1A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 22 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15238 Hoy por hoy La frontera no es una abstracción geográfica: es soberanía, seguridad y Estado de derecho. Los recientes indicios del avance del Clan del Golfo en la selva del Darién, con minas antipersonales, material de adoctrinamiento y movimientos irregulares cerca de puestos binacionales, constituyen una amenaza directa que no admite ambigüedades. Panamá no puede permitir que organizaciones criminales transnacionales disputen control territorial ni pongan en riesgo a comunidades, fuerzas de seguridad y países vecinos. El papel de las autoridades es indelegable. Senafront ha actuado con diligencia al detectar, neutralizar y comunicar estos riesgos, pero el desafío exige una respuesta integral y sostenida: inteligencia robusta, presencia permanente, cooperación binacional efectiva y respaldo político claro. Cuidar la frontera es también proteger la soberanía y la credibilidad del país ante la comunidad internacional. La designación del Clan del Golfo como organización terrorista refuerza la urgencia. No basta reaccionar; hay que anticipar. La frontera se defiende todos los días, con Estado, recursos y decisión. Economía EUA retiene tercer buque petrolero en Venezuela 3B Raphinha y Lamine acaban con el Villarreal 8A Deportes Panorama Panamá acumula más de 15 mil casos de dengue 5A ADEMÁS Cámara: Educación de calidad y trabajo van de la mano 1B La exconcesionaria del puerto de Isla Margarita demanda decreto que le expropió fincas Panama Colon Container Port (PCCP) demandó la nulidad del decreto que ordenó la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, tras la cancelación de su concesión portuaria por incumplimientos contractuales. VEA 4A Alertan avance del Clan del Golfo en el Darién Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) activó alertas este mes tras detectar indicios de una mayor presencia del Clan del Golfo en la selva del Darién. Entre los hallazgos se incluyen minas antipersonaRED CRIMINAL El Senafront informó que activó medidas tras detectar presencia del Clan del Golfo en el Darién, con minas, armamento y señales de control territorial. les en senderos de uso comunitario y militar, material de adoctrinamiento del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) y movimientos irregulares cerca de puestos binacionales, lo que apunta a una estrategia de control territorial en la zona fronteriza. El director de Senafront, Larry Solís Velásquez, mostró su preocupación e informó que recientemente un soldado colombiano perdió una pierna al activar una mina enterrada en un zona, a pocos metros de la línea fronteriza. Posteriormente, patrullas panameñas localizaron y destruyeron cinco artefactos explosivos improvisados en áreas cercanas a la base binacional La Olla y en Alto Limón. Las operaciones de seguridad desplegadas en la región permitieron además la captura de tres ciudadanos panameños en el río Membrillo, quienes portaban armas, municiones, uniformes pixelados, pertrechos de guerra y material doctrinal del Clan del Golfo, incluyendo un brazalete del Frente Efraín Guardia. Las autoridades identifican a José Vega Alvará, alias Monseñor, como uno de los principales del Clan del Golfo en Darién. VEA 2A Navidad viva Santa desfiló en San Miguelito Entre luces, música y una explosión de colores Santa Claus saludó y sonrió a las decenas de niños que se volcaron a la vía Transístmica durante el desfile “Una Navidad más bonita”, en San Miguelito, donde familias enteras acompañaron el paso de carros alegóricos, bandas musicales y personajes animados. Anel Asprilla Cae en un 99% el paso de migrantes por Darién. EFE El flujo migratorio por Panamá dio un giro drástico en 2025: mientras solo 3 mil 86 personas cruzaron la selva del Darién rumbo al norte —una caída del 99.1% frente a las 302 mil 203 de 2024—, 22 mil 392 migrantes atravesaron el país en sentido inverso, de norte a sur, tras fracasar en su intento de llegar a Estados Unidos. Este cambio, atribuido a las nuevas medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y al reforzamiento de controles regionales, llevó al cierre de los campamentos en la provincia de Darién y reconfigura las rutas migratorias. Los que retornan a sus países, ahora toman otras rutas utilizando la costa de la provincia de Colón para salir por medio de embarcaciones informales . VEA 2A CRISIS HUMANITARIA Deuda del país hasta noviembre sumó $58 mil 904 millones Giro migratorio: 22 mil regresan y casi cesa el cruce hacia el norte La deuda pública alcanzó $58 mil 904.6 millones en noviembre, con un aumento de $71.9 millones frente a octubre, impulsado por emisiones de Letras del Tesoro y compensado parcialmente por amortizaciones. VEA 1B ENDEUDAMIENTO Solo 7 médicos especialistas interesados para áreas apartadas Pese a la alta necesidad en regiones apartadas, solo siete médicos especialistas se postularon para cubrir plazas críticas, informó la Caja de Seguro Social. Esto evidencia una brecha entre la demanda real y la oferta. VEA 6A SALUD
2A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Panorama Flujo inverso: 22 mil migrantes regresan por Panamá Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DRAMA HUMANO El desplome del tránsito migratorio es atribuido a las nuevas medidas impulsadas por Trump, así como a las acciones adoptadas por México y a los operativos de seguridad con Colombia. La selva del Darién, que en 2024 vio pasar a más de 302,203 migrantes, quedó casi en silencio en 2025. Apenas 3,086 personas se atrevieron a cruzarla, una caída del 99.1% que marca uno de los descensos más abruptos del flujo migratorio en la última década. El desplome del tránsito migratorio ha sido atribuido por las autoridades panameñas a un efecto directo de las nuevas medidas de control fronterizo impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a las acciones adoptadas por México y al reforzamiento de los operativos de seguridad en Colombia. Según el director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica, los indicios apuntan a que esta tendencia se mantendrá durante el próximo año. El funcionario confirmó, además, el cierre de todos los campamentos migratorios en el Darién, entre ellos el de Lajas Blancas, que durante años funcionó como el principal punto de recepción de migrantes. Migración inversa En paralelo a la drástica reducción del flujo migratorio hacia el norte, Panamá se ha convertido en territorio de tránsito para una migración inversa proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, 22,392 migrantes han cruzado el país de norte a sur, pasando por comunidades de la provincia de Colón, como Miramar, en el corregimiento de Santa Isabel, con destino final en distintos países de Suramérica, una dinámica que comienza a reconfigurar los patrones migratorios en la región. En esta franja del Caribe panameño, cientos de migrantes parten cada semana en ruta de retorno hacia sus países de origen, principalmente Colombia y Venezuela, como parte del flujo de migración inversa que atraviesa el istmo. Aunque el trayecto representa para muchos el cierre de un ciclo migratorio fallido, la travesía no está exenta de riesgos, especialmente cuando se realiza por vías marítimas informales y sin las condiciones mínimas de seguridad. Los peligros quedaron en evidencia la mañana del 9 de noviembre, cuando una lancha que transportaba migrantes naufragó en aguas de la costa arriba de la provincia de Colón, dejando como saldo la muerte de una niña de tres años. Autoridades locales confirmaron que la embarcación había zarpado desde la comunidad de Miramar con cerca de 20 migrantes con destino a Colombia, en su mayoría de nacionalidad venezolana. En un comunicado conjunto, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Marítima de Panamá informaron que la lancha estaba autorizada únicamente para la pesca artesanal, tenía la patente de navegación vencida, partió desde un muelle no habilitado por la entidad reguladora y terminó hundiéndose mientras transportaba a 18 adultos y tres menores de edad. Otras rutas Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que la migración inversa no solo se está realizando por Capurganá (Chocó), en la costa del mar Caribe, sino también por el océano Pacífico. Personas de todas las edades que regresan desde Centroamérica, tras no lograr llegar a Estados Unidos, están siendo trasladadas por redes irregulares que se ofrecen a transportarlas en embarcaciones hasta Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Esta situación configuraría una nueva ruta de migración inversa, que partiría desde el corregimiento de Jaqué, en la provincia panameña de Darién. Para el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, quien ocupa el cargo desde hace dos décadas y que durante los últimos diez años ha acompañado, desde la Iglesia católica, a miles de migrantes que atravesaron la selva, la casi desaparición del flujo migratorio representa un alivio frente a un drama humano prolongado. Sin embargo, advirtió que el fin de esta crisis dejó al descubierto un problema estructural en las comunidades indígenas, cuya economía llegó a girar en torno al paso de viajeros por el Tapón del Darién. Hernández explicó que durante años se consolidó una relación económica intensa entre indígenas y migrantes, con viviendas que funcionaban como puntos de alojamiento, alimentación y transporte y que, en algunos casos, generaban ingresos de hasta cinco mil dólares semanales. A su juicio, esta dinámica se convirtió en un modo de vida dependiente, que terminó desplazando otras formas de trabajo y producción. Por ello, el obispo pidió al Gobierno central dirigir su atención hacia Darién y ofrecer alternativas de apoyo y desarrollo a estas poblaciones, para evitar que la ruptura del modelo económico derivado de la migración se transforme en una nueva crisis social. La selva del Darién ya no guarda silencio. Entre el rumor espeso de los ríos y el crujido de las hojas húmedas, otra presencia se ha ido asentando con sigilo: hombres armados, rutas invisibles y un miedo que no figura en los mapas. En este territorio fronterizo, donde Panamá se estrecha hasta rozar a Colombia, el Clan del Golfo ha comenzado a dejar huellas más claras, más cercanas y más peligrosas. Durante décadas, el Darién fue un lugar de tránsito y abandono, una frontera olvidada donde el Estado llegaba tarde y la ley avanzaba con dificultad. Hoy, ese vacío vuelve a ser disputado, no por migrantes exhaustos, como ocurría años atrás, sino por estructuras criminales que entienden la selva como un aliado estratégico. Las alertas fueron encendidas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) el pasado 17 de diciembre, tras una serie de hallazgos inquietantes: minas antipersonales ocultas en senderos utilizados tanto por patrullas como por comunidades indígenas; manuales de adoctrinamiento del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo); y movimientos irregulares detectados cerca de puestos binacionales. Nada de eso es casual. Todo responde a una lógica de control territorial que ya se ha visto del otro lado de la frontera. El director de Senafront, Larry Solís Velásquez, informó que, en un puesto compartido con el Ejército colombiano, un soldado del vecino país perdió una pierna tras activar una mina enterrada en la selva. El hecho, ocurrido recientemente a pocos metros de la línea fronteriza, marcó un punto de quiebre. La selva, que antes escondía pasos, ahora ocultaba explosivos. El mensaje era claro: alguien estaba marcando territorio. Los caminos donde aparecieron los artefactos no son rutas militares exclusivas. Son las mismas veredas que utilizan los indígenas para llegar a sus cultivos, las trochas por donde cruzan comunidades que comparten vínculos familiares a ambos lados de la frontera. En esos senderos, el miedo volvió a instalarse como una sombra permanente. Posteriormente, cinco artefactos explosivos improvisados, conocidos como “quiebra patas”, fueron hallados y destruidos por patrullas del Senafront en la frontera oriental: dos cerca de la base binacional La Olla y tres en Alto Limón. Fabricados con materiales comunes y atribuidos a estructuras como el Clan del Golfo, estos dispositivos buscaban frenar el avance de las autoridades y sembrar temor en las comunidades fronterizas. Mente criminal Operativos prolongados, patrullajes terrestres y marítimos, y reconocimientos en profundidad revelaron una realidad más compleja este mes: no se trataba solo de contrabando o de paso irregular de personas, sino de una estrategia de infiltración gradual, silenciosa y persistente. Tres ciudadanos panameños fueron capturados con armas, municiones y material doctrinal del Clan del Golfo. El hecho ocurrió en el río Membrillo, donde una patrulla enfrentó a las personas armadas que respondieron con fuego. Tras el enfrentamiento, los panameños portaban uniformes pixelados, armas, pertrechos de guerra y El Clan del Golfo desafía a Panamá: minas, adoctrinamiento de nacionales y tráfico de drogas CRIMEN INTERNACIONAL un brazalete del grupo Gaitanista de Colombia, Frente Efraín Guardia, organización criminal dedicada al narcotráfico. Fuentes de los estamentos de seguridad apuntan a José Vega Alvará, alias Monseñor, como la mente criminal detrás de las operaciones del Clan del Golfo en la selva del Darién. Hoy, con cerca de 50 años, lidera una de las células armadas de la organización, al mando de unos 120 hombres que operan en la zona selvática del Darién y el Urabá. Su influencia se extiende a través de rutas de narcotráfico, tráfico de migrantes y minería ilegal, consolidándose como una pieza clave en el esquema criminal del Clan. Tráfico de migrantes Como parte de sus actividades delictivas, este grupo criminal insiste en el tráfico de migrantes. De hecho, este mismo mes, Senafront capturó en el tapón del Darién a cinco personas cuando intentaban movilizar a 33 extranjeros en tres piraguas. Entre los detenidos había dos presuntos coyotes colombianos, ocho personas con alerta biométrica y dos vinculadas al “Tren de Aragua”, lo que confirma la infiltración de redes transnacionales en los corredores ilegales. Actualmente, la dinámica dentro de la selva es clara: el Clan del Golfo no necesita grandes campamentos para imponerse. Le basta con sembrar miedo, minas y lealtades forzadas. La historia se repite con un nombre distinto: antes fueron las FARC; ahora es el Ejército Gaitanista de Colombia, o Clan del Golfo, adaptando viejas tácticas a nuevas rutas criminales. Debido a estos y otros factores, el grupo fue designado como “organización terrorista” extranjera por el Gobierno de Estados Unidos la semana pasada. Se trata de la mayor organización criminal de Colombia, con cerca de 9 mil integrantes. Con esta decisión, el Clan del Golfo queda legalmente equiparado a organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, de Venezuela, o el Cártel de Sinaloa, de México, lo que implica congelación de activos, sanciones financieras y la posibilidad de procesar penalmente a quienes le brinden apoyo directo o indirecto. Sin embargo, más allá del alcance jurídico, el desafío en el Darién sigue siendo profundamente territorial y humano: allí la presencia del Clan del Golfo no se anuncia, se infiltra; no irrumpe, se desliza. Y mientras la selva continúe siendo frontera y refugio, la tarea no será solo desarticular una estructura criminal, sino evitar que el miedo vuelva a imponerse en una región que ya ha pagado un alto precio por el abandono. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La selva de Darién es el refugio del Clan del Golfo. EFE Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Migrantes en Miramar, Colón, abordan embarcación hacia Puerto Obaldía, Darién. Captura de video de EFE
3A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CONSIGNA. Realizando Metas (RM) rechazó cualquier intento de reelegir a María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de enero de 2022. El partido alega que la gestión de López “ha sido muy perjudicial para el país y el sistema jurídico”, que ha causado un daño “enorme” y que ha desprestigiado la “majestad” del cargo que ocupa. Qué raro que a RM eso solo le preocupe respecto al Órgano Judicial, porque el año pasado impulsaba a la presidencia de la República a un individuo que encaja perfectamente en todo aquello que señalan. El eterno doble estándar de RM y sus manzanillos… ¿SALTO? La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha firmado el documento que reconoce que Darío Amalki Sandoval Shaik es idóneo para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema. Sandoval es el actual secretario general del Mitradel. ¿Acaso hay otras vacantes en el pleno o en tribunales inferiores y no nos hemos enterado? Ojalá no estén repitiendo lo que ya han hecho con otros: sacarlos del Ejecutivo e insertarlos directamente en el Judicial. TIRO LOCO. Hay un factor determinante en el suceso que involucró a Isaac Mosquera: en qué momento los agentes policiales dispararon al aire. La Policía alega que el tiro se hizo porque la camioneta circulaba sin placa, evadió un retén en Las Garzas, nadie se identificó y hubo que perseguirla 3.5 kilómetros, hasta que finalmente se detuvo. Mosquera, en tanto, sostiene que los tiros al aire se hicieron pese a que ya había dado la cara. Aquí, desde hace meses, hay una ley de body cam. ¿Dónde está la grabación? Así sabremos quién miente y quién dice la verdad. INCUMPLIMIENTO. Según la Construcción del puerto y patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Cortesía Exconcesionaria de puerto de Isla Margarita demanda decreto Mónica Palm [email protected] PCCP La concesión fue revocada por la AMP debido a incumplimientos graves, entre ellos la paralización del proyecto, una morosidad de $1.4 millones en cánones y la falta de renovación de fianzas y pólizas vencidas desde hace años. Panama Colon Container Port (PCCP), la antigua concesionaria del fallido puerto y terminal de contenedores en la costa atlántica, presentó una demanda para impedir la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, como ordenó la Presidencia de la República hace dos meses. La demanda contencioso-administrativa fue presentada por el abogado Alejandro Cossio, en representación de PCCP, para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo 90 de 20 de octubre de 2025, mediante el cual el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, ordenó la expropiación de las fincas propiedad de esta sociedad. Orillac, además, es presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad que el pasado 10 de abril canceló la concesión de uso de 81.5 hectáreas de fondo de mar que PCCP había obtenido en 2013 para la construcción de un puerto, adyacente a las fincas —ahora expropiadas— donde supuestamente construiría una terminal de contenedores. PCCP es presidida por el ciudadano bahameño Dion Bowe. La empresa nunca completó los trabajos ni del puerto de contenedores ni de la terminal de carga. En cambio, incumplió el cronograma de desarrollo del proyecto, acumuló una morosidad de 1.4 millones de dólares en el pago de cánones y tarifas, y no renovó las fianzas de cumplimiento ni las pólizas, las cuales “tienen entre dos y tres años, respectivamente, de estar vencidas”. Estas fueron las principales causales para rescindir su concesión de fondo de mar. El pasado 19 de diciembre, la demanda presentada por el abogado Cossio fue asignada al despacho de Cecilio Cedalise, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el próximo 31 de diciembre. Cedalise será reemplazado por Gisela Agurto, a partir de enero. El Ministerio de la Presidencia ordenó la expropiación de las tierras ante la insistencia del gobierno del presidente José Raúl Mulino de atraer inversiones a Isla Margarita, en atención a la demanda del comercio mundial que transita por suelo panameño. El artículo 51 de la Constitución establece que, en caso de interés social urgente, el Ejecutivo puede ejecutar la expropiación u ocupación de la propiedad privada para asegurar el bien de la colectividad. Previo a la orden de expropiación, PCCP había impedido el ingreso al área de peritos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República, quienes habían visitado la zona con el fin de establecer el valor promedio de las fincas. De momento, se desconoce el monto de la indemnización que deberá pagar el Estado a PCCP como resultado de la expropiación. El presidente Mulino ha prometido que convocará una licitación pública para conseguir un nuevo operador portuario para Isla Margarita en los primeros meses de 2026, lo que no debe ser muy difícil dado su ventajosa ubicación: en toda la entrada en el sector atlántico del Canal de Panamá, al lado de otras terminales ya consolidadas, como las operadas por Colon Container Port y SSA Marine MIT. Además, la industria está en crecimiento: entre enero y noviembre de 2025, el sistema portuario panameño movilizó más de 9.06 millones de TEUs (medida de contenedores de 20 pies cada uno), lo que representa un incremento de 3.3% frente al mismo período de 2024. PCCP no se ha quedado de brazos cruzados. Para impedir la entrada de otro actor en lo que era su concesión, presentó al menos cinco amparos de garantías constitucionales entre el 2 y el 6 de junio de 2025, en contra de las decisiones adoptadas por el administrador y la junta directiva de la AMP. Falló en el intento, porque ninguna de estas acciones prosperó: el pleno de la Corte Suprema de Justicia se negó a admitir cada uno de esos amparos, mediante cinco fallos emitidos entre el 16 de julio y el 12 de septiembre de este año. También naufragó la demanda administrativa que la empresa presentó —a través de una de sus subsidiarias— para que se declarara nula una decisión de la AMP de no modificar el cronograma de inversión del proyecto, como pretendía PCCP. El 8 de octubre de 2025, la Sala Tercera determinó que la AMP no incurrió en ilegalidad al rechazar esa solicitud. No es el único contratiempo legal. Además, PCCP fue demandada en Delaware, Estados Unidos, por un antiguo socio de origen chino, que alega haber sido despojado del 51 % de las acciones del proyecto en Isla Margarita. Este proceso se desarrolla en paralelo a otro enfrentamiento entre las partes, que consiste en un arbitraje en Panamá. Aleida Samaniego C. [email protected] El Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) busca que alumnos con tres materias reprobadas logren pasar el año académico. Archivo Reválidas 2026: Meduca publica los centros educativos y fechas de inscripción EDUCACIÓN El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la lista de centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas correspondientes al año lectivo 2026, dirigidas a estudiantes que reprobaron hasta dos asignaturas durante el período escolar 2025, como parte del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE). De acuerdo con la entidad, el período de inscripción para las reválidas se extenderá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero en los centros habilitados a nivel nacional. Las clases de reválidas se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Los estudiantes deberán asistir a los centros asignados y cumplir con los reglamentos internos de cada institución. El costo de inscripción será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa. El Meduca reiteró que este proceso busca brindar a los estudiantes la oportunidad de regularizar su situación académica y avanzar al siguiente nivel educativo. Centros habilitados En la provincia de Chiriquí, se impartirán en el Colegio Secundario de Macano, I.P.T. David, Colegio Beatriz Miranda de Cabal, Colegio Secundario Aserrío, Instituto Puerto Armuelles, Escuela Bilingüe Elisa Chiari, Colegio Secundario Volcán, P.C. Arturo Motta, C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas) y C.E. San Félix. En la provincia de Veraguas, los centros habilitados son I.P.T. Veraguas, I.P.T. Jesús Héctor Gallego, Colegio Belisario Villar, Instituto Urracá, Colegio José Bonifacio Alvarado e Instituto Profesional Omar Torrijos. En Panamá Centro, se desarrollarán en el Instituto Nacional, Instituto América, Instituto José Dolores Moscote, I.P.T. Juan Díaz, I.P.T. Don Bosco, Escuela Ricardo J. Alfaro y Colegio Francisco de Miranda. En Panamá Este, se habilitó el I.P.T. México Panamá. En San Miguelito, se impartirán en el C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa, C.E.B.G. Louis Martinz y C.E.B.G. Santiago de la Guardia. En Panamá Norte, el centro habilitado es el C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega. Policía, el chofer de Mosquera les dijo que el pick up circulaba sin placa vehicular para evitar que esta fuera hurtada. ¿Acaso la norma que obliga a portar esa identificación no aplica para ellos? METICHES. Mosquera es diputado del Molirena, pero el colectivo que salió en su defensa fue RM. A algunos partidos les atraen tanto las violaciones a la ley que no pueden evitar salir a justificarlas.
5A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Panorama Las autoridades piden eliminar los criaderos de mosquitos. Cortesía Dengue en Panamá: más de 15 mil casos Aleida Samaniego C. [email protected] EPIDEMIOLOGÍA Del total de casos reportados, 13,394 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,601 con signos de alarma y 103 casos de dengue grave. El Ministerio de Salud (Minsa), a través del departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2025) se registraron 15,098 casos acumulados de dengue en todo el país. Del total de casos reportados, 13,394 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,601 con signos de alarma y 103 casos de dengue grave, de acuerdo con el informe oficial. La región metropolitana encabeza la lista con 4,624 casos, seguida por San Miguelito con 2,618 y Panamá Oeste con 1,596. También se reportaron cifras significativas en Panamá norte (1,432), Chiriquí (882) y Bocas del Toro (844). Otras regiones afectadas son Veraguas (550), Los Santos (523), Herrera (447), Colón (445), Panamá Este (405), Darién (336) y Coclé (310). En tanto, la comarca Ngäbe Buglé registró 71 casos y Guna Yala, 15. Hospitalizaciones y defunciones El informe detalla que 1,474 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario en lo que va del año. Asimismo, se notificaron 25 defunciones asociadas al dengue durante 2025. Las muertes se distribuyen de la siguiente manera: Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), región metropolitana (3), Darién (2), Panamá este (2), Coclé (2) y San Miguelito (2). Con un deceso cada una figuran Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón. Incidencia y zonas más afectadas La tasa de incidencia nacional se sitúa en 330 casos por cada 100 mil habitantes, según el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 48. Por corregimientos, los mayores registros se concentran en Tocumen (1,029 casos) y 24 de Diciembre (906), ambos en la región metropolitana; Belisario Frías (622) y Belisario Porras (552), en San Miguelito; y Ernesto Córdoba Campos (379), en Panamá Norte. La mayoría de los casos se presenta en personas con edades comprendidas entre 10 y 49 años. El Minsa informó que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país y reiteró el llamado a la participación ciudadana para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, tanto dentro como alrededor de las viviendas. El diputado de la provincia de Darién, Isaac Mosquera, estuvo involucrado en la noche del sábado en un confuso incidente con agentes de la Policía Nacional, en Las Garzas, en el sector este de la provincia de Panamá. En sus redes sociales, Mosquera, del partido Molirena, dijo que regresaba de una actividad en la provincia de Darién y que se encontró con un retén policial en Las Garzas. “Procedí a identificarme correctamente como diputado de la República y continué. Pocos metros después, escuché y sentí un disparo, lo que generó una situación alarmante de forma inmediata”, dijo Mosquera en la red social Instagram. Mosquera expresó que estuvo retenido cerca de dos horas y que procedió a mostrar todo lo que transportaba en el vehículo. Fuentes policiales informaron que Mosquera evadió dos puntos de control sin placa, viniendo de Darién. Policía responde a Mosquera En un comunicado, la Policía Nacional informó que un vehículo tipo pickup de color negro, sin placa visible y procedente de la provincia de Darién, evadió un punto de control ubicado en la entrada del corregimiento de Las Garzas de Pacora, lo que dio inicio a una persecución preventiva conforme a los protocolos de seguridad. Durante el seguimiento, a la altura de la entrada de San Juan de Pacora, las unidades policiales realizaron un disDiputado Mosquera estuvo involucrado en confuso incidente con la Policía RETÉN POLICIAL paro de advertencia al aire con el objetivo de detener el automóvil, que continuó su marcha hasta encontrarse con un bloqueo policial, tras recorrer aproximadamente 3.5 kilómetros desde el punto inicial de evasión. Según el pronunciamiento, al momento de ser interceptado, los agentes observaron que el vehículo transportaba varios bultos en la parte trasera y que el conductor inicialmente no descendía los vidrios. Posteriormente, el hombre se identificó como chofer de un vehículo propiedad del diputado Issac Mosquera, de la provincia de Darién, quien también se identificó desde el interior del automóvil. La Policía indicó que, tras las verificaciones correspondientes y luego de que el conductor señalara que la placa del vehículo había sido hurtada, no se registraron novedades adicionales y se permitió que el automóvil continuara su trayecto. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Isaac Mosquera, diputado de la Asamblea Nacional. Tomada de Instagram
6A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Panorama La CSS reconoció que dos convocatorias nacionales para captar médicos especialistas no lograron cubrir las necesidades del sistema y solicitó apoyo al Colegio Médico de Panamá. Elysée Fernández Fracasa convocatoria de la CSS para especialistas Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Para los llamados nacionales realizados en octubre y diciembre de 2025 solo siete médicos especialistas se postularon para las vacantes en regiones apartadas, según comunicaciones oficiales enviadas al Colegio Médico de Panamá. La Caja de Seguro Social (CSS) reconoció, mediante comunicaciones oficiales dirigidas al Colegio Médico de Panamá, que sus recientes esfuerzos para captar médicos especialistas destinados a regiones apartadas del país no han dado los resultados esperados. Pese a haber realizado dos convocatorias públicas a nivel nacional durante los últimos meses de 2025, la institución informó que solo siete especialistas idóneos presentaron su postulación, una cifra insuficiente para cubrir la demanda existente en el sistema público de salud. Este reconocimiento consta en una nota fechada el 17 de diciembre de 2025, firmada por Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, y dirigida a Raquel Gutiérrez de Mock, presidenta y representante legal del Colegio Médico de Panamá. En el documento, la entidad señala que las convocatorias tenían como objetivo atender “necesidades críticas de atención especializada” en distintas instalaciones de salud del país. Según la comunicación, la primera convocatoria se desarrolló los días 16, 17 y 20 de octubre de 2025, mientras que la segunda tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre del mismo año. Ambas estuvieron orientadas a captar especialistas en áreas como cardiología, medicina crítica, anestesiología, medicina interna, ginecología y obstetricia, así como pediatría. Estas dos últimas especialidades fueron identificadas como prioritarias para la provincia de Bocas del Toro y para el área de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí. La CSS sostiene que las convocatorias cumplieron con los procedimientos establecidos y contaron con la debida divulgación; sin embargo, la respuesta fue limitada. “Solo se contó con la postulación de siete especialistas idóneos dentro del territorio nacional”, indica el documento oficial, en el que se admite que esta cifra no cubre las necesidades actuales en las distintas regiones. Esta situación se complementa con otra comunicación, fechada el 10 de diciembre de 2025, enviada por Roberto Epifanio, coordinador nacional de Ginecología y Obstetricia de la CSS, también dirigida a la presidenta del Colegio Médico de Panamá. En esa misiva, Epifanio califica la escasez de especialistas en su área como una “necesidad imperiosa”, con especial énfasis en la provincia de Bocas del Toro. En ese contexto, la CSS solicita formalmente la intervención del Colegio Médico de Panamá y de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), con el objetivo de sensibilizar a la comunidad médica nacional sobre la urgencia de reforzar la atención especializada en esa región. La comunicación también señala que la entidad ha diseñado “varios planes de incentivos” para atraer profesionales, aunque reconoce que, hasta el momento, estos no han generado una respuesta favorable. Ambas cartas delinean un panorama en el que, pese a los esfuerzos administrativos y a la realización de convocatorias públicas, persisten dificultades para lograr que médicos especialistas se trasladen a zonas fuera del área metropolitana. En ese marco, la CSS solicita el apoyo del gremio médico para que los especialistas interesados presenten su documentación en la sede de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicada en el edificio 519 de Clayton. Las comunicaciones oficiales no detallan el contenido específico de los incentivos ofrecidos ni las condiciones laborales asociadas a las plazas disponibles. Tampoco incluyen información sobre factores adicionales que podrían incidir en la decisión de los especialistas, como la infraestructura hospitalaria, la carga laboral, la disponibilidad de recursos o las condiciones de permanencia en regiones apartadas. Mientras tanto, la falta de especialistas continúa teniendo un impacto directo en la prestación de servicios de salud en provincias como Bocas del Toro, donde áreas como ginecología, obstetricia y pediatría resultan fundamentales para la atención maternoinfantil. La documentación intercambiada entre la CSS y el Colegio Médico refleja que la institución es consciente de la brecha existente y que ha buscado apoyo interinstitucional para atenderla. Al cierre de 2025, las comunicaciones oficiales confirman que la CSS enfrenta el desafío de fortalecer sus mecanismos de captación y retención de talento médico especializado, particularmente en las regiones con mayores necesidades. El tema permanece en evaluación entre la institución y los gremios médicos, en un contexto en el que ambas partes coinciden en la importancia de garantizar el acceso oportuno a atención especializada en todo el territorio nacional. Más médicos, pero mal distribuidos Panamá cuenta con 10,068 médicos para atender a una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, según cifras oficiales de noviembre de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa). Esto equivale a 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, por encima del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece 1.6 médicos por cada 1,000 personas. No obstante, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, en 2023 el país contaba con 7,314 médicos, lo que representa 1.7 médicos por cada mil habitantes, apenas por encima del estándar internacional. Esta discrepancia evidencia que las cifras absolutas no siempre reflejan con precisión la realidad de la cobertura médica. A pesar de estos indicadores, la disponibilidad de médicos en términos absolutos no garantiza una atención efectiva ni equitativa. La distribución desigual de profesionales y la limitada capacidad de formación especializada continúan siendo desafíos estructurales del sistema sanitario panameño. El Minsa asegura que los datos oficiales actualizados contradicen versiones que señalaban un “déficit generalizado” de médicos en Panamá. Sin embargo, reconoce que el principal desafío no radica en la cantidad total de profesionales, sino en su distribución territorial. Esta desigualdad provoca que regiones del interior y áreas de difícil acceso enfrenten servicios médicos insuficientes, lo que afecta la atención quirúrgica, la atención primaria y otros servicios críticos. El problema se hace evidente en provincias como Bocas del Toro y en hospitales regionales como el Gustavo Nelson Collado, en Chitré, donde la falta de especialistas limita la atención médica especializada. Según Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS, Panamá produce médicos a un ritmo que no coincide con la capacidad del sistema para recibir, formar y contratar a estos profesionales. “El país requiere más especialistas y una mejor distribución a nivel nacional”, señaló. Además, advirtió que, considerando el número de estudiantes que actualmente cursan estudios universitarios, en los próximos seis años el país enfrentará dificultades para absorber a los nuevos profesionales idóneos, lo que incrementa el riesgo de desempleo o subempleo médico. El funcionario explicó que la solución no pasa por aumentar el número de médicos generales, sino por alinear la capacidad docente de hospitales y centros de salud con la demanda real de formación, fortalecer la planificación conjunta entre el Minsa, la CSS y las universidades, y evitar una sobreoferta desordenada de egresados sin plazas de formación especializada. El panorama descrito confirma que, pese a las cifras globales favorables, la falta de especialistas en regiones apartadas continúa afectando la prestación de servicios esenciales. Resolver esta brecha requerirá no solo nuevas convocatorias, sino políticas sostenidas de incentivos, planificación y coordinación interinstitucional que permitan garantizar el acceso oportuno y equitativo a la atención especializada en todo el país. Panamá cuenta con 10,068 médicos para atender a una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, según cifras oficiales de noviembre de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa). . Archivo Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS. Elysée Fernández
7A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cerrar 2025 con responsabilidad. Encarar 2026 con decisión: la sostenibilidad como política de Estado Reforma orgánica materia de gasto público: el control estricto de las compras, la eliminación de erogaciones innecesarias y la adopción de una proyección presupuestaria quinquenal introducen una lógica de planificación que reduce la improvisación y permite anticipar tensiones antes de que se conviertan en crisis. Este cambio de cultura administrativa es tan relevante como cualquier reforma legal. Pero cerrar el año con orden financiero no es suficiente. La sostenibilidad solo es legítima si se traduce en mejores resultados para las personas. El mensaje ciudadano ha sido claro y persistente: medicamentos e insumos disponibles cuando se necesitan, reducción real de la mora quirúrgica y tiempos de espera razonables para acceder a una cita médica. Estos no son temas secundarios; son el termómetro con el que la población mide la credibilidad del sistema de salud. En 2026, responder a estas demandas será impostergable. Garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos no depende únicamente de más presupuesto, sino de una gestión logística moderna: compras planificadas, trazabilidad digital, inventarios inteligentes y esquemas de suministro que reduzcan la dependencia de urgencias y compras reactivas. De igual forma, la reducción sostenida de la mora quirúrgica exige optimizar el uso de quirófanos, extender jornadas de alta productividad y aplicar criterios clínicos claros, transparentes y medibles. El desafío más complejo, sin embargo, será acortar los tiempos de espera para citas médicas. Este problema no se resuelve soDino Mon Opinión EL AUTOR es director de la Caja Segura Social lo con tecnología, aunque esta es indispensable. Requiere decisiones integrales que combinen reglamentaciones laborales, ingeniería de procesos y un rediseño profundo de la gestión de agendas. La experiencia internacional es contundente: sin cambios en la organización del trabajo médico, ninguna plataforma digital, por sí sola, genera un impacto estructural. Aquí emerge una discusión que ya no puede seguir postergándose: la escasez de especialistas frente a una demanda creciente. En áreas críticas, la brecha es profunda y tiene consecuencias directas sobre la salud y la dignidad del paciente. Enfrentar esta realidad exige apertura y responsabilidad, incluyendo la contratación regulada y temporal de especialistas formados en otros países, bajo estándares estrictos de acreditación, supervisión y evaluación. No se trata de sustituir talento nacional, sino de complementarlo allí donde el sistema hoy no da abasto. Cerrar 2025 con orden financiero y proyectar 2026 con decisión técnica es el verdadero desafío de la Caja de Seguro Social. Las bases están sentadas. Ahora corresponde demostrar que la disciplina fiscal puede convivir con una atención más oportuna, humana y eficiente. Porque, al final, la sostenibilidad no es un fin en sí mismo: es el medio para garantizar que el sistema de salud y el sistema de pensiones respondan cuando más se les necesita. El cierre de 2025 encuentra a la Caja de Seguro Social (CSS) en un punto que durante años pareció inalcanzable: un marco legal fortalecido, una hoja de ruta financiera clara y señales objetivas de recuperación institucional. No es un discurso triunfalista; es una constatación técnica y política. La sostenibilidad no se improvisa: se construye con disciplina fiscal, control efectivo del gasto y decisiones estructurales tomadas a tiempo. Las reformas a la Ley Orgánica marcaron un antes y un después. Permitieron evitar el agotamiento de las reservas, ordenar el financiamiento del sistema y devolver previsibilidad al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. El aporte estatal, el ajuste gradual de la cuota patronal y el uso regulado de las reservas conforman hoy un esquema de administración del riesgo financiero alineado con estándares modernos de buena gobernanza pública. A esto se suma un fortalecimiento institucional que eleva la rendición de cuentas y aumenta el nivel de exigencia sobre quienes administran recursos que pertenecen a toda la sociedad. En paralelo, 2025 dejó una señal clara en Flat tax: la verdadera solución Tributación El actual ministro de Economía y Finanzas ha mencionado que el Gobierno busca aumentar la tributación efectiva, la cual no es más que mejorar la capacidad del Estado para generar mayores ingresos por el pago de impuestos. Pero la pregunta que aún queda en el vacío es: ¿cómo lo hará? Entre 2007 y 2025, el Estado pasó de tener 65 instituciones a 96. En este mismo período, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República, los empleados públicos aumentaron de 158 mil a más de 250 mil. Esto significó un incremento de 59% en la planilla pública, pero lo más grave es el costo oculto que trajo consigo: funcionarios que, para justificar sus cargos, crean trámites y regulaciones y, con ayuda de la Asamblea Nacional, impulsan proteccionismos y leyes ineficientes que terminan distorsionando el mercado. Todo ello genera descoordinación y afecta las decisiones de los consumidores. Desde la llegada del Gobierno, en 2024, no se ha hecho nada para liberalizar la economía ni reducir los costos de legalidad, entendidos como el conjunto de barreras y gastos que enfrenta cualquier emprendedor para abrir un negocio, contratar personal o cumplir con sus obligaciones fiscales. Aun así, el ministro asegura que podrá aumentar la tributación efectiva. Chapman recordó que el nivel más alto alcanzado fue de 12%, en un contexto excepcional: cuando Panamá recibió el grado de inversión, se ejecutaban megaproyectos como la expansión del Canal, Tocumen y carreteras, y entraba capital extranjero gracias a la estabilidad macroeconómica. Esa bonanza fue insostenible: al cabo de una década, el desempleo pasó de 4% a 7.5%, la recaudación cayó y la deuda se disparó. Hoy no existen esas condiciones. La informalidad supera el 50%, el desempleo está por encima del 10% y el gasto público agresivo difícilmente podrá crear empleo formal. Persisten regulaciones excesivas, proteccionismos y costos de legalidad cada vez más altos. Ante este panorama, la solución no pasa por recetas keynesianas de mayor gasto, sino por aplicar lo que Arthur Laffer explicó con su famosa curva: una presión tributaria excesiva desincentiva la inversión y la formalidad, y puede incluso reducir la recaudación. La salida es clara: un Flat Tax. Un impuesto único y bajo que elimine fueros, privilegios y regímenes especiales. Hoy, la mayoría de las empresas paga 25% de Impuesto sobre la Renta, mientras una minoría con leyes a la medida paga 5%, 10% o incluso nada. Esa inequidad no solo contradice el principio constitucional de igualdad, sino que frena la competitividad y empuja a más personas a la informalidad. Un Flat Tax de no más del 15%, aplicado sin distinciones, ampliaría la base de contribuyentes, simplificaría el sistema y enviaría una señal clara: en Panamá no habrá impuestos confiscatorios ni privilegios fiscales. Mejorar la tributación efectiva no se logrará con más burocracia ni con más gasto, sino con reglas simples, iguales para todos, que devuelvan a la economía la libertad de crecer y generar riqueza. EL AUTOR es economista y miembro de la Fundación Libertad. José Jauregui Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. de aplaudir ciegamente, sino de corregir lo que está mal antes de que se vuelva costumbre. Y lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud está mal. Muy mal. Eludir los procedimientos de contratación pública sin justificación real, y luego intentar vestir como “ayuda social” una contratación directa de $15 millones a la empresa Hombres de Blanco Corp., es una maniobra que no resiste el mínimo análisis técnico ni jurídico porque, lejos de promover la competencia –como dicta la ley–, lo que hace es impedirla deliberadamente con contrataciones directas que el ministro pretende justificar alegando que la empresa que estaba antes supuestamente recibió incontables adendas a su contrato. Pero, al menos, hubo competencia y un ganador. Sin embargo, Hombres de Blanco ha sido seleccionada no por sus méritos, sino por el dedo arbitrario del ministro. Y la pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que se está haciendo ahora con Hombres de Blanco? ¿Una limpieza profunda o una adenda con detergente? Segunda confesión: no tengo nada contra los hermanos Argüelles ni contra su madre. Mi preocupación es otra: evitarles el tipo de tragedia jurídica que en Panamá suele llegar tarde, pero llega. La cercanía al poder siempre invita a confundir oportunidad con impunidad, especialmente cuando se tiene pasaporte diplomático en el bolsillo. Grave error. El poder pasa; los expedientes no. Hace poco conversé con el licenciado Víctor Orobio, quien me recordó que la teoría del caso de Héctor Brands es que sus empresas obtuvieron contratos estatales mediante tráfico de influencias, razón por la cual hoy se encuentra imputado y con detención preventiva. Y aquí hay una diferencia que resulta imposible ignorar: las empresas de Brands, al menos, obtuvieron sus Confesiones con cloro Contratación directa Ahora que las confesiones están de moda, es buen momento para hacer la mía. Desde hace algún tiempo vengo señalando conductas del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, que –a mi juicio– no solo resultan repugnantes, sino que atentan directamente contra el Estado de derecho y vulneran garantías elementales consagradas en nuestra Constitución. Conductas que, especialmente en materia de contratación pública, empiezan a parecerse más a prácticas del crimen organizado que a decisiones administrativas propias de una democracia funcional. Y aquí va mi primera confesión: no tengo nada personal contra el ministro Boyd Galindo ni contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Todo lo contrario. En esta administración hay personas a las que respeto profundamente y a quienes considero profesionales serios, como, por ejemplo, los ministros José Andrade, en Obras Públicas; Felipe Chapman, en Economía y Finanzas, y Juan Carlos Navarro, en Ambiente, solo por mencionar algunos que entienden que gobernar no es mandar, sino respetar las reglas. Precisamente, porque estoy a favor de muchos dentro de este gobierno, es que no puedo –ni debo– cerrar los ojos cuando algo se hace mal. Mucho menos cuando se hace ilegalmente. De eso trata la democracia: no contratos por licitación pública. Por eso digo: mírense en el espejo de Brands. Puede que mañana resulte inocente, pero mientras eso se demuestra, ya fue condenado socialmente y privado de su libertad. Así funciona este país: primero se castiga, después se investiga. Lo que ocurre en el Ministerio de Salud es que creen que son más creativos que nadie, pero sus argumentos son tan viejos como reciclados para impedir la competencia: todo es directo, urgente y excepcional y, al parecer, los hermanos Argüelles son los únicos en el planeta que saben limpiar hospitales. Una tesis tan arrogante como absurda. El ministro Boyd Galindo pretende algo ambicioso: comprometer a todo el Gabinete y al presidente Mulino para que avalen la aludida millonaria contratación directa, no porque exista una emergencia real, sino porque el ministro así lo decidió. Curiosamente, ningún otro ministro ha mostrado semejante entusiasmo por ignorar los procedimientos legales. Y el remate es casi humor negro: empresas de limpieza sobran. Yo conté, al menos, 25 en una sola jornada de licitación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Pero ninguna, al parecer, tiene el talento que busca el Ministerio de Salud. Si esta contratación se avala, no se estaría aprobando un contrato, sino abriendo las puertas del infierno administrativo, porque a partir de entonces todos los ministros tendrán la tentación –y el precedente– de contratar directamente a sus amigos. Conviene recordarlo, aunque incomode. Los gobiernos son pasajeros. Las firmas quedan. Los expedientes crecen. EL AUTOR es empresario Ramsés Paulette Dopeso
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