7A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cerrar 2025 con responsabilidad. Encarar 2026 con decisión: la sostenibilidad como política de Estado Reforma orgánica materia de gasto público: el control estricto de las compras, la eliminación de erogaciones innecesarias y la adopción de una proyección presupuestaria quinquenal introducen una lógica de planificación que reduce la improvisación y permite anticipar tensiones antes de que se conviertan en crisis. Este cambio de cultura administrativa es tan relevante como cualquier reforma legal. Pero cerrar el año con orden financiero no es suficiente. La sostenibilidad solo es legítima si se traduce en mejores resultados para las personas. El mensaje ciudadano ha sido claro y persistente: medicamentos e insumos disponibles cuando se necesitan, reducción real de la mora quirúrgica y tiempos de espera razonables para acceder a una cita médica. Estos no son temas secundarios; son el termómetro con el que la población mide la credibilidad del sistema de salud. En 2026, responder a estas demandas será impostergable. Garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos no depende únicamente de más presupuesto, sino de una gestión logística moderna: compras planificadas, trazabilidad digital, inventarios inteligentes y esquemas de suministro que reduzcan la dependencia de urgencias y compras reactivas. De igual forma, la reducción sostenida de la mora quirúrgica exige optimizar el uso de quirófanos, extender jornadas de alta productividad y aplicar criterios clínicos claros, transparentes y medibles. El desafío más complejo, sin embargo, será acortar los tiempos de espera para citas médicas. Este problema no se resuelve soDino Mon Opinión EL AUTOR es director de la Caja Segura Social lo con tecnología, aunque esta es indispensable. Requiere decisiones integrales que combinen reglamentaciones laborales, ingeniería de procesos y un rediseño profundo de la gestión de agendas. La experiencia internacional es contundente: sin cambios en la organización del trabajo médico, ninguna plataforma digital, por sí sola, genera un impacto estructural. Aquí emerge una discusión que ya no puede seguir postergándose: la escasez de especialistas frente a una demanda creciente. En áreas críticas, la brecha es profunda y tiene consecuencias directas sobre la salud y la dignidad del paciente. Enfrentar esta realidad exige apertura y responsabilidad, incluyendo la contratación regulada y temporal de especialistas formados en otros países, bajo estándares estrictos de acreditación, supervisión y evaluación. No se trata de sustituir talento nacional, sino de complementarlo allí donde el sistema hoy no da abasto. Cerrar 2025 con orden financiero y proyectar 2026 con decisión técnica es el verdadero desafío de la Caja de Seguro Social. Las bases están sentadas. Ahora corresponde demostrar que la disciplina fiscal puede convivir con una atención más oportuna, humana y eficiente. Porque, al final, la sostenibilidad no es un fin en sí mismo: es el medio para garantizar que el sistema de salud y el sistema de pensiones respondan cuando más se les necesita. El cierre de 2025 encuentra a la Caja de Seguro Social (CSS) en un punto que durante años pareció inalcanzable: un marco legal fortalecido, una hoja de ruta financiera clara y señales objetivas de recuperación institucional. No es un discurso triunfalista; es una constatación técnica y política. La sostenibilidad no se improvisa: se construye con disciplina fiscal, control efectivo del gasto y decisiones estructurales tomadas a tiempo. Las reformas a la Ley Orgánica marcaron un antes y un después. Permitieron evitar el agotamiento de las reservas, ordenar el financiamiento del sistema y devolver previsibilidad al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. El aporte estatal, el ajuste gradual de la cuota patronal y el uso regulado de las reservas conforman hoy un esquema de administración del riesgo financiero alineado con estándares modernos de buena gobernanza pública. A esto se suma un fortalecimiento institucional que eleva la rendición de cuentas y aumenta el nivel de exigencia sobre quienes administran recursos que pertenecen a toda la sociedad. En paralelo, 2025 dejó una señal clara en Flat tax: la verdadera solución Tributación El actual ministro de Economía y Finanzas ha mencionado que el Gobierno busca aumentar la tributación efectiva, la cual no es más que mejorar la capacidad del Estado para generar mayores ingresos por el pago de impuestos. Pero la pregunta que aún queda en el vacío es: ¿cómo lo hará? Entre 2007 y 2025, el Estado pasó de tener 65 instituciones a 96. En este mismo período, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República, los empleados públicos aumentaron de 158 mil a más de 250 mil. Esto significó un incremento de 59% en la planilla pública, pero lo más grave es el costo oculto que trajo consigo: funcionarios que, para justificar sus cargos, crean trámites y regulaciones y, con ayuda de la Asamblea Nacional, impulsan proteccionismos y leyes ineficientes que terminan distorsionando el mercado. Todo ello genera descoordinación y afecta las decisiones de los consumidores. Desde la llegada del Gobierno, en 2024, no se ha hecho nada para liberalizar la economía ni reducir los costos de legalidad, entendidos como el conjunto de barreras y gastos que enfrenta cualquier emprendedor para abrir un negocio, contratar personal o cumplir con sus obligaciones fiscales. Aun así, el ministro asegura que podrá aumentar la tributación efectiva. Chapman recordó que el nivel más alto alcanzado fue de 12%, en un contexto excepcional: cuando Panamá recibió el grado de inversión, se ejecutaban megaproyectos como la expansión del Canal, Tocumen y carreteras, y entraba capital extranjero gracias a la estabilidad macroeconómica. Esa bonanza fue insostenible: al cabo de una década, el desempleo pasó de 4% a 7.5%, la recaudación cayó y la deuda se disparó. Hoy no existen esas condiciones. La informalidad supera el 50%, el desempleo está por encima del 10% y el gasto público agresivo difícilmente podrá crear empleo formal. Persisten regulaciones excesivas, proteccionismos y costos de legalidad cada vez más altos. Ante este panorama, la solución no pasa por recetas keynesianas de mayor gasto, sino por aplicar lo que Arthur Laffer explicó con su famosa curva: una presión tributaria excesiva desincentiva la inversión y la formalidad, y puede incluso reducir la recaudación. La salida es clara: un Flat Tax. Un impuesto único y bajo que elimine fueros, privilegios y regímenes especiales. Hoy, la mayoría de las empresas paga 25% de Impuesto sobre la Renta, mientras una minoría con leyes a la medida paga 5%, 10% o incluso nada. Esa inequidad no solo contradice el principio constitucional de igualdad, sino que frena la competitividad y empuja a más personas a la informalidad. Un Flat Tax de no más del 15%, aplicado sin distinciones, ampliaría la base de contribuyentes, simplificaría el sistema y enviaría una señal clara: en Panamá no habrá impuestos confiscatorios ni privilegios fiscales. Mejorar la tributación efectiva no se logrará con más burocracia ni con más gasto, sino con reglas simples, iguales para todos, que devuelvan a la economía la libertad de crecer y generar riqueza. EL AUTOR es economista y miembro de la Fundación Libertad. José Jauregui Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. de aplaudir ciegamente, sino de corregir lo que está mal antes de que se vuelva costumbre. Y lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud está mal. Muy mal. Eludir los procedimientos de contratación pública sin justificación real, y luego intentar vestir como “ayuda social” una contratación directa de $15 millones a la empresa Hombres de Blanco Corp., es una maniobra que no resiste el mínimo análisis técnico ni jurídico porque, lejos de promover la competencia –como dicta la ley–, lo que hace es impedirla deliberadamente con contrataciones directas que el ministro pretende justificar alegando que la empresa que estaba antes supuestamente recibió incontables adendas a su contrato. Pero, al menos, hubo competencia y un ganador. Sin embargo, Hombres de Blanco ha sido seleccionada no por sus méritos, sino por el dedo arbitrario del ministro. Y la pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que se está haciendo ahora con Hombres de Blanco? ¿Una limpieza profunda o una adenda con detergente? Segunda confesión: no tengo nada contra los hermanos Argüelles ni contra su madre. Mi preocupación es otra: evitarles el tipo de tragedia jurídica que en Panamá suele llegar tarde, pero llega. La cercanía al poder siempre invita a confundir oportunidad con impunidad, especialmente cuando se tiene pasaporte diplomático en el bolsillo. Grave error. El poder pasa; los expedientes no. Hace poco conversé con el licenciado Víctor Orobio, quien me recordó que la teoría del caso de Héctor Brands es que sus empresas obtuvieron contratos estatales mediante tráfico de influencias, razón por la cual hoy se encuentra imputado y con detención preventiva. Y aquí hay una diferencia que resulta imposible ignorar: las empresas de Brands, al menos, obtuvieron sus Confesiones con cloro Contratación directa Ahora que las confesiones están de moda, es buen momento para hacer la mía. Desde hace algún tiempo vengo señalando conductas del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, que –a mi juicio– no solo resultan repugnantes, sino que atentan directamente contra el Estado de derecho y vulneran garantías elementales consagradas en nuestra Constitución. Conductas que, especialmente en materia de contratación pública, empiezan a parecerse más a prácticas del crimen organizado que a decisiones administrativas propias de una democracia funcional. Y aquí va mi primera confesión: no tengo nada personal contra el ministro Boyd Galindo ni contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Todo lo contrario. En esta administración hay personas a las que respeto profundamente y a quienes considero profesionales serios, como, por ejemplo, los ministros José Andrade, en Obras Públicas; Felipe Chapman, en Economía y Finanzas, y Juan Carlos Navarro, en Ambiente, solo por mencionar algunos que entienden que gobernar no es mandar, sino respetar las reglas. Precisamente, porque estoy a favor de muchos dentro de este gobierno, es que no puedo –ni debo– cerrar los ojos cuando algo se hace mal. Mucho menos cuando se hace ilegalmente. De eso trata la democracia: no contratos por licitación pública. Por eso digo: mírense en el espejo de Brands. Puede que mañana resulte inocente, pero mientras eso se demuestra, ya fue condenado socialmente y privado de su libertad. Así funciona este país: primero se castiga, después se investiga. Lo que ocurre en el Ministerio de Salud es que creen que son más creativos que nadie, pero sus argumentos son tan viejos como reciclados para impedir la competencia: todo es directo, urgente y excepcional y, al parecer, los hermanos Argüelles son los únicos en el planeta que saben limpiar hospitales. Una tesis tan arrogante como absurda. El ministro Boyd Galindo pretende algo ambicioso: comprometer a todo el Gabinete y al presidente Mulino para que avalen la aludida millonaria contratación directa, no porque exista una emergencia real, sino porque el ministro así lo decidió. Curiosamente, ningún otro ministro ha mostrado semejante entusiasmo por ignorar los procedimientos legales. Y el remate es casi humor negro: empresas de limpieza sobran. Yo conté, al menos, 25 en una sola jornada de licitación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Pero ninguna, al parecer, tiene el talento que busca el Ministerio de Salud. Si esta contratación se avala, no se estaría aprobando un contrato, sino abriendo las puertas del infierno administrativo, porque a partir de entonces todos los ministros tendrán la tentación –y el precedente– de contratar directamente a sus amigos. Conviene recordarlo, aunque incomode. Los gobiernos son pasajeros. Las firmas quedan. Los expedientes crecen. EL AUTOR es empresario Ramsés Paulette Dopeso
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