3A La Prensa Panamá, domingo 28 de diciembre de 2025 Panorama Aduanas enfrente el contrabando de cigarrillos y dinero no declarado. Cortesía Contrabando en Panamá: un delito que cuesta $400 millones al año Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CRIMEN ORGANIZADO Las autoridades advierten que el contrabando de cigarrillos es una de las principales vías de financiamiento del crimen organizado y que 9 de cada 10 cigarrillos que circulan en el país son ilegales. La mercancía retenida por la Autoridad Nacional de Aduanas durante 2025 vuelve a colocar el foco sobre el contrabando como una de las principales amenazas para la recaudación fiscal y la seguridad económica del país. La cifra pasa una alta factura a Panamá: el contrabando le cuesta al Estado panameño entre 200 y 400 millones de dólares al año, una estimación que, según la directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, está “más cerca de los 400”. En una entrevista con La Prensa, la funcionaria advirtió que se trata de un fenómeno transversal que impacta desde los ingresos fiscales hasta el empleo formal y la seguridad nacional. “Estamos hablando de couriers, contrabando de cigarrillos, licor, celulares, productos electrónicos y agropecuarios. Todo eso es dinero que no entra al fisco”, explicó Valdivieso, quien añadió que el impacto no es solo económico. “También estamos hablando de competencia desleal, de empresarios que sí pagan impuestos y que pierden frente al mercado negro”, señaló. Los números La mercancía retenida por la Autoridad Nacional de Aduanas en operativos contra el contrabando alcanzó un valor de 42.6 millones de dólares entre julio de 2024 y noviembre de 2025, según las estadísticas oficiales de la institución. El dato refleja la magnitud de los decomisos realizados por la Dirección de PrevenciónyFiscalizaciónAduanera (DPFA) en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Entre enero y lo que va de diciembre de 2025, Aduanas reportó 11.1 millones de dólares en cigarrillos decomisados, lo que confirma el peso de este producto dentro del mercado ilegal. Las cifras refuerzan las alertas de la entidad sobre la alta rentabilidad del tabaco ilícito y su vínculo con estructuras criminales que operan a escala nacional y regional. Aparte de la mercancía retenida y del contrabando de cigarrillos, el informe estadístico de Aduanas incluye otros indicadores relevantes. La recaudación de gestión aduanera entre enero y noviembre de 2025 alcanzó 1,323 millones de dólares, lo que representa un incremento de 55 millones de dólares en comparación con el mismo período de 2024, cuando los ingresos sumaron 1,268 millones de dólares. El aumento equivale a un crecimiento aproximado de 4.3% interanual, en un contexto económico marcado por la desaceleración del consumo y las presiones inflacionarias. Formalidad y desempleo La directora sostuvo que el contrabando también alimenta la informalidad y el desempleo. “Todo va al mercado negro y a la economía informal. Eso genera menos empleo formal y debilita la estructura productiva del país”, afirmó, al subrayar que el daño se extiende más allá de las estadísticas recaudatorias. En ese contexto, Valdivieso aseguró que su gestión apunta a una transformación profunda de la institución, históricamente afectada por prácticas clientelistas. “Yo estoy depurando la institución, porque se manejaba como un botín político. Se reclutaba y se nombraba en base al partidismo”, sostuvo. Como parte de esa reestructuración, Aduanas ha iniciado un relevo generacional y técnico. Valdivieso detalló que se han reclutado estudiantes con honores y profesionales en áreas tecnológicas y que, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se impulsaron programas de retiro voluntario. “Hemos podido jubilar a personas que estaban muy enfermas y resolver eso con la prima de retiro”, explicó. La directora indicó que su plan de gestión se sustenta en dos ejes centrales: recurso humano y tecnología. “Aduanas tenía más de 25 años sin academia. Ya tenemos la resolución, ya se formó la academia y ahora estamos buscando recursos para la infraestructura”, dijo. Además, adelantó la firma de convenios con instituciones como el Instituto Técnico Superior para el uso de instalaciones y procesos de capacitación. El crimen Valdivieso reconoció que la falta de personal limita la capacidad operativa de la institución. “Tenemos unas 1,700 personas, pero deberíamos tener al menos 2,500 a nivel nacional”, afirmó, al comparar a Aduanas con Migración. “Ellos ven personas; nosotros vemos mercancía y además somos recaudadores”, sostuvo, al advertir que el control se ejerce por aire, mar y tierra. Sobre la gravedad del contrabando, la directora fue enfática: “Es gravísimo”. Alertó sobre el ingreso de medicamentos y productos falsificados, vapes adulterados, precursores químicos y materiales de doble uso. “Todas las organizaciones criminales se entrelazan: narcotráfico, fraude marcario y el cartel de los cigarrillos”, afirmó, al señalar que este último rubro se ha convertido en una de las principales vías de lavado de activos. “De cada 10 cigarrillos que circulan en Panamá, nueve son de contrabando”, concluyó. Para la funcionaria, la única manera de contrarrestar este flagelo es el trabajo en equipo entre Aduanas, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad. Ernesto Cedeño, diputado de Moca. Isaac Ortega ‘¿Qué autoridad moral va a tener el Ejecutivo para censurar al Legislativo o al Judicial?’: Cedeño INDULTOS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El abogado y diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), cuestionó el anuncio del Ministerio de Gobierno sobre la publicación de una lista de casi 500 personas que podrían ser beneficiadas con una futura rebaja de pena otorgada por el Órgano Ejecutivo, una atribución constitucional que recae en el presidente de la República, José Raúl Mulino. El señalamiento abrió un nuevo flanco de críticas en torno a la coherencia del discurso oficial contra la corrupción. Cedeño puso en duda la autoridad moral del Ejecutivo para exigir actuaciones firmes a los otros órganos del Estado mientras se evalúan este tipo de beneficios. “¿Con qué autoridad moral va a tener el Ejecutivo para pedirle o censurar al Órgano Legislativo o al Judicial por decisiones que toman en la lucha contra la corrupción?”, expresó el diputado en declaraciones públicas. Como se recordará, el pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el Ministerio de Gobierno informó sobre la publicación de una lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá.La entidad, a cargo de la ministra Ninoska Montalvo, explicó que esta publicación responde a lo dispuesto en la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, sobre protección a las víctimas del delito. No obstante, uno de los principales cuestionamientos es que Milena Edith Vallarino Morales, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, figura en la lista de personas que podrían recibir una rebaja de pena. Vallarino de Ferrufino, al igual que su esposo, cumple una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Ambos fracasaron en justificar movimientos bancarios irregulares, la compra de múltiples bienes, el pago de deudas, la apertura de sociedades y la acumulación de fondos en diversas cuentas bancarias. La crítica Ante este escenario, el diputado recordó que el propio presidente José Raúl Mulino hizo recientemente un llamado a los órganos Judicial y Legislativo para endurecer su actuación frente al crimen organizado y la corrupción. Citó declaraciones en las que Mulino exhortó a “acompañar con decisiones firmes y leyes más estrictas los esfuerzos del Ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”. Según Cedeño, la contradicción se agrava si dentro del listado figuran personas con sentencias firmes por delitos contra la administración pública. “Imagínese usted si entre esos casi 500 hay personas con sentencias ejecutoriadas por enriquecimiento injustificado u otros delitos contra el patrimonio del Estado. ¿Cómo entonces se le va a pedir al Judicial que sancione severamente o al Legislativo que apruebe leyes firmes?”, cuestionó. El diputado advirtió que este tipo de medidas envía un mensaje negativo a la institucionalidad y al cumplimiento de la ley. “Si hacen las leyes y luego el Ejecutivo se ríe de las sentencias, entonces se está riendo del Poder Judicial y del derecho positivo”, sostuvo, al criticar que se otorguen rebajas de pena bajo el argumento de buena conducta penitenciaria. “Entonces el mensaje es: roba y después pórtate bien en la cárcel para que te beneficien con una rebaja de pena. ¿Eso qué es?”, concluyó Cedeño, al insistir en que estas decisiones debilitan la credibilidad del Estado en su lucha contra la corrupción y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Otro beneficiado Otro de los posibles beneficiarios de esta medida es José Antonio Carrizo Mérida, quien purga una condena por el delito de estafa agravada en perjuicio de la Corporación La Prensa. El sancionado aparece como elegible en un listado para el otorgamiento de una rebaja de pena divulgado por el Ministerio de Gobierno. Carrizo Mérida fungía como representante legal de la extinta agencia de publicidad In House Advertising Inc. y, junto con Aida Tejada Garagate, exoficial de cobros de Corprensa, causó un perjuicio económico a la corporación por un monto de 2.5 millones de dólares entre los años 2009 y 2016. Tejada no fue procesada, dado que en 2019 suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y aceptó una condena de 60 meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por dos años. Como parte de ese acuerdo, confesó a los fiscales que manipuló los estados de cuenta de Corprensa para beneficiar a In House Advertising, labor por la cual recibía pagos de Carrizo, quien sí cobró a los clientes por los servicios publicitarios que Corprensa prestó a su agencia. En agosto de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y ratificada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que condenó a Carrizo a siete años de prisión. El caso fue elevado a la CSJ luego de que la defensa de Carrizo presentara un recurso de casación. Finalmente, el 17 de agosto de 2023, las magistradas de la Sala Penal —Maribel Cornejo, Ariadne García y María Eugenia López Arias— fallaron en su contra y validaron las sentencias dictadas en las instancias inferiores.
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