4A La Prensa Panamá, lunes 22 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CONSIGNA. Realizando Metas (RM) rechazó cualquier intento de reelegir a María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de enero de 2022. El partido alega que la gestión de López “ha sido muy perjudicial para el país y el sistema jurídico”, que ha causado un daño “enorme” y que ha desprestigiado la “majestad” del cargo que ocupa. Qué raro que a RM eso solo le preocupe respecto al Órgano Judicial, porque el año pasado impulsaba a la presidencia de la República a un individuo que encaja perfectamente en todo aquello que señalan. El eterno doble estándar de RM y sus manzanillos… ¿SALTO? La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha firmado el documento que reconoce que Darío Amalki Sandoval Shaik es idóneo para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema. Sandoval es el actual secretario general del Mitradel. ¿Acaso hay otras vacantes en el pleno o en tribunales inferiores y no nos hemos enterado? Ojalá no estén repitiendo lo que ya han hecho con otros: sacarlos del Ejecutivo e insertarlos directamente en el Judicial. TIRO LOCO. Hay un factor determinante en el suceso que involucró a Isaac Mosquera: en qué momento los agentes policiales dispararon al aire. La Policía alega que el tiro se hizo porque la camioneta circulaba sin placa, evadió un retén en Las Garzas, nadie se identificó y hubo que perseguirla 3.5 kilómetros, hasta que finalmente se detuvo. Mosquera, en tanto, sostiene que los tiros al aire se hicieron pese a que ya había dado la cara. Aquí, desde hace meses, hay una ley de body cam. ¿Dónde está la grabación? Así sabremos quién miente y quién dice la verdad. INCUMPLIMIENTO. Según la Construcción del puerto y patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Cortesía Exconcesionaria de puerto de Isla Margarita demanda decreto Mónica Palm [email protected] PCCP La concesión fue revocada por la AMP debido a incumplimientos graves, entre ellos la paralización del proyecto, una morosidad de $1.4 millones en cánones y la falta de renovación de fianzas y pólizas vencidas desde hace años. Panama Colon Container Port (PCCP), la antigua concesionaria del fallido puerto y terminal de contenedores en la costa atlántica, presentó una demanda para impedir la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, como ordenó la Presidencia de la República hace dos meses. La demanda contencioso-administrativa fue presentada por el abogado Alejandro Cossio, en representación de PCCP, para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo 90 de 20 de octubre de 2025, mediante el cual el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, ordenó la expropiación de las fincas propiedad de esta sociedad. Orillac, además, es presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad que el pasado 10 de abril canceló la concesión de uso de 81.5 hectáreas de fondo de mar que PCCP había obtenido en 2013 para la construcción de un puerto, adyacente a las fincas —ahora expropiadas— donde supuestamente construiría una terminal de contenedores. PCCP es presidida por el ciudadano bahameño Dion Bowe. La empresa nunca completó los trabajos ni del puerto de contenedores ni de la terminal de carga. En cambio, incumplió el cronograma de desarrollo del proyecto, acumuló una morosidad de 1.4 millones de dólares en el pago de cánones y tarifas, y no renovó las fianzas de cumplimiento ni las pólizas, las cuales “tienen entre dos y tres años, respectivamente, de estar vencidas”. Estas fueron las principales causales para rescindir su concesión de fondo de mar. El pasado 19 de diciembre, la demanda presentada por el abogado Cossio fue asignada al despacho de Cecilio Cedalise, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el próximo 31 de diciembre. Cedalise será reemplazado por Gisela Agurto, a partir de enero. El Ministerio de la Presidencia ordenó la expropiación de las tierras ante la insistencia del gobierno del presidente José Raúl Mulino de atraer inversiones a Isla Margarita, en atención a la demanda del comercio mundial que transita por suelo panameño. El artículo 51 de la Constitución establece que, en caso de interés social urgente, el Ejecutivo puede ejecutar la expropiación u ocupación de la propiedad privada para asegurar el bien de la colectividad. Previo a la orden de expropiación, PCCP había impedido el ingreso al área de peritos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República, quienes habían visitado la zona con el fin de establecer el valor promedio de las fincas. De momento, se desconoce el monto de la indemnización que deberá pagar el Estado a PCCP como resultado de la expropiación. El presidente Mulino ha prometido que convocará una licitación pública para conseguir un nuevo operador portuario para Isla Margarita en los primeros meses de 2026, lo que no debe ser muy difícil dado su ventajosa ubicación: en toda la entrada en el sector atlántico del Canal de Panamá, al lado de otras terminales ya consolidadas, como las operadas por Colon Container Port y SSA Marine MIT. Además, la industria está en crecimiento: entre enero y noviembre de 2025, el sistema portuario panameño movilizó más de 9.06 millones de TEUs (medida de contenedores de 20 pies cada uno), lo que representa un incremento de 3.3% frente al mismo período de 2024. PCCP no se ha quedado de brazos cruzados. Para impedir la entrada de otro actor en lo que era su concesión, presentó al menos cinco amparos de garantías constitucionales entre el 2 y el 6 de junio de 2025, en contra de las decisiones adoptadas por el administrador y la junta directiva de la AMP. Falló en el intento, porque ninguna de estas acciones prosperó: el pleno de la Corte Suprema de Justicia se negó a admitir cada uno de esos amparos, mediante cinco fallos emitidos entre el 16 de julio y el 12 de septiembre de este año. También naufragó la demanda administrativa que la empresa presentó —a través de una de sus subsidiarias— para que se declarara nula una decisión de la AMP de no modificar el cronograma de inversión del proyecto, como pretendía PCCP. El 8 de octubre de 2025, la Sala Tercera determinó que la AMP no incurrió en ilegalidad al rechazar esa solicitud. No es el único contratiempo legal. Además, PCCP fue demandada en Delaware, Estados Unidos, por un antiguo socio de origen chino, que alega haber sido despojado del 51 % de las acciones del proyecto en Isla Margarita. Este proceso se desarrolla en paralelo a otro enfrentamiento entre las partes, que consiste en un arbitraje en Panamá. Aleida Samaniego C. [email protected] El Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) busca que alumnos con tres materias reprobadas logren pasar el año académico. Archivo Reválidas 2026: Meduca publica los centros educativos y fechas de inscripción EDUCACIÓN El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la lista de centros educativos donde se impartirán las clases de reválidas correspondientes al año lectivo 2026, dirigidas a estudiantes que reprobaron hasta dos asignaturas durante el período escolar 2025, como parte del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE). De acuerdo con la entidad, el período de inscripción para las reválidas se extenderá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero en los centros habilitados a nivel nacional. Las clases de reválidas se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Los estudiantes deberán asistir a los centros asignados y cumplir con los reglamentos internos de cada institución. El costo de inscripción será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa. El Meduca reiteró que este proceso busca brindar a los estudiantes la oportunidad de regularizar su situación académica y avanzar al siguiente nivel educativo. Centros habilitados En la provincia de Chiriquí, se impartirán en el Colegio Secundario de Macano, I.P.T. David, Colegio Beatriz Miranda de Cabal, Colegio Secundario Aserrío, Instituto Puerto Armuelles, Escuela Bilingüe Elisa Chiari, Colegio Secundario Volcán, P.C. Arturo Motta, C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas) y C.E. San Félix. En la provincia de Veraguas, los centros habilitados son I.P.T. Veraguas, I.P.T. Jesús Héctor Gallego, Colegio Belisario Villar, Instituto Urracá, Colegio José Bonifacio Alvarado e Instituto Profesional Omar Torrijos. En Panamá Centro, se desarrollarán en el Instituto Nacional, Instituto América, Instituto José Dolores Moscote, I.P.T. Juan Díaz, I.P.T. Don Bosco, Escuela Ricardo J. Alfaro y Colegio Francisco de Miranda. En Panamá Este, se habilitó el I.P.T. México Panamá. En San Miguelito, se impartirán en el C.E.B.G. Jerónimo de la Ossa, C.E.B.G. Louis Martinz y C.E.B.G. Santiago de la Guardia. En Panamá Norte, el centro habilitado es el C.E.B.G. Melchor Lasso de la Vega. Policía, el chofer de Mosquera les dijo que el pick up circulaba sin placa vehicular para evitar que esta fuera hurtada. ¿Acaso la norma que obliga a portar esa identificación no aplica para ellos? METICHES. Mosquera es diputado del Molirena, pero el colectivo que salió en su defensa fue RM. A algunos partidos les atraen tanto las violaciones a la ley que no pueden evitar salir a justificarlas.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==