2A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 La implementación del cannabis medicinal en Panamá entra nuevamente en una fase de expectativas y dudas entre los pacientes. Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) anunció modificaciones al decreto que regula la Ley 242 del 13 de octubre de 2021 sobre el cannabis medicinal —incluyendo la futura disponibilidad del producto en farmacias autorizadas—, las organizaciones de pacientes mantienen una postura cautelosa. Entre ellas Enma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas. Pinzón, paciente con enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas, recuerda que el cannabis medicinal no es un tema de moda, sino una alternativa terapéutica respaldada por evidencia científica internacional. En su caso, asegura que ha encontrado alivio significativo sin someter su cuerpo a los efectos adversos de medicamentos tradicionales como los antiinflamatorios no esteroideos (Aines). El director de Farmacias y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, afirmó recientemente en una entrevista a La Prensa que, con las modificaciones al decreto, el país está más cerca de ver los primeros productos del cannabis en las góndolas de farmacias autorizadas. Sin embargo, la representante de los pacientes advierte que el anuncio no abarca todos los pasos necesarios para garantizar un acceso real y seguro. Consultada sobre si esta vez el proceso realmente avanzará o si podría volver a estancarse, Pinzón fue clara en señalar que aún faltan elementos esenciales, ya que “el decreto ayuda para la apertura de farmacias y la distribución del producto, sin embargo, todavía no tenemos noticias de que el registro de paciente esté habilitado”. El registro es un componente clave de la regulación, ya que permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico y evitar desvíos del producto. Su ausencia deja a los pacientes en un limbo: sin registro, las farmacias no podrán despachar y los médicos no podrán formalizar las prescripciones, aunque el producto llegue al país. El registro de los pacientes es competencia ya de la Dirección General de Salud del Minsa. La capacitación médica: un punto de debate Otro de los cambios anunciados por el Minsa fue la eliminación del curso obligatorio que debían tomar los médicos para poder recetar cannabis medicinal. Con el ajuste, cualquier médico autorizado podrá emitir una receta. Aunque algunos sectores lo celebran como un paso para agilizar el sistema, Pinzón sostiene que la medida debe analizarse con prudencia. “El hecho de que eliminen la obligatoriedad de que los médicos se capaciten, no significa que aquellos médicos que están interesados en manejar de forma adecuada el medicamento, si optarán por la capacitación, nos toca a nosotros los pacientes saber escoger nuestros médicos”, afirmó. Para Pinzón, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el paciente, pero reconoce que, en la práctica, la información y la reputación médica serán claves para recibir un tratamiento adecuado. El uso medicinal del cannabis requiere conocimientos específicos sobre dosis, ¿Por qué el cannabis medicinal aún no llega a los pacientes en Panamá? ALTERNATIVA TERAPÉUTICA interacciones medicamentosas, mecanismos de acción y efectos secundarios. La voluntariedad de la capacitación podría generar desigualdades entre quienes accedenaunmédicoformadoy quienes no. Sin lista cerrada de enfermedades Otra modificación importante fue la eliminación de la lista cerrada de enfermedades para las cuales se permitía el uso del cannabis medicinal. Este cambio fue recibido con satisfacción por Pinzón, quien subraya que la ciencia es dinámica y que mantener un listado rígido sería contrario al avance del conocimiento. “El eliminar la lista colabora porque la investigación siempre continúa y puede ser que en el tiempo se encuentren otras enfermedades en donde el producto va a funcionar y el tener una lista cerrada, obstaculiza el acceso del paciente al avance de la ciencia”, explicó. Para los pacientes, esto significa que cualquier persona con una condición avalada clínicamente podrá ser evaluada por su médico para considerar si el cannabis es una alternativa viable, sin depender de una lista que podría quedar obsoleta. La participación de empresas privadas Según el Minsa, ya existen cinco empresas con licencias de operación y tres con licencias de sustancias controladas, lo que indica que el proceso productivo y logístico avanza. Sin embargo, las empresas deben solicitar los permisos necesarios en los países de donde importarán el cannabis. Pinzón reconoce el rol del sector privado, pero subraya que la responsabilidad final de garantizar la calidad recae en el Estado, pues “la Dirección de Farmacias y Drogas ya tiene una normativa para hacer cumplir, solo toca que en el tiempo la ejerza para asegurar la calidad y la seguridad de los productos que se le van a ofrecer a los pacientes”. Disponibilidad y precios El director nacional de Farmacias y Drogas aseguró que los productos estarán disponibles “pronto”. Pero para Pinzón, la verdadera preocupación no es solo la fecha, sino el costo. “El cannabis al que tendremos acceso es el importado, y lógicamente, va a ser más caro que el que sea producido en Panamá y la producción local va a tomar unos años más”, advirtió. Esto significa que, aunque la implementación avance, los primeros pacientes podrían enfrentar precios elevados, lo que limitaría el acceso para personas de bajos ingresos o sin seguro privado. Para las organizaciones de pacientes, aún falta lo más esencial: que el sistema funcione de principio a fin. Sin registro habilitado, capacitación clara, precios accesibles y supervisión estricta. Pinzón resume el sentir de muchos: la implementación real todavía no está garantizada. Según organizaciones de servidores públicos, el MEF es de las pocas instituciones que mantiene al día el pago de las primas de antigüedad. Archivo 11 años de primas de antigüedad sin pagar y en constante crecimiento Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] PRESTACIONES LABORALES Una norma de 2013 para el sector público ha generado una deuda millonaria y numerosos casos administrativos sin resolver en varias entidades. Atres días de dejar el poder, el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) aprobó el Decreto Ejecutivo 52, que habilitó el pago casi inmediato de prestaciones a los servidores públicos, incluida la prima de antigüedad y las indemnizaciones por renuncia o destitución. En su momento, la medida fue cuestionada por diversos sectores, que la señalaron como un mecanismo para blindar la planilla política de esa administración. Firmado por Martinelli y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, el decreto reglamentó las leyes 39 y 127 de 2013, que establecieron un nuevo régimen de estabilidad para el sector público y extendieron a los funcionarios un sistema de indemnizaciones similar al del Código de Trabajo. Sin embargo, 11 años después, esas mismas normas han dejado una deuda millonaria y un rastro de casos administrativos sin resolver en múltiples entidades, que aún no logran cumplir con las obligaciones acumuladas. El reclamo La diputada de Vamos, Janine Prado, advirtió que la deuda acumulada por el pago de la prima de antigüedad en el sector público se ha convertido en un problema estructural que ninguna administración ha querido enfrentar. Recordó que existen “millones adeudados a miles de exfuncionarios en una prima de antigüedad que es un derecho laboral adquirido”, pero señaló que “ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene esa cifra”, lo que, a su juicio, evidencia “una negligencia e irresponsabilidad más de administraciones pasadas”. Afirmó que la nueva administración fiscaliza el tema “para que se llegue a cumplir con estos exservidores públicos”, muchos de los cuales —añadió— enfrentan enfermedades o incluso han fallecido sin recibir lo que les corresponde. “Existen deudas desde 2014”, advirtió, al subrayar que los gobiernos dejaron el tema “a discreción” de cada institución, sin controles ni planificación presupuestaria. Los ejemplos Los casos son numerosos. En septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló que el Minsa arrastra una deuda cercana a los 40 millones de dólares en concepto de prima de antigüedad acumulada desde 2014. Detalló que la institución trabaja en la elaboración de un listado oficial de exservidores para establecer un plan de pago gradual, con el objetivo de ordenar un compromiso que por años permaneció sin control administrativo ni proyección presupuestaria. También en septiembre, el Ministerio de Seguridad informó que había desembolsado 2 millones de dólares en pagos de prima de antigüedad a 305 exfuncionarios, mientras otros 294 cheques —por un total de 572,800 dólares— permanecen pendientes de retiro. La entidad también reconoció que mantiene 2,167 trámites adicionales en proceso, por una cuantía de al menos 8.3 millones de dólares, una muestra del volumen acumulado de obligaciones que durante años quedaron sin una gestión ordenada. Solo entre estas dos instituciones, el monto supera los 50 millones de dólares. La Caja de Seguro Social informó el año pasado que analizaba el pago de la prima de antigüedad a unos 6,000 exfuncionarios que han presentado solicitudes desde 2014. Para ello, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de partida por 24.6 millones de dólares, destinado a complementar el pago de este derecho laboral acumulado durante más de una década. Otras entidades, como el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, comunicaron que este año pagaron primas de antigüedad por más de 200,000 y 300,000 dólares respectivamente. En el presupuesto Instituciones como el Ministerio de Comercio e Industrias, incluyeron en su presupuesto de 2026 una partida de 2.1 millones de dólares para el pago de este derecho. Lo mismo hizo la Autoridad Nacional de Tierras, al incluir 650,000 dólares para este tema, y la Universidad de Panamá, que destinó 5 millones para pagar primas, bonificaciones y otros programas. Sobre este tema, el MEF informó que los montos no están centralizados y que cada entidad maneja su cifra de forma independiente. Asimismo, cada institución define cómo prioriza el pago de la prima de antigüedad. Esto hace difícil conocer el monto total de la deuda. Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, advierte que la deuda sigue creciendo sin control y que “la cantidad de funcionarios es muy alta y no se está cumpliendo con la ley”. Explica que algunas instituciones han comenzado a incluir en sus presupuestos el pago de este derecho, pero insiste en que se debe priorizar a quienes salieron del Estado después del 1 de enero de 2014, como establece la normativa. “Hemos luchado para que se pague, y los primeros deben ser los más antiguos y los que ya no están trabajando”, señaló, destacando que el Ministerio de Economía y Finanzas es una de las pocas entidades que ha dado ejemplo con desembolsos. Para Haynes, el rezago es tan profundo que la deuda arrastra historias dolorosas: “Hay personas que han fallecido esperando”. La falta de un registro activo mantiene detenido el acceso al cannabis medicinal. iStock Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==