo, agregó, ve con “preocupación” que en la actualidad el partido ha terminado, en la práctica, como “un brazo encubierto ejecutor del Gobierno, diluyendo la independencia que debería distinguirnos y debilitando la confianza pública en la función opositora”. Además, dijo que el país atraviesa un momento que exige una renovada institucionalidad democrática, capaz de propiciar una verdadera representación ciudadana, una separación real de poderes y una rendición de cuentas efectiva. Melitón es abogado y fue ministro de Estado y diputado (2014-2019). Participó como candidato presidencial por la libre postulación, bajo la bandera del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS). Aleida Samaniego C. [email protected] ‘Quieren destruir San Miguelito y a su alcaldesa’, advierte Juan Diego Vásquez ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL La decisión de la Contraloría General de la República de reducir de forma drástica el límite para la delegación de refrendo en el Municipio de San Miguelito provocó la reacción del exdiputado Juan Diego Vásquez, quien acusó al órgano fiscalizador de aplicar un trato selectivo y de utilizar los mecanismos de control financiero como una herramienta de presión política contra autoridades locales que no son afines. Vásquez cuestionó la medida, que reduce de $50,000 a apenas $1,000 el monto máximo que pueden refrendar los coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización de la Contraloría en San Miguelito. Según el exdiputado, la decisión no responde a criterios técnicos ni administrativos, sino que constituye una acción dirigida exclusivamente contra este distrito y, en particular, contra la alcaldesa Irma Hernández, con quien el contralor Anel Flores mantiene un enfrentamiento público desde hace semanas. “Quieren destruir a San Miguelito y a su alcaldesa”, planteó Vásquez en su cuenta de Instagram. En su pronunciamiento, el exdiputado cuestionó que la Contraloría haya optado por una restricción de este calibre en San Miguelito, mientras que otros municipios señalados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos continúan operando sin limitaciones similares. Como ejemplo, Vásquez mencionó los casos de Chame y San Carlos, municipios que —según ha denunciado de forma reiterada— habrían recibido recursos que no debieron haber recibido y que posteriormente fueron transformados en donativos y subsidios. En esos expedientes, señaló, la Contraloría se limitó a anunciar auditorías, sin imponer medidas que afectaran directamente la operatividad administrativa de las alcaldías. “Esas alcaldías siguen funcionando perfectamente bien, pero el contralor ahora decidió actuar en San Miguelito sin ningún motivo aparente”, sostuvo el exdiputado, quien considera que la reducción del límite de refrendo no tiene precedentes recientes y genera un impacto directo en la capacidad de gestión del municipio. Para Vásquez, la decisión está directamente relacionada con la postura asumida por la alcaldesa Hernández frente al conflicto por el servicio de recolección de basura y con su negativa a ceder ante presiones e intereses económicos. En ese sentido, calificó la medida como una represalia institucional contra una administración municipal que, según su versión, ha frenado negocios irregulares y ha incomodado a actores con poder político y económico.“Este es el ejemplo más claro del trato desigual a los amigos chen chen y a los enemigos plomo”, afirmó Vásquez, aludiendo a una supuesta utilización política de los mecanismos de control fiscal para favorecer a aliados y castigar a adversarios. Medida de la Contraloría en San Miguelito La reducción del límite de refrendo fue formalizada mediante la Resolución No. 150-DNFG del 16 de enero de 2026, firmada por el contralor Anel Flores y publicada en la Gaceta Oficial el martes 20 de enero. A partir de esta disposición, cualquier documento municipal que supere los $1,000 deberá ser remitido a la sede central de la Contraloría para su refrendo, eliminando la posibilidad de que estos trámites se resuelvan a nivel distrital. Funcionarios municipales y críticos de la medida han advertido que este cambio podría ralentizar de manera significativa el pago a proveedores, la firma de contratos, la ejecución de proyectos comunitarios y la prestación de servicios básicos, en un distrito que es uno de los más poblados y con mayores demandas sociales del país. A la reducción del límite de refrendo se suma otra decisión que ha generado preocupación: las planillas municipales dejarán de procesarse en la sede distrital de la Contraloría y pasarán a la oficina central. Según sectores municipales, esta medida incrementará los tiempos de tramitación y concentrará aún más los controles administrativos en la capital, afectando la operatividad diaria del municipio. Hastaelmomento,laContraloría General de la República no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las razones técnicas o administrativas que motivaron la reducción del límite de refrendo únicamente en San Miguelito. Tampoco ha respondido de forma directa a los señalamientos de trato discriminatorio y de uso político del control fiscal planteados por Vásquez. El pronunciamiento del exdiputado se produce en medio de un conflicto más amplio entre la alcaldía de San Miguelito y el Gobierno Central, originado por el vencimiento del contrato de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), que durante 25 años prestó el servicio de recolección de basura en el distrito. Tras la expiración del contrato, el Ministerio de Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunciaron que esta última asumiría el servicio, pese a que aún estaba pendiente el refrendo de la Contraloría, lo que generó un choque institucional con la alcaldesa Hernández. En ese contexto de confrontación, la reducción del límite de refrendo es vista por Vásquez y otros actores políticos como una nueva escalada en un conflicto que ha dejado de ser meramente administrativo y que, según advierten, amenaza con profundizar la crisis política y de servicios públicos que enfrenta San Miguelito. Irma Hernández y Anel Flores. Composición/Archivo Anel Flores vs. Vamos: la guerra que escala desde la Contraloría Eliana Morales Gil [email protected] PULSO INSTITUCIONAL El objetivo actual es la alcaldesa de San Miguelito pero todo empezó en diciembre del año pasado y el objetivo podría ser más amplio: la coalición independiente que en los últimos comicios desplazó del poder a las estructuras partidarias que durante años dominaron la Asamblea y los municipios. La orden del contralor Anel Flores impactó de lleno en el corazón administrativo del municipio de San Miguelito. Mediante una resolución interna redujo drásticamente el poder de maniobra de sus propios fiscalizadores en el distrito que dirige Irma Hernández: el tope para refrendar gastos bajó de $50,000 a apenas $1,000. Una medida quirúrgica, que muchos tildan de “pase de factura”. El golpe administrativo aterrizó en el peor momento posible para el municipio. San Miguelito atraviesa una tormenta perfecta debido a una crisis por la recolección de la basura. El pasado lunes 19 de enero, Revisalud, la empresa que gestionó los desechos por 25 años, salió de la vida de esa comuna y el servicio, por el momento, está en manos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. La última movida del contralor se dio días después de que protagonizaron un duro intercambio de mensajes. Flores la llamó “malcriada”. Hernández dijo que él le había pedido que recibiera a directivos de Revisalud. Pero San Miguelito es solo una trinchera. Una especie de laboratorio de calentamiento para la dura batalla camino hacia las elecciones de 2029. La verdadera guerra de Flores empezó en diciembre y el objetivo podría ser más amplio: la coalición independiente Vamos, la agrupación que en los últimos comicios desplazó del poder a las estructuras partidarias que durante años dominaron la Asamblea y los municipios. A mediados de diciembre de 2025, Flores reaccionó mala fe para estrangular las acciones que pueda realizar la alcaldesa para su distrito”. “Ha venido a esta Asamblea a hacer show”, dijo el diputado después de recordar que no ha hecho nada por sacar las botellas del Palacio Justo Arosemena. Desempolvó un viejo refrán que se popularizó en la dictadura militar: “Plata pa’l amigo y plomo pa’l enemigo”. Su colega, Luis Duke, advirtió sobre el daño colateral: los ataques a la alcaldesa, dijo, no los paga ella, los paga la gente de San Miguelito. “Que el pueblo saque sus conclusiones”, remató. Para los analistas, el patrón es evidente. Raúl Conte, especialista en marketing político, lo define como un pase de factura. A su juicio, Flores parece haber olvidado que su cargo es técnico. Conte ve en esto un método: un gobierno con control legislativo que utiliza las instituciones para neutralizar a adversarios incómodos de cara a 2029, una estrategia que conecta con el reciente interés oficialista por reformar las reglas electorales. “Ya lo vimos con Alexandra Brenes, cuando al inicio de este período recurrieron a ataques personales contra su padre para restarle legitimidad. Algo similar ocurre hoy con la diputada Jeanine Prado, a quien se difama de manera constante con el objetivo de debilitarla por ser una de las pocas voces que mantienen una postura crítica frente al gobierno de José Raúl Mulino”, puntualizó. drásticamente tras las críticas de los diputados independientes por los fondos transferidos a municipios aliados al gobierno. Lejos de apaciguar las aguas, Flores contraatacó en televisión nacional, asegurando que “la mayoría” de los diputados de Vamos y del Movimiento Otro Camino (Moca) no habían rendido cuentas. La declaración encendió la mecha. Moca recordó que la auditoría directa a los partidos es una facultad nueva y que no aplica retroactivamente a periodos ya cerrados ante el Tribunal Electoral. Vamos fue más tajante: acusaron al contralor de abandonar su rol de árbitro imparcial para actuar como un operador político que descalifica a quienes debe fiscalizar. La disputa se trasladó inevitablemente al pleno de la Asamblea, donde Vamos tiene mayoría. Este jueves 22 de enero, durante el periodo de incidencias, el diputado Roberto Zúñiga calificó la acción en San Miguelito como “clara persecución política y acto de
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