9A La Prensa Panamá, martes 25 de noviembre de 2025 La Corte Constitucional Federal de Alemania es conocida como la “guardiana de la Ley Fundamental”, con magistrados nombrados por el Bundestag y el Bundesrat —ocho por cada cámara—, sin supervisión ministerial y funcionando como un cuarto poder: el órgano constitucional. Establecida en 1951, se convirtió en uno de los pilares del Estado de Derecho y en un instrumento eficaz para limitar los poderes del Estado. No existe forma más eficiente de lograr ese equilibrio que garantizar la protección de las libertades de los ciudadanos mediante la declaración de inconstitucionalidad de acciones gubernamentales o legislativas que atenten contra los derechos fundamentales, sin que esta función quede subordinada a la justicia ordinaria. El órgano constitucional alemán transformó la manera de analizar problemas existenciales y actuales en la administración de justicia. Sus decisiones han sido vitales para asegurar que la Constitución no se convierta en letra muerta y que siga siendo relevante para la sociedad. El prestigio de la Corte la ha consolidado como una de las instituciones más respetadas de Alemania, fundamental para proteger los principios democráticos y los derechos individuales. Una separación funcional entre la Corte Suprema de Justicia y una Corte Constitucional en Panamá permitiría mayor especialización, criterios jurídicos más estables y una protección más sólida de la Ley Fundamental panameña, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Adicionalmente, el establecimiento de una Corte Constitucional independiente permitiría resolver con mayor rapidez los asuntos constitucionales, descongestionando la administración de justicia en materia de dereLoor al maestro Celebración Tuve el privilegio de ser formada, en casa, por dos maestros. Año tras año, la celebración del 1 de diciembre iniciaba rigurosamente con las notas del Himno al Maestro, que mis hermanos y yo entonábamos a la puerta de la habitación de nuestros padres. Con el pasar del tiempo, la hermosa melodía y la veracidad del mensaje de ese himno han cobrado un significado monumental que solo se agiganta ante la crisis que vive nuestra nación. Hoy estoy convencida de que no existe mejor apostolado que el magisterio. A mi juicio, muy pocas profesiones tienen la capacidad de transformar e influir de manera categóricamente positiva en la vida de los seres humanos como el magisterio. Su influencia traspasa generaciones, límites geográficos y estratos sociales y políticos. Cuanto más eficaz el maestro, mayor su legado y más imperecedera su influencia. Todo lo que necesité aprender para ser buen ciudadano lo aprendí de mis maestros: desde la cortesía y los buenos modales hasta el respeto por la propiedad ajena. Tuve excelentes maestros que también me enseñaron a hacer de los libros mis amigos y, a través de ellos, la forma más auténtica de redención. Mis maestros contribuyeron a amoldar mi carácter y el de todos los muchachos que pasamos por sus habilidosas manos, y quienes —de una forma u otra— fuimos irradiados por el torrente de luz que emanaba de sus enseñanzas. ¡Qué manera más noble y contundente de contribuir a construir una mejor patria que formando a los hombres y mujeres del mañana! A ese noble apostolado que es el magisterio, ¡salud! A todos los buenos maestros panameños, a los que están y a los que ya se fueron, mi respeto y mi admiración sinceros. Sé que las dificultades y sacrificios que encierra esa misión que abrazaron han de ser profusamente compensados por la inmensa satisfacción de reconocerse como artífices de un Panamá mejor. A mis padres, maestros de maestros, mi eterno homenaje por la herencia de bien y mi profundo agradecimiento por el nombre limpio y las cosechas abundantes que generaron en las almas de todos esos jóvenes para quienes fueron guía y faro de luz desde sus salones de clase. A los maestros cuya sabiduría y heroísmo trascienden generaciones y fronteras; a quienes, a pesar de los muchos retos de educar en estos días — muchachos patanes y padres abusivos, necesidades educativas especiales, procesos administrativos abrumadores y necios difamadores que gozan de connivencia e impunidad—, se empinan sobre los obstáculos para seguir siendo luz en las tinieblas de la vida de una juventud que pareciera perder el norte. A quienes forman con abnegación, corrigen con cariño e inspiran con el ejemplo, mi tributo de cariño y mi gratitud. El costo oculto que exprime a la clase media y a los hogares humildes Ineficiencia estatal curre a seguros privados, hospitales, laboratorios y consultas privadas. Todas estas decisiones individuales —obligadas, no voluntarias— componen un gasto de bolsillo (out of pocket, OOP) que surge de la ineficiencia institucional. Los cinco grandes OOP que golpean al panameño 1. Salud: el OOP que llega primero y golpea más fuerte. Panamá ya destina cerca del 20–25% del gasto total en salud directamente del bolsillo del ciudadano, una cifra que roza los umbrales de riesgo catastrófico definidos por la OMS. 2. Movilidad: un país que mueve mercancías rápido, pero a sus trabajadores lento, caro y con agotamiento. Para ser justos, Panamá no ha estado completamente inmóvil. La ampliación de la carretera Panamericana, los corredores urbanos, las expansiones viales en provincias clave, la modernización parcial del Metro Bus y, sobre todo, la construcción y ampliación del Metro representan inversiones importantes. Pero todas estas obras llegaron tarde y sin una verdadera programación nacional de desarrollo y mantenimiento. No existe continuidad institucional, ni planificación urbana, ni un sistema de mantenimiento preventivo serio. Por eso los corredores colapsan, las ampliaciones quedan pequeñas, el Metro experimenta saturación, el transporte colectivo sigue rezagado y las carreteras secundarias se deterioran sin solución sostenida. 1. Agua: un bien abundante manejado con incompetencia. Miles de familias gastan entre 10 y 50 dólares al mes en agua embotellada. En zonas vulnerables, los costos aumentan con bombas, tanques y sistemas improvisados. No falla la naturaleza; falla el Estado. 2. Educación: tutorías, transporte privado y recursos que la escuela no garantiza. La educación pública, con estructuras deficientes, ausencia de mantenimiento y programas no actualizados —y que debería ser el gran igualador social— termina siendo un multiplicador de desigualdad. Las familias pagan tutorías, transporte escolar privado y dispositivos porque la escuela no garantiza lo básico. 3. Seguridad: el Estado detrás de las rejas. Panamá es uno de los países con mayor proporción de seguridad privada por habitante. Las urbanizaciones nacen cerradas por miedo, no por diseño. Cuando el ciudadano paga por sentirse seguro, el Estado ha renunciado Francisco Sánchez Cárdenas La Corte Constitucional como solución a los conflictos políticos entre poderes del Estado Control constitucional El poder de juzgar y el poder de ejecutar no deben estar en las mismas manos para evitar el abuso del poder y, más importante aún, la administración de justicia ordinaria y la protección de la Constitución no deben mezclarse. De lo contrario, una misma institución decidiría tanto sobre las leyes como sobre la Constitución, lo cual pone en riesgo los contrapesos esenciales de un sistema democrático. Con la culminación del año 2025, las expectativas sobre el llamado a diseñar una nueva Constitución llevan a reflexionar sobre nuestra capacidad como sociedad para tomar decisiones correctas respecto al futuro político de la República. Las últimas tres décadas de nuestra vida republicana han estado marcadas por progreso, por la evolución de la ciudadanía panameña y, sobre todo, por la creciente politización de nuestro sistema judicial. La justicia panameña no solo se ha visto enfrentada a conflictos de interés, sino también afectada por decisiones sin contrapesos que, de una forma u otra, han provocado que ciertos asuntos constitucionales queden subordinados al trabajo ordinario, perdiendo prioridad y restando eficiencia a la Corte Suprema de Justicia en temas de derechos humanos y garantías fundamentales. chos y, principalmente, de control del poder. En esa misma línea, permitir que los magistrados constitucionales sean nombrados por el Órgano Ejecutivo y el Legislativo —en proporción igualitaria— ayudaría a reducir la arbitrariedad en la aplicación de la Constitución entre los poderes del Estado, reforzando los pesos y contrapesos del sistema político. No cabe duda de que las reformas jurídico-políticas pueden tener efectos nocivos si se ejecutan con fines maliciosos. No obstante, equilibrar los poderes del Estado —aunque sea una tarea compleja— es esencial para mejorar el bienestar de los panameños. La Corte Constitucional alemana ha brindado mayor claridad jurídica a ese país, con una doctrina uniforme y una interpretación constitucional sólida, fortaleciendo la seguridad jurídica de los ciudadanos y del propio Estado. En Panamá, la necesidad de fallos más garantistas y de una detección más expedita de violaciones de derechos representa un paso indispensable para avanzar hacia un país más justo y equitativo. La creación de este nuevo órgano de justicia permitiría proteger exclusivamente la Constitución, reduciendo la influencia política sobre magistrados que hoy manejan múltiples materias. Es innegable el nivel de presidencialismo presente en nuestra política; por ello, un órgano judicial constitucional serviría de equilibrio para la resolución de conflictos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, previniendo crisis institucionales graves y evitando una mayor fragmentación de la relación armónica entre los poderes del Estado. LA AUTORA es administradora. EL AUTOR es internacionalista. EL AUTOR es neurocirujano y expresidente del PRD. Lilibeth Bayard de Langoni a su función esencial. El costo acumulado: un impuesto injusto, regresivo e invisible Sumando estos rubros, el panameño promedio destina entre 25% y 40% de sus ingresos a compensar la ineficiencia estatal. Este es un índice empobrecedor. Es decir: pagamos impuestos formales y pagamos nuevamente de nuestros bolsillos para cubrir los servicios que esos impuestos deberían garantizar. Un problema estructural de vieja data, pero una crisis actual Durante más de treinta años, los gobiernos democráticos han evitado enfrentar la reforma estructural del Estado. Hoy la deuda institucional llega a un punto crítico, donde se consumen recursos en corrupción, clientelismo, amiguismos y asuntos no prioritarios, sin resolver nada. El salario mínimo en un país con servicios mínimos La discusión del salario mínimo es artificial cuando el Estado multiplica los costos de la vida. Un país funcional reduce el gasto de bolsillo. Un país fallido lo incrementa. No se puede hablar de salarios sin hablar del costo oculto que destruye el poder adquisitivo. Conclusión: un país donde la desigualdad también se paga En Panamá, la desigualdad no solo se mide en ingresos: también se paga. La clase media y los hogares humildes sostienen un gasto que no les corresponde, un costo invisible que el Estado debió asumir y nunca asumió. El país funciona como si existiera un segundo impuesto: ese “otro impuesto” que obliga a la familia panameña a pagar lo que el Estado no hace y que erosiona, día tras día, el valor real del salario. Y por eso, cuando el salario no alcanza, no es por falta de esfuerzo del trabajador: es por culpa de un Estado que multiplica los costos de la vida y hace más difícil el bienestar de quienes ya están haciendo todo lo posible para salir adelante. Panamá no necesita más parches. Necesita un Estado que deje de ser un costo y se convierta, por fin, en un valor. En Panamá, la discusión sobre el aumento del salario mínimo es recurrente cada dos años y resulta superficial. Los empresarios alegan incapacidad de pagar más, los trabajadores reclaman justicia y el Gobierno arbitra sin convicción técnica. Una enorme parte del problema radica en los altos costos que los hogares enfrentan para suplir fallas básicas del Estado en servicios de salud, movilidad, agua, educación y seguridad. Estos gastos obligatorios consumen entre un 25% y un 40% del ingreso familiar, siendo la salud el rubro más crítico. Se trata de un gasto silencioso, constante y regresivo que actúa como un segundo impuesto no legislado, sin transparencia ni debate público. En esta situación, el salario mínimo es un paliativo para subsanar otras fallas estructurales. Este fenómeno no es nuevo. Desde los años noventa, el país ha sostenido un crecimiento que nunca se convirtió en bienestar real. La economía se expandió, pero la distribución de las oportunidades quedó atrapada en un Estado que no modernizó sus servicios, no fortaleció su institucionalidad y no se adaptó a la transformación social y urbana del país. Hoy esa ineficiencia crónica se manifiesta como un drenaje permanente sobre el salario del panameño, que asume de su bolsillo el costo de un Estado que promete mucho, pero entrega poco. La factura privada del Estado ausente Cuando el agua no llega, las familias compran botellas y garrafones. Cuando la escuela pública no forma bien, se pagan escuelas privadas o tutorías. Cuando el transporte no funciona, se recurre a la plataforma o al taxi, se consume gasolina extra o se utiliza transporte escolar privado. Cuando la energía falla, se invierte en plantas eléctricas. Cuando la seguridad pública se debilita, se instalan cámaras, verjas, alarmas y urbanizaciones cerradas. Cuando la salud pública no responde, se reLuis Credidío Opinión
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