1A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 23 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15270 Hoy por hoy El desempleo dejó de ser una estadística de doble dígito para convertirse en una urgencia nacional. Los foros Visión de La Prensa en Chiriquí, Coclé y Colón lo confirmaron sin rodeos: las provincias siguen esperando decisiones, mientras la economía permanece excesivamente concentrada en el eje interoceánico, que genera el 85% de la actividad, frente a un rezagado 15% en el resto del país. En Coclé, el Conep subrayó la cifra: unas 100,000 personas están desempleadas o sobreviven en la informalidad. Situaciones similares se repiten en Colón y otras provincias. Detrás de esos números hay hogares sin ingresos estables y economías locales sin capacidad de reacción. La respuesta no admite ambigüedades: se requiere inversión pública y privada, pero también confianza, reglas claras y transparencia. Sin ese entorno, el capital simplemente no llega. Descentralizar la inversión no es un gesto político, es una necesidad económica. Impulsar a las pequeñas y medianas empresas es parte de la solución. Sin empleo no hay consumo; sin consumo no hay crecimiento. Y sin decisiones, la espera se prolonga. Ellas.pa Lorna Cepeda y Natalia Ramírez llegan ‘Muertas de la risa’ 5B Londoño se queda en la Universidad Católica de Ecuador 8A Deportes Panorama Empieza la carrera por el cargo de subcontralor 3A Economía IICA apoya etanol en matriz de combustibles de Panamá 2B Refrendo mínimo del contralor a San Miguelito desata choque político La resolución del contralor Anel Flores redujo de $50,000 a $1,000 el límite de refrendo en San Miguelito, recortando de forma drástica la capacidad operativa de sus fiscalizadores. Juan Diego Vásquez acusa a la Contraloría de aplicar un trato selectivo y usar el control fiscal como presión política contra San Miguelito y su alcaldesa, Irma Hernández. La controversia llegó al pleno de la Asamblea, donde el diputado Roberto Zúñiga acusó al contralor de actuar con mala fe y doble rasero. VEA 2A Óscar Santibáñez, de AES Panamá, Maru Gálvez de Cobre Panamá, Sheren Chatlani, gerente de Panafoto Zona Libre y Yolanda Sandoval (moderadora). Anel Asprilla Yolanda Sandoval [email protected] Colón enfrenta el reto de convertir su valor estratégico en desarrollo que alcance a su gente, una tarea que, según expertos y empresarios reunidos ayer en el foro Visión Colón 2026 de La Prensa, pasa por atraer inversión privada, mejorar la planificación estatal y cerrar brechas de desigualdad. Los expositores coincidieron en que sectores como logística, turismo y energía pueden impulsar empleo y crecimiento. Igualmente, la estrategia de convertir a Colón en un hub logístico y energético se sustenta en la modernización de la Zona Libre y el desarrollo de infraestructura vinculada al Canal y a la integración energética. Los empresarios destacaron inversiones clave coVISIÓN COLÓN 2026 La provincia de Colón: entre logística, energía y comercio Irma Hernández Archivo Anel Flores Archivo mo las de AES Panamá, la mina de Cobre Panamá y el potencial de proyectos de abastecimiento de combustible a buques y el uso de baterías para complementar energías renovables. Desde la Zona Libre se puede impulsar una transformación digital que permita adoptar modelos tipo “Amazon” o “Temu” regional, optimizar la logística y consolidar centros de acopio para competir en el comercio global. VEA 1B Y 3B ¿Puede Francolini pedir la sustitución de la pena de prisión? Riccardo Francolini pactó una pena de 30 meses de prisión y una multa de $1.9 millones en el caso Odebrecht. La posible sustitución de la medida de ir a la cárcel dependerá de si su condena previa en Blue Apple queda en firme. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Momento en que Arrocha selló su alianza con Martín Torrijos para las elecciones de 2024. Archivo Arrocha renuncia al Partido Panameñista PROSELITISMO El excandidato presidencial y exdiputado Melitón Arrocha anunció su salida de las filas del opositor Partido Panameñista. A través de una nota dirigida a Jorge Herrera, presidente del partido, con fecha del 5 de enero de 2026, Melitón informó sobre su “renuncia irrevocable” como miembro de esa organización política. A su juicio, el partido “se encuentra muy alejado de cumplir” su papel como oposición. “El mandato popular conferido al Partido Panameñista en las pasadas elecciones fue, de manera inequívoca, ejercer un rol de oposición; una oposición responsable, firme y constructiva”, afirma el político. Sin embargo, agregó, ve con “preocupación” que en la actualidad el partido ha terminado, en la práctica, como “un brazo encubierto ejecutor del Gobierno, diluyendo la independencia que debería distinguirnos y debilitando la confianza pública en la función opositora”. Además, dijo que el país atraviesa un momento que exige una renovada institucionalidad democrática, capaz de propiciar una verdadera representación ciudadana, una separación real de poderes y una rendición de cuentas efectiva. Melitón es abogado y fue ministro de Estado y diputado (2014-2019). Participó como candidato presidencial por la libre postulación, bajo la bandera del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS). Aleida Samaniego C. [email protected] ‘Quieren destruir San Miguelito y a su alcaldesa’, advierte Juan Diego Vásquez ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL La decisión de la Contraloría General de la República de reducir de forma drástica el límite para la delegación de refrendo en el Municipio de San Miguelito provocó la reacción del exdiputado Juan Diego Vásquez, quien acusó al órgano fiscalizador de aplicar un trato selectivo y de utilizar los mecanismos de control financiero como una herramienta de presión política contra autoridades locales que no son afines. Vásquez cuestionó la medida, que reduce de $50,000 a apenas $1,000 el monto máximo que pueden refrendar los coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización de la Contraloría en San Miguelito. Según el exdiputado, la decisión no responde a criterios técnicos ni administrativos, sino que constituye una acción dirigida exclusivamente contra este distrito y, en particular, contra la alcaldesa Irma Hernández, con quien el contralor Anel Flores mantiene un enfrentamiento público desde hace semanas. “Quieren destruir a San Miguelito y a su alcaldesa”, planteó Vásquez en su cuenta de Instagram. En su pronunciamiento, el exdiputado cuestionó que la Contraloría haya optado por una restricción de este calibre en San Miguelito, mientras que otros municipios señalados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos continúan operando sin limitaciones similares. Como ejemplo, Vásquez mencionó los casos de Chame y San Carlos, municipios que —según ha denunciado de forma reiterada— habrían recibido recursos que no debieron haber recibido y que posteriormente fueron transformados en donativos y subsidios. En esos expedientes, señaló, la Contraloría se limitó a anunciar auditorías, sin imponer medidas que afectaran directamente la operatividad administrativa de las alcaldías. “Esas alcaldías siguen funcionando perfectamente bien, pero el contralor ahora decidió actuar en San Miguelito sin ningún motivo aparente”, sostuvo el exdiputado, quien considera que la reducción del límite de refrendo no tiene precedentes recientes y genera un impacto directo en la capacidad de gestión del municipio. Para Vásquez, la decisión está directamente relacionada con la postura asumida por la alcaldesa Hernández frente al conflicto por el servicio de recolección de basura y con su negativa a ceder ante presiones e intereses económicos. En ese sentido, calificó la medida como una represalia institucional contra una administración municipal que, según su versión, ha frenado negocios irregulares y ha incomodado a actores con poder político y económico.“Este es el ejemplo más claro del trato desigual a los amigos chen chen y a los enemigos plomo”, afirmó Vásquez, aludiendo a una supuesta utilización política de los mecanismos de control fiscal para favorecer a aliados y castigar a adversarios. Medida de la Contraloría en San Miguelito La reducción del límite de refrendo fue formalizada mediante la Resolución No. 150-DNFG del 16 de enero de 2026, firmada por el contralor Anel Flores y publicada en la Gaceta Oficial el martes 20 de enero. A partir de esta disposición, cualquier documento municipal que supere los $1,000 deberá ser remitido a la sede central de la Contraloría para su refrendo, eliminando la posibilidad de que estos trámites se resuelvan a nivel distrital. Funcionarios municipales y críticos de la medida han advertido que este cambio podría ralentizar de manera significativa el pago a proveedores, la firma de contratos, la ejecución de proyectos comunitarios y la prestación de servicios básicos, en un distrito que es uno de los más poblados y con mayores demandas sociales del país. A la reducción del límite de refrendo se suma otra decisión que ha generado preocupación: las planillas municipales dejarán de procesarse en la sede distrital de la Contraloría y pasarán a la oficina central. Según sectores municipales, esta medida incrementará los tiempos de tramitación y concentrará aún más los controles administrativos en la capital, afectando la operatividad diaria del municipio. Hastaelmomento,laContraloría General de la República no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las razones técnicas o administrativas que motivaron la reducción del límite de refrendo únicamente en San Miguelito. Tampoco ha respondido de forma directa a los señalamientos de trato discriminatorio y de uso político del control fiscal planteados por Vásquez. El pronunciamiento del exdiputado se produce en medio de un conflicto más amplio entre la alcaldía de San Miguelito y el Gobierno Central, originado por el vencimiento del contrato de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), que durante 25 años prestó el servicio de recolección de basura en el distrito. Tras la expiración del contrato, el Ministerio de Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunciaron que esta última asumiría el servicio, pese a que aún estaba pendiente el refrendo de la Contraloría, lo que generó un choque institucional con la alcaldesa Hernández. En ese contexto de confrontación, la reducción del límite de refrendo es vista por Vásquez y otros actores políticos como una nueva escalada en un conflicto que ha dejado de ser meramente administrativo y que, según advierten, amenaza con profundizar la crisis política y de servicios públicos que enfrenta San Miguelito. Irma Hernández y Anel Flores. Composición/Archivo Anel Flores vs. Vamos: la guerra que escala desde la Contraloría Eliana Morales Gil [email protected] PULSO INSTITUCIONAL El objetivo actual es la alcaldesa de San Miguelito pero todo empezó en diciembre del año pasado y el objetivo podría ser más amplio: la coalición independiente que en los últimos comicios desplazó del poder a las estructuras partidarias que durante años dominaron la Asamblea y los municipios. La orden del contralor Anel Flores impactó de lleno en el corazón administrativo del municipio de San Miguelito. Mediante una resolución interna redujo drásticamente el poder de maniobra de sus propios fiscalizadores en el distrito que dirige Irma Hernández: el tope para refrendar gastos bajó de $50,000 a apenas $1,000. Una medida quirúrgica, que muchos tildan de “pase de factura”. El golpe administrativo aterrizó en el peor momento posible para el municipio. San Miguelito atraviesa una tormenta perfecta debido a una crisis por la recolección de la basura. El pasado lunes 19 de enero, Revisalud, la empresa que gestionó los desechos por 25 años, salió de la vida de esa comuna y el servicio, por el momento, está en manos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. La última movida del contralor se dio días después de que protagonizaron un duro intercambio de mensajes. Flores la llamó “malcriada”. Hernández dijo que él le había pedido que recibiera a directivos de Revisalud. Pero San Miguelito es solo una trinchera. Una especie de laboratorio de calentamiento para la dura batalla camino hacia las elecciones de 2029. La verdadera guerra de Flores empezó en diciembre y el objetivo podría ser más amplio: la coalición independiente Vamos, la agrupación que en los últimos comicios desplazó del poder a las estructuras partidarias que durante años dominaron la Asamblea y los municipios. A mediados de diciembre de 2025, Flores reaccionó mala fe para estrangular las acciones que pueda realizar la alcaldesa para su distrito”. “Ha venido a esta Asamblea a hacer show”, dijo el diputado después de recordar que no ha hecho nada por sacar las botellas del Palacio Justo Arosemena. Desempolvó un viejo refrán que se popularizó en la dictadura militar: “Plata pa’l amigo y plomo pa’l enemigo”. Su colega, Luis Duke, advirtió sobre el daño colateral: los ataques a la alcaldesa, dijo, no los paga ella, los paga la gente de San Miguelito. “Que el pueblo saque sus conclusiones”, remató. Para los analistas, el patrón es evidente. Raúl Conte, especialista en marketing político, lo define como un pase de factura. A su juicio, Flores parece haber olvidado que su cargo es técnico. Conte ve en esto un método: un gobierno con control legislativo que utiliza las instituciones para neutralizar a adversarios incómodos de cara a 2029, una estrategia que conecta con el reciente interés oficialista por reformar las reglas electorales. “Ya lo vimos con Alexandra Brenes, cuando al inicio de este período recurrieron a ataques personales contra su padre para restarle legitimidad. Algo similar ocurre hoy con la diputada Jeanine Prado, a quien se difama de manera constante con el objetivo de debilitarla por ser una de las pocas voces que mantienen una postura crítica frente al gobierno de José Raúl Mulino”, puntualizó. drásticamente tras las críticas de los diputados independientes por los fondos transferidos a municipios aliados al gobierno. Lejos de apaciguar las aguas, Flores contraatacó en televisión nacional, asegurando que “la mayoría” de los diputados de Vamos y del Movimiento Otro Camino (Moca) no habían rendido cuentas. La declaración encendió la mecha. Moca recordó que la auditoría directa a los partidos es una facultad nueva y que no aplica retroactivamente a periodos ya cerrados ante el Tribunal Electoral. Vamos fue más tajante: acusaron al contralor de abandonar su rol de árbitro imparcial para actuar como un operador político que descalifica a quienes debe fiscalizar. La disputa se trasladó inevitablemente al pleno de la Asamblea, donde Vamos tiene mayoría. Este jueves 22 de enero, durante el periodo de incidencias, el diputado Roberto Zúñiga calificó la acción en San Miguelito como “clara persecución política y acto de
3A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Sede del órgano de fiscalización del Estado. Archivo Empieza la carrera por el cargo de subcontralor de la República Eliana Morales Gil [email protected] PROCESO Entre los requisitos que exige la Carta Magna están la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento, el certificado de información de antecedentes personales y el título universitario. Un total de 21 personas presentaron sus hojas de vida para aspirar al cargo de subcontralor general de la República, en medio del proceso que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. La comisión aprobó la Resolución 3 del 21 de enero de 2026, que fija la metodología para revisar los perfiles y elaborar un informe técnico que será remitido al pleno legislativo, junto con las hojas de vida de quienes cumplan los requisitos constitucionales. De acuerdo con el cronograma aprobado, los diputados analizarán los currículos durante dos días, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con apoyo de la secretaría técnica y el equipo legal de la comisión. En ese periodo deberán verificar si los candidatos cumplen con los requisitos que dicta el artículo 279 de la Constitución, así como la integridad, autenticidad e idoneidad de la documentación presentada. Una vez concluya la evaluación, la Comisión de Credenciales, instancia que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, deberá remitir al pleno un informe técnico con la lista de los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales, paso previo a la decisión que adopten los 71 diputados. Entre los requisitos que exige el artículo 279 de la Carta Magna se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario. El 17 de septiembre de 2025, la Contraloría, institución a cargo de Anel Flores, informó a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor. Alegó motivos personales. El subcontralor de la República actúa como segundo al mando de la Contraloría General de la República y tiene entre sus funciones asistir y reemplazar al contralor en sus ausencias, así como colaborar en la fiscalización del uso de los fondos públicos, el control previo y posterior del gasto, y la supervisión de la gestión financiera del Estado. El cargo también implica participar en la emisión de conceptos técnicos, la coordinación interna de auditorías y el apoyo en las acciones destinadas a garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la administración pública. Aspirantes a subcontralor Manuel de Jesús Morales Salazar Adolfo Antonio Mela González Eustorgio Enrique Otero Castillo Yatleen del Carmen Quintero Olmos Joel Enrique Caballero Lezcano René Díaz Martínez Francisco Alcides Mendizábal Palma Alejandro Aragón Moscoso Francisco Javier Campos Martínez Brenda María Valderrama Alvendas Carlos Antonio Carrasquilla Zamora Oliver Enrique Serrano Espinosa José Rolando González Chang Omar Virgilio Castillo Rodríguez Lilia Liu Chang Jean Carlo Del Cid César Augusto Contreras Fajardo Omar Enrique Gómez Mercado Jorge XI Olivardia Macías Erika Yanori Flores de la Rosa Arturo Amado Pérez Pitty Fuente: Registro oficial de la Asamblea Nacional Panorama
4A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ADIÓS. Finalmente, Melitón Arrocha renunció al Panameñista. No sabemos por qué tardó tanto, pero él alega que le molesta que la dirigencia del partido se comporte “como un brazo encubierto ejecutor del gobierno”. No se sabe cuál será la reacción de Jorge Herrera, actual presidente del Panameñista, ante la partida de Arrocha. Seguramente pensaba que había renunciado cuando empezó a recoger firmas como candidato independiente o anunció su apoyo a Martín Torrijos. AÉREO. El diputado Manuel Cheng presentó una propuesta para sancionar a quien realice disparos al aire. Esa es una conducta muy irresponsable y debe ser castigada, pero, ¿qué viene después? ¿Sancionar el uso de pistolas en los videojuegos? ENIGMA. Todavía el marino panameño Javier Olmedo Núñez continúa detenido en Venezuela, a pesar de que hace una semana la Cancillería agradeció a medio mundo, desde Qatar hasta Marco Rubio y María Corina, por su liberación. Habrá que ser menos generoso con las muestras de gratitud sobre eventos que (lamentablemente...) no han sucedido. BERRINCHE. El lunes termina el plazo que Camacho le ha dado al representante de Belisario Porras, Javier Valverde, para que revele quiénes son los tres lobistas que le ofrecieron una coima de $80,000 a cambio de apoyar la permanencia de Revisalud. El diputado alega que callarse los nombres convierte a ValRiccardo Francolini alcanzó un acuerdo de pena en el caso Odebrecht. Archivo. ¿Puede Francolini pedir la sustitución de la pena de prisión? Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO DE ODEBRECHT Riccardo Francolini ya tiene una condena, aunque no está en firme, y dos acuerdos. El Código Penal dicta que una de las condiciones para optar por el reemplazo de pena es que el sentenciado sea un ‘delincuente primario’. Riccardo Francolini Arosemena acaba de pactar un acuerdo de pena de 30 meses de prisión y el pago de una multa de $1.9 millones, para no ser enjuiciado en el caso de los sobornos de Odebrecht. Dado que la pena de prisión no excede de cinco años (60 meses), Francolini podría optar a una pena sustitutiva, como trabajo comunitario en alguna entidad pública, lo que deberá ser sustentado en una audiencia ante un juez de cumplimiento, conforme está establecido en el artículo 65 del Código Penal. Esto sustitución, de ninguna manera, reemplaza el pago de la multa. Como la pena es inferior a 48 meses de prisión, también calificaría para ser sustituida por el pago días multa. Pero hay un detalle; un hecho que podría representar un impedimento para evitar ir a prisión. El Código Penal también dicta que una de las condiciones para optar por el reemplazo de pena es que el sentenciado sea un “delincuente primario”. Un delincuente primario es aquel que nunca antes ha sido sentenciado; es decir, que no tiene historial criminal. Francolini ya tiene una condena previa de prisión. En efecto, el 13 de noviembre de 2023, la juez penal Baloisa Marquínez (la misma de la causa Odebrecht) emitió una sentencia condenatoria contra Francolini y seis personas por el delito de asociación ilícita para blanquear capitales a través de la sociedad Blue Apple. A Francolini le impuso 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil. El 4 de abril de 2024 se conoció que la sentencia de la juez fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, aunque ahora hay un recurso de casación pendiente de resolver, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese detalle podría ser favorecedor para Francolini, ya que, al estar en casación, la condena no está en firme. La Prensa consultó sobre la posible sustitución de pena a Aurelio Vásquez, que fue fiscal anticorrupción y llevo la instrucción del expediente de Blue Apple. “Lo importante es determinar si Francolini tiene antecedentes penales o no y de eso va a depender la posible conmutación de la pena. La otra opción, a pesar de que tenga antecedentes penales, puede solicitar al tribunal de cumplimiento, la aplicabilidad de un trabajo comunitario. Esas son todas las variables”, remarcó. “La fiscal Ruth Morcillo debe estar clara en ese sentido, ya que al llegar un acuerdo se debe precisar si Francolini tiene antecedentes o no, ya que la defensa puede pedir posteriormente esa aplicación de ese beneficio, es decir, el subrogado penal o conmutación de pena”, agregó. Otro acuerdo... Al acuerdo en Odebrecht y la condena en Blue Apple hay que sumar otro acuerdo (esta vez de colaboración) en el denominado caso New Business, sobre la compra de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos. Como parte de este acuerdo, Francolini se convirtió en uno de los testigos estrella de la fiscalía, aunque nunca se presentó personalmente a declarar en el juicio, razón por la que la juez le multó con $100. Odebrecht, New Business y Blue Apple coinciden en que los tres son por blanqueo de capitales y fueron atendidos por la juez Marquínez. Por New Business, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Martinelli eludió el ingreso a la cárcel y ahora está en Colombia, como asilado. Francolini fue banquero y socio de Martinelli, quien en su mandato lo designó presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros. No se sabe cuánto tiempo tardará la Sala Penal en emitir una decisión sobre la casación en el caso Blue Apple. La ponente es la magistrada Maribel Cornejo. En diciembre de 2025, a través de un edicto, la Sala Penal notificó a las partes que había ingresado el recurso y que tenían un plazo para presentar sustentaciones. Francolini y Odebrecht La vinculación de Francolini en Odebrecht surge de la declaración de Ramón Carretero Napolitano, quien tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Especial Anticorrupción, aseguró que durante la administración de Martinelli, Francolini se le acercó para solicitarle la recepción de dinero en la cuenta Jihu Shun. Según Carretero, Francolini le aseguró que dichos fondos procedían de negocios que realizaba y que él le indicaría cómo y cuándo le deberían hacer llegar su dinero. También señaló que Francolini disponía del dinero remitido por Odebrecht a la cuenta bancaria de Jlu Shun International Ltd. El juicio del caso Odebrecht debe reanudarse hoy, a las 8:30 a.m. La jornada debe iniciar con la intervención de la fiscal Ruth Morcillo, a quien corresponde presentar sus objeciones (si las tuviera...) a las casi 50 pruebas presentadas por los abogados defensores. El pasado miércoles, la fiscal Morcillo solicitó a la juez Marquínez un espacio para analizar los documentos presentados por los defensores, que incluyen la citación de testigos, pruebas periciales y documentales. Contactada por La Prensa, la abogada Marcela Araúz, defensora de Francolini, dijo que no dará declaraciones al respecto y remitió al Órgano Judicial para obtener cualquier información. José González Pinilla [email protected] La empresa prevé comenzar la exportación en este primer trimestre. Cortesía Sector bananero en Bocas del Toro suma 1,600 contratos vigentes y 967 inscritos AGRO La reactivación del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro ya se refleja en las cifras, aseguró la ministra de trabajo Jackeline Muñoz. Actualmente, 1,600 contratos de trabajo se mantienen vigentes y otros 967 han sido inscritos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), de acuerdo con información oficial divulgada Muñoz. Las cifras, según la titular de Trabajo, evidencian el “impacto del proceso de reactivación”. Muñoz sostuvo que el repunte del sector bananero responde a un esfuerzo por garantizar “empleo digno y estabilidad laboral, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la justicia social y la protección de los trabajadores”. La ministra realizó una gira de supervisión en fincas bananeras del distrito de Changuinola. La visita tuvo como objetivo verificar los avances del Programa de Vigilancia Médica Ocupacional, orientado a la prevención de riesgos laborales y la protección de la salud de los trabajadores del sector. Durante la supervisión, brindaron atención médica ocupacional a 753 trabajadores. El reinicio de la cosecha de banano en Bocas del Toro se da como parte del proceso de reactivación iniciado luego de la firma del memorándum de entendimiento el 29 de agosto de 2025 entre la empresa Chiquita Panamá y el Gobierno panameño, acuerdo que permitió retomar de manera gradual las operaciones agrícolas y el empleo en la provincia. Chiquita Brands había suspendido sus operaciones en Panamá entre mayo y julio de 2025, debido a la paralización de la actividad provocada por protestas y bloqueos de vías en Bocas del Toro, situación que dejó sin empleo a cerca de 6,000 trabajadores y golpeó de forma significativa la economía de la provincia. Chiquita Panamá LLC retomó las exportaciones de banano durante enero, lo que permitirá completar la reactivación de hasta 5,000 empleos en la provincia. verde en “cómplice” de un delito. ¿De cuántos delitos no se habrá enterado Camacho, que no ha denunciado? PISTAS. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la instalación de tres radares en Cali, Carepa y Leticia. De paso, anunció que ya encargó seis radares más. Puede buscar asesoría en San Felipe.
5A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026
6A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Panorama Entre el 1 y el 18 de enero llegaron a Panamá 577 migrantes irregulares que viajan de regreso a Suramérica tras ver frustrados sus planes de instalarse en Estados Unidos, que bajo la segunda presidencia de Donald Trump ha emprendido una campaña de deportaciones masivas en el marco del endurecimiento de la política inmigratoria. Las autoridades migratorias de Panamá informaron que hasta el domingo pasado habían llegado al país 555 venezolanos, siete colombianos, tres ecuatorianos, tres estadounidenses y nueve ciudadanos de países extracontinentales. La mayoría viene de México, donde se quedaron varados ante la imposibilidad de pasar la frontera con EUA. En Panamá, llegan sobre todo a Miramar, un poblado de la costa del Caribe, donde toman botes para llegar a la comunidad de Puerto Obaldía, en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, donde por la vía marítima viajan a la localidad colombiana de Necoclí. La cifra total de migrantes en flujo inverso que llegaron a Panamá en 2025 fue de 22,833, entre los cuales más del 90% son venezolanos, Medio millar de migrantes llega a Panamá en enero en camino a Suramérica MIGRACIÓN INVERSA seguidos de colombianos, peruanos y ecuatorianos. Este viaje a la inversa, de norte a sur, es un reflejo del fin de la crisis migratoria que asoló Darién a partir de 2021 protagonizada especialmente por venezolanos. “Los tránsitos irregulares por Darién se desplomaron de 302,203 en 2024 a apenas 3,091 este año, una reducción del 99%”, informó el 31 de diciembre el Ministerio de Seguridad Pública. El peor año de la crisis fue el 2023, cuando 520,085 viajeros irregulares, la gran mayoría venezolanos, cruzó la selva, muy por encima de los 248,283 de 2022 y los 133,726 de 2021, de acuerdo con las cifras oficiales. Milena Gómez accedió al cargo de gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado para el período 2021-2025. Tomada de @ITSEpma Gerente educativa del ITSE dimite luego de ajustes en el estatuto Aleida Samaniego C. [email protected] EFE. CIUDAD DE PANAMÁ EDUCACIÓN Y POLÍTICA Milena Gómez Cedeño, gerente educativa del ITSE, renunció tras denunciar cambios en el estatuto, pérdida de certeza jurídica y afectaciones a la autonomía académica de la institución. La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez Cedeño, presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de cuestionar una serie de decisiones adoptadas por el Consejo Directivo que, a su juicio, transformaron un puesto obtenido mediante concurso público de méritos en una posición sujeta a libre designación y remoción, afectando la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la autonomía académica del centro de estudios. La dimisión fue formalizada mediante una carta fechada este miércoles 21 de enero, dirigida al Consejo Directivo del ITSE y con copia al presidente de la República, José Raúl Mulino. El documento fue recibido por la oficina de Recursos Humanos de la institución al día siguiente, el 22 de enero, según consta en el sello de recibido. En la misiva, Gómez Cedeño expone que había sido designada como gerente educativa tras ganar un concurso público de méritos para el período 2021-2025, y que posteriormente su nombramiento fue extendido hasta 2029 luego de evaluaciones formales de desempeño aprobadas por el propio Consejo Directivo, conforme a los procesos institucionales de evaluación de resultados e impacto. Sin embargo, relata que desde octubre de 2025 comenzó a enfrentar una serie de situaciones administrativas que incluyeron escenarios de tensión, la imposición de vacaciones forzadas y una separación de hecho del cargo, ratificada posteriormente por el Consejo. Aunque señala que recurrió esas decisiones, afirma que en las respuestas oficiales se reconocía que su separación no implicaba una afectación al cargo ni un menoscabo de sus derechos, ni cuestionamientos sobre su gestión frente a la administración del ITSE, según una resolución identificada como ITSE-CD-015-2025. El punto de quiebre, según la exfuncionaria, se produjo el pasado 19 de enero, cuando —a pocos días del vencimiento de las vacaciones ordenadas— el Consejo Directivo aprobó y publicó en la Gaceta Oficial una modificación al Estatuto del ITSE que incorpora la “pérdida de confianza” como causal de separación del gerente educativo. Gómez Cedeño subraya que esta decisión se adoptó mientras ella se encontraba ausente y siendo aún la titular del cargo. “La modificación transforma en la práctica un cargo obtenido mediante concurso de méritos y con período fijo en uno asimilable a la libre designación y remoción”, advierte en la carta. A su juicio, este cambio genera preocupaciones relevantes en términos de seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad organizacional e independencia técnica, elementos que considera indispensables para el adecuado ejercicio de la rectoría académica y científica del ITSE. En el documento, la exgerente sostiene que la continuidad y sostenibilidad de un proyecto institucional de esta naturaleza requieren reglas de gobernanza claras y predecibles que resguarden los avances alcanzados y eviten riesgos para la coherencia y consolidación futura de la institución. “Mi continuidad en el proyecto ITSE se ha visto comprometida por esta serie de decisiones y actuaciones que representan un debilitamiento a la autonomía académica y administrativa, así como a la institucionalidad del ITSE”, señala. Defiende su gestión y enumera logros Pese a las críticas, Gómez Cedeño dedica una parte importante de su carta a defender su gestión y a destacar los resultados obtenidos durante los cuatro años en que estuvo al frente de la gerencia educativa. Entre los logros mencionados figura el crecimiento de la matrícula, que pasó de 800 estudiantes en 2021 a más de 4,000 en cuatro años; el fortalecimiento institucional mediante la creación de estructuras de gobernanza, reglamentos y procedimientos inexistentes al inicio de su gestión; y la apertura de cinco nuevas carreras, además de la creación del Centro de Innovación, Investigación y Emprendimiento (CIIECTY-AIP). También resalta el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que premió al ITSE como la segunda institución del país por su Presupuesto Basado en Resultados, tras el cumplimiento de más del 90% del Plan Estratégico Institucional. Asimismo, menciona la firma de al menos 170 convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el Canal de Panamá, Copa Airlines, la CAF, el BID, la Unesco y el Tecnológico de Monterrey, así como un impacto directo en la empleabilidad estudiantil, con cerca del 80% de los egresados accediendo a empleos de calidad. En materia de control y transparencia, Gómez Cedeño afirma que promovió activamente auditorías internas, externas y de la Contraloría General de la República, y que hasta la fecha no se han encontrado hallazgos que comprometan su gestión. Añade que deja estructurada y en marcha la segunda fase de implementación del ITSE, con acompañamiento de Naciones Unidas y financiamiento de organismos multilaterales, orientada al fortalecimiento de la infraestructura académica, tecnológica y de innovación. No obstante, concluye que la falta de certeza jurídica creada por los cambios recientes afecta las condiciones necesarias para ejercer de manera independiente y técnica el cargo, lo que la llevó a presentar su renuncia irrevocable. “Ante la falta de certeza jurídica provocada por los hechos descritos (…) presento mi renuncia irrevocable al puesto de gerente educativa del ITSE”, escribe. La salida de Gómez Cedeño abre un nuevo capítulo en la administración del ITSE, una de las principales apuestas del país para la formación técnica de alto nivel. La juez de garantías Didia Ruíz ordenó la detención provisional e imputó cargos al representante del corregimiento de Arnulfo Arias, Darío González, y al tesorero Raúl Pacheco por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales. La decisión se da luego de que, supuestamente, estos funcionarios hicieron efectivo un cheque falso por la suma de $492 mil en el Banco Nacional de Panamá (BNP), el cual presuntamente procedía de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). La juez Ruiz también dispuso aplicar una medida cautelar de reportes periódicos a dos colaboradoras del BNP, quienes fueron encargadas de la tramitación del cheque que se hizo efectivo y que luego se fragmentó en otras 30 transacciones a diferentes personas naturales y jurídicas. También se dispuso una medida de reporte periódico al conductor de la Junta Comunal, Gustavo López, a quien se le comisionó la tarea de llevar el cheque al BNP y hacerlo efectivo. Durante la investigación, la Fiscalía Anticorrupción logró establecer que los funcionarios de la junta comunal de Arnulfo Arias enviaron a López con tres cheques alterados para hacerlos efectivos en el banco, Juez ordena detención preventiva de edil y tesorero de junta de Arnulfo Arias INVESTIGACIÓN pero que dos de los cheques no pasaron los requerimientos de seguridad y solo uno por la suma de $492 mil pudo hacerse efectivo. Según las pesquisas, se pudo establecer que los cheques falsos son similares a los existentes en una libreta que corresponde a la Unachi, aunque se desconoce quién alteró los cheques y quién se los entregó a los funcionarios de la junta comunal para hacerlos efectivos en el banco. La fiscalía realiza una serie de diligencias a fin de establecer cómo se tuvo acceso a la libreta de la Unachi, de donde se obtuvo el modelo para falsificar los cheques. Los abogados defensores de los imputados anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares de detención provisional ordenadas por la juez Ruiz y por ello se fijó una audiencia para el próximo 5 de febrero a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Juan Manuel Díaz [email protected] Darío González, representante de Arnulfo Arias. Tomada de redes sociales Un migrante venezolano descansa frente al mar en una localidad de Panamá. EFE
7A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Panorama La ministra de Educación y los diputados de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Cortesía El Meduca y la Asamblea dialogan sobre nueva ley orgánica educativa Yaritza Mojica [email protected] REPORTE OFICIAL La ministra Lucy Molinar aclaró que cada uno tiene un rol y se van a respetar. El diputado Bloise agregó que el proceso se fundamenta en el diálogo y el consenso. La ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvo ayer un encuentro con miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, en el marco de un proceso de reuniones para intercambiar ideas con miras a la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, que actualice la vigente Ley 47 de 1946. Según el Ministerio de Educación (Meduca), con esta reforma se busca garantizar que las futuras políticas educativas respondan a las necesidades del presente y a los desafíos del futuro. En la reunión estuvieron presentes los diputados Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, y los comisionados Gertrudis Rodríguez, Miguel Ángel Campos, Lilia Emérita de Batista, Paulette Thomas, Osman Gómez, Yuzaida Marín y el suplente de Grace Hernández, Pedro Quijano. Este encuentro tuvo lugar luego que la Comisión de Educación del Legislativo presentó, el pasado 19 de enero, por iniciativa propia, un plan para comenzar un proceso nacional de discusión para una reforma educativa, el cual incluye seis ejes temáticos: gobernanza, calidad educativa, equidad, formación docente, financiamiento y gestión enfocada en la descentralización educativa, así como educación superior y técnica. Durante la reunión de este jueves, realizada en la sede del despacho superior del Meduca, Molinar señaló que se trata de un trabajo conjunto que permitirá dotar al sistema educativo de un marco legal en beneficio de los estudiantes, destacando la importancia de una colaboración armónica entre las partes. Molinar aclaró que cada uno tiene un rol y se van a respetar. Las leyes orgánicas las modifica el Ejecutivo, en este caso corresponde al Meduca presenta una eventual propuesta de ley, y luego la Asamblea Nacional discutirá cada uno de los artículos. Indicó que no se trata de dos procesos distintos, es un consenso de todas las partes involucradas, remarcó la titular de Educación. Por su parte, el diputado Bloise resaltó que este proceso se fundamenta en la escucha y el consenso, y subrayó que la discusión para la elaboración de esta ley representa uno de los retos más importantes de las últimas décadas para el país. Estas consultas contemplan la participación de diversos sectores, con el objetivo de alcanzar acuerdos en áreas clave como gobernanza, calidad educativa, evaluación docente, educación superior, entre otros aspectos. Según las autoridades educativas, la propuesta se construirá por etapas, y confirmaron que ya se han desarrollado 10 reuniones, de un total de 18 encuentros previstos antes de que culmine el mes. En este proceso participarán distintos sectores, entre ellos los gremios docentes, actores políticos y otros grupos vinculados al ámbito educativo. Molinar también manifestó que existe una hoja de ruta, pero reiteró que el proceso no será acelerado. “Hay un plan, pero no queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, afirmó. El miércoles, luego que el Meduca diera detalles sobre el proceso de consulta al que está abocada para efectuar esta reforma educativa, la presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Ocupacional (CosPAE) Carmen Sealy de Broce, reaccionó. Propuso la elaboración de una nueva ley de educación, en lugar de una reforma a la normativa vigente, coincidiendo en la necesidad de que el proceso sea amplio, de forma que se puedan comprender los problemas reales del sistema y aportar soluciones más ajustadas a la realidad del país. Sealy mencionó como prioridad en esta reforma el tema de la formación y actualización docente; seguido de la reducción de la burocracia y la centralización en la toma de decisiones; y la infraestructura educativa, especialmente en zonas que requieren atención urgente. Sealy abogó porque se dé un solo diálogo nacional, ya que trabajar en dos vías distintas, remarcó, no beneficia al país. El periodo de clases de reválida inició el 5 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026. En la foto, estudiantes en el Instituto Rubiano. Elysée Fernández 91% de los estudiantes que se matricularon en 2025 en escuelas oficiales del país pasó de año REPORTE OFICIAL Yaritza Mojica [email protected] El Ministerio de Educación (Meduca) reveló los datos correspondientes a los estudiantes del sistema regular que aprobaron y reprobaron durante el año escolar 2025. La matrícula total del año fue de 807,929 estudiantes, de los cuales 62,620 no aprobaron el año lectivo y 663,738 aprobaron todas sus materias. De la cifra global de matriculados en el país, 726,358 estudiantes del sistema regular recibieron calificaciones numéricas, mientras que el resto corresponde a educación inicial (prekinder y kinder), es decir, 81,571 niños y niñas entre cuatro y cinco años cuya evaluación es cualitativa (“lo logró”, “lo está logrando” o “no lo logró”). Por esta razón, estos últimos no son incluidos en los cálculos para estadísticas de aprobación o reprobación. En este sentido, la matrícula real del subsistema regular asciende a 726,358 estudiantes, distribuidos entre los niveles de primaria, premedia y media. Sobre esta base, la tasa de aprobación fue de 91% del total. Los reprobados, aplazados y desertores Las estadísticas educativas revelan que 62,620 estudiantes reprobaron, lo que equivale al 9% de la población estudiantil de 2025. El director nacional de Planificación del Meduca, Dillian Staine, explicó que estos datos estadísticos incluyen los tres trimestres del año escolar del sistema oficial, que se recopilan en la base de datos institucional Meduca SIG. Asimismo, se advirtió que la cifra actual de reprobados aún puede variar, ya que dentro de este grupo existen distintas situaciones académicas. Por ejemplo, los estudiantes que reprobaron una, dos o tres materias que aplican al Programa de Recuperación Académica Escolar (PRAE), el cual se encuentra actualmente en vigencia. El periodo de clases de reválida inició el 5 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026. Las evaluaciones se realizarán del 9 al 11 de febrero de 2026, y la entrega de calificaciones está prevista para el 13 de febrero. En el caso de los estudiantes que reprobaron cuatro materias o más, estos serán clasificados como aplazados, es decir, que deben repetir el año. Además, parte del grupo de reprobados podría corresponder a desertores, es decir, estudiantes que abandonaron el sistema educativo y no fueron reportados oportunamente por las direcciones de los centros escolares. Staine indicó que el Meduca está a la espera del cierre de la data relacionada con el PRAE y de la depuración de los registros de aplazados y desertores, lo que permitirá presentar cifras definitivas y más precisas, en una data más actualizada dentro del sistema Meduca SIG. En cuanto a los resultados por nivel educativo, se detalló que en primaria, de 408,015 niños y niñas matriculados, 391,695 o un 96% del total aprobó, mientras que 16,320 reprobaron, equivalente al 4%. En premedia, de un total de 185,813 estudiantes, 165,373 aprobaron (89%), mientras que 20,439 estudiantes reprobaron (11%). Por su parte, en el nivel de educación media, 132,530 estudiantes cursaron el año escolar 2025, de los cuales 121,927 aprobaron, equivalente al 92%, mientras que 10,602 estudiantes reprobaron, lo que representa el 8%. Las cifras del Meduca correspondientes a 2024 indican que, de un total de 820,401 estudiantes, el 90% aprobó. En tanto, en 2023, la matrícula fue de 896,992 estudiantes, de los cuales el 90% aprobó y avanzó al siguiente grado. Retos educativos para 2026 Durante la presentación del informe “Resultados 2025, Acciones 2026”, las autoridades educativas destacaron que los principales desafíos educativos para 2026 son rediseño curricular, la reforma a la Ley Orgánica de Educación, la conectividad a internet en las escuelas y la inversión en infraestructura escolar, proyectos que se prevé ejecutar durante el presente año escolar. Según la ministra de Educación, Lucy Molinar, el año lectivo iniciará con 100% de acceso a internet en las 3,102 escuelas del país, de las cuales 58% contará con fibra óptica y 42% con conexión satelital. Esta información fue dada a conocer durante una reunión con representantes de la sociedad civil, en la presentación del informe “Resultados 2025, Acciones 2026”. Otro de los temas de mayor impacto para los más de 800 mil estudiantes de primaria, premedia y media será la modernización curricular. Tras 10 años, se implementará el rediseño de los programas de asignaturas en educación básica general, media académica y media profesional y técnica, además de la incorporación de dos nuevas competencias: socioemocional y emprendimiento. Molinar destacó que, durante 2025, la educación se fortaleció con la creación de 30 redes por especialidad, que conectaron a más de 51 mil docentes para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Este esfuerzo permitió impulsar el desarrollo profesional mediante más de 10 mil horas de capacitación docente, bajo un enfoque de formación continua. La ministra de Educación aseguró que los principales logros en infraestructura escolar, conectividad a internet y fortalecimiento del sistema educativo fueron ejecutados durante 2025, pese a tratarse de un año que calificó como “muy complicado” para el Meduca. “Todo eso se hizo el año pasado. Eso ya está hecho”, afirmó Molinar al presentar la rendición de cuentas de la gestión 2025, al destacar que, pese a las dificultades, el trabajo no se detuvo gracias a un equipo “muy sólido” que permitió sostener la operación del sistema educativo en todo el país.
8A La Prensa Panamá, viernes 23 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. como su causa. De hecho, la evidencia histórica es contundente. Si se comparan los últimos 100 años con los 1,500 años previos, el crecimiento económico generado por la combinación de libertad, innovación y empresa privada no tiene paralelo. No existe acumulación de oro que iguale el valor producido por el desarrollo humano, tecnológico y productivo de Occidente en el último siglo. La riqueza creada por el trabajo inteligente ha superado con creces cualquier reserva metálica imaginable. Esto no significa que el oro no tenga valor. Lo tiene y lo seguirá teniendo. Pero su papel es complementario, no fundacional. El oro conserva valor donde existe un sistema que permite crearlo. Sin ese sistema, el metal pierde su función económica real. Un activo sin circulación confiable, sin respeto por la propiedad y sin un marco jurídico sólido se vuelve estéril, por más escaso que sea. Algo similar ocurre con la moneda. Se repite con frecuencia que las monedas modernas “no valen nada”, que son solo papel respaldado por la fe colectiva. Desde un punto de vista físico, es cierto. Las monedas fiat no tienen valor intrínseco y han sido emitidas en exceso. Ese proceso ha generado distorsiones, inflación y ventajas desproporcionadas para grandes capitales. El diagnóstico no es falso, pero es incompleto. Una moneda no está respaldada únicamente por oro, criptomonedas o activos tangibles. Está respaldada por una civilización en funcionamiento: por su capacidad productiva, su infraestructura, su tecnología, su capital humano, su educación, su innovación y su marco de derecho. Una moLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Reparar el daño y restituir la paz social: el perdón del ofendido en Panamá Justicia restaurativa Si el delito puede ser desistido, también puede ser perdonado. El Código Procesal Penal, en su artículo 202, regula las condiciones para el desistimiento de la pretensión punitiva y presenta esta figura como un procedimiento alterno para la solución del conflicto penal. La reciente aprobación de la ley que incorpora el perdón del ofendido en Panamá ha generado un debate intenso, en muchos casos cargado de percepciones imprecisas. No se trata de una concesión arbitraria, sino de una herramienta coherente con la lógica del propio sistema penal. La normativa ya establecía que la víctima puede desistir de la acción penal; la nueva ley amplía ese alcance al permitir que el perdón extinga la pena del condenado. En esencia, este mecanismo persigue lo que debería ser el propósito central de cualquier sistema de justicia: reparar el daño y restituir la paz social. La víctima tiene derecho a ser restituida y acceder a ese derecho de manera ágil no constituye extorsión, como algunos han sugerido, sino la materialización del principio de autonomía de la voluntad dentro del proceso penal. Mientras el proceso civil suele prolongarse durante años, el perdón como mecanismo restaurativo permite una reparación inmediata. Esto no solo beneficia a la víctima, que obtiene una respuesta concreta y oportuna, sino también al sistema judicial, que evita litigios innecesariamente prolongados. A ello se suma un efecto adicional: la reducción de la carga del sistema penitenciario, en consonancia con el principio de intervención mínima del derecho penal. En el pasado, la Corte Suprema de Justicia ya había fallado en esta misma línea, reconociendo la validez del perdón en delitos susceptibles de desistimiento. La ley no introduce un criterio novedoso, sino que consolida y ordena una interpretación sostenida por la judicatura, otorgando mayor seguridad jurídica a su aplicación. Panamá ha reconocido desde hace años la necesidad de promover vías más efectivas, humanas y racionales para la resolución de conflictos, especialmente cuando la penalización rígida resulta desproporcionada. La justicia restaurativa es hoy un estándar internacional sustentado en evidencia empírica, estadísticas y análisis del impacto real del castigo en la sociedad. En este contexto, la construcción de país exige decisiones basadas en datos y no en impulsos punitivistas. La experiencia comparada demuestra que los sistemas que incorporan mecanismos de reparación temprana reducen la reincidencia, alivian la sobrecarga judicial y fortalecen la confianza ciudadana. Quienes temen que esta ley abra espacios para la impunidad pasan por alto que, bajo el modelo sancionatorio tradicional, la reparación efectiva suele quedar pendiente. Lejos de representar un retroceso, esta adecuación normativa constituye un avance hacia una justicia más sensible, justa y orientada a resultados. Es una apuesta por un sistema penal que no castiga por castigar, sino que busca reparar, reconciliar y prevenir. En un país que aspira a crecer sobre bases sólidas, decisiones como esta marcan una diferencia real. Monumentos en Panamá: ¿huérfanos de padre y madre? Memoria colectiva mientos, o para recordar a sus héroes, entre otros motivos. En la antigüedad, las estelas mesopotámicas o los templos griegos celebraban el poder de los dioses y de los reyes, mientras que en América precolombina los sitios arqueológicos, como Barriles, en Chiriquí, o el Cerro Juan Díaz, en el Pacífico panameño, registran la organización social, las creencias y el arte de civilizaciones desaparecidas. En ellos se funden la historia y el mito, la ciencia y el símbolo. Los monumentos han sido mucho más que construcciones de piedra, metal o mármol. Son depositarios de la memoria colectiva, testimonios tangibles de las luchas, logros y aspiraciones de los pueblos. Desde las pirámides de Egipto hasta las estatuas contemporáneas erigidas en plazas urbanas, cada monumento narra una historia que trasciende generaciones y ancla la identidad cultural en el espacio y el tiempo. Panamá, por su ubicación estratégica y su papel en la historia mundial, conserva monumentos que reflejan tanto su diversidad cultural como su búsqueda de soberanía. Las ruinas de Panamá Viejo, fundadas en 1519, son el testimonio más antiguo de la presencia europea en el litoral pacífico americano y, a la vez, del mestizaje que dio origen a la nación. El Casco Antiguo, reconstruido tras el saqueo de Henry Morgan en 1671, simboliza la resiliencia de un pueblo que se rehace ante la adversidad. El moMarisabel Aramburú Porras El oro, la moneda y la libertad Libertad económica En los últimos años se ha instalado con fuerza una narrativa que afirma que el poder económico global depende de quién acumule más oro. Según esta visión, el metal precioso sería el eje real del sistema financiero y el factor decisivo del dominio económico. La afirmación suena convincente, pero pasa por alto una lección fundamental de la historia: el oro nunca ha sido la causa de la prosperidad; ha sido su consecuencia. El oro es valioso. Siempre lo ha sido. Ha servido como reserva de valor, respaldo financiero y refugio en tiempos de crisis. Su importancia histórica es incuestionable. Sin embargo, confundir el valor del oro con el origen de la riqueza es un error conceptual profundo. El oro no crea civilización: la sigue. La civilización occidental no se construyó porque tuviera oro, sino porque creó un marco donde el ser humano pudo desplegar su potencial: libertad individual, derechos, propiedad privada, seguridad jurídica, educación, ciencia y espacio para la iniciativa personal. Dentro de ese entorno, el trabajo inteligente encontró sentido y la empresa privada se convirtió en el principal motor del desarrollo. El oro llegó después, como reflejo de esa riqueza creada, no neda es, en esencia, un derecho de acceso a ese sistema. Por eso, a pesar de los desequilibrios monetarios actuales, las personas siguen apostando por Occidente. No porque ignoren sus problemas, sino porque aún creen que dentro de ese marco es posible prosperar. Prosperidad relativa, imperfecta, desigual, sí, pero posible. Creen que el esfuerzo puede ser recompensado, que los contratos se respetan y que el sistema, aunque tensionado, sigue siendo corregible. Esa creencia no es ingenua. Está respaldada por siglos de experiencia acumulada y, sobre todo, por un último siglo de desarrollo sin precedentes impulsado por la empresa privada, la innovación y el trabajo inteligente. El capital —incluido el oro— no se queda donde se le encierra, sino donde puede crecer y producir. Por eso el oro sigue a la libertad, y no al revés. Y por eso cualquier inversor sensato en Occidente entiende que diversificar en oro, en Bitcoin o en tierras tiene sentido, pero siempre dentro de un marco legal, institucional y humano bien logrado. Fuera de ese marco, ningún activo —por valioso que parezca— puede sostener prosperidad duradera. La verdadera riqueza no está en el metal, sino en la capacidad humana de crear. Y esa riqueza, una y otra vez, ha demostrado valer mucho más que todo el oro del mundo. Opinión LOS AUTORES son abogados penalistas. EL AUTOR es ingeniero electromecánico. LA AUTORA es presidente de la Fundación Belisario Porras. Carolin Carson / Mijail Castillo numento a los Mártires del 9 de Enero de 1964 honra a los jóvenes que ofrecieron su vida por una soberanía nacional plena. Tenemos monumentos que reflejan no solo el liderazgo y heroísmo de individuos, sino también las etapas de un proyecto republicano en constante construcción, porque la memoria no es estática y las plazas y parques se convierten en espacios de reflexión y de encuentro, como lo es, por ejemplo, en la ciudad capital, la Plaza Porras, que, a la vez que honra al tres veces presidente Belisario Porras, quien construyó las bases del Panamá de hoy, cumple un rol de encuentro, de protesta y de afirmación colectiva. Por ello, la conservación de nuestros monumentos requiere un compromiso colectivo, puesto que un pueblo que los pierde, pierde parte de su identidad. Hago aquí un llamado a nuestras autoridades nacionales y municipales para que no dejen morir nuestros monumentos y, como ejemplo, menciono una vez más dos casos: el de los Mártires de Enero y el de la Plaza Porras, que languidecen y son objeto de vandalismo, ya que se encuentran huérfanos de padre y madre, abandonados y sin protección alguna. Protegerlos no es un acto de nostalgia, sino de afirmación: significa reconocer que la historia compartida es el cimiento de la cohesión social. Cuidarlos, interpretarlos y transmitir su significado es un deber patriótico y un ejercicio de memoria viva. En ellos se entrelazan el pasado que nos formó y el futuro que aspiramos a construir como pueblo y colectividad. Algunas personas vemos a los monumentos como testimonios materiales de la historia de un país, pero lamentablemente hay mucha gente que no los ve así. Hoy nos detenemos a hacer una reflexión sobre lo que ocurre en Panamá. Terminando el año, casi como símbolo de un enrevesado 2025, fuimos sacudidos por noticias turbulentas que nos narraban que, en horas de la noche, un grupo de personas demolió, a golpe de martillo, el monumento construido en el mirador al pie del Puente de las Américas, erigido por la comunidad china para conmemorar su presencia centenaria en el istmo y honrar la memoria de miembros de su comunidad que participaron en la construcción del Ferrocarril del Istmo. Años después, comunidades como la de los antillanos, gallegos, italianos y otras más vinieron a participar en la construcción del Canal de Panamá, dando origen al crisol de razas que distingue a esta nación y configurando el perfil característico de nuestra identidad colectiva. Y hablando de monumentos, es importante señalar que desde los albores de la civilización los seres humanos hemos construido monumentos, ya sea en piedra, metal, mármol u otros materiales, para testimoniar diferentes pasajes de la historia de los pueblos: sus proezas, valores, creencias religiosas y grandes aconteciGabriel Polanco Fossatti Panamá, por su ubicación estratégica y su papel en la historia mundial, conserva monumentos que reflejan tanto su diversidad cultural como su búsqueda de soberanía. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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