4A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 Panorama Si Bolo Flores cree que a estas alturas nos creemos que los funcionarios ubicados en las cumbres del poder se mueven por amor al prójimo, debe ser un completo iluso. Flores reconoció que él es dueño de uno de los ingenios de la industria azucarera panameña, específicamente, de Central Azucarera Alanje, de donde proviene el azúcar Doradita, esa que el Gobierno está poniendo en las bolsas navideñas que vende el IMA en $15. Y esto viene a cuento porque, siendo él productor de azúcar, transformarse en vendedor de alcoholes es un giro esperado cuando sea obligatorio para todos los conductores del país comprar combustible con etanol. Esta película ya la vimos hace años con la Central Azucarero La Victoria, perteneciente a la familia del delincuente internacional Ricardo Martinelli. En 2014, a pocos días de finalizar su período presidencial, Central Azucarero La Victoria tramitó una licencia de operación para producir etanol. La inversión sería de $28 millones, pero el retorno de la inversión sería más que genial, casi gratis. Y es que, con la excusa de salvar el ambiente, los Martinelli tenían armado un negociazo a través de la Ley 42 de 2011, que obligaba a todo Dios a comprar bio combustible y, de paso, el ingenio azucarero de la familia y el de su amigo ganarían unos buenos millones cada año produciendo y/o importando etanol, cuya comercialización – subrayo– estaba garantizada por ley. A solo semanas de terminar el desastre que fue su gobierno –el 25 de abril de 2014, para ser específico–, la familia decidió escindir de Central Azucarero La Victoria la empresa Alcoholes La Victoria, S.A. y, al mismo tiempo, le traspasaba casi 70 fincas como parte de su patrimonio, a fin –supongo– de obtener los beneficios que el gobernante incluyó en esa Ley para dizque salvar el medio ambiente de Panamá. Salvar el ambiente debía ser recompensada. Así que el Gobierno de Martinelli tomó medidas para fomentar una actividad para la que ya se estaban preparando: Créditos preferenciales en la compra de fincas, con plazo de hasta de 25 años, mejoras, titulación de tierras, compra de maquinaria y equipo, sistema de riego e infraestructuras, líneas de crédito con intereses preferenciales para el establecimiento de dichos cultivos. La Ley también dispuso que las empresas que promovieran la producción, comercialización y el uso de biocombustibles con base en la producción nacional –sin perjuicio de los otros beneficios que otorga la misma Ley– “gozarán de un incentivo equivalente al 20% del valor de la materia prima adquirida localmente en el territorio nacional por un periodo de cinco años…”. Y no fue todo. Las empresas ligadas al negocio estarían exentas de pagar el impuesto de importación, de aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes para las maquinarias, equipos de manufactura y planta, de producción, insumos, líneas eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución y/o transmisión eléctrica; también del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios para todas las maquinarias, equipos de manufactura y planta, equipos de producción, insumos, líneas eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución y/o transmisión eléctrica y demás implementos; así como del impuesto sobre la renta. Todo esto por un período de diez años. Tampoco tendrían que pagar el impuesto sobre la renta aplicable a los ingresos generados por la venta de Certificados de Reducción de Emisiones (Bonos de Carbono); el pago a la Asep de licencia industrial, comercial, aviso de operación, la tasa de control, vigilancia y fiscalización; impuestos y/o tasas municipales por diez años, impuestos de prestación de servicios para la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de producción. Y la lista continúa. Es una ley hecha a la medida que ahora quieren revivir. Me voy a permitir usar la palabra que utilizó el presidente Mulino en su rueda de prensa del pasado jueves: Bien “pendejos” seríamos si nos creemos el cuento de que mantener sano el ambiente es lo que impulsa a esta bola de funcionarios y exfuncionarios a hacer obligatorio el uso de etanol. Y ni siquiera sabemos si ese combustible costará menos. Así es cómo las buenas intenciones –en este caso, salvar el ambiente– se usan como excusa para conducirnos directo al infierno. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La fiscal Ruth Morcillo lidera las investigaciones. Archivo Odebrecht: MP se declara listo para retomar el juicio en enero Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA El juicio del caso Odebrecht, aplazado varias veces, vuelve al calendario. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy aseguró que el Ministerio Público llegará preparado a la audiencia del 12 de enero de 2026. El juicio del caso Odebrecht, postergado en varias ocasiones, vuelve a asomarse al calendario. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, afirmó que el Ministerio Público llegará preparado a la audiencia prevista para el 12 de enero de 2026. El juicio, que involucra a una veintena personas por presuntamente blanquear las coimas de la empresa constructora, ha sido suspendido al menos seis veces debido a múltiples motivos, entre ellos, a la falta de asistencias judiciales desde Brasil y otros países, y por dificultades en la notificación de algunos imputados. “Yo espero que esta audiencia pueda retomarse el 12 de enero, que es la fecha programada. Son decisiones de los tribunales, pero por parte del Ministerio Público ya nos encontramos preparados para hacer las acusaciones”, dijo Gómez Rudy. Precisó que dos fiscales asignadas al expediente sustentarán los cargos. El lío de la multa sin pagar El procurador también se refirió al incumplimiento de la sanción económica impuesta a la empresa brasileña después que confesó haber pagado sobornos en Panamá, “Hay una situación de cobro de esa multa. No se ha completado ese pago y el Ministerio Público va a seguir exigiendo ese compromiso”, explicó, al recordar que la empresa aceptó esa obligación al momento de suscribir el acuerdo con el Estado en 2017. Odebrecht se comprometió a pagar $220 millones como multa tras reconocer que pagó coimas para obtener contratos de infraestructura entre 2010 y 2014. Hasta ahora ha entregado $74.4 millones. La deuda pendiente asciende a $146 millones, a lo que se suman intereses por morosidad. El pasado 2 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción volvió a insistir ante un juez de cumplimiento para que se haga efectivo el cobro de la suma adeudada. Durante una audiencia, el fiscal de cumplimiento Javier Cuadra solicitó ordenar la retención de todos los fondos que distintas entidades públicas mantengan destinados a pagar deudas a la empresa, con el fin de transferirlos al Tesoro Nacional como abono a la multa. Como antecedente, el 20 de enero la fiscalía pidió retener $2 millones que el Metro de Panamá debía entregar a Odebrecht por trabajos en la Línea 1, para destinarlos al pago de la sanción. Desde 2019, la empresa ha incurrido en retrasos reiterados en el cumplimiento del acuerdo económico. Los abogados de Odebrecht sostienen que la compañía carece de fondos para cubrir la multa, debido a que no mantiene contratos vigentes en el país. La fiscalía rechaza ese argumento y advierte que el incumplimiento persiste mientras los intereses siguen acumulándose. En paralelo al tema económico, el proceso penal tampoco ha avanzado al ritmo previsto. El juicio contra 26 personas por blanqueo de capitales relacionados con el esquema de sobornos fue reprogramado para realizarse entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 2026. Los retrasos obedecen, entre otros factores, a la falta de respuesta a solicitudes de asistencia judicial internacional enviadas a Brasil, que incluyen testimonios de exdirectivos de Odebrecht, y a dificultades para notificar a imputados que se encuentran fuera del país. Entre ellos figura el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia. En noviembre pasado, el Órgano Judicial informó que habían remitido a Colombia una solicitud formal para notificar a Martinelli, sin que las autoridades panameñas hayan recibido respuesta. Martinelli permaneció durante meses en atrincherado en la embajada de Nicaragua en Panamá y posteriormente viajó a Colombia tras recibir un salvoconducto. A pesar de esas dilaciones, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que está preparada para enfrentar el juicio. El Ministerio Público asegura que el expediente contiene pruebas suficientes para sustentar una condena, entre ellas testimonios, documentos que acreditan el pago de coimas, informes de movimientos bancarios entre sociedades utilizadas para ocultar los sobornos y declaraciones obtenidas mediante acuerdos de colaboración con algunos de los investigados. Juan Manuel Díaz [email protected] Ex fiscal Zuleyka Moore. Archivo Magistrados de la Sala Tercera avalan la destitución de la fiscal del Zuleyka Moore DECISIÓN JUDICIAL La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad de la resolución expedida el 27 de junio de 2024, por la cual el entonces procurador general de la Nación, Javier Caraballo, ordenó la destitución de la fiscal Zuleyka Moore. En junio de 2024, Caraballo ordenó las destituciones de Moore y del también fiscal Adecio Mojica, aduciendo que no eran funcionarios de carrera y −por ende− eran de libre nombramiento y remoción. A través del edicto No. 3,128, colgado en la tarde del jueves en el tablero de la secretaría de ese despacho judicial, se informa a las partes de la decisión asumida por los magistrados María Cristina Chen Stanziola (ponente), Carlos Vásquez y Cecilio Cedalise, en donde se establece que no es ilegal la resolución 1640 expedida por Caraballo. Moore y Mojica fueron destituidos por Caraballo en junio de 2024, lo que originó una serie de críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que alegaban podría tratarse de un pase de factura por haber manejado casos relacionados con figuras del nuevo gobierno. Ambos formaron parte del equipo que investigó las coimas entregadas por la empresa brasileña Odebrecht en Panamá; el juicio por este caso debe iniciar el 12 de enero de 2026. A Moore también le tocó instruir el expediente por presunto peculado en la compra de nueve radares a la empresa italiana Selex, filial del grupo Finmeccanica, en la que se vinculó al exministro de Seguridad Pública y actual presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. Antes de su destitución ambos fiscales ya habían sido apartados de la primera línea. Cuando Caraballo asumió como procurador encargado en marzo de 2021, hizo varios movimientos y rotaciones entre los fiscales; incluso los mandó de vacaciones. En aquella ocasión Mojica fue enviado a la Fiscalía de Atención Primaria de Chiriquí, mientras que Moore estaba en la Fiscalía Regional de Bocas del Toro. Caraballo también señaló que a Moore se le cuestionó por ordenar el secuestro de una finca de un empresario no relacionado con el caso Odebrecht, situación por la cual se condenó al Ministerio Público al pago de $50 mil por daños materiales. Mojica también demandó la nulidad de la resolución que ordenó su destitución, pero la sala no ha resuelto este recurso.
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