4A La Prensa Panamá, viernes 12 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] INQUILINO. El abogado de Héctor Brands protestó porque la propietaria de la casa que ocupa su cliente en la urbanización Senderos de Camino de Cruces no le quiere renovar el contrato de alquiler, por los posibles problemas que representa recibir dinero de este personaje. Bueno, Brands siempre podrá regresar a su cuarto en El Chorrillo. FISCALIZACIÓN. La nueva Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, creada el 25 de abril de 2025 para ejecutar operaciones encubiertas, ya no estará sometida al control previo de Contraloría. En Panamá, no tenemos buenas experiencias con estas excepciones. Basta ver lo que sucedió a la deuda pública, a partir de la pandemia. ESTRELLADOS. Parece que al ‘community manager’ del Partido Popular (PP) se le resbalan las advertencias del presidente del colectivo, Daniel Brea, que ha pedido suspender las elecciones internas programadas para el sábado 13 de diciembre. Brea solicitó el cese provisional, hasta aclarar las investigaciones sobre presunto narcotráfico que involucran a César Caicedo. Un hijo de Caicedo es candidato a vicepresidente y un sobrino, a tercer subsecretario. Pero en respuesta a Brea, apareció en la cuenta en X del PP un mensaje ignorando su planteamiento e invitando a la convención de mañana, para renovar a la junta directiva. Lo curioso es que, si no fuera por lo ocurrido a los Caicedo, seguramente nadie estaría al tanto de esta elección. BARRO. Tito Afú apareció por Nueva Delhi, como parte de la delegación panameña que participó en la Conferencia de Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco. En dicho evento se proclamó el ingreso de las casas de quincha en la lista de patrimonio inmaterial en riesgo. Seguramente Afú es el único diputado que, de verdad, ha estado en una junta de embarre. CUENTA REGRESIVA. A muchos pavos y jamones Héctor Brands Casos que cercan a altos cargos de la era Cortizo Eliana Morales Gil [email protected] ESTELA JUDICIAL DEL PRD Detenciones, secuestros de bienes y más de una decena de expedientes por blanqueo, peculado y manejo discrecional de fondos envuelven a exdirectores, alcaldes y figuras influyentes del pasado gobierno. Héctor Brands, exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), es el más reciente rostro de los funcionarios de alta jerarquía del pasado gobierno en entrar al escrutinio de los tribunales. El pasado miércoles quedó detenido mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Investigados por enriquecimiento injustificado y blanqueo Su caso se suma al de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), quien también permanece detenido mientras se le procesa por supuesto enriquecimiento injustificado, peculado y blanqueo de capitales. Meneses, quien administró cientos de millones de dólares en becas y auxilios económicos, está envuelto en una trama que el Ministerio Público vincula a presuntos desvíos de fondos públicos y al uso de estructuras para apropiarse de dinero estatal. En este expediente hay 22 imputados, entre ellos exfuncionarios de la entidad y personas que recibieron auxilios económicos. Ambos procesos, aunque distintos en origen, consolidan una misma fotografía: el gobierno 2019-2024, encabezado por Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dejó una estela de altos funcionarios sometidos a investigaciones penales por la forma en que administraron recursos públicos. Auditorías, fondos discrecionales, escándalos La lista continúa. Otro exfuncionario bajo la mirada de la justicia es Luis Oliva, quien dirigió la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental durante la pandemia de la covid-19, periodo en el que la administración de Cortizo destinó miles de millones de dólares en vales y auxilios supuestamente dirigidos a la población más necesitada. Oliva tiene impedimento de salida del país y debe reportarse los días 14 y 28 de cada mes ante las autoridades, a raíz del proceso por presuntas irregularidades en la operación de la plataforma que gestionó los pagos del Vale Digital durante la pandemia. Este caso también involucra al empresario Buddy Attie, quien celebró millonarios negocios con el Estado en el quinquenio pasado. Ruidosos secuestros Otros expedientes aún permanecen en la esfera de la Contraloría General de la República, que ha congelado cuentas por supuesto enriquecimiento injustificado. Es el caso, por ejemplo, del exvicepresidente y hombre de confianza de Cortizo, José Gabriel Carrizo, y del exalcalde del Municipio de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla. En octubre de este año, la Contraloría ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, como parte de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado. Algo similar ocurrió con Valdés Carrasquilla, a quien se le cautelaron bienes por un monto de $285,845.82. A él se le vincula con inconsistencias detectadas en los ingresos recaudados por el Municipio de San Miguelito, específicamente en la agencia ubicada en Metro Mall, ocurridas entre marzo y abril de 2022, que afectaron el patrimonio público municipal. Alex Lee, Raúl Pineda Varios directores y administradores de instituciones estratégicas han sido objeto de auditorías y pesquisas abiertas por el Ministerio Público. En todos los casos, el denominador común es el manejo discrecional de fondos y contratos sin trazabilidad suficiente, entre otras anomalías. Otro miembro del club de los procesados del PRD es el exalcalde de Colón y exrepresentante del corregimiento de Barrio Sur, Alex Lee. A él se le investiga por la presunta comisión del delito de peculado por la pérdida de varios carros de lujo que la Dirección de Bienes Patrimoniales le entregó en custodia. A raíz de este proceso tiene que reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Cuando el nuevo alcalde de Colón, Diógenes Galván, asumió el puesto, no encontró los 28 carros que le habían sido entregados al municipio para su uso. Algunos de estos vehículos aparecieron con el tiempo y luego de denuncias. Lee también mantiene otro proceso por peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur. El político perredista habría malversado $214 mil durante el periodo 20092014, producto de una partida que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas para asuntos sociales. La pesquisa revela que entregaba cheques a personas naturales y jurídicas sin ningún documento. Aunque no ocupó un cargo formal en el gobierno pasado, el diputado Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático y una de las figuras que tuvo mayor influencia en el quinquenio 2019-2024, también tiene cuentas pendientes con la justicia. La Corte Suprema de Justicia, competente para investigar a los diputados, deberá decidir si lo procesa como consecuencia de la operación Jericó, un caso de crimen organizado y blanqueo de capitales en el que también está implicado su hijo, Rico Pineda. Descentralización paralela y la ola de casos en gobiernos locales El círculo se completa con el grupo de personas que en el quinquenio pasado se beneficiaron de la llamada descentralización paralela. Hasta principios de noviembre pasado, 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros y otras figuras de gobiernos locales, habían sido imputados por la presunta comisión del delito de peculado. La mayoría de los investigados son del PRD. Hay más historias. También hay varios exfuncionarios procesados por el caso de la desaparición de las vigas del Ministerio de Obras Públicas, al igual que por la compra irregular de perforadoras para el Ministerio de Salud. Para el PRD, que intenta reorganizarse tras la derrota electoral de mayo de 2024, estos casos representan algo más que un golpe a su imagen. Son el recordatorio de un quinquenio salpicado por escándalos en la Asamblea, escándalos por el manejo de los fondos de descentralización y controversias en torno al uso de programas sociales que, según las investigaciones, pudieron haber servido para beneficiar a operadores políticos y allegados al poder. Mario De Gracia [email protected] Defensoría revela ‘brechas graves’ en derechos humanos INFORME ANUAL La Defensoría del Pueblo presentó ayer un informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá que constata “brechas graves en el goce efectivo de los derechos humanos”. Entre los asuntos graves que señala el informe se encuentran la falta de acceso continuo y seguro al agua potable, deficiencias en la infraestructura educativa —así como la pérdida de clases—, denuncias reiteradas por el uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social y retrasos prolongados en servicios médicos. Las brechas en derechos humanos tienen más incidencia en áreas rurales, comarcales e indígenas, según apunta el informe. A pesar de que también se revelaron avances en los ámbitos normativos y de iniciativas en lo que respecta a derechos de las mujeres y ambientales, persisten riesgos y fueron catalogados como “insuficientes”. Las conclusiones de la Defensoría del Pueblo se presentan luego de un año de recopilar quejas interpuestas por los ciudadanos, monitoreos de campo y visitas del personal de la Defensoría a distintos puntos de la geografía nacional. El hilo conductor que siguió el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, al sustentar el informe, giró en varias ocasiones alrededor de las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio por las reformas a la Caja de Seguro Social y otros reclamos ciudadanos. Durante estos meses, la entidad desplegó a su equipo en las calles del país. Particularmente, la vulneración de derechos como la educación o al debido proceso, fueron apuntados por la Defensoría. El informe recoge que los estudiantes panameños en el nivel escolar han perdido hasta 490 días de clases entre 2020 y 2025. Esa cifra abarca la pandemia de covid-19, huelgas docentes y desigualdades entre las regiones del país. La Defensoría instó a la no suspensión de las clases para no vulnerar el derecho a la educación de la niñez, algo que constató este año durante la huelga docente. La entidad también dijo haber constatado vulneraciones en el derecho al debido proceso judicial durante las protestas, especialmente por las aprehensiones efectuadas en la provincia de Bocas del Toro, donde hubo despliegue de agentes de la Defensoría para supervisar la denominada Operación Omega, que se ejecutó mientras regía el estado de Urgencia y la suspensión de garantías constitucionales —incluido el habeas corpus por cinco días—. En cuanto a salud, el acceso a medicamentos, la programación de cirugías, la asignación de citas y la atención en servicios de urgencias y hemodiálisis fueron determinadas como desafíos importantes en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. les llegará su día en diciembre, pero al más relleno de todos, el del caso Odebrecht, le tocará en un mes. El 12 de enero de 2026 habrá otro intento para celebrar el juicio por las coimas que la constructora brasileña repartió en Panamá. Pero como será en un nuevo año, podría haber un posible nuevo ocupante en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Conviene dejar espacio para todos los cuentos que habrá que tragar durante el juicio. Si es que se lleva a cabo… Bernardo Meneses Gaby Carrizo Hector Valdés C. Alex Lee Raúl Pineda Archivo
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