1A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 30 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15246 Hoy por hoy El cierre de 2025 deja una paradoja inquietante: mientras las denuncias por corrupción aumentaron en 70.1%, el sistema de justicia sigue proyectando señales de indulgencia e irresponsabilidad institucional. El problema ya no son las llamadas fallas procesales, sino la ausencia de consecuencias para quienes las permiten. El caso de Mario Martinelli lo ilustra con claridad. Un acuerdo de pena fue celebrado, aceptado voluntariamente, confesado y validado judicialmente, para luego ser anulado a petición de la propia defensa. La contradicción es evidente: quien admitió hechos y se benefició de una condena reducida terminó cuestionando el mismo proceso que aceptó para evitar una pena mayor. Ese giro no solo erosiona la credibilidad del sistema, sino que obliga a una pregunta incómoda sobre el rol del juez que avaló inicialmente el acuerdo y luego quedó fuera de todo cuestionamiento institucional. A ello se suma la sola consideración del Ejecutivo de evaluar beneficios penales para una condenada por corrupción y el silencio frente a jueces, fiscales y defensores cuyas decisiones no tienen costo alguno. Más denuncias sin responsables no fortalecen la justicia: consolidan la impunidad. Panamá no necesita discursos, necesita consecuencias. Everardo Rose apunta al fútbol ecuatoriano 8A Deportes Personal del Ministerio Público en el área del Puente de las Américas. Elysée Fernández China eleva queja formal mientras el MP investiga demolición de monumento POLÉMICA Juan Manuel Díaz [email protected] La demolición del monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas provocó una queja formal de China y el inicio de investigaciones por parte del Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial realizaron diligencias para determinar responsabilidades y la legalidad del procedimiento. El caso reabrió el debate sobre la protección del patrimonio cultural, la actuación de las autoridades locales y el impacto institucional de decisiones municipales con alcance nacional e internacional. VEA 2A Denuncias por corrupción aumentan 70.7% en 2025 Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JUSTICIA El año 2025 se caracterizó por más expedientes por corrupción, presión sostenida sobre fiscales, investigaciones centradas en la administración pública y un rezago de auditorías que condiciona resultados institucionales. Las denuncias por presuntos casos de corrupción en Panamá registraron un incremento cercano al 71% entre enero y noviembre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos del Ministerio Público. En ese período se tramitaron 2,946 expedientes, frente a los 1,726 registrados en el mismo lapso de 2024, reflejando una presión creciente sobre el sistema de investigación penal. El desglose de los procesos muestra que casi la mitad de los casos (48.4%) corresponde a delitos contra la administración pública, consolidando esta categoría como la de mayor incidencia. Le siMario Martinelli quedó libre de sanción penal Juan Manuel Díaz [email protected] El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la condena de 40 meses de prisión impuesta a Mario Martinelli en el caso granos del PAN, tras declarar nula parte de la investigación. La decisión se produjo a solicitud de su defensa, pese a que el imputado había aceptado previamente un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción y la devolución Mariio Martinelli. EIA revela amplio respaldo al proyecto vial Omar Torrijos El Estudio de Impacto Ambiental revela amplio respaldo al proyecto vial Omar Torrijos: 75.2% de los encuestados lo vincula con mejor calidad de vida y movilidad. La consulta ciudadana también identifica preocupaciones por ruido, Etanol obligatorio divide opiniones y llegará a foro público antes del debate La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional escuchará a autoridades, gremios y expertos el 15 de enero para aclarar impactos en precios, consumo, ambiente y posibles conflictos de interés del proyecto de combustibles nacional. VEA 4A polvo, congestión, accesos a propiedades, servicios públicos y eventuales impactos ambientales en el Parque Nacional Camino de Cruces durante la fase de construcción del proyecto vial. VEA 6A Panamá buscará arreglar disputa con Costa Rica El Ministerio de Comercio e Industrias presentará a inicios de 2026 una propuesta a Costa Rica para resolver la disputa comercial que mantiene bloqueado el intercambio de productos lácteos y otros productos entre ambos países. VEA 2B guen los delitos contra el orden económico (26.4%) y contra el patrimonio económico (20%), lo que confirma que las investigaciones se concentran en presuntas irregularidades vinculadas al manejo de recursos del Estado y a la actividad económica. Entre los casos más sensibles figuran investigaciones relacionadas con la descentralización paralela, los auxilios económicos del Ifarhu y las planillas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el avance de estas causas enfrenta limitaciones por la falta de auditorías. De 423 solicitudes cursadas en 2025, la Contraloría solo entregó 53 informes correspondientes a ese año, situación que ha provocado el archivo de al menos 34 expedientes y evidencia un cuello de botella institucional. VEA5A de $3.2 millones al Estado. VEA 4A ADEMÁS Impugnación mantiene suspendida licitación del Instituto Cantón 3B Economía Auditoría de la mina detecta inconsistencias forestales 1B
2A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Si algo debe caracterizar el ejercicio del poder del que se dispone en un momento dado es la prudencia con la que se debe ejercer, sobretodo cuando se han de tomar decisiones sobre actos o temas que trascienden el cargo que temporalmente se ostenta. Ello implica, desde luego, decidir y actuar con sensatez. Ello no significa que no se tomen decisiones oportunas ni que se actúe tardíamente. Todo lo contrario: que lo que se vaya a hacer esté precedido de un mínimo de reflexión y de tener presente los alcances y los efectos de loque se ha decidido hacer. Todo ello porque el ejercicio del poder del que se dispone en un momento dado, y porque el poder que se detenta siempre es temporal y, en el caso del poder que se tiene en razón de ocupar un cargo público, aún más. Por eso se ha de actuar con sensatez, con prudencia, teniendo presente el alcance de ciertas decisiones. De ahí la necesidad de calibrar y sopesar lo necesario de lo que se ha decidido llevar a cabo, lo que se pretende ejecutar. Hay que tener, por tanto, sentido del momento, pero también un mínimo de sentido de la historia, es decir, de cómo se juzgará, pasado el tiempo, la decisión y el acto a ejecutar. De eso trata el ejercicio del poder público: de tener que actuar, en todo momento, con prudencia. Pues bien, eso fue lo que le faltó a la alcaldesa de Arraiján al decidir el acto por el cual se destruyó el Mirador de las Américas, monumento levantado en el año 2004 para conmemorar los 150 años de la presencia del pueblo chino en Panamá. Esa estructura, ese monumento, no era ni trataba de una simple construcción. No fue algo que se construyó en un lugar para llenar simplemente un espacio. Era y constituía una obra para conmemorar la presencia de un pueblo en nuestra cultura, en lo que representa nuestra nación, como también lo representan otros pueblos que han forjado nuestro sentido de nación. Nada de eso se tuvo presente al tomar la decisión de destruir el monumento del Mirador del Puente de las Américas. De seguro que cuando se tomó dicha decisión no se tenía presente lo que ese monumento representaba, ni el porqué se construyó. Se pensaba, simplemente, que había que destruir lo que ahí estaba y punto. Se tenía el poder para hacerlo y se ejerció. Lo demás no importaba. No se tenía presente cómo se sería A propósito de la destrucción de un monumento El Ministerio Público colocó cintas en el lugar de los hechos en el Puente de las Américas. Elysée Fernández Protesta diplomática, pesquisa penal y un debate geopolítico Redacción de La Prensa [email protected] Rigoberto González M. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] DESTRUCCIÓN DE MONUMENTO CHINO La demolición del monumento chino en Arraiján derivó en protestas diplomáticas, investigaciones penales y diligencias en la Alcaldía, mientras reabre el debate sobre patrimonio, poder local y geopolítica. La demolición del monumento dedicado a la comunidad china en el Mirador del Puente de las Américas, en el distrito de Arraiján, ocurrida la noche del sábado, ha derivado en una cadena de consecuencias que trascienden el ámbito municipal. En menos de 48 horas, el hecho provocó una protesta diplomática formal de China, el inicio de investigaciones judiciales, diligencias del Ministerio Público en la Alcaldía de Arraiján y reavivó el debate sobre el peso de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China en torno al Canal de Panamá. Ayer lunes el Gobierno de China presentó una protesta oficial ante el Estado panameño, calificando la demolición como una acción “gravemente errónea” y señalando que hirió profundamente los sentimientos de la comunidad china en Panamá. A través de su vocero diplomático, Pekín subrayó que el monumento simbolizaba la amistad histórica entre ambos pueblos y rendía homenaje a los trabajadores chinos que participaron en la construcción del ferrocarril transístmico y en los primeros intentos de excavación del Canal. El monumento El monumento, un arco de estilo tradicional chino custodiado por leones de piedra y decorado con dragones, fue levantado para conmemorar los 150 años de la migración china al istmo. Ubicado en un punto estratégico con vista al Canal y al Puente de las Américas, inagurado por Estados Unidos en 1962, se había convertido con el tiempo en un sitio de valor simbólico, cultural y turístico. Ayer mismo, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público realizaron una inspección ocular en el lugar donde se encontraba la estructura, como parte de una investigación abierta tras denuncias presentadas en Panamá Oeste. La Fiscalía Anticorrupción asumió el caso para determinar si la demolición constituyó un delito, entre ellos posible abuso de autoridad o infracción de deberes de servidor público. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos dos denuncias penales han sido presentadas contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, quien ha sostenido que la decisión respondió a criterios técnicos por supuestos riesgos estructurales. No obstante, otras instituciones del Estado, como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), indicaron que no recomendaron la demolición, sino la restauración del monumento, lo que ha alimentado las dudas sobre el procedimiento seguido. También la Policía Nacional se deslindó de responsabilidad al reiterar mediante comunicado que ninguno de sus agentes participó en el operativo alcaldicio, donde aparecían agentes municipales encapuchados. Como parte de las actuaciones judiciales, el Ministerio Público realizó posteriormente diligencias en la Alcaldía de Arraiján, con el objetivo de recabar documentos, informes técnicos, órdenes administrativas y comunicaciones internas relacionadas con la decisión. Las investigaciones buscan establecer quién autorizó la demolición, con base en qué evaluaciones y si se cumplió con los permisos legales correspondientes. En medio de estas actuaciones, se produjeron renuncias administrativas, interpretadas como una respuesta institucional ante la presión pública y judicial generada por el caso. Geopolítica El episodio también adquirió una dimensión internacional adicional a raíz de un reportaje publicado en agosto por The Washington Post, en el que el mirador fue descrito como un símbolo incómodo en el contexto de la creciente disputa entre Estados Unidos y China por la influencia sobre el Canal de Panamá. El diario estadounidense señaló que el deterioro del monumento coincidía con el progresivo distanciamiento del Gobierno panameño respecto de Pekín. Líderes de la comunidad chino-panameña, como Carlos Ng, vicepresidente de la Asociación China de Panamá, habían advertido con anterioridad sobre el abandono del sitio y aseguraron que solicitudes formales para su renovación nunca recibieron respuesta. Según estos voceros, el deterioro del mirador no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso de desatención institucional. El contexto geopolítico ha estado marcado por decisiones recientes del Estado panameño, como el retiro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el desmantelamiento de infraestructuras tecnológicas de Huawei y la auditoría a la empresa hongkonesa CK Hutchison, operadora de puertos en ambos extremos del Canal. Todo ello en medio de la retórica del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que China ejerce influencia sobre la vía interoceánica. Consultado por The Washington Post, el presidente José Raúl Mulino negó que el futuro del monumento estuviera condicionado por consideraciones geopolíticas y sostuvo que se trataba de un asunto estrictamente municipal. No obstante, reiteró que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Panamá. Tras la demolición, el mandatario ordenó la restauración del monumento en su ubicación original, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades. Historiadores recuerdan que la comunidad china forma parte esencial de la historia del país y que hoy representa entre el 5% y el 10% de la población panameña, siendo la mayor comunidad china de Centroamérica. (Con información de Ohigginis Arcia, Yasser García y Juan Díaz) A pocas horas de 2026, la coalición Vamos envió una carta pública al presidente José Raúl Mulino en la que expone su hoja de ruta política. No se trata de un saludo de fin de año, sino de un documento con 10 peticiones concretas que abarcan agua potable, agenda anticorrupción, reforma educativa, minería, descentralización y evasión fiscal, entre otros temas. En la misiva, fechada el 29 de diciembre de 2025, Vamos advierte que Panamá atraviesa “un momento decisivo” para su cohesión social y su modelo de desarrollo. Para sustentar el diagnóstico, cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): un índice de Gini superior a 0.5, deterioro de la desigualdad entre 2023 y 2024 y el mayor aumento de pobreza y pobreza extrema de la región en el último año. Ante ese escenario, la coalición propone un mecanismo de trabajo serio y transparente, con agenda definida, plazos y responsables. “El país necesita menos ambigüedad y más compromisos claros que se traduzcan en acciones y resultados”, señala el documento. El primer reclamo apunta a lo básico: agua potable segura, continua y de caliVamos entrega a Mulino su hoja de ruta con 10 demandas clave para 2026 AGENDA dad, mediante una estrategia nacional liderada por el Ejecutivo. En materia anticorrupción, Vamos insta a pasar del discurso a la implementación y recuerda que sus diputados han presentado más de 20 proyectos en esa materia. La carta también plantea reformas al Estado, una recaudación fiscal más eficaz, reglas claras para la descentralización y una reforma educativa impostergable. Además, incluye llamados sobre energía, medicamentos y minería, con respeto al Acuerdo de Escazú y al fallo de la Corte Suprema de 2023. La coalición advierte que mantendrá una fiscalización firme desde la Asamblea, sin cerrar la puerta a acuerdos transparentes. Eliana Morales Gil [email protected] Juan Diego Vásquez, líder de la colación Vamos. Archivo juzgado con el tiempo. Esa es la soberbia del poder: lo demás no importa. Lo actuado por la alcaldesa de Arraiján nos lleva a tener que hacer un comentario prospectivo, a futuro. El escenario sería el siguiente: una niña llega a casa después de sus clases, se encuentra con la abuela y le dice que en la clase de historia se estuvo hablando de ella, de la abuelita. La abuela, entusiasmada, le pregunta: “¿Y qué se estaba hablando de mí?”. A lo que le contesta la nieta: “Pues que cuando fuiste alcaldesa mandaste a destruir el monumento del Mirador de las Américas. Ni te imaginas, abuelita, lo que viví. Qué vergüenza, abuelita”. Ese es el juicio de la historia cuando no se actúa con sensatez, cuando no se actúa con prudencia en el ejercicio del poder. Que no se olvide.
3A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Rolando Rodríguez B. [email protected] AMIGOS EN LAS MALAS. En las penitenciarías panameñas hay castas. Significa que están por encima del resto de la población recluida. Así que reciben privilegios, como aire acondicionado, televisión, celular y hasta una habitación VIP, de uso exclusivo, para que nadie ronque a su lado. Esa es la clase de cosas que una alta autoridad del Ejecutivo le permite a una señora que se ha vuelto famosa en los últimos días, gracias a que el presidente puede perdonarle parte de su condena. O sea que, aparte de impunidad, la tratan como princesa: con todo tipo de lujos carcelarios. ¡Así quién no roba! Y SIGUE EL FIESTO. El Órgano Judicial declaró nula parte de una investigación contra Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, y revocó un acuerdo de pena en el que el acusado se comprometió a devolver al Estado $3.2 millones y cumplir 40 meses de prisión. Todo se basa en que los fiscales necesitaban permiso para prolongar la investigación contra Martinelli. De nada valió la confesión de culpabilidad de don Mario, en un caso en el que la lesión superó los $12 millones. ¡Qué buen negociazo! CAMUFLADO. Quién iba a pensar que una alcaldesa llevaría al país a un enfrentamiento diplomático con China, una potencia militar mundial y el segundo usuario más importante del Canal. Su gobierno ya presentó una protesta formal ante la Cancillería panameña. ¿Pero esto es solo la iniciativa de la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba o hay otros involucrados, escondidos bajo sus faldas? En los corrillos se repite un nombre que, tenga usted la seguridad, no se dirá nunca de forma pública. Pero si el rumor es cierto, el oculto le debe muchas explicaciones a su jefe. NAVIDAD COBRIZA. En el Ministerio de Ambiente dicen que las actividades de la mina están totalmente paralizadas y que Si la ley se aprueba un porcentaje de la gasolina tendría etanol. iStock Proyecto del etanol irá a foro público antes de su primer debate Elina Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El proyecto que impone etanol obligatorio entra a debate previo en la Asamblea, con un foro público que busca despejar dudas sobre costos, beneficios ambientales, efectos al consumidor y conflictos. La discusión sobre la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles entrará en una nueva etapa antes de llegar al primer debate legislativo. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional convocó a un foro público para el próximo 15 de enero, con el objetivo de escuchar a autoridades, sectores técnicos, gremios y ciudadanos sobre el alcance real del proyecto de ley 443. El foro se realizará en el auditorio Carlos Titi Alvarado, en el edificio nuevo del Legislativo, y será transmitido por el canal de la Asamblea. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos sobre el impacto del proyecto en los consumidores y sobre los beneficios concretos de hacer obligatoria la mezcla de bioetanol en las gasolinas que se venden en Panamá. El presidente de la comisión, el diputado Ernesto Cedeño, explicó que no acelerará el trámite mientras existan dudas importantes. “Yo no voy a meterle una velocidad a este proyecto hasta que toda la comunidad esté integrada, inclusive los señores diputados, de lo bueno, lo malo y lo feo”, dijo en entrevista con La Prensa. ¿Tiene beneficios para el consumidor? Aunque la propuesta resalta los beneficios ambientales del uso de bioetanol, Cedeño considera que el texto no deja claro qué gana el consumidor. “Yo no percibo ahí en los artículos que haya un beneficio directo al consumidor”, afirmó, al explicar que el proyecto no explica si la mezcla obligatoria se traducirá en una reducción del precio de la gasolina o en mejoras tangibles para los usuarios. Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la ausencia de opciones de elección. Según el diputado, tal como está redactada la iniciativa, todas las gasolineras estarían obligadas a vender combustible mezclado. “Como yo lo he leído, esto sería obligatorio para todas. No se establece la opción de que el consumidor pueda escoger”, manifestó, después de añadir que el foro debe servir para explicar por qué no se contempló un esquema mixto. Cedeño también dijo que en la discusión deberán abordarse inquietudes que han circulado entre los usuarios, como el posible impacto del etanol en el rendimiento del combustible. “Hay personas que dicen que con el bioetanol se evapora más el combustible. Yo no sé si eso es verdad. Eso me lo tienen que explicar los que saben”, indicó. Los invitados Para el foro, la comisión cursó invitaciones a entidades del Ejecutivo con competencias directas en la regulación energética, fiscal y productiva, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Ambiente. También se convocó a instancias técnicas y reguladoras como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, así como al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, cuya Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios deberá abordar los estándares de manejo, transporte y almacenamiento de biocombustibles. El sector privado y académico también tendrá espacio en la mesa. Entre los invitados figuran la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Asociación Azucarera Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá, llamadas a aportar criterios técnicos sobre producción, costos y viabilidad del etanol en el mercado local. El debate ocurre además en medio de cuestionamientos públicos por un posible conflicto de interés relacionado con el sector azucarero, clave para la producción de etanol. El contralor Anel Flores, es accionista de una de las principales azucareras del país y en una conferencia de prensa reciente habló sobre el papel de esta industria en el proyecto sobre el etanol. Sobre este punto, Cedeño sostuvo que el proyecto no plantea contrataciones directas con el Estado. “Es una libre oferta de mercado”, dijo, aunque reconoció que el desarrollo del etanol podría beneficiar a quienes ya cuentan con capacidad productiva instalada. “Esto también me tienen que aclarar si es un beneficio para cuatro o para cuatro millones de panameños”, añadió. ‘Nadie me ha llamado...’ El diputado aseguró que, hasta ahora, no ha recibido presiones del Ejecutivo para agendar el proyecto. “A mí nadie me ha llamado para que lo agende. Yo hago la agenda y no tengo ningún tipo de presión”, afirmó, al insistir en que su compromiso es que los diputados y la ciudadanía entiendan con claridad qué se votará y con qué efectos. Después que se realice el foro, la comisión evaluará si agenda o no el proyecto para primer debate, una decisión que, según su presidente, dependerá de que exista un criterio informado sobre los beneficios, los costos y las implicaciones reales de imponer el etanol como regla general en el mercado de combustibles. Juan Manuel Díaz [email protected] Mario Martinelli. Archivo Dejan sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli; no pagará pena ni multa JUSTICIA Un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró la nulidad parcial del proceso por peculado relacionado con la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y revocó la condena de 40 meses de prisión impuesta a Mario Martinelli, quien había alcanzado un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción. La decisión fue dada a conocer el lunes 22 de diciembre y lleva las firmas de los magistrados José Hoo Justiniani, Eyda Amarilis Juárez y Dida Esther Ruiz. En el fallo, el tribunal reformó una decisión de primera instancia emitida por la jueza Águeda Rentería, mantuvo la nulidad de la investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción a partir del 27 de febrero de 2015 y dejó sin efecto el acuerdo de pena suscrito entre Martinelli y el Ministerio Público. En el caso específico de Martinelli, los magistrados determinaron que el acuerdo de pena debía ser declarado nulo, al considerar que se sustentó en piezas procesales que ya habían sido anuladas por vulnerar garantías fundamentales. Como parte de dicho acuerdo, Martinelli había aceptado una condena de 40 meses de prisión y se había comprometido a devolver al Estado la suma de $3.2 millones. El Tribunal Superior sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción incumplió lo dispuesto en el artículo 2033 del Código Judicial, que establece que la investigación debe perfeccionarse dentro de los cuatro meses siguientes a su inicio, con la posibilidad de una prórroga de hasta dos meses cuando existan varios imputados o hechos punibles, siempre que medie autorización judicial. De acuerdo con el fallo, la Fiscalía debió concluir la investigación el 27 de febrero de 2015. No obstante, después de esa fecha ordenó indagatorias y practicó diligencias sin haber solicitado la autorización correspondiente al juzgado, tal como exige la normativa vigente. Para los magistrados, estas actuaciones carecieron de sustento legal. En su resolución, el tribunal cuestionó el proceder del Ministerio Público y señaló no comprender por qué se omitieron procedimientos claramente establecidos en la ley, subrayando que dichas omisiones obligan a los juzgadores a declarar la nulidad de las actuaciones. Cabe recordar que, en marzo de 2025, la jueza Águeda Rentería ya había declarado la nulidad parcial de la investigación, específicamente a partir de la página 8,598 del expediente, aunque en ese momento decidió mantener vigente el acuerdo de pena alcanzado por Mario Martinelli. Durante el juicio celebrado ese mismo mes, la Fiscalía solicitó condena para 25 de los investigados y un fallo absolutorio para otros 19 procesados. Hasta ahora, se desconoce si el Ministerio Público presentará un recurso de casación ante la Sala Penal contra la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. si la minera está haciendo algo es bajo el amparo del Plan de Preservación y Gestión Segura. ¿Eso incluirá la decoración navideña de parques de La Pintada y Penonomé? Un letrero luminoso, más brillante que el propio arbolito de Navidad, anuncia quién manda: No era que decía “¡Feliz Navidad, Penonomé”! Decía: Cobre Panamá, ¡Feliz Navidad! Firts Quantum Minerals”. No podemos imaginar qué regalos recibirá del Gobierno.
5A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025 Panorama El procurador Luis Gómez presentó en la Asamblea dos propuestas de ley para combatir la corrupción pero no prosperaron. Archivo Más casos y falta de auditorías presionan al sistema de justicia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CORRUPCIÓN En los primeros 11 meses de 2025 ingresaron 2,946 carpetas y procesos, una cifra que contrasta con los 1,726 registrados en el mismo período de 2024. Entre enero y noviembre de 2025, los pasillos del Ministerio Público registraron un tránsito considerable de expedientes vinculados a presuntos casos de corrupción en Panamá. En ese lapso ingresaron y se movilizaron 2,946 carpetas y procesos, una cifra que contrasta con los 1,726 registrados en el mismo período de 2024 y que representa un incremento cercano al 70.7%. Más allá del dato frío, el aumento da cuenta de una presión creciente sobre el sistema de investigación penal y de una intensificación en la tramitación de causas que, una a una, fueron llegando a los despachos fiscales en medio de una demanda pública cada vez mayor por rendición de cuentas. Los registros sobre el tipo de delitos que ingresaron al Ministerio Público revelan que casi la mitad de los casos está relacionada con la gestión del Estado. De un total de expedientes contabilizados, 1,424 corresponden a delitos contra la Administración Pública, lo que equivale al 48.4% del total y consolida esta categoría como la de mayor incidencia. Le siguen los delitos contra el Orden Económico, con 778 casos (26.4%), y los delitos contra el Patrimonio Económico, con 589 expedientes (20%), lo que evidencia el peso de las conductas vinculadas al manejo de recursos y a la actividad económica. En contraste, las demás tipologías presentan una incidencia significativamente menor. Los delitos contra la Fe Pública sumaron 119 casos (4%), mientras que los delitos contra la Vida y la Integridad Personal registraron 12 expedientes (0.4%) y los delitos contra la Libertad apenas 6 casos (0.2%). La categoría de otros delitos acumuló 14 procesos (0.5%). En conjunto, el desglose confirma que las investigaciones se concentran mayoritariamente en presuntas irregularidades administrativas y económicas, reforzando el perfil de la corrupción y los delitos financieros como el eje central de los casos atendidos. Falta de auditorías Algunas de las investigaciones más sensibles del Ministerio Público durante este año apuntan a casos que han marcado la agenda pública, como la descentralización paralela que involucra a representantes y alcaldes, los polémicos auxilios económicos del Ifarhu y las cuestionadas planillas de la Asamblea Nacional. No obstante, estos procesos también han enfrentado limitaciones por la falta de auditorías suficientes para sustentar las pesquisas. Una nota fechada el 18 de noviembre de 2025 y firmada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, detalla el volumen de solicitudes cursadas, los informes recibidos y el impacto que la escasez de auditorías ha tenido en el avance de la investigación penal. Según la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales. La cifra refleja el ritmo acelerado de las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, un ámbito en el que los informes de la Contraloría General de la República resultan clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a etapas procesales más avanzadas. Sin embargo, la Contraloría solo remitió 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas durante 2025. Esto significa que apenas el 12.5% de las auditorías requeridas ese año ha sido entregado, un indicador que evidencia un cuello de botella que impacta directamente en el desempeño del Ministerio Público. El resto de los informes —63 en total— responde a solicitudes de años anteriores, lo que sugiere un rezago acumulado arrastrado de gestiones previas. Este retraso condiciona el avance de investigaciones relevantes, especialmente aquellas que requieren peritajes contables para determinar responsabilidades penales. La falta de auditorías no es un asunto menor. La Fiscalía Anticorrupción reportó que solo en 2025 unos 34 casos tuvieron que ser archivados por causas vinculadas directamente a la ausencia de los informes solicitados a la Contraloría El dato marca una tendencia preocupante para el desarrollo de las investigaciones más sensibles del país. Por su parte, el contralor, Anel Flores, ha dicho que se necesitan tres contralorías para cumplir con todas las auditorías que se requieren en el país. Leyes sin prosperar A este panorama se suma que, en 2025, el Ministerio Público presentó dos proyectos de ley anticorrupción ante la Asamblea Nacional, los cuales fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas. Una de las iniciativas proponía la creación de una ley marco anticorrupción y reformas al Código Procesal Penal para modernizar los mecanismos de investigación y sanción de estos delitos, pero quedó archivada luego de que su primer artículo fuera rechazado, impidiendo que avanzara al segundo debate. El rechazo se repitió con un segundo proyecto que buscaba endurecer el Código Penal y ampliar la responsabilidad de los funcionarios públicos.
6A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025 El tramo Corozal–Red Tank será ampliado a cuatro carriles. Anel Asprilla Ensanche de la vía Omar Torrijos: Lo que dice la encuesta del estudio ambiental Aleida Samaniego C. [email protected] MOVILIDAD Y AMBIENTE El estudio ambiental del proyecto vial en la carretera Omar Torrijos refleja amplio respaldo ciudadano por la movilidad, pero también alertas por ruido, polvo, tráfico y posibles impactos en el Camino de Cruces. El proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal–Red Tank–vía Centenario), con un costo de $105.7 millones, se perfila como uno de los proyectos viales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) más relevantes para mejorar la movilidad en el corregimiento de Ancón y sus zonas aledañas. De acuerdo con los resultados del proceso de consulta ciudadana incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado al Ministerio de Ambiente (Miambiente), el 75.2% de los encuestados asocia el proyecto con una mejora en la calidad de vida, principalmente por el beneficio directo sobre la movilidad y la reducción de los problemas de tráfico en el área. El porcentaje de participación se sustenta en el universo definido en el propio EIA. El documento establece que el área de impacto directo del proyecto comprende un número estimado de usuarios residenciales, comerciales e institucionales, sobre el cual se aplicaron 339 encuestas, equivalentes al 35% del total de usuarios identificados en esa zona. Este nivel de cobertura se considera representativo para estudios de este tipo, ya que permite recoger percepciones de una muestra amplia y diversa, integrada por residentes, comerciantes y actores institucionales que interactúan de forma cotidiana con la vía Omar Torrijos, plantea el documento. Pese a la aceptación mayoritaria del proyecto, la consulta ciudadana también evidenció una serie de preocupaciones entre las comunidades y los actores clave del área de influencia directa. Entre los principales temas señalados figuran el aumento de los niveles de ruido, la calidad del aire debido a la generación de polvo, el acceso a las propiedades durante la construcción a causa del congestionamiento vehicular, la posible afectación temporal de los servicios públicos y la relación del proyecto con el Parque Nacional Camino de Cruces, en particular en lo relativo a intervenciones dentro de zonas protegidas. Ruido, polvo y tráfico: las principales alertas Uno de los aspectos más mencionados por residentes y comerciantes es el aumento de los niveles de ruido durante las obras. La operación constante de maquinaria y los trabajos de pavimentación pueden generar ruidos molestos que afecten el bienestar de la población cercana a la carretera. Según los estudios realizados, los niveles de ruido ambiental ya superan los límites permitidos en algunas zonas aledañas, una situación que podría agravarse durante la fase de construcción. La contaminación del aire también figura entre las preocupaciones más relevantes. Las mediciones de material particulado revelan que los niveles de polvo y partículas finas ya exceden los valores establecidos por las normas de calidad del aire, especialmente en áreas cercanas al tráfico constante. Esto no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también representa un riesgo para la salud pública, en particular para personas con afecciones respiratorias. El congestionamiento vehicular durante la construcción es otro de los temores recurrentes. Los residentes advierten que la interrupción temporal de los accesos y de la circulación en las áreas cercanas podría afectar su movilidad diaria y generar inconvenientes tanto para las comunidades como para los comercios que dependen del flujo constante de personas y vehículos. Camino de Cruces, el foco ambiental El proyecto también ha generado inquietud en torno al posible impacto ambiental en el Parque Nacional Camino de Cruces, un área protegida de alto valor ecológico. Las comunidades cercanas se mantienen vigilantes ante cualquier intervención que pudiera afectar este pulmón verde, clave para la biodiversidad y la calidad ambiental de la región. En ese sentido, el EIA reconoce que el proyecto se desarrollará parcialmente dentro del parque y que cuenta con una viabilidad ambiental aprobada por el Miambiente, mediante la Resolución DAPB-131-2025, del 17 de noviembre de 2025. El documento señala que la intervención se concentrará en áreas previamente impactadas, donde se requieren trabajos de estabilización para garantizar la seguridad vial. En relación con la percepción general del proyecto, el 62% de los encuestados califica como positivo el efecto que tendría la obra sobre su comunidad o propiedad, mientras que un 15% considera que tendría impactos tanto positivos como negativos. En contraste, un 9% califica el efecto como negativo y un 14% señaló no saber cómo evaluar el impacto. En cuanto a los posibles conflictos derivados de la ejecución del proyecto, el 64% de los entrevistados manifestó estar dispuesto a contribuir a su solución. Además, el 76% considera que el proyecto ayudaría a resolver problemas de su comunidad, principalmente los relacionados con el tráfico y los tranques, uno de los reclamos históricos del área. El EIA entregado por el MOP deja claro que la iniciativa no surge de una hoja en blanco. En2018, una versión anterior de la obra quedó inconclusa tras generar fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental. Aquella intervención dejó taludes abiertos, áreas deforestadas y una sensación persistente de improvisación que aún pesa sobre el trazado. El MOP informó que desde diciembre de 2024 se validó oficialmente el inicio del proceso de rediseño, con el objetivo de ajustar el trazado a un modelo menos invasivo para las zonas boscosas aledañas, en especial las cercanas al Parque Nacional Camino de Cruces, un área de patrimonio natural que conserva ecosistemas propios del bosque tropical. La reactivación del proyecto se produjo luego de que el MOP resolviera administrativamente el contrato con la empresa Astaldi, S.A., por incumplimientos contractuales, conforme a la Ley 22 de junio de 2006, que regula la contratación pública. El proceso, iniciado en enero de 2022, permitió al Estado hacer efectiva la garantía de cumplimiento y derivó en la subrogación del contrato por parte de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., que mantenía una fianza por $44.5 millones. En síntesis, la encuesta del EIA muestra una percepción mayoritariamente favorable hacia el proyecto, junto con preocupaciones puntuales sobre sus efectos durante la construcción. Estos elementos forman parte del análisis que acompaña el proceso de evaluación ambiental y el seguimiento que mantienen las comunidades del área de influencia directa. Una inspección ocular en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue practicada por la Fiscalía Anticorrupción, en busca de correos electrónicos relacionados con la sustracción de 600 vigas tipo H valoradas en $3 millones desaparecidas en septiembre de 2024. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que en la diligencia participaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), abogados defensores y funcionarios de la fiscalía. La diligencia −que se realizó a primeras horas de la mañana de ayer- tenía como objetivo ubicar información que pudiese establecer la participación de funcionarios administrativos del MOP en la trama para la sustracción de las vigas de un patio en Veracruz, distrito de Arraiján (Panamá Oeste). Los funcionarios del Imelcf analizaron los correos electrónicos relacionados con las órdenes impartidas para depositar las vigas H en el patio ubicado en Veracruz y establecer el personal que mantenía acceso a esa información. Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias en el MOP por la pérdida de vigas tipo H INVESTIGACIÓN Por este caso la fiscalía ha imputado cargos a un total de 17 personas, 13 de ellas por la presunta comisión del delito de peculado doloso y otras cuatro por peculado culposo. También alcanzaron tres acuerdos de pena de 60 meses de prisión y se han recuperado 378 vigas en diversos puntos del país. La investigación de la fiscalía reveló que muchas de las vigas sustraídas fueron vendidas a empresas recicladoras y otras fueron llevadas al interior del país, en donde fueron abandonadas tras el inicio de las diligencias para su ubicación. Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional realizó allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Tomada de @PGN_PANAMA La reactivación del proyecto se produjo luego de que el MOP resolviera administrativamente el contrato con la empresa Astaldi, S.A., por incumplimientos contractuales. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 30 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. controversia se intensificó en un contexto geopolítico sensible, marcado por referencias a tensiones recientes vinculadas al Canal de Panamá y la competencia entre Estados Unidos y China. En Panamá, la protección del patrimonio cultural se sustenta en el artículo 81 de la Constitución, que reconoce la cultura nacional como el conjunto de manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas creadas en el país, y asigna al Estado la responsabilidad de promoverla y resguardarla. La Ley 14 de 1982 establece directrices para la conservación del patrimonio histórico y define competencias del Ministerio de Cultura. Sin embargo, para bienes no declarados formalmente como patrimonio histórico nacional, no existe una protección automática estricta que impida intervenciones. Las alcaldías, como autoridades locales, tienen competencias en materia de seguridad pública, ordenamiento territorial y obras municipales. En la práctica, si una estructura presenta un riesgo inminente, la autoridad local puede ordenar su demolición bajo criterios de seguridad, sin requerir una declaratoria patrimonial previa. Esto no implica que la acción sea ideal o exenta de controversia: la ausencia de declaratoria no elimina el valor simbólico o cultural, ni sustituye la necesidad de coordinación con el Ministerio de Cultura. La alcaldía defendió la legalidad de la demolición, alegando que el terreno es de propiedad municipal y que no requería autorización del Ministerio de Obras Públicas, entidad que negó haber participado. No Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Educación en Panamá: ¿Un año de logros o fracasos? Equidad educativa informe de Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) reveló que el 41% de los colegios evaluados no pudo iniciar clases en marzo por deficiencias graves, mientras que el 59% comenzó con problemas significativos. El estudio documentó que el 44% de las escuelas presenta baños deteriorados y espacios inadecuados, afectando a más de 70,000 estudiantes en todo el país. Si bien el Meduca reporta avances en la reducción de escuelas rancho —de 521 a 478— y de aulas rancho —de 1,733 a 1,608—, los rezagos siguen siendo enormes. De las 1,089 escuelas contempladas en el programa de mantenimiento para 2025, solo 173 han concluido las obras. La ministra Molinar reconoció públicamente: “No podemos pedir que 3,000 escuelas estén listas en seis meses, cuando hemos acumulado más de 10 años de retrasos”. Esta realidad evidencia una desigualdad sistémica que niega a parte de la población el derecho a una educación digna y segura. La tragedia en la comarca Ngäbe-Buglé, donde dos niñas de cinco y ocho años murieron ahogadas en octubre, nos confronta con una realidad que no puede normalizarse. Según el informe Educación mortal: crisis sistemática, de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUDESPA) y JUxlaE, entre 55 y 70 estudiantes han perdido la vida por ahogamiento al cruzar ríos para asistir a clases en las últimas dos décadas. El río Cricamola, en el distrito de KanYunier Reyes Bellido Lecciones del caso del monumento a la comunidad china en Panamá Patrimonio cultural La reciente demolición del monumento dedicado a la comunidad china en Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, ha desatado un amplio debate. La estructura fue derribada la noche del 27 de diciembre, por instrucciones de la Alcaldía de Arraiján, que justificó la medida por el avanzado deterioro del monumento, el cual —según el municipio— representaba un riesgo para visitantes y turistas. La ejecución nocturna, en pleno periodo festivo, generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y la ausencia de comunicación previa. El Ejecutivo calificó la demolición como “imperdonable” y dispuso la reconstrucción del monumento en su ubicación original, subrayando su valor simbólico para una comunidad significativa por su presencia histórica y aportes al país. La comunidad china, junto con su asociación y la embajada, criticó la falta de consulta, la negativa municipal a considerar propuestas de restauración y la decisión de actuar sin aviso previo, solicitando que el monumento sea reconstruido en el mismo lugar. El caso revela tensiones entre la obligación estatal de proteger el patrimonio cultural y la necesidad de garantizar la seguridad pública ante estructuras deterioradas. Aunque el monumento no estaba formalmente reconocido como patrimonio nacional bajo la Ley 14 de 1982, su demolición expuso vacíos procedimentales, responsabilidades difusas en el mantenimiento y la ausencia de protocolos claros para intervenir bienes simbólicos no declarados. La obstante, la falta de diálogo con la comunidad china —que había denunciado el deterioro y ofrecido financiar la restauración— evidenció la ausencia de mecanismos de consulta y de evaluación pública de alternativas. Esta situación contrasta con estándares internacionales, como la Convención de la Unesco de 1972 —ratificada por Panamá en 1978—, que promueve la preservación preventiva y la participación comunitaria. Dado el valor simbólico del sitio, resultaba razonable otorgar una protección patrimonial provisional, pues el deterioro por negligencia no justifica decisiones unilaterales sin agotar opciones menos drásticas. Una comparación regional muestra marcos más robustos. En México, la ley federal centraliza decisiones en el INAH y privilegia la restauración; en Argentina, la demolición por negligencia puede judicializarse; en Brasil, el sistema de tombamento penaliza el deterioro intencional; en Perú, se exigen autorizaciones y estudios de impacto patrimonial; y en Chile y Colombia operan consejos nacionales con protocolos técnicos obligatorios. Todos priorizan la seguridad, pero incorporan evaluaciones independientes, consulta comunitaria y control centralizado. La demolición del monumento a la comunidad china evidencia tensiones entre seguridad pública y preservación cultural, agravadas por la falta de transparencia y diálogo. Convertir esta crisis en oportunidad exige fortalecer la legislación mediante declaratorias provisionales, consultas obligatorias, incentivos al mantenimiento preventivo y mayor rendición de cuentas. El patrimonio no es solo un objeto material: es un vínculo vivo con la historia, cuya protección fortalece la cohesión social y las relaciones internacionales en una nación diversa como Panamá. Opinión EL AUTOR es abogado, docente y doctor en Derecho. EL AUTOR es egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (2022). kintú, es el punto más crítico. El sistema educativo debe garantizar no solo el acceso a la educación, sino también la seguridad de quienes buscan formarse. Este escenario exige un llamado urgente a las autoridades educativas. Para 2026, el Meduca tendrá un presupuesto asignado de 3,745.7 millones de dólares, aunque el director de Planificación, Dillian Staine, advirtió que “ese dinero no existe en su totalidad”, porque está basado en supuestos económicos y no en flujo de caja disponible. Del monto, 2,140 millones corresponden a funcionamiento y 1,605 millones a inversión, incluyendo 361 millones para 83 proyectos de infraestructura educativa. El informe de FUDESPA y JUxlaE estima que se requieren entre 42 y 63 millones de dólares para construir puentes seguros y mejorar el acceso escolar en Kankintú. También es imperativo fortalecer el rol de los docentes. Los maestros no son meros transmisores de contenidos: son guías, mentores y modelos para las nuevas generaciones. La educación panameña requiere docentes comprometidos y sensibles, convencidos de que su labor trasciende el aula y transforma la sociedad. El Meduca reporta que más de 35,000 docentes del sector oficial han sido capacitados en áreas tecnológicas, pedagógicas y socioemocionales, una inversión que debe reflejarse en mejores resultados educativos. ¿Puede el próximo año marcar un renacimiento para la educación panameña? ¿Una educación verdaderamente equitativa, donde las vidas de los estudiantes estén protegidas y existan oportunidades reales para construir un mejor futuro? Si la educación avanza con compromiso, inversión efectiva y justicia social, Panamá también avanza. Discutir el estado del sistema educativo panameño al concluir cada año escolar constituye un ejercicio esencial de reflexión y análisis. El año 2025 registró ciertos avances, pero también expuso profundas dificultades, que revelan que la educación sigue enfrentando obstáculos estructurales. ¿Estamos avanzando como país o seguimos rezagados en esta materia fundamental? Un tema recurrente es el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), concebido como una segunda oportunidad para estudiantes que reprobaron asignaturas. El Meduca oficializó que los alumnos de premedia y media que reprueben hasta tres materias deberán participar obligatoriamente en este programa, cuyas inscripciones se realizarán del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Como reconoció el director general de Educación, Edwin Gordón: “Ha sido un año muy difícil. La educación ha venido muy golpeada…, con la pandemia, huelgas, y este año no pudimos escapar de las mismas”.¿Las cifras de reprobación reflejan circunstancias familiares adversas, falta de compromiso estudiantil o debilidades en los métodos de enseñanza? Panamá no funciona igual para todos, y la educación no es la excepción. El año escolar 2025 inició con 980,225 estudiantes y 51,616 docentes en más de 3,100 centros educativos oficiales, pero las deficiencias estructurales quedaron al descubierto. Un La demolición del monumento chino expuso vacíos legales y tensiones entre seguridad y patrimonio, obligando a replantear cómo Panamá protege bienes simbólicos y gestiona su diversidad cultural. Tomás Cristóbal Alonso El balance educativo de 2025 expone avances limitados, profundas desigualdades estructurales y una deuda pendiente con la seguridad, la infraestructura escolar y la equidad territorial. Tumbar las máscaras Patrimonio Las máscaras son una tradición milenaria en la cultura china, servían para comunicarse con los dioses y recibir sus bendiciones. Los griegos nos dejaron, por su parte, una palabra teatral que requiere el uso de una máscara: hipócrita. La cultura, menos mal, no deja cabos sueltos, y nos enfrenta, otra vez, a la desintegración de los valores cívicos de la sociedad panameña. Para terminar el año, una alcaldesa, con revocatoria de mandato a la que nadie hizo caso, tumba el monumento que recordaba la participación china en la construcción del Canal y la amistad entre ambos países, una tragedia que desde hace por lo menos ocho meses rondaba las redes. Basta hacer una simple búsqueda. No hubo manifestaciones, nadie se encadenó al monumento y apenas hubo comentarios en la noticia, de los cuales destaco uno, preciso en su diagnóstico: «Espero que no (lo tumben), sería estúpido. Pero últimamente pasan muchas estupideces aquí». Este hecho tumba las máscaras de todos. Mientras no sea una acción que dé taquilla, no interesa. Ahora todos se indignan y se echan las manos a la cabeza, desde los responsables del mantenimiento del monumento hasta periodistas y políticos, pasando por el presidente y su ministra de cultura, pero hace ocho meses, por lo menos, no interesaba más que como una noticia sobre la que opinar: ahora todos somos deudos de la tragedia. Es verdad: «últimamente pasan muchas estupideces aquí». La palabra del año en esta columna es, de nuevo, «pendejidad», la habilidad de hacerse el pendejo cuando conviene, sobre todo ante situaciones reiteradas y conocidas por todos desde hace tiempo. A la cabeza van políticos y periodistas de todo color y pelaje. Para el año que viene, insistiremos con «pedagogía», que consiste en diagnóstico, pronóstico y solución, aunque nadie escuche. Ante el show, que el 2026 nos halle más críticos que nunca, y que por fin renunciemos a las máscaras hipócritas que la realidad tumba con tanto acierto. Feliz año. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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