1A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75 ¢ Viernes 28 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15214 Ellas.pa La pollera a través de las reinas 5B Panorama ‘Boicot’: Marcos Young, coordinador de la Ciudad de la Salud 5A Economía Capac prevé mejoría en la construcción tras letargo 1B Anel Flores Anel Asprilla El contralor Anel Bolo Flores reconoció que la Contraloría mantiene retrasos significativos en la entrega de informes solicitados por el Ministerio Público, lo que afecta investigaciones clave. Aunque defendió mejoras frente a administraciones anteriores, admitió que la institución no cuenta con los recursos suficientes para responder con la rapidez necesaria. Por su parte, el diputado de la bancada Seguimos Ernesto Cedeño recordó que, según la respuesta del procurador Luis Gómez Rudy a su propia solicitud de información, el Ministerio Público sí ha sido claro sobre el volumen de auditorías pendientes y el impacto de esas demoras. VEA 6A LUCHA ANTICORRUPCIÓN Contralor admite retraso en la entrega de auditorías Una obra varada que costó $70 millones más Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Hospital de Bugaba, inaugurado ayer por el presidente José Raúl Mulino, representa uno de los casos más visibles de cómo inversiones que empiezan con presupuestos ajustados terminan con facturas que triplican el monto pactado. El proyecto comenzó en 2010 con un contrato adjudicado al consorcio IBT por $30.6 millones y la promesa de entrega antes de finalizar la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). Sin embargo, acumuló adendas, aumentos de precio y extensiones de tiempo sin avances reales. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela se inició FONDOS PÚBLICOS El Hospital de Bugaba inició en $30.6 millones y terminó en $101.8 millones, tras más de una década de retrasos, adendas, disputas contractuales y abandono estatal. la resolución del contrato, lo que derivó en una disputa administrativa que paralizó la obra durante años. En 2022, bajo la gestión de Laurentino Cortizo, se concretó una cesión del contrato al Consorcio Panameño Pro Bugaba, lo que permitió reactivar la construcción. Con Mulino, a partir de 2024, el proyecto recibió el impulso final y alcanzó un costo de $101.8 millones. VEA 2A Nueva York Panamá en el Macy’s Thanksgiving Day Parade Panamá brilló en el histórico Macy’s Thanksgiving Day Parade celebrado ayer en Nueva York, Estados Unidos. La Banda de Música La Primavera, del Centro Educativo Bilingüe La Primavera, de Santiago, provincia de Veraguas, hizo historia al convertirse en la primera banda escolar de Panamá y de Centroamérica en participar en este emblemático desfile. Cortesía Reclamos por opacidad en la Asamblea llegan a la CSJ La diputada Janine Prado presentó tres habeas data ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Herrera, entregue información sobre su planilla y traslados de partidas. Alega que el Legislativo mantiene ocultos esos datos pese a solicitudes hechas desde septiembre y octubre. VEA 6A El hospital de Bugaba fue inaugurado ayer. Anel Asprilla Hoy por hoy La discusión sobre la transparencia en la Asamblea Nacional vuelve a exponer el verdadero costo del aparato legislativo. No se trata de un trámite administrativo ni de tecnicismos legales, sino del uso de recursos públicos en un país que afronta serias limitaciones fiscales. Las planillas, los traslados de partidas y la estructura de personal consumen millones que deben justificarse con claridad, evidencia y acceso ciudadano. Los tres reclamos que ahora llegan a la Corte confirman la renuencia del Legislativo a cumplir estándares mínimos de información pública. ¿Cuántos funcionarios trabajan realmente? ¿Cuántos ocupan cargos creados por compromisos territoriales y no por necesidades institucionales? ¿Cuánto cuesta sostener una estructura cuyo funcionamiento permanece en la sombra? Sin transparencia, la ciudadanía no puede saber si ese gasto fortalece la labor legislativa o alimenta redes clientelistas. En tiempos de “prudencia” fiscal, la opacidad deja de ser una falla administrativa para convertirse en un riesgo directo para el erario nacional.
2A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 El nuevo hospital, que cuenta con 172 camas de hospitalización, tres quirófanos y 27 consultorios médicos, una sala de hemodiálisis y otra para quimioterapia. Cortesía/Presidencia Hospital de Bugaba: obras paradas y millones en juego Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD El hospital en Chiriquí, operativo tras más de una década de abandono, es un símbolo de cómo la ineficiencia en la ejecución de obras públicas puede impactar el presupuesto del Estado. Los casi 13 años de paralización del proyecto de construcción del hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, representaron una inversión al menos tres veces superior a la prevista cuando se proyectó la obra. De $30.6 millones, en 2010, pasó a costar $101.8 millones, es decir, que el Estado tuvo que desembolsar $71.2 millones más. El largo y costoso recorrido culminó ayer, cuando el presidente José Raúl Mulino inauguró la estructura, uno de los símbolos palpables de lo que la desidia administrativa o la ineficiencia en la ejecución de obras públicas —un patrón recurrente en el país— puede significar para el presupuesto del Estado. La construcción del hoy llamado Hospital José Félix Espinosa Barroso, en el distrito de Bugaba, fue adjudicada durante el gobierno de Ricardo Martinelli (20092014) al consorcio IBT por un monto inicial de $30.6 millones, con la promesa de que sería entregado antes de que concluyera esa administración. Pero lejos de avanzar según el cronograma, el proyecto comenzó a acumular adendas de tiempo y aumentos de precio, decisiones aprobadas en ese mismo periodo que elevaron el costo original y dilataron la obra sin ofrecer resultados visibles. Resolución de contrato Cuando llegó la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), el Ministerio de Salud heredó un proyecto ralentizado y cada vez más cuestionado. Fue entonces, bajo la gestión del ministro Francisco Javier Terrientes, que se inició un proceso de resolución del contrato con el consorcio, marcando el comienzo de una larga disputa administrativa que frenaría la construcción durante años y profundizaría el deterioro de una obra que debió empezar a entregar servicios esenciales para la población chiricana hace casi una década. No fue sino hasta 2022, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024), cuando el Ministerio de Salud logró destrabar el proyecto mediante un acuerdo de cesión del contrato con los representantes de IBT, lo que permitió transferir la responsabilidad a un nuevo operador. El contrato pasó entonces al Consorcio Panameño Pro Bugaba. Ya en 2024, con Mulino en la presidencia, el proyecto tomó nuevo impulso. El mandatario, que había señalado públicamente la urgencia de concluir el hospital —una obra ubicada en la provincia de la que es originario—, gestionó la asignación de los fondos necesarios para retomar la construcción. El monto final ascendió a $101.8 millones, según la última adenda que reposa en el portal Panamá Compra. De hecho, así lo proclamó el mandatario durante el acto de entrega: “Aquí tienen su hospital, aquí en Bugaba. Agradezco al pueblo del distrito, que no bajó los brazos en exigir que se terminara, y hoy está aquí para dicha y complacencia de todos”, expresó Mulino, en un mensaje que buscó sellar el cierre de una espera que se extendió por más de una década. La nueva instalación de salud tiene, en la planta baja, los servicios de consulta externa, laboratorio y banco de sangre; imagenología, urgencias, farmacia, morgue y patología; así como las áreas administrativas, las de docencia y las de apoyo (lavandería, almacén y nutrición y dietética). También se encuentran los edificios de talleres y zona industrial. En la planta alta fueron ubicados los servicios de hospitalización pediátrica y de adultos, así como la sala de neonatología, la unidad de cuidados intensivos, el área quirúrgica y de ginecobstetricia con tres quirófanos modulares y dos expulsivos modulares. Asimismo, cuenta con una sala de oración, la residencia médica y oficinas de especialidades. Las autoridades destacaron que el hospital contará con cinco años de mantenimiento. La integración El mandatario también aprovechó la inauguración para enviar un mensaje directo al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, exhortándolos a agilizar el proceso de integración de servicios entre ambas instituciones. Según el mandatario, se trata de un paso indispensable para mejorar la atención y optimizar los recursos públicos. “Es mandato de la ley y una necesidad para resolver problemas y reducir gastos manejando un solo sistema de salud. No es posible tener dos instalaciones de salud frente a frente con duplicidad; no tiene sentido”, afirmó, dejando claro que la coordinación interinstitucional será una prioridad de su administración. El nuevo hospital, que cuenta con 172 camas de hospitalización, tres quirófanos y 27 consultorios médicos, representa un alivio para una población que durante años tuvo que desplazarse hasta el distrito de David para recibir atención especializada. En el distrito de Bugaba residen unas 70 mil personas. Casos similares Lo ocurrido en Bugaba es una réplica de lo sucedido con otros hospitales. El hospital de Metetí, adjudicado también en 2010 al consorcio IBT Health por $36.5 millones, se convirtió en otro ejemplo del estancamiento de obras críticas para el sistema de salud panameño. Tras permanecer paralizado entre 2014 y 2019, el proyecto avanzó cuando, en 2021, se autorizó un acuerdo transaccional entre el Ministerio de Salud y el consorcio. El objetivo fue romper definitivamente el vínculo contractual con IBT Health y permitir la cesión del proyecto a la empresa Lexco. Finalmente, la obra se reactivó el año pasado. Esta construcción, que comenzó costando unos $40 millones, ahora representará para el Estado $170 millones de dólares. También está el hospital de Santa Fe, en Darién, que estuvo a punto de inaugurarse hace una década, pero fue abandonado. La infraestructura sufrió tal deterioro que el costo original de $8.5 millones se disparó a casi $17 millones. Este proyecto fue adjudicado entre 2009 y 2014, pero quedó suspendido entre 2014 y 2019. Luego, en 2021, el Estado perdió un arbitraje interpuesto por la empresa responsable, Termotécnica Megaproyectos. El caso salió nuevamente a la luz debido a que la Asamblea Nacional aprobó recientemente un traslado de partida de $1.9 millones para pagar el laudo arbitral. Ante este escenario, el Minsa ordenó una auditoría para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Mientras, la instalación continúa cerrada. En el acto de inauguración estuvo presente José Félix Espinosa, hijo del doctor José Félix Espinosa Barroso, familia donante del terreno donde se construyó el hospital. Anel Asprilla En la planta baja del hospital operan los servicios de consulta externa, laboratorio y banco de sangre; imagenología, urgencias, farmacia, morgue y patología; así como administración, docencia y las áreas lavandería, almacén y nutrición y dietética. Anel Asprilla Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 Panorama La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en cuanto al examen de barra para los abogados. Isaac Ortega Demandan la Ley 500 que elimina el examen de barra obligatorio Juan Manuel Díaz [email protected] JUDICIAL El recurso alega violaciones al artículo 17 de la Constitución, que establece que las autoridades están constituidas para proteger la honra y los bienes de los ciudadanos y hacer respetar la ley. Un día después de que el presidentedelaRepública, José Raúl Mulino, sancionara la Ley No. 500 del 24 de noviembre de 2025, que eliminó el requerimiento del examen de barra obligatorio para el ejercicio de la abogacía, la norma fue demandada por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La demanda alega violaciones a normas constitucionales, entre ellas el artículo 17 de la Carta Magna, que establece que las autoridades están constituidas para proteger la honra y los bienes de los ciudadanos y hacer respetar la ley. En el recurso se señala que la nueva ley reduce la capacidad del Estado para asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, ya que debilita los mecanismos de control de la idoneidad profesional y desplaza a la autoridad competente para la evaluación del ejercicio del derecho. También advierte que la abogacía, como función esencial del sistema de justicia, exige controles estrictos y consistentes, y que cualquier flexibilización injustificada tiene consecuencias directas en la calidad de la defensa. La demanda, presentada por el abogado Julio Fidel Macías, también plantea la violación del artículo 40 de la Constitución, que establece que toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeto a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicalización y cotizaciones obligatorias. En ese sentido, el documento recalca que la ley sancionada por el presidente Mulino permite la obtención del certificado de idoneidad para el ejercicio de la abogacía mediante vías alternativas que no evalúan los conocimientos profesionales, las competencias prácticas ni los criterios éticos requeridos para dicha labor. Asimismo, alega la violación del artículo 217 de la Constitución, que detalla que la ley arbitrará los medios para prestar asesoramiento y defensa jurídica a quienes, por su situación económica, no puedan procurárselos por sí mismos, ya sea a través de organismos oficiales creados para tal fin o por intermedio de asociaciones profesionales de abogados reconocidas por el Estado. En este aspecto, sostiene que la norma constitucional exige que la idoneidad del abogado sea verificada por organismos con responsabilidad institucional en materia de derechos fundamentales y del sistema de justicia. Mulino sancionó la Ley No. 500 del 24 de noviembre de 2025 luego de que, el pasado 21 de octubre, la Asamblea Nacional aprobara por insistencia el proyecto que elimina el examen de barra como requisito para ejercer como abogado. En julio pasado, la Asamblea había aprobado una modificación al proyecto, dejando como opción —y no como obligación— la realización del examen de idoneidad profesional. El presidente Mulino vetó el proyecto al considerar que su contenido “representa un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la elevación de los niveles profesionales que la carrera exige y que la ciudadanía legítimamente demanda”. En esa ocasión, el mandatario alegó que “esta propuesta, lejos de fortalecer la calidad y la ética del ejercicio legal, contribuye al menoscabo de los principios éticos fundamentales que deben regir la profesión”, señala Mulino en una nota dirigida al diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, en la que expone las razones por las que objetó el proyecto “en su conjunto”, por considerarlo inconveniente. No obstante, pese a la objeción total del proyecto por parte del Ejecutivo, el pleno de la Asamblea decidió mantener su postura de que el examen de barra no fuera obligatorio y lo aprobó por insistencia, con el voto favorable de 50 diputados, es decir, más de las dos terceras partes del pleno. Ante este escenario, el mandatario sancionó la ley. La aprobación por insistencia de este proyecto ha generado una amplia discusión en redes sociales, especialmente tras una pregunta realizada por La Prensa en Instagram, en la que se consultó a la ciudadanía su postura sobre el tema. Entre los comentarios a favor, usuarios señalan que el examen representa una barrera adicional y burocrática que retrasa la entrada al ejercicio profesional, a pesar de que los estudiantes ya han cumplido con un proceso universitario formal.
4A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PLATO. El presidente de la República, José Raúl Mulino, desayunó esta semana con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Bueno, después de que Herrera confesara que su bancada es “de gobierno”, este era el siguiente paso. CATÉTER. Parece que la crisis de identidad está afectando otros tronos. La presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, acompañó al presidente Mulino a inaugurar una policlínica de la CSS en David y un hospital del Minsa en Bugaba. Cualquier despistado podría haber confundido a la magistrada con un miembro del Gabinete. PRESIÓN ALTA. Por cierto, el hospital de Bugaba fue adjudicado en 2010 por $30.6 millones, pero terminó costando $101 millones. Tanto el anterior contratista del proyecto )IBT Health) como el actual (Riga Services) estaban en la lista de clientes de la tristemente célebre abogada especialista en equilibrios contractuales. Si se siguen atando cabos, no es muy difícil adivinar a qué despacho conducen estos incrementos. RESPALDO. Ahora que ha adquirido actualidad la demanda de inconstitucionalidad que presentó Karisma Karamañites en 2024, destaca que Luis Carlos Gómez Rudy y Grettel Villalaz de Allen presentaron argumentos paPara el Ministerio Público y los jueces las auditorías son piezas clave para deslindar responsabilidades. Archivo Flores sobre atraso en auditorías: ‘Necesitaría como tres Contralorías’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] LUCHA ANTICORRUPCIÓN El contralor Anel Flores admitió un fuerte rezago en la entrega de auditorías al Ministerio Público y afirmó que la Contraloría carece del personal y los recursos necesarios para responder. El contralor Anel Flores aseguró que la Contraloría General de la República no cuenta con el personal suficiente para atender la avalancha de auditorías que exige el Ministerio Público. “Tenemos limitaciones perfectas de poco personal y tenemos demasiado que hacer”, afirmó. Luego fue más allá: “Para poder cumplir con todos los requerimientos de auditorías nacionales, yo necesitaría como tres Contralorías, cosa que no tenemos y no tenemos los presupuestos para ello”. Flores habló del tema durante la conferencia de prensa de este jueves 27 de noviembre del presidente José Raúl Mulino, luego de que La Prensa consultara al mandatario sobre una reacción al hecho de que el Ministerio Público solo ha recibido el 12% de las auditorías solicitadas este año. Al respecto, Mulino dijo que desconocía el tema y añadió que las auditorías se entregan cuando esMario De Gracia [email protected] Anel Flores ‘El Procurador fue claro’: Cedeño reacciona a las justificaciones de Flores El diputado por la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, respondió a declaraciones del contralor general de la República, Anel Bolo Flores, quien aseguró que para atender la cantidad de auditorías que le exige el Ministerio Público (MP) “necesitaría tres contralorías”. “Para poder cumplir con todos los requerimientos de auditorías nacionales, yo necesitaría como tres Contralorías, cosa que no tenemos y no tenemos los presupuestos para ello”, dijo Flores este jueves 27 de noviembre durante la conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino. Las declaraciones de Flores se dieron, precisamente, luego de que el procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, respondiera a una solicitud de información del diputado Cedeño donde hacía interrogantes sobre el número de auditorías solicitadas a la Contraloría y el número de las que faltaban por entregar. “De las declaraciones del contralor, el procurador fue claro (...)”, dijo Cedeño en una publicación en su cuenta de X, mientras se encuentra de viaje en Taiwán. Como detalla la nota respuesta del procurador Gómez Rudy a Cedeño, basada en información de la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales. No obstante, la Contraloría solo ha remitido 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas este mismo año. Esto representa que solo un 12.5% de las auditorías requeridas en 2025 han sido entregadas al MP. Luego de que Mulino asumiera la Presidencia y Flores la Contraloría, se aceleró el ritmo de investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, así como también se intensificaron las informaciones sobre estas en los medios de comunicación. Las auditorías suelen ser pieza clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a las fases más avanzadas. ra respaldar la entonces candidatura presidencial de Mulino. Seis meses después y ya convertido en presidente, Mulino los designó procuradores de la Nación y de la Administración, respectivamente. Ojalá otros que también se opusieron a Karamañites no inventen pasar a buscar su nombramiento. tán terminadas, “y a veces son procesos que toman su tiempo”. “Es un trabajo que se complementa mutuamente, porque el procurador necesita de esas auditorías bien elaboradas para poder sustentar sus casos penales, como corresponde (...)”. Enseguida le pasó la palabra al contralor. ‘En el mismo equipo’, dice el contralor Flores argumentó que algunos medios “tergiversaron” las declaraciones del procurador y defendió el ritmo de trabajo de la institución. Según él, en los 11 meses que lleva en el cargo, la Contraloría ha entregado 112 auditorías, una cifra que supera las 60 realizadas en los últimos cinco años. También enfatizó su coordinación con el jefe del Ministerio Público, Luis Carlos Gómez. “El señor procurador y mi persona estamos trabajando en el mismo equipo y estamos en el mismo equipo”, sustentó. El contralor dijo que ambos despachos acordaron priorizar los casos “más emblemáticos y de mayor impacto” y que un equipo técnico conjunto se reúne cada semana desde hace un mes. “Hemos estado trabajando muy de la mano”, insistió. Los números Una nota firmada por el procurador Luis Carlos Gómez detalla que entre enero y septiembre de 2025 las fiscalías emitieron 423 solicitudes de auditorías y reiteraciones de auditorías especiales. La Contraloría solo ha remitido 116 informes, de los cuales 53 corresponden a solicitudes de este año. Ese rezago golpea investigaciones sensibles. La Fiscalía Anticorrupción reportó que 34 casos fueron archivadosen2025porcausasdirectamente vinculadas a la ausencia del informe solicitado a la Contraloría. Mientras tanto, decenas de expedientes siguen congelados a la espera del peritaje contable. Flores cerró su intervención con un mensaje político: “Estamos aquí para servir al pueblo panameño y rescatar todos aquellos dineros que fueron mal habidos por mucha gente que abusó del poder”. Jueza ordena comiso de cuentas a Silvana De Obarrio El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó el comiso de tres cuentas bancarias pertenecientes a Silvana Manzini De Obarrio, madre del exsecretario presidencial Adolfo Chichi De Obarrio, condenada a la pena de 28 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. A través del edicto 1,294 colgado el pasado 21 de noviembre en el tablero de notificaciones del juzgado se informa a las partes de la decisión asumida por la juez Agueda Rentería. Rentería ordenó el comiso de tres cuentas por un monto de $57,792 en cuentas que mantenía Manzini de De Obarrio en bancos de la localidad. Entre ellas, un plazo fijo por $20,833, una cuenta con $31,158 y otra cuenta por un monto de $5.71. En febrero pasado, el juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Manzini de De Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. La investigación contra Manzini de De Obarrio y su hijo, Adolfo De Obarrio, por blanqueo de capitales tiene como delito precedente el enriquecimiento injustificado. Este proceso inició luego de una auditoría de la Contraloría General de la República que reveló que De Obarrio no pudo justificar $3 millones en su patrimonio. En el marco de esta investigación, la fiscalía ordenó la aprehensión de dos propiedades de De Obarrio ubicadas en Punta Barco y San Carlos, en Panamá Oeste, además de otros dos bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco. INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Silvana Manzini De Obarrio. Archivo Ernesto Cedeño Archivo
5A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 Panorama Los pacientes piden mejorar la atención de salud en el país. Elysée Fernández El Ejecutivo exige rapidez en el proceso de la integración del sistema de salud Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El presidente José Raúl Mulino instó a acelerar la unificación de Minsa y la CSS para eliminar duplicidades y optimizar recursos. La medida busca mejorar la eficiencia del sistema. En medio de desafíos financieros y una creciente demanda de atención médica, el sistema de salud de Panamá enfrenta un momento clave para avanzar hacia la unificación de los servicios de salud. El presidente de la República, José Raúl Mulino, instó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, a acelerar la integración total de ambas instituciones con el objetivo de consolidarlas en un único sistema. “Quiero que esa integración de salud funcione, y rápido. Rápido”, enfatizó el mandatario durante la inauguración del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, provincia de Chiriquí, acompañado por las máximas autoridades de ambas entidades. Mulino aseguró que la unificación es urgente para resolver problemas estructurales, reducir costos y eliminar la duplicidad de infraestructuras hospitalarias en distintas regiones del país. Durante su intervención, cuestionó la existencia de instalaciones paralelas en la misma zona. “No hace ningún sentido tener esta duplicidad, de hacer un hospital como este aquí y uno del Seguro Social enfrente. Eso no tiene lógica”, afirmó, destacando la necesidad de optimizar los recursos del sistema sanitario nacional. La integración de la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa) es uno de los proyectos prioritarios del gobierno, orientado a garantizar eficiencia en la atención médica, mejorar la cobertura y reducir la burocracia que afecta a pacientes y personal sanitario en todo el país. En entrevista con el diario La Prensa, Boyd Galindo señaló que la unificación del sistema es un objetivo estratégico de su administración, ya que permitirá coordinar mejor los recursos y ofrecer atención integral a todos los ciudadanos, independientemente de su condición de asegurados. “El proceso implicaría consolidar la administración y gestión de todos los servicios de salud bajo una sola estructura, lo que permitiría ahorrar en infraestructura, medicamentos, equipos y recursos humanos, y facilitaría la coordinación entre los diferentes niveles de atención, garantizando un acceso equitativo y eficiente en todo el país”, explicó Boyd. Estrategia y decisiones difíciles El tema de la unificación también cuenta con la opinión de expertos. Jorge Luis Prosperi, exrepresentante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que consolidar el sistema requiere decisiones estratégicas complejas, como identificar los problemas de salud más relevantes según la carga de enfermedad, inequidades, costos e impacto social. Prosperi subrayó la necesidad de definir poblaciones prioritarias —niños, adultos mayores, mujeres, pueblos originarios y migrantes— y seleccionar intervenciones que generen el mayor impacto con los recursos disponibles, evitando la dispersión programática, común en sistemas fragmentados. “Para Panamá, esto significa decidir si se prioriza fortalecer la Atención Primaria de Salud, resolver la segmentación Minsa-CSS, digitalizar el sistema o modernizar la salud pública. No se puede hacer todo a la vez”, señaló el experto, destacando que estos pasos son esenciales para alcanzar un sistema más eficiente y equitativo. Según Prosperi, la unión permitirá que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a servicios médicos de calidad y que los recursos públicos se administren de manera óptima. Entre sus principales beneficios se encuentran la reducción de duplicidades, la mejora en la coordinación y continuidad de la atención, y la eficiencia en la compra de medicamentos e insumos. La integración aspira, además, que las distintas partes del sistema trabajen de manera coordinada mediante una historia clínica única, sistemas de referencia eficientes, protocolos estandarizados y tecnologías de información que faciliten la comunicación entre proveedores y niveles de atención. El experto también señaló que la consolidación tiene implicaciones financieras significativas: centralizar la gestión permite un mejor control del gasto público en salud, evita inversiones innecesarias en infraestructura duplicada y libera recursos para fortalecer la Atención Primaria y expandir programas de prevención y promoción de la salud a nivel nacional. Además, contribuirá a mejorar la calidad de la atención médica al establecer estándares uniformes y agilizar los procesos administrativos, beneficiando tanto a pacientes como a personal sanitario, y facilitará la incorporación de tecnología y sistemas digitales que optimicen la historia clínica electrónica, el seguimiento de pacientes y la gestión de recursos humanos y logísticos. Prosperi enfatiza que, aunque el proceso es complejo, representa una oportunidad histórica para transformar el sistema sanitario, fortalecer la atención primaria y lograr una gestión más coordinada y sostenible. El inesperado caos que se registró en la Ciudad de la Salud, cuando todos los pacientes fueron citados para el lunes 24 de noviembre con el fin de obtener una cita médica para el año 2026, fue calificado por las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) como un boicot, ya que aseguran que desconocían de la apertura de la agenda de citas. El flujo masivo de pacientes generó largas filas, desorden y tensión entre quienes llegaron desde la madrugada con la esperanza de obtener una atención que, en muchos casos, llevaban meses intentando agendar. La situación obligó al propio director de la CSS, Dino Mon, a trasladarse al lugar para tomar control de la logística y asegurarse que las personas que viajaron desde distintas partes del país pudieran retirarse con su cita. Según explicó, lo ocurrido este lunes fue, en gran parte, consecuencia de una acumulación de información que circuló desde octubre, cuando comenzó a difundirse “de boca en boca” que las citas de 2026 se abrirían precisamente el 24 de noviembre. Esta comunicación, aseguró, no fue oficial ni formó parte de un proceso coordinado. La situación provocó cambios dentro de la institución. El principal es que el director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud, Marcos Young, asumirá también la coordinación de la Ciudad de la Salud. El anuncio fue realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien indicó que Young coordinará directamente la Ciudad de la Salud y expresó su confianza en que la experiencia del funcionario garantizará que todos los procesos clínicos funcionen de manera eficiente. Mulino añadió que, ante lo ocurrido, era necesario hacer cambios para retomar el control operativo del complejo y evitar que un incidente similar vuelva a presentarse. En la CSS también se iniciaron auditorías internas para determinar qué ocurrió, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, con el objetivo de evitar futuros inconvenientes y Caos en la Ciudad de la Salud: Marcos Young toma el control operativo CAJA DE SEGURO SOCIAL fortalecer la gestión de las citas médicas. Este medio pudo conocer que fue reemplazado el coordinador general de Registros Médicos y que el director médico de la Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval —quien también dirigía el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid— permanecerá únicamente al frente de dicho complejo. Sandoval asumió la dirección de ambos hospitales con el objetivo de llevar adelante una transición efectiva, agilizar los procesos y reducir los trámites burocráticos que, en ocasiones, demoran la atención de los pacientes, especialmente en situaciones de urgencia. Antes de Sandoval, el cargo era ocupado por Guillermo Bailey. En ese momento, al asumir el cargo en la Ciudad de la Salud, destacó que, gracias a la unificación de los hospitales, ya no se registran los atascos en el cuarto de urgencias que eran comunes en el pasado, lo que ha mejorado notablemente la atención a los pacientes. La Ciudad de la Salud es una obra de primer nivel, compuesta por un conjunto de edificios que albergan especialidades de pediatría, cardiología, medicina interna, consulta materno-infantil e instalaciones quirúrgicas, entre otras, y fue inaugurada en enero de 2024. El caos vivido en la Ciudad de la Salud no solo ha puesto de manifiesto las fallas en la gestión de citas médicas, sino también la necesidad urgente de reestructurar ciertos procesos dentro de la CSS para garantizar un servicio eficiente y sin interrupciones. Aleida Samaniego C. [email protected] Marcos Young, coordinará la Ciudad de la Salud, luego del caos que se registró el pasado lunes. LP
6A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 A 22 aumentó el número de personas imputadas por la presuntacomisióndelosdelitos de corrupción y peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Esto ocurrió luego de que un juez de garantías acogió la formulación de cargos contra tres estudiantes que obtuvieron estos beneficios durante la administración de Bernardo Meneses. Durante una audiencia celebrada la mañana de ayer, la fiscal Azucena Aizpurúa presentó la imputación contra los estudiantes Sara Juárez, Óscar Coronado y José García. De acuerdo con la investigación, Juárez recibió auxilios económicos por la suma de $22,959 y —siempre según la investigación— habría entregado a Meneses la suma de $117. Según las pesquisas, la imputada no justificó el uso de los fondos otorgados por el Ifarhu para culminar sus estudios. No obstante, su abogado defensor alegó que su clienta puede presentar documentación que respalda la culminación de su carrera. En el caso de Coronado, la fiscalía estableció que recibió un auxilio económico por $19,200 y que realizó transferencias a Meneses por $8,000. La investigación también reveló que José García obtuvo del Ifarhu un auxilio económico por $105,000, pese a que no cumplía con los requisitos para recibir dicho beneficio, y que habría hecho transferencias a favor de Meneses por $200. A los tres imputados se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico una vez al mes, mantener su residencia actual y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El pasado viernes, la juez de garantías Diana García declaró causa compleja la investigación por peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos entregaFiscalía detecta pagos a Meneses; se eleva a 22 el número de imputados CASO DE AUXILIOS DEL IFARHU dos por el Ifarhu. La juez concedió un plazo de seis meses a la fiscalía para concluir la investigación. La fiscal Aizpurúa sustentó la necesidad de extender el plazo, ya que su despacho aún debe analizar la legitimidad de 1,000 auxilios económicos entregados durante la administración de Meneses. En esa ocasión, la fiscal explicó que solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para determinar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado. En el primer informe de auditoría de la Contraloría se estableció que algunos beneficiarios de auxilios realizaron depósitos en las cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones. La fiscalía también tiene debe determinar si esos auxiliios fueron asignados de acuerdo con el manual del Ifarhu y si los estudiantes realmente culminaron las carreras para las que solicitaron la ayuda estatal. Por este caso se imputaron cargos por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales al exdirector del Ifarhu, quien permanece detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya. También están imputados 12 estudiantes de la comarca Ngäbe-Buglé que recibieron auxilios económicos por $25,000 para culminar carreras que no superan los $400 en la Universidad Tecnológica de Panamá. Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista, asumió la presidencia de la Asamblea el 1 de julio de 2025. Composición fotográfica/Itzalí Pérez Falta de transparencia en la Asamblea se debatirá en la CSJ Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PLANILLA LEGISLATIVA En los recursos, dirigidos a María Eugenia López, presidenta de la Corte, la diputada afirma que el Legislativo no ha entregado la información pese a solicitudes presentadas en septiembre y octubre. La falta de transparencia en la Asamblea Nacional llegó a la Corte Suprema de Justicia. La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, presentó tres acciones de habeas data ante ese tribunal de justicia para que se ordene a la Asamblea, poder del Estado presidido por el diputado Jorge Herrera, entregar información pública relacionada con la planilla y los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto. En los recursos, dirigidos a María Eugenia López, magistrada presidenta de la Corte, la diputada afirma que el Legislativo no ha entregado la información pese a solicitudes presentadas desde septiembre y octubre de este año. Primer recurso: planilla legislativa El primer habeas data fue presentado el pasado 25 de noviembre y apunta a Herrera, diputado del Partido Panameñista. En ese recurso la diputada pide a la Corte que obligue a la Asamblea a entregar información relacionada con la planilla de los despachos de los diputados desde junio pasado hasta la fecha. Específicamente solicita que se divulgue nombre del funcionario, cargo, salario, sobresueldo (en caso de que aplique), fecha de inicio de labores y estado actual del vínculo laboral. Además pide conocer cuántas personas han renunciado o han sido destituidas entre abril y julio de este año. La diputada advierte a la Corte que el plazo de 30 días que fija la Ley 6 de 2002 para entregar la información venció el 21 de noviembre, pero el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, no respondió a su solicitud. Segundo recurso: Comisión de Presupuesto El segundo recurso es contra Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea. En el documento, la diputada explica a la Corte que el 22 de octubre de este año solicitó al presidente Herrera un informe completo de todos los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto desde el 1 de julio de 2024 hasta el 22 de octubrede2025.Ademásexigió queelinformedijerasifueron aprobados, rechazados, retirados o suspendidos, y si fueron aprobados por el silencio administrativo. Sin embargo, al 23 de noviembre pasado los documentos tampoco fueron entregados. Tercer recurso: traslados de partidas El tercer habeas data reclama la falta de respuesta a una solicitud presentada el 17 de septiembre dirigida al despacho del diputado Eduardo Vásquez, quien preside la Comisión de Presupuesto. Prado le solicitó todos los traslados de partida gestionados desde el pasado 1 de julio correspondientes al gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, sector público financiero y entidades del sector público en general. También le pidió detalles sobre la votación o suspensión de los traslados y sobre aquellos que fueron aprobados por el silencio administrativo. La diputada exigió además todas las actas de la comisión. Pero Vásquez tampoco respondió en los 30 días que le otorga la ley. Eduardo Vásquez es diputado del partido CambioDemocrático. ‘La información es pública por ley’ La diputada fundamenta los tres recursos en el artículo 43 de la Constitución y en la Ley 6 de 2002, que establece que toda información relativaapresupuesto,estructura del Estado, gastos y planillas es de acceso público. En las tres acciones, Prado argumenta que la Asamblea no ha declarado la información requerida como restringida y, por lo tanto, debe ser entregada sin demora. Cita, además, que la información sobre planillas, presupuesto y funcionarios es de naturaleza estrictamente pública, salvo casos excepcionales de seguridad o confidencialidad, que, según indica, no aplican para la información que ella está solicitando. En los tres expedientes, la diputada repite la misma afirmación: que la información solicitada “no ha sido entregada” y que la falta de respuesta viola su derecho constitucional de acceso a datos públicos. Prado pide a la Corte que ordene a la Asamblea entregar toda la documentación solicitada, sin excepción, y que se certifique que la ausencia de respuesta constituye un incumplimiento de la Ley de Transparencia. Consultada por La Prensa sobre si considera que Herrera está bloqueando deliberadamente el acceso a la información, la diputada afirmó lo siguiente: “Considero que es una posibilidad, pues se dirigió nota también a Secretaría General (Carlos Alvarado) y la misma también cayó en silencio administrativo. Hay silencios que hablan más que mil palabras. Esa información debe ser pública y transparente. Con esos habeas data se busca acceder a esta información y conocer si se han aprobado o no traslados por Los diputados panameños que viajaron a Taiwán se reunieron ayer con la vicepresidenta de ese país, Hsiao Bi-khim, y el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-Lung. El encuentro fue anunciado por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca) en su cuenta de X, cuando era la madrugada. Además, el grupo visitó la sede de la portuaria Evergreen, que actualmente opera el puerto de Colón Container Terminal, en la costa atlántica panameña. Durante su rueda de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino se volvió a referir a ese viaje. “Leí con sorpresa las expresiones de los diputados. Ellos no tienen ninguna facultad para decir lo que están diciendo. Ellos van allá, como dije, espero que gocen y disfruten Taiwán, pero no tienen la capacidad legal para hablar de estos temas como los habla el Órgano Ejecutivo con los países a través de la conducción de la cancillería (...)” , dijo Mulino ayer. A pesar de que Mulino no hizo referencia puntual al encuentro con la vicepresiDiputados se reúnen con vicepresidenta y canciller de Taiwán GEOPOLÍTICA denta y el canciller taiwanés, reiteró su desacuerdo con la participación de diputados en temas de política exterior. El diputado Cedeño señaló que durante la reunión con Lin salió a relucir que Taipéi hizo una petición a la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) para abrir una oficina de representación comercial de Taiwán en Panamá, pero que no hubo una Mario De Gracia [email protected] Fiscal Superior Anticorrupción Azucena Del Rosario Aizpurúa Chavarría, durante la audiencia de imputación. Alexander Arosemena respuesta del gobierno panameño. El pasado jueves 20 de noviembre, Mulino se mostró abierto a analizar la apertura de esa oficina; no obstante, reprendió el viaje de los diputados. El diputado Betserai Richards (bancada Seguimos), quien también se encuentra en Taiwán, dijo que una alta funcionaria del Ministerio de Economía de ese país mostró interés de lograr PRENSA.COM Escanee el código QR y acceda a más información sobre el viaje de los diputados. el establecimiento de la oficina comercial. Panorama
7A La Prensa Panamá, viernes 28 de noviembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. lares dramatizados, notas exageradas y programas que convierten la tragedia en espectáculo se han vuelto comunes. Peor aún, hay periodistas que toman un micrófono no para informar, sino para gritar y aterrorizar a su audiencia bajo la excusa de que “aquí nadie nos controla”. El resultado: una ciudadanía saturada de pesimismo, convencida de que nada sirve, de que nadie vale la pena y de que el país está irremediablemente perdido. En el ámbito político, la situación no es distinta. La oposición se presenta como “constructiva”, pero sus acciones suelen centrarse en destruir y descalificar. Las redes sociales han sustituido el debate en el pleno. Las demandas y los espectáculos mediáticos reemplazan los argumentos. La política se ha convertido en espectáculo, y el ciudadano, en espectador cansado, confundido y escéptico. El problema del “Panamá negativo” no está en señalar errores —eso es sano y necesario—, sino en que hemos perdido la capacidad de reconocer lo que se hace bien. Nos cuesta aplaudir sin sospechar, construir sin dividir, proponer sin atacar. La crítica se transformó en un deporte nacional para destruir. Pero esta actitud no solo erosiona la confianza social: también tiene un costo económico enorme. La narrativa del “todo está mal”, del “aquí nada sirve”, espanta la inversión nacional y extranjera. Los empresarios dudan en ampliar sus proyectos ante un ambiente social y político impredecible. Los inversionistas exLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Información deliberadamente engañosa Salud pública Michael Scherer, en The Atlantic, nos recuerda que RFK Jr. le prometió al senador Bill Cassidy, durante el proceso de su confirmación como secretario de salud, no remover la afirmación “Las vacunas no causan autismo”, que se lucía en la página de la red del Centro de Control de las Enfermedades (CDC). Hace 9 días, el 19 de noviembre, el secretario actualizó la página y agregó un asterisco (*) a la frase, para agregar: “los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas en la niñez contribuyan al desarrollo del autismo”. Con ello, ordena que se investigue la generación del autismo por todas las vacunas que se aplican a los niños. El argumento rebuscado es que, no habiéndose probado ninguna relación, tampoco se ha descartado que exista una relación. Algo que Cantinflas envidiaría, o una leguleyada, nada ajena a su profesión. Por ejemplo: “se necesita ciencia, la necesidad de ciencia definitiva. Y lo que tenemos es ciencia sugerente”. ¡Cuánto intestino se necesita para esta digestión! Para este Kennedy, y otros parecidos a él, como diría Lee McIntyre, la aceptación de que los hechos son menos importantes que las emociones, es necesaria y estratégica para subordinar la realidad a la política, “para abrazar el caos”, para “pescar en río revuelto”. El negacionismo de la ciencia nace cuando la persona de la calle, aquella con un interés ajeno a su conocimiento de la ciencia y su rígido método de trabajo, siente propio cuestionar al científico y a la data obtenida mediante un estricto proceso de probada metodología, que desconoce. Usualmente, debido al conflicto que le provoca su interés ideológico, religioso o político con los resultados y conclusiones de la ciencia, entonces señala la investigación o al investigado como parcial, cerrado a una idea preconcebida o interés, y que, aún con pruebas, no tiene todas las pruebas para aceptar una teoría que, tarde o temprano, sería destronada. Pedro Ernesto Vargas La nociva narrativa del pesimismo Opinión pública En los últimos años, Panamá ha perdido algo más valioso que el crecimiento económico o la estabilidad política: ha perdido la fe en sí mismo. Vivimos en un país donde casi todo parece motivo de sospecha, burla o destrucción. El llamado “Panamá negativo” no es una idea abstracta; es una actitud colectiva que se infiltra en cada conversación, en cada red social y en cada espacio donde debería florecer el diálogo y la razón. Hoy, basta decir que alguien trabaja en el Estado para que de inmediato se le tilde de corrupto. No importa su trayectoria ni esfuerzo: la desconfianza se ha vuelto automática, casi un reflejo nacional. Lo público se ha convertido en sinónimo de lo podrido, y lo privado en símbolo de pureza, aunque la realidad sea mucho más compleja que esos extremos. A esta visión sombría contribuye un nuevo tipo de liderazgo: el de los “seudoexpertos digitales”. Opinólogos de pantalla, activistas de ocasión y autoproclamados fiscalizadores de redes que dictan sentencia sin pruebas, sin contexto y, muchas veces, sin responsabilidad. Son los jueces del “me gusta” y del “compartir”, donde el ruido vale más que la razón. Han reemplazado la reflexión con rabia y la discusión con el linchamiento. El periodismo tampoco ha quedado fuera de este fenómeno. En medio de la competencia por los clics, algunos comunicadores sociales han sustituido la función de informar por la de alarmar. Titutranjeros observan un país donde todo se cuestiona, donde el ruido supera los hechos, y prefieren mirar hacia latitudes más estables y optimistas. La negatividad constante no solo daña la reputación de las instituciones: también reduce la competitividad del país. Sin confianza no hay inversión; sin inversión no hay empleo; y sin empleo se alimenta el ciclo de frustración que nos consume. Es una espiral peligrosa que comienza con una opinión destructiva y termina afectando el bolsillo de todos. El Panamá negativo no surgió de la nada: lo hemos construido entre todos. Lo alimentan políticos que prometen sin cumplir, medios que priorizan el escándalo sobre la verdad, ciudadanos que comparten sin verificar y quienes callan por miedo o comodidad. Pero, así como lo creamos, también podemos desmontarlo. Panamá ha logrado grandes cosas cuando ha creído en sí mismo: levantar un canal que unió dos océanos, superar crisis y reinventarse una y otra vez. El país no necesita más voces que griten, sino mentes que piensen; no necesita más enemigos internos, sino aliados que crean que aún es posible cambiar. Cuando un pueblo solo aprende a destruir, termina destruyéndose a sí mismo. Y cuando un país pierde la esperanza, deja de ser nación para convertirse en el campo de batalla de sus frustraciones. Panamá merece volver a creer. Merece que la crítica construya, que el debate eduque y que la esperanza deje de ser una palabra vacía. Recuperar la fe en nosotros mismos no es ingenuidad: es el gran compromiso de mejorar y la forma más efectiva de demostrar que sí podemos. Opinión EL AUTOR es consultor empresarial, especialista en sistemas ISO, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional. EL AUTOR es médico. Lo cierto es que la ciencia, por su razón epistemológica, reconoce que la verdad hoy puede no serlo mañana, y es esto, precisamente, lo que la hace, desde su metodología, confiable y veraz, “algo de lo que no hay por qué avergonzarse”, dice McIntyre. Esto es difícil de asimilar para el negacionista de la ciencia, ese que no la conoce o escoge desconocerla, ignorarla, para quien es más fácil recurrir a una teoría alternativa, a una verdad alternativa. Y para divulgar su desconocimiento o su propósito de engañar, recurre a la libertad de expresión, al derecho a que se divulgue su opinión, probadamente sin evidencia, sin verdad, en la misma página donde se divulga o publica la evidencia probada. Nace así la controversia “científica”, se mercadea la duda. Los medios son de los primeros en creer que publicar y divulgar las dos opiniones diametralmente opuestas de un desencuentro científico honra la libertad de expresión y la justicia social. Así se hizo con la industria tabacalera que escondió la verdad sobre el daño del tabaco, con la industria del fútbol americano que se resistió a reconocer el deterioro temprano de la función cerebral y la salud mental de sus jugadores más golpeados. Se hace con la industria de CO2 y el cambio climático, con la industria de los trastornos de uso y adicciones por la nicotina, el alcohol y la marihuana, iniciadas en las tempranas edades pediátricas. Cuando el argumento de que la existencia de una relación concluyente científicamenteentredoselementosendisputaseagota por cansancio o por imposición, entonces se recurre a argumentar que si no lo prueba, tampoco lo desprueba. El peligroso ridículo lo hacen cada semana quienes se han propuesto engañar y destruir la salud de los niños, sin fronteras ni misericordia. La desinformación, desinformation en el idioma inglés, se diferencia de la información equívoca, misinformation, del mismo inglés, por la intención. Mientras misinformation denota información engañosa sin intención, desinformation denota información deliberadamente engañosa. El problema que presenta este siglo es la confusión sobre libertad de expresión. No hay libertad de expresión cuando se tienen que presentar las dos versiones antagónicas de una sola verdad, y en la Ciencia, de una sola verdad probada con evidencia científica. No se hace justicia al colocar en un platillo de la balanza una opinión y en el otro platillo, un hecho probado. Y si esa opinión es una que sale de oscuros vericuetos y de reconocida maledicencia, se atenta, precisamente, contra la libertad de expresión. Como pendón de orgullo, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de salud, hace propia la instrucción al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, para que abandone su posición de muchos años sobre que no hay ninguna prueba del rol de las vacunas en la génesis del trastorno del espectro autista, o autismo. Como nunca hubo prueba alguna de la relación causal de la vacuna contra sarampión, rubeola y paperas y el mercurio no tóxico al cerebro humano, utilizado en algunas vacunas, con el autismo, entonces ahora se va a pescar a otros océanos. Sencillo, es lo que le toca hacer a un apóstol contra las vacunas. Lo que hace RFK Jr. es desinformation. El “Panamá negativo” se ha convertido en una cultura de destrucción que debilita la confianza, aleja la inversión y bloquea la capacidad colectiva de construir. Recuperar la fe nacional es un compromiso urgente. Justino González Araúz Panamá ante Oslo: una oportunidad para proyectar liderazgo democrático Conciliación Cada 10 de diciembre, el mundo vuelve su mirada hacia Oslo para presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz, una ceremonia que trasciende la solemnidad diplomática y se convierte en una plataforma global para reafirmar valores, principios y causas urgentes. Este año, Panamá tiene ante sí una oportunidad excepcional para proyectarse internacionalmente como un país comprometido con la democracia, los derechos humanos y la paz hemisférica. Ante la imposibilidad de que María Corina Machado, figura emblemática de la lucha por la recuperación democrática en Venezuela, participe libremente en la ceremonia, Panamá podría convertirse en sede de un gesto histórico: que su presidente reciba el galardón en su nombre. Un acto de esta magnitud no solo sería un reconocimiento simbólico a la resistencia democrática venezolana, sino también una afirmación del papel que el istmo panameño puede desempeñar como país garante, mediador y aliado de las causas democráticas en la región. Además, este escenario coincide con un momento de alta sensibilidad política en Venezuela, tras las elecciones en las que Edmundo González fue proclamado por amplios sectores de la oposición y respaldado por diversas organizaciones civiles. Ante la controversia sobre la verificación de los resultados, Panamá puede transmitir un mensaje firme al destacar su compromiso con la transparencia electoral y el respeto a la voluntad ciudadana, sin perder de vista la prudencia diplomática que requiere la coyuntura regional. La presencia del presidente panameño en Oslo abriría un espacio para reposicionar al país como algo más que su canal interoceánico. Sería la ocasión perfecta para proyectar a Panamá como un punto de encuentro democrático, un territorio seguro para el diálogo político y una voz respetada en la defensa de los derechos humanos. Para maximizar este impacto, es indispensable preparar una comitiva sólida y estratégica. La delegación debería incluir a periodistas nacionales e internacionales para garantizar la difusión global del mensaje, reforzar la legitimidad del gesto y mostrar a Panamá como un país que abre sus procesos y posicionamientos ante la comunidad internacional. Asimismo, representantes de la sociedad civil, académicos y figuras diplomáticas contribuirían a que el acto trascienda la anécdota y se convierta en una declaración de política exterior clara y coherente. Panamá puede —y debe— pensar en grande. Oslo ofrece un escenario global que pocos países tienen la oportunidad de aprovechar. Convertir esta ceremonia en un acto de liderazgo regional sería una decisión audaz, estratégica y profundamente alineada con los valores que el Premio Nobel de la Paz busca honrar cada año. EL AUTOR es abogado. Rodrigo Molina Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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