1A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 20 de diciembre de 2025 - Año 42 - Nº 15236 Hoy por hoy La descentralización en Panamá ha estado marcada por la opacidad, el desorden y, en no pocos casos, por el uso político de recursos públicos. La llamada “descentralización paralela” dejó una huella profunda de desconfianza ciudadana y decenas de investigaciones abiertas. En ese contexto, el lanzamiento de una plataforma digital por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para transparentar las transferencias y proyectos locales constituye un esfuerzo loable por ordenar un sistema que nació con buenas intenciones, pero fue desvirtuado. Por primera vez, cualquier ciudadano puede conocer cuánto dinero recibe su corregimiento, en qué se gasta y cuándo fue aprobado. Esa información, antes dispersa o inaccesible, ahora está a un clic. No es un detalle menor: la transparencia es el primer filtro contra el clientelismo. Sin embargo, publicar datos no basta. La verdadera prueba será si esa información se traduce en rendición de cuentas efectiva, seguimiento real de obras y sanciones cuando los recursos no se reflejan en mejoras concretas. Abrir la caja negra es un paso necesario. Mantenerla abierta, el verdadero desafío. Ellas.pa Nuevos datos sobre manatíes en Panamá 5B México vuelve a ser anfitrión de la Serie del Caribe 4B Deportes Economía PIB avanza 4.2% en nueve meses, pero el empleo sigue débil 1B ADEMÁS BM aprueba préstamo y garantía crediticia a Panamá 3B Cuando la DEA felicitaba a Noriega Las confesiones de Carlos Wigreen Antes de ser señalado como narcotraficante, Manuel Antonio Noriega recibió elogios formales de la DEA, mientras colaboraba con Estados Unidos en operaciones antidrogas y encubiertas. VEA 7A Descentralización: así se podrá rastrear el dinero Eliana Morales Gil [email protected] La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó una plataforma digital que permite rastrear, por primera FISCALIZACIÓN Una nueva plataforma de la AND permite seguir proyecto por proyecto los fondos de la descentralización, en un intento por cerrar espacios a la opacidad y al uso político de recursos públicos. vez de forma pública y sistemática, los fondos transferidos a municipios y juntas comunales. La herramienta detalla montos, origen de los recursos —como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) y subsidios—, fechas de aprobación y proyectos beneficiados. El sistema busca facilitar el acceso ciudadano a la información sobre el uso de recursos públicos a nivel local, en un contexto marcado por investigaciones penales relacionadas con la llamada “descentralización paralela”. Según la AND, la plataforma se ampliará para incluir el seguimiento del avance físico de las obras, lo que permitiría verificar si los fondos asignados se traducen en proyectos ejecutados. VEA 2A Bondi Beach Homenaje a las víctimas del terrorismo Un grupo de guardavidas participó en los tres minutos de silencio en homenaje a las víctimas del tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, este 20 de diciembre. El ataque, ocurrido el 14 de diciembre durante las celebraciones de Janucá de la comunidad judía, dejó al menos 16 personas muertas, incluido el atacante. La comunidad internacional condenó el atentado terrorista. EFE Jardín de Paz. Elysée Fernández Elías Núñez tenía apenas tres meses cuando su padre desapareció durante la invasión del 20 de diciembre de 1989. Creció sin respuestas, reconstruyendo su historia a partir de relatos familiares. Hoy forma parte de quienes exigen verdad y justicia junto a la Comisión del 20 de Diciembre. Como él, decenas de hijos y esposas siguen buscando pistas sobre lo ocurrido aquella noche marcada por bombardeos, incendios y entierros sin nombre, donde el duelo quedó suspendido por décadas. Según cifras oficiales, 317 personas murieron y 236 siguen desaparecidas, heridas abiertas que el país aún no logra cerrar. VEA 6A ANIVERSARIO Estados Unidos sanciona a los hermanos Carretero Oferta millonaria y otra simbólica en licitación de la basura La invasión contada desde el duelo de sus víctimas Estados Unidos sancionó a Roberto y Vicente Carretero Napolitano por vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, bloqueó bienes, prohibió transacciones y amplió el cerco financiero contra redes familiares. VEA 2A Solo dos empresas acudieron a la licitación de basura en San Miguelito: una ofertó $264 millones y la otra $500 mil, frente a un precio de referencia de $315.2 millones. El contrato sería por 20 años. VEA 5A VÍNCULOS CON MADURO SAN MIGUELITO
2A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Isaac Ortega ¿Cuánta plata recibe tu corregimiento? La descentralización ahora se puede rastrear Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Una nueva plataforma de la Autoridad Nacional de Descentralización permite consultar, corregimiento por corregimiento, los proyectos aprobados y los montos transferidos a través del Piopsm, el Impuesto de Bienes Inmuebles y subsidios. ¿Cuánta plata aporta la descentralización a tu distrito o corregimiento? Hoy esa información ya está al alcance del público. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó una herramienta digital que permite a la ciudadanía conocer qué proyectos ejecutan las comunidades y cuánto dinero reciben para hacerlo. A través del sitio web https://www.descentralizacion.gob.pa/ se pueden consultar estos datos, junto con la fecha en que cada proyecto recibió aprobación. El caso de Almirante Un ejemplo lo ofrece el corregimiento de Almirante, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Bocas del Toro. Allí, la AND registra 13 transferencias. Entre ellas figuran $10 mil para la compra de implementos deportivos, otros $10 mil destinados a paneles solares, tres giros por $20 mil, uno por $26,230 y otro adicional por $20 mil para agasajos y actividades comunitarias. El listado incluye además dos giros para unidades de vivienda por $10 mil cada uno y otras dos transferencias de $4 mil cada una para donativos a personas. La AND realizó estas transferencias entre julio y septiembre de este año. En ese período, la entidad canalizó hacia esta comunidad de Bocas del Toro $92,812 en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), $218,460 del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) y $53,973 en subsidios. El proceso El proceso arranca con consultas ciudadanas y la aprobación del plan de inversiones en el Consejo Municipal. Luego, las direcciones regionales someten los proyectos a una evaluación técnica y financiera. En el caso de los recursos del IBI, la junta directiva de la AND, presidida por Mercedes González, designada por el Ministerio de la Presidencia, toma la decisión final. Durante una conferencia celebrada este viernes 19 de diciembre en la sede de la institución, la directora de la AND, Roxana Méndez, destacó el papel del mecanismo de participación ciudadana al momento de definir los proyectos. También explicó que la entidad mantiene un monitoreo permanente del avance de los proyectos en campo y adelantó que esta fase del proceso, más adelante, también quedará disponible en la herramienta de transparencia, para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución más allá de la asignación de los fondos. Méndez añadió que el acceso público a la información sobre los proyectos aprobados permite que los medios y la ciudadanía conozcan a qué se destinan los fondos y sigan de cerca su ejecución. Argumento que la plataforma no solo exhibe los proyectos que reciben recursos, sino que abre un monitoreo ciudadano constante, de manera que, si un fondo se asigna a una obra que no avanza, la comunidad, los periodistas y otros actores cuentan con insumos para cuestionar qué ocurre y por qué el uso del dinero no se refleja en la realidad. Los números En la actividad, la AND informó que durante la actual administración aprobó fondos para ejecutar 4,719 proyectos en provincias y comarcas del país, lo que representa al menos $130.3 millones. La herramienta aparece en un momento en que la ciudadanía tiene los ojos puestos en las autoridades locales. La descentralización, política de Estado que nació con la Ley 37 de 29 de junio de 2009, enfrenta un fuerte escrutinio ciudadano tras uno de los escándalos del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024): la llamada descentralización paralela, un esquema que distribuyó al menos $300 millones con criterios políticos. Esos fondos quedaron en manos de autoridades locales vinculadas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a sus aliados. Por este caso, el Ministerio Público mantiene decenas de investigaciones abiertas contra representantes y alcaldes en todo el país. Los panameños Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano y cinco parientes de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron añadidos a una lista sancionatoria elaborada por Estados Unidos, debido a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. La decisión, comunicada este 19 de diciembre por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, se da ocho días después de que Ramón, el hermano mayor de los Carretero, fuera incluido en la denominada Lista Clinton. “Esta acción apunta aún más a la estructura de narcocorrupción que sostiene el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, en particular a las redes familiares de Carlos Erik Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano”, señala el Departamento del Tesoro, en una nota de prensa divulgada este viernes. Malpica Flores es sobrino de la primera dama venezolana y fue listado por la OFAC el 11 de diciembre pasado, el mismo día que Ramón Carretero fue sancionado. De Roberto Carretero se sabe que fue condenado a 4 años de prisión por peculado y malversación de fondos por la compra irregular de instrumentos musicales con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). También fue investigado por las coimas que Odebrecht repartió en Panamá, pero la fiscalía especial anticorrupción solicitó un sobreseimiento provisional a su favor, razón por la que no fue llamado a juicio. La parentela de Cilia y su nexo con Panamá También fueron sancionados Eloisa Flores de Malpica (hermana de la primera dama de Venezuela y madre de Carlos Malpica Flores), su esposo Carlos Evelio Malpica Torrealba y la hija de ambos, Iriamni Malpica Flores. Malpica Torrealba, el cuñado de la primera dama, fue propietario de una residencia en Costa del Este. La adquirió en mayo de 2015, cuando tenía un valor de $665,000. En julio de 2017, la vendió a una sociedad llamada Empresa Globalizada de Inversiones, S.A. Iriamni, por su parte, figura como directora o dignataria en por lo menos una docena de sociedades panameñas, todas ya disueltas. Una investigación de La Prensa, Transparencia Venezuela y Armando.Info, divulgada en mayo pasado, documentó que Iriamni y su pareja, Juan Carlos López Tovar, recibieron pagos de las compañías de los Carretero por, al menos, $5.8 millones a nombre de una sociedad. Además, López Tovar aparece como socio de Ramón Carretero en varias sociedades, según documentos, correos electrónicos, cheques e información crediticia de las compañías de Ramón en los bancos AllBank de Panamá y el Banco del Orinoco, en Curazao, entre 2014 y 2015. Hay más pruebas de la esEUA sanciona a los Carretero y a los parientes de primera dama Cilia Flores RÉGIMEN VENEZOLANO trecha relación entre Ramón Carretero y el dúo López Tovar-Malpica Flores. En agosto de 2014, la sobrina de la primera dama venezolana y su pareja adquirieron un apartamento en el edificio Pearl at the Sea, en Costa del Este, por $835 mil. Del valor total, $501 mil fueron cubiertos con un crédito hipotecario del AllBank, obtenido gracias a una carta de recomendación firmada por Ramón Carretero. En diciembre de 2017, el apartamento fue vendido a Inversiones Portofino, Corp., por $740 mil, según consta en el Registro Público de Panamá. Uno de los directivos de Portofino Corp, José Manuel Martínez López, fue socio de López Tovar en la empresa panameña Parques de Lefevre, S.A., creada en 2016. Los esposos Malpica Hurtado e hija Las sanciones anunciadas este viernes también alcanzan a Damaris del Carmen Hurtado Pérez y Erica Patricia Malpica Hurtado, la esposa y la hija de 24 años de edad de Carlos Malpica Flores, respectivamente. Con esta acción, el Departamento del Tesoro ordena bloquear cualquier propiedad o dinero que estos individuos tengan en territorio estadounidense. Igualmente, los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido mantener alguna relación comercial o financiera con aquellas personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC, como lo son los tres hermanos Carretero Napolitano. Cerco al petróleo venezolano En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense ha adoptado múltiples sanciones financieras para atacar al sector petrolero venezolano, lo que incluye, además de allegados, familiares y funcionarios del régimen de Maduro, compañías navieras. También se han incautado embarcaciones petroleras. En ese contexto, el diario The New York Times (NYT) ha descrito a Ramón Carretero como el principal intermediario del petróleo que se comercializa entre Venezuela y Cuba, el cual en su mayoría acaba revendido en Asia. También se le menciona como el mayor beneficiario de un acuerdo que permitió a Chevron exportar crudo de la estatal PDVSA. Según NYT, el panameño y su sociedad Shineful Energy están implicados en operaciones que equivalen a $500 millones, desde julio de 2025 a la fecha. Carlos Malpica Flores fue vicepresidente de PDVSA. La petrolera también está en la lista sancionatoria de la OFAC. Mónica Palm [email protected] Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela. EFE Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025
4A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 Panorama Si Bolo Flores cree que a estas alturas nos creemos que los funcionarios ubicados en las cumbres del poder se mueven por amor al prójimo, debe ser un completo iluso. Flores reconoció que él es dueño de uno de los ingenios de la industria azucarera panameña, específicamente, de Central Azucarera Alanje, de donde proviene el azúcar Doradita, esa que el Gobierno está poniendo en las bolsas navideñas que vende el IMA en $15. Y esto viene a cuento porque, siendo él productor de azúcar, transformarse en vendedor de alcoholes es un giro esperado cuando sea obligatorio para todos los conductores del país comprar combustible con etanol. Esta película ya la vimos hace años con la Central Azucarero La Victoria, perteneciente a la familia del delincuente internacional Ricardo Martinelli. En 2014, a pocos días de finalizar su período presidencial, Central Azucarero La Victoria tramitó una licencia de operación para producir etanol. La inversión sería de $28 millones, pero el retorno de la inversión sería más que genial, casi gratis. Y es que, con la excusa de salvar el ambiente, los Martinelli tenían armado un negociazo a través de la Ley 42 de 2011, que obligaba a todo Dios a comprar bio combustible y, de paso, el ingenio azucarero de la familia y el de su amigo ganarían unos buenos millones cada año produciendo y/o importando etanol, cuya comercialización – subrayo– estaba garantizada por ley. A solo semanas de terminar el desastre que fue su gobierno –el 25 de abril de 2014, para ser específico–, la familia decidió escindir de Central Azucarero La Victoria la empresa Alcoholes La Victoria, S.A. y, al mismo tiempo, le traspasaba casi 70 fincas como parte de su patrimonio, a fin –supongo– de obtener los beneficios que el gobernante incluyó en esa Ley para dizque salvar el medio ambiente de Panamá. Salvar el ambiente debía ser recompensada. Así que el Gobierno de Martinelli tomó medidas para fomentar una actividad para la que ya se estaban preparando: Créditos preferenciales en la compra de fincas, con plazo de hasta de 25 años, mejoras, titulación de tierras, compra de maquinaria y equipo, sistema de riego e infraestructuras, líneas de crédito con intereses preferenciales para el establecimiento de dichos cultivos. La Ley también dispuso que las empresas que promovieran la producción, comercialización y el uso de biocombustibles con base en la producción nacional –sin perjuicio de los otros beneficios que otorga la misma Ley– “gozarán de un incentivo equivalente al 20% del valor de la materia prima adquirida localmente en el territorio nacional por un periodo de cinco años…”. Y no fue todo. Las empresas ligadas al negocio estarían exentas de pagar el impuesto de importación, de aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes para las maquinarias, equipos de manufactura y planta, de producción, insumos, líneas eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución y/o transmisión eléctrica; también del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios para todas las maquinarias, equipos de manufactura y planta, equipos de producción, insumos, líneas eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución y/o transmisión eléctrica y demás implementos; así como del impuesto sobre la renta. Todo esto por un período de diez años. Tampoco tendrían que pagar el impuesto sobre la renta aplicable a los ingresos generados por la venta de Certificados de Reducción de Emisiones (Bonos de Carbono); el pago a la Asep de licencia industrial, comercial, aviso de operación, la tasa de control, vigilancia y fiscalización; impuestos y/o tasas municipales por diez años, impuestos de prestación de servicios para la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de producción. Y la lista continúa. Es una ley hecha a la medida que ahora quieren revivir. Me voy a permitir usar la palabra que utilizó el presidente Mulino en su rueda de prensa del pasado jueves: Bien “pendejos” seríamos si nos creemos el cuento de que mantener sano el ambiente es lo que impulsa a esta bola de funcionarios y exfuncionarios a hacer obligatorio el uso de etanol. Y ni siquiera sabemos si ese combustible costará menos. Así es cómo las buenas intenciones –en este caso, salvar el ambiente– se usan como excusa para conducirnos directo al infierno. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La fiscal Ruth Morcillo lidera las investigaciones. Archivo Odebrecht: MP se declara listo para retomar el juicio en enero Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA El juicio del caso Odebrecht, aplazado varias veces, vuelve al calendario. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy aseguró que el Ministerio Público llegará preparado a la audiencia del 12 de enero de 2026. El juicio del caso Odebrecht, postergado en varias ocasiones, vuelve a asomarse al calendario. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, afirmó que el Ministerio Público llegará preparado a la audiencia prevista para el 12 de enero de 2026. El juicio, que involucra a una veintena personas por presuntamente blanquear las coimas de la empresa constructora, ha sido suspendido al menos seis veces debido a múltiples motivos, entre ellos, a la falta de asistencias judiciales desde Brasil y otros países, y por dificultades en la notificación de algunos imputados. “Yo espero que esta audiencia pueda retomarse el 12 de enero, que es la fecha programada. Son decisiones de los tribunales, pero por parte del Ministerio Público ya nos encontramos preparados para hacer las acusaciones”, dijo Gómez Rudy. Precisó que dos fiscales asignadas al expediente sustentarán los cargos. El lío de la multa sin pagar El procurador también se refirió al incumplimiento de la sanción económica impuesta a la empresa brasileña después que confesó haber pagado sobornos en Panamá, “Hay una situación de cobro de esa multa. No se ha completado ese pago y el Ministerio Público va a seguir exigiendo ese compromiso”, explicó, al recordar que la empresa aceptó esa obligación al momento de suscribir el acuerdo con el Estado en 2017. Odebrecht se comprometió a pagar $220 millones como multa tras reconocer que pagó coimas para obtener contratos de infraestructura entre 2010 y 2014. Hasta ahora ha entregado $74.4 millones. La deuda pendiente asciende a $146 millones, a lo que se suman intereses por morosidad. El pasado 2 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción volvió a insistir ante un juez de cumplimiento para que se haga efectivo el cobro de la suma adeudada. Durante una audiencia, el fiscal de cumplimiento Javier Cuadra solicitó ordenar la retención de todos los fondos que distintas entidades públicas mantengan destinados a pagar deudas a la empresa, con el fin de transferirlos al Tesoro Nacional como abono a la multa. Como antecedente, el 20 de enero la fiscalía pidió retener $2 millones que el Metro de Panamá debía entregar a Odebrecht por trabajos en la Línea 1, para destinarlos al pago de la sanción. Desde 2019, la empresa ha incurrido en retrasos reiterados en el cumplimiento del acuerdo económico. Los abogados de Odebrecht sostienen que la compañía carece de fondos para cubrir la multa, debido a que no mantiene contratos vigentes en el país. La fiscalía rechaza ese argumento y advierte que el incumplimiento persiste mientras los intereses siguen acumulándose. En paralelo al tema económico, el proceso penal tampoco ha avanzado al ritmo previsto. El juicio contra 26 personas por blanqueo de capitales relacionados con el esquema de sobornos fue reprogramado para realizarse entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 2026. Los retrasos obedecen, entre otros factores, a la falta de respuesta a solicitudes de asistencia judicial internacional enviadas a Brasil, que incluyen testimonios de exdirectivos de Odebrecht, y a dificultades para notificar a imputados que se encuentran fuera del país. Entre ellos figura el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia. En noviembre pasado, el Órgano Judicial informó que habían remitido a Colombia una solicitud formal para notificar a Martinelli, sin que las autoridades panameñas hayan recibido respuesta. Martinelli permaneció durante meses en atrincherado en la embajada de Nicaragua en Panamá y posteriormente viajó a Colombia tras recibir un salvoconducto. A pesar de esas dilaciones, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que está preparada para enfrentar el juicio. El Ministerio Público asegura que el expediente contiene pruebas suficientes para sustentar una condena, entre ellas testimonios, documentos que acreditan el pago de coimas, informes de movimientos bancarios entre sociedades utilizadas para ocultar los sobornos y declaraciones obtenidas mediante acuerdos de colaboración con algunos de los investigados. Juan Manuel Díaz [email protected] Ex fiscal Zuleyka Moore. Archivo Magistrados de la Sala Tercera avalan la destitución de la fiscal del Zuleyka Moore DECISIÓN JUDICIAL La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad de la resolución expedida el 27 de junio de 2024, por la cual el entonces procurador general de la Nación, Javier Caraballo, ordenó la destitución de la fiscal Zuleyka Moore. En junio de 2024, Caraballo ordenó las destituciones de Moore y del también fiscal Adecio Mojica, aduciendo que no eran funcionarios de carrera y −por ende− eran de libre nombramiento y remoción. A través del edicto No. 3,128, colgado en la tarde del jueves en el tablero de la secretaría de ese despacho judicial, se informa a las partes de la decisión asumida por los magistrados María Cristina Chen Stanziola (ponente), Carlos Vásquez y Cecilio Cedalise, en donde se establece que no es ilegal la resolución 1640 expedida por Caraballo. Moore y Mojica fueron destituidos por Caraballo en junio de 2024, lo que originó una serie de críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que alegaban podría tratarse de un pase de factura por haber manejado casos relacionados con figuras del nuevo gobierno. Ambos formaron parte del equipo que investigó las coimas entregadas por la empresa brasileña Odebrecht en Panamá; el juicio por este caso debe iniciar el 12 de enero de 2026. A Moore también le tocó instruir el expediente por presunto peculado en la compra de nueve radares a la empresa italiana Selex, filial del grupo Finmeccanica, en la que se vinculó al exministro de Seguridad Pública y actual presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. Antes de su destitución ambos fiscales ya habían sido apartados de la primera línea. Cuando Caraballo asumió como procurador encargado en marzo de 2021, hizo varios movimientos y rotaciones entre los fiscales; incluso los mandó de vacaciones. En aquella ocasión Mojica fue enviado a la Fiscalía de Atención Primaria de Chiriquí, mientras que Moore estaba en la Fiscalía Regional de Bocas del Toro. Caraballo también señaló que a Moore se le cuestionó por ordenar el secuestro de una finca de un empresario no relacionado con el caso Odebrecht, situación por la cual se condenó al Ministerio Público al pago de $50 mil por daños materiales. Mojica también demandó la nulidad de la resolución que ordenó su destitución, pero la sala no ha resuelto este recurso.
5A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 Panorama La alcaldesa Irma Hernández lidera el proceso del reemplazo de Revisalud. Archivo Solo dos empresas presentan ofertas en licitación de la basura Yaritza Mojica [email protected] SAN MIGUELITO El Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito ofreció dar el servicio por $264 millones en 20 años, y Gicaher $500 mil. El precio de referencia es de de $315.2 millones para 20 años. Solo dos empresas presentaron sus propuestas en la licitación pública del Municipio de San Miguelito, que busca otorgar la concesión integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el distrito de San Miguelito, la cual abarca los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. La apertura de propuestas para la licitación por mejor valor correspondiente al acto público, publicado en el portal Panamá Compras, para la concesión de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del distrito se inició a las 11:01 a.m. de ayer viernes. Los proponentes fueron el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, que presentó una oferta para esta licitación por un monto de $264 millones; mientras que el segundo proponente fue Gicaher, cuya oferta fue de $500,000.00. Según el pliego de condiciones de este acto público, el precio de referencia se estableció en $315.2 millones, ya que el contrato tendrá una vigencia de 20 años de concesión. La concesión contempla los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en San Miguelito, como parte de un nuevo modelo de gestión orientado a mejorar la limpieza, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema. Según la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), le corresponderá a una Comisión Evaluadora revisar las propuestas de los proponentes. En el caso de una oferta muy por debajo del precio de referencia, no se descalifica automáticamente, pero sí se activa un proceso de verificación especial, establecido en la Ley 22 de 2006. La normativa establece que cuando la oferta está significativamente por debajo del precio de referencia, o es sustancialmente menor al promedio de las demás ofertas, la entidad debe analizar si se trata de una oferta anormalmente baja. En ese caso, debe solicitar formalmente al proponente que justifique el precio ofertado y demuestre que puede cumplir el contrato sin comprometer la calidad del servicio. La presentación de propuestas prevista para el 19 de diciembre se realizó pese a que la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, había solicitado una prórroga de la licitación del servicio de recolección de basura hasta el 18 de febrero de 2026. No obstante, la extensión fue descartada luego de alcanzarse un consenso con el Consejo Municipal. La decisión se tomó luego de que representantes de corregimientos expresaran su preocupación por la crisis en la recolección de desechos, agravada por las fiestas de fin de año y la reducción del servicio por parte de la actual concesionaria, Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), cuyo contrato está por vencer el próximo 18 de enero de 2026. En un comunicado, la alcaldía señaló que “este resultado se alcanzó tras mantener la fecha de apertura de propuestas para el día de hoy, 19 de diciembre, conforme a lo sugerido por el Concejo Municipal, a pesar de que la intención de esta administración era extender el plazo hasta el 18 de febrero de 2026, con el objetivo de promover una mayor competencia y una participación más amplia de empresas interesadas”. La Alcaldía de San Miguelito reitera su confianza en que el pliego presentado en julio de 2025 establece indicadores claros de cumplimiento y exige a las empresas proponentes la implementación de un nuevo y moderno sistema de gestión de residuos, que responda a las necesidades reales del distrito y de sus comunidades, destaca el comunicado. Hernández señaló, en su momento, que la propuesta de una prórroga y ajustes al pliego tenía como fin facilitar una mayor participación de empresas interesadas; sin embargo, esta no se logró. Presidente llega a Brasil para participar en el Mercosur El presidente José Raúl Mulino llegó ayer a Brasil para participar este sábado en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur). Mulino, quien viajó acompañado por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Javier Martínez-Acha, de Relaciones Exteriores, y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango, fue recibido en el hotel por un grupo de panameños que estudian en Foz de Iguazú. “Panamá da un paso estratégico para fortalecer su lugar en la región y abrir más oportunidades para su gente, sin perder su identidad y reafirmando ese rol natural que nos define como un país de puertas abiertas y de conexión entre regiones. Mercosur integra a más de 260 millones de personas, y Panamá se suma para crecer, generar empleo y asegurar un mejor futuro para los panameños”, escribió el mandatario en sus redes sociales. El presidente presentará formalmente ante los jefes de Estado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), uno de los requisitos fundamentales para que Panamá ingrese como Estado Asociado del bloque del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ACUERDO COMERCIAL José González Pinilla [email protected]
6A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 Brenda Bethancourt y Elías Núñez perdieron a sus padres durante la invasión. Isaac Ortega Invasión militar, una herida que aún no cicatriza Juan Manuel Díaz [email protected] 20 DE DICIEMBRE Entre los identificados figuran: Alejandro Antonio Hubbard Torrero, Dídimo Miranda, Ricardo Aurelio Arana Riquelme, Ramón Alberto Vásquez Núñez, Yervin José Peruta Ávila, Daniel Alex Martínez Valdéz, Héctor Porfirio Murillo, Juan Gutiérrez, Erick Abdiel Bonilla Terrero y Luis Carlos Méndez Hernández. Las bombas que cayeron el 20 de diciembre de 1989 durante la invasión militar de Estados Unidos dejaron una profunda herida que, en 36 años, no ha podido cicatrizar para los familiares de 236 personas reportadas como desaparecidas. Elías Núñez tenía tres meses cuando la voz de su padre desapareció de su entorno. Relató que durante sus años de infancia no encontraba una explicación para la ausencia de su padre, pero que luego le explicaron que había desaparecido durante la invasión y que se desconocía su paradero. Núñez forma parte de los familiares de personas desaparecidas durante la invasión que han buscado apoyo en la Comisión del 20 de Diciembre, la cual realiza esfuerzos, junto al Ministerio Público, para establecer el paradero de cientos de panameños desaparecidos entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando varios puntos del país fueron objeto de bombardeos y asaltos armados con tanques y helicópteros. Núñez, entre sollozos, dijo que no tuvo la oportunidad de conocer a su padre, quien era cabo segundo de la Policía Nacional, y que, como otros niños que perdieron a sus seres queridos durante la invasión, ha debido reconstruir esos hechos a través del testimonio de familiares y amigos que vivieron esa tragedia. Por su parte, Brenda Bethancourt, hija del también miembro de la policía Braulio Bethancourt, aseguró que para ella todo ha sido muy difícil y que ha enfrentado muchos obstáculos para conocer lo que le pasó a su padre, en una búsqueda constante de información sobre su posible paradero. Relató que su familia aún no ha podido cerrar el duelo, ya que no tienen una tumba a la que llevar flores o elevar una plegaria por su descanso. Explicó que los primeros informes sugerían que su padre fue sepultado en el cementerio de Amador, luego en Corozal, pero no existe certeza de que esto sea real. También detalló que se le informó que su cuerpo presentaba un disparo en la cabeza. Sin embargo, tampoco hay certeza de ello ni de las circunstancias en las que se produjo. En tanto, Trinidad Ayola, viuda del capitán Octavio Rodríguez, enfatizó que para ella fue muy duro no poder explicarle a sus hijos el paradero de su padre. Los muchachos —detalló— preguntaban por su padre: dónde estaba, qué le había pasado y por qué no regresó a casa. Ayola dijo que el trabajo realizado por la comisión y el Ministerio Público ha despejado dudas para algunos familiares, quienes han logrado encontrar los restos de sus parientes y darles sepultura. Un trabajo que se debe extender Geomara Guerra, fiscal encargada de investigar las desapariciones ocurridas durante la invasión, aseguró que se trata de un trabajo que no concluirá en el corto plazo. En estos momentos —explicó— el Ministerio Público mantiene 33 casos bajo investigación; en 24 de ellos se ha solicitado la reapertura ante los tribunales de justicia, dado que ya se cuentan con indicios que podrían llevar a una identificación positiva. También explicó que hasta ahora se han identificado 11 personas y que 10 restos ya han sido entregados a sus familiares para su sepultura. Entre los identificados figuran: Alejandro Antonio Hubbard Torrero, Dídimo Miranda, Ricardo Aurelio Arana Riquelme, Ramón Alberto Vásquez Núñez, Yervin José Peruta Ávila, Daniel Alex Martínez Valdéz, Héctor Porfirio Murillo, Juan Gutiérrez, Erick Abdiel Bonilla Terrero y Luis Carlos Méndez Hernández. No obstante, detalló que, pese a estos avances logrados mediante pruebas de ADN, aún se requiere realizar nuevas exhumaciones en el cementerio Jardín de Paz, donde permanece una gran cantidad de restos humanos por identificar. La funcionaria estimó que muchas personas se acercan a la fiscalía para aportar información, la cual debe ser validada mediante pruebas antes de solicitar la apertura de una investigación penal. Durante la invasión del 20 de diciembre de 1989 se produjeron combates en varios puntos de la ciudad de Panamá, como El Chorrillo, donde se encontraba el Cuartel Central; el Cuartel de Panamá Viejo; el cuartel de Tinajitas, en San Miguelito; Fuerte Amador; el Batallón 2,000, ubicado en Tocumen; el Cuartel de Marina en Coco Solo y, en la provincia de Coclé, la base de Río Hato. El Ejército de los Estados Unidos también tomó los accesos al Puente de las Américas. Según reportes del Ejército estadounidense, los enfrentamientos dejaron unos 500 muertos del lado panameño, entre civiles y militares. Muchos de estos cuerpos fueron colocados en bolsas y sepultados en fosas comunes, ya que los hospitales estaban colapsados de heridos y fallecidos. Las investigaciones de la fiscalía revelan que muchos cuerpos fueron encontrados en las calles sin identificación, llevados a las morgues y enterrados de forma sumaria. Responsabilidad Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión del 20 de Diciembre, estimó que estos casos deben esclarecerse como una responsabilidad del Estado. Murgas pidió una mayor participación de las autoridades en la creación de una memoria colectiva de lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989. El ADN, la llave para la identificación El antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), Adán Hernández, explicó que la identificación de los cuerpos es un trabajo laborioso que requiere la participación de múltiples especialistas. Hernández detalló que, en ocasiones, los restos se encuentran muy deteriorados debido a la humedad, y que otros aparecen quemados. Tal es el caso de cinco cuerpos de los que no se ha podido extraer ADN, ya que el fuego destruyó por completo los huesos de los que se podía haber obtenido material genético. Admitió que es necesario establecer un banco de muestras biológicas de los familiares de personas desaparecidas para compararlas con el ADN extraído de los restos. Recalcó que las exhumaciones deben realizarse durante la estación seca para facilitar la extracción de los huesos y evitar daños en el proceso, por lo cual se tiene previsto reanudarlas en enero próximo. Atacaron con todo’ Alexis Herrera, quien en 1989 tenía el rango de subteniente y patrullaba el área de El Chorrillo, relató que los bombardeos eran atronadores y que los helicópteros lanzaban ráfagas de bala contra el Cuartel Central. Quienes estaban dentro no tuvieron la más mínima oportunidad. Herrera, quien hoy se dedica a labores agrícolas, afirmó que los militares panameños no tenían capacidad de fuego para enfrentar el bombardeo. Muchos residentes de El Chorrillo murieron durante los incendios provocados por las explosiones. En ese momento, cada quien estaba preocupado por sobrevivir: había confusión, numerosos muertos y heridos. Unos 26 mil efectivos, apoyados por helicópteros tipo Apache, aviones y paracaidistas del Ejército de Estados Unidos, atacaron las instalaciones de las Fuerzas de Defensa, compuestas por unos 16 mil efectivos distribuidos en todo el país. Alegó que muchas personas inocentes pagaron un precio muy alto solo por estar cerca de los sitios atacados o por no atender una voz de alto. Durante la operación militar, las fuerzas estadounidenses crearon áreas donde mantuvieron retenidas a cientos de personas que perdieron sus hogares. El Ministerio de Salud (Minsa) informó la tarde de ayer que el Instituto Conmemorativo Gorgas notificó tres casos de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K, en Panamá. Explicó que el Gorgas secuenció 10 muestras de influenza A(H3N2) recibidas durante los meses de noviembre y diciembre. De estas, tres resultaron positivas para la variante K. Una de las muestras, recibida en noviembre, corresponde a una paciente de sexo femenino, de 23 años, residente en Bella Vista, Panamá reporta los primeros casos de la variante K de la influenza A(H3N2) SALUD PÚBLICA quien fue hospitalizada el 12 de noviembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás. La paciente, indicó el Minsa, inició síntomas el 11 de noviembre, presentando tos, rinorrea y dificultad respiratoria, con exacerbación severa de asma e infección de las vías respiratorias superiores. No reportó antecedentes de evacuación ni de viaje. Las otras dos muestras, recibidas en diciembre, corresponden a una mujer de 40 años, atendida en el Policentro de Parque Lefevre por una infección respiratoria leve (gripe), quien inició síntomas el 30 de noviembre, con fiebre, tos, dolor de garganta y rinorrea; y a un niño de un año, internado desde el 8 de diciembre en la sala de cuidados respiratorios del Hospital del Niño. El menor inició síntomas el 1 de diciembre y presentó fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea y dificultad respiratoria. Reside en el corregimiento de Burunga, en Arraiján. El Minsa destacó que todos los casos, hasta la fecha, han sido dados de alta. José González Pinilla [email protected] Los trabajos de exhumación en el Jardín de Paz, que iniciaron en el 2020, sufrieron retrasos por la pandemia. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, sábado 20 de diciembre de 2025 Cillian Dunne, autor del libro ‘The Right Hand Man’ y los personajes de la historia: George H. W. Bush, Manuel Antonio Noriega y Carlos Wittgreen. LP Las confesiones de la mano derecha de Noriega José Alejandro Rodríguez [email protected] MEMORIA El testimonio póstumo de Carlos Wittgreen, recogido por el escritor Cillian Dunne, reconstruye desde adentro la relación entre Manuel Noriega y Estados Unidos, el narcotráfico, el escándalo Irán-Contra y el camino hacia la invasión de 1989. Cillian Dunne es un escritor irlandés-estadounidense que entrevistó a Carlos Wittgreen, el hombre más cercano a Noriega y considerado su “mano derecha”. Lo que empezó como una conversación se convirtió en meses de convivencia. Wittgreen sabía que aquellas podían ser sus últimas declaraciones y, en efecto, lo fueron. Murió el 23 de marzo de 2025, a los 82 años, ocho meses antes de que se publicara el libro que recoge su testimonio titulado The Right Hand Man (La mano derecha). Este artículo reúne esas confesiones, la dictadura contada desde adentro. Noriega y la CIA: una relación temprana Noriega estudió en la Escuela de las Américas, una institución militar estadounidense que formó a muchos dictadores y violadores de derechos humanos en América Latina. Recibió entrenamiento especializado en inteligencia y guerra psicológica. Posteriormente empezó a trabajar para la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos, la CIA, por sus siglas en inglés (Central Intelligence Agency), en 1955. La CIA se encarga de obtener información sobre países que considera una amenaza. La analiza y la presenta al presidente de Estados Unidos para tomar decisiones clave, muchas veces mediante espionaje y operaciones secretas que nunca llegan a conocerse públicamente. En la década de los sesenta, Noriega conoció a Carlos Wittgreen, quien se convertiría en su hombre más leal. El G-2, el narcotráfico y el doble juego En 1970 —dos años después del golpe de Estado que derrocó a Arnulfo Arias— el dictador Omar Torrijos nombra a Noriega como jefe de inteligencia militar, el G-2. Desde el G-2, Noriega jugó en dos bandos: colaboraba como informante de la CIA y participaba en actividades de narcotráfico. Protegía cargamentos de droga mientras continuaba cooperando con la CIA, donde recibía un salario. En 1976, George H. W. Bush asumió la dirección de la CIA. Según Wittgreen, Bush invitó a Manuel Antonio Noriega a Washington para conversar, y su salario habría ascendido hasta $200,000 anuales, es decir, unos $16,600 mensuales. La muerte de Torrijos y el vacío de poder El 31 de julio de 1981, la aeronave en la cual viajaba el general Omar Torrijos se accidenta en Cerro Marta, provincia de Coclé, y murieron todos sus ocupantes. Aunque han persistido teorías sobre una conspiración de la CIA o de Noriega, Wittgreen afirma que se trató simplemente de un accidente. Según Wittgreen, el piloto, Guillermo “Cholito” Adames, se encontraba distraído debido a que su esposa había dado a luz esa misma mañana. Torrijos, quien tenía una reunión urgente, presionó al piloto para despegar. Adames llegó tarde a la pista y, en medio de la prisa y el aumento de los vientos, se produjo el impacto fatal. Cillian Dunne destaca que la muerte se da en un momento delicado, luego de que Estados Unidos intentara derrocarlo e incriminar a su hermano Moisés Torrijos por narcotráfico como palanca política. No obstante, Wittgreen se mantuvo firme: “Yo estuve allí. Vi los restos con mis propios ojos”. Irán-Contra y el quiebre con Washington La muerte de Torrijos dejó un vacío de poder que propició el ascenso de Noriega. La Comisión de la Verdad, creada en 2001 para esclarecer los hechos, documentó más de un centenar de muertos durante la dictadura militar (1968-1989). Pero fue durante el período de Noriega (1983-1989) que quedó en evidencia que el país se había convertido en un narcoestado. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos le pedían favores e incluso lo felicitaban por el trabajo en la prevención del tráfico de drogas. “Te felicitamos por tu iniciativa y esperamos continuar trabajando nuestra relación de esfuerzo mutuo”, decía una carta dirigida a Noriega en junio de 1984 por el administrador de la Agencia de Control de Drogas (DEA), Francis Mullen, luego del decomiso por parte de las Fuerzas de Defensa de tanques de químicos para procesar cocaína. En 1981, George H. W. Bush asumió la vicepresidencia de los Estados Unidos mientras se libraba una guerra civil en Nicaragua entre los sandinistas (comunistas) y los contras (anticomunistas). El poder ejecutivo estadounidense buscaba apoyar a los contras para eliminar la influencia comunista en la región, pero el Congreso de Estados Unidos hizo ilegal el financiamiento y apoyo militar a los contras. Así, el gobierno de Estados Unidos operó de manera clandestina: vendió armas a Irán y con esos recursos financió a la guerrilla de los “contras” nicaragüenses, utilizando a Manuel Antonio Noriega como intermediario o puente logístico y financiero. Este entramado se conoció posteriormente como el escándalo Irán-Contra. Wittgreen confirmó que participó activamente en estas operaciones encubiertas del gobierno estadounidense. Admitió haber traficado armas, suministros y dinero para los contras por encargo de la CIA. Incluso relató que transportó personalmente seis millones de dólares en efectivo en un solo vuelo con destino a Nicaragua, destinados a financiar a ese grupo armado. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos fue más allá. Le pidió a Noriega que las Fuerzas de Defensa de Panamá entrenaran a los contras y que, además, enviaran tropas panameñas a territorio nicaragüense para combatir al gobierno sandinista. Pero esta solicitud fue rotundamente rechazada por Noriega. Como resultado, Bush se enfureció y lo regañó por negarse a cooperar. Según el testimonio de Noriega, Bush ignoró por completo los “innumerables favores” personales que el general panameño le había hecho a lo largo de los años. Noriega percibió que ese era el principio del fin de su relación con Bush. La caída y la invasión Wittgreen sostiene que, tras este rechazo y el estallido del escándalo Irán-Contra, la narrativa estadounidense cambió de “la lucha contra el comunismo” a “la guerra contra las drogas” y convirtió a Noriega en un chivo expiatorio para desviar la atención de las vergüenzas internacionales anteriores y las ilegalidades cometidas. En el libro, Wittgreen también denuncia que la Cruzada Civilista Nacional era parte de la maquinaria de inteligencia estadounidense para que el gobierno cayera desde adentro. El movimiento surgió el 9 de junio de 1987 como una reacción espontánea de los diferentes sectores de la sociedad panameña a las confesiones hechas por el entonces coronel de las Fuerzas de Defensa, Roberto Díaz Herrera, quien acusó a Noriega de estar involucrado en el narcotráfico y ser responsable de la muerte y desaparición de adversarios políticos, como el del médico Hugo Spadafora Franco. Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista, sostiene que esa interpretación de los hechos es totalmente falsa. Reconoce que sí hubo un viaje a Filipinas, organizado por Estados Unidos, para conocer cómo la sociedad civil logró desplazar a su dictador y organizar elecciones libres. Sin embargo, subraya que todo lo demás fue iniciativa exclusiva de la población panameña y afirma que nunca habría puesto en riesgo la vida de su familia para servir a intereses estadounidenses. Noriega fue acusado formalmente de narcotráfico en Estados Unidos y, al año siguiente, en 1989, George H. W. Bush llegó a la presidencia en medio de ataques de sus adversarios por sus antiguos y oscuros vínculos con el general panameño. Sin embargo, ya no había vínculo. Para el presidente Bush, Noriega era su objetivo principal. El 5 de septiembre, en cadena nacional, el presidente Bush agarró una bolsa de droga y al final de la transmisión dijo: “La victoria sobre las drogas es nuestra causa… una causa justa… y con su ayuda… ¡vamos a ganar!” El 15 de diciembre de 1989, Manuel Antonio Noriega declaró a Panamá en estado de guerra con Estados Unidos. Al día siguiente, fuerzas panameñas asesinaron a un militar estadounidense desarmado, hirieron a otro y sometieron a un interrogatorio violento a la esposa de un oficial, a quien amenazaron con abuso sexual. Cuatro días después, el presidente Bush llevó a cabo la operación “Causa Justa”, en la que más de 25 mil soldados estadounidenses invadieron Panamá, matando a cientos de panameños para sacar a Noriega del poder. Wittgreen asegura que la invasión fue innecesaria. Afirma que los estadounidenses sabían dónde estaba Noriega y no necesitaban bombardear civiles para capturarlo. Epílogo Cillian Dunne sostiene que la historia oficial vende la invasión como una gesta de liberación, pero la realidad es más oscura: Manuel Noriega fue, desde su juventud, el activo más valioso de Estados Unidos en la región. Nunca se menciona que cuando Estados Unidos necesitaba deshacerse de su basura en Latinoamérica, Noriega era el hombre al que llamaban. Dunne no considera el libro una revelación, sino la confirmación de un ciclo en el que Estados Unidos construye, financia, utiliza y luego descarta a personas y países enteros. La invasión la considera una declaración —una advertencia de “no se metan con nosotros”—. Si solo se trató de Noriega, ¿por qué usar 30 mil soldados y bombardear los barrios más pobres? En 2015, a los 81 años, frente a las cámaras de televisión, Noriega dio una entrevista en la cual declaró cerrar el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo, pidiendo perdón. Se autocalificó como hijo de Dios y dijo estar en paz consigo mismo. No dio más declaraciones. Dos años después, tras complicaciones de una cirugía para extirpar un tumor cerebral, Noriega murió en el Hospital Santo Tomás. A la fecha de esta publicación, aún se buscan 236 desaparecidos de la invasión y se cifra en 317 el número documentado de muertos.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==