1A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 16 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15202 Hoy por hoy El VIH en Panamá continúa siendo un desafío significativo, especialmente por el alto porcentaje de diagnósticos tardíos. Un estudio reciente reveló que el 72% de las personas diagnosticadas comienzan su tratamiento en etapas avanzadas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones y muerte. Esta situación refleja fallas en la detección temprana y en el acceso oportuno a los servicios de salud, particularmente en áreas rurales y comarcales, donde las desigualdades sociales y geográficas agravan el problema. A pesar de los avances en los tratamientos antirretrovirales, la falta de infraestructura adecuada, el estigma y las barreras económicas siguen limitando el acceso a la atención. Además, la mayoría de los pacientes afectados provienen de zonas de vulnerabilidad, lo que dificulta aún más su acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno. Es urgente un enfoque más efectivo que priorice la prevención, la eliminación de estigmas y la mejora en la disponibilidad de servicios de salud accesibles para todos. Ellas.pa Oscar Wilde: esteta, excéntrico e inmortal 5B Quintero pide ‘arropar’ a Carrasquilla en el Rommel 1B Deportes La batalla contra el VIH: Diagnóstico tardío pone a Panamá en alerta En Panamá, el 72% de las personas diagnosticadas con VIH o 7 de cada 10, reciben su diagnóstico en etapas avanzadas. Esto aumenta significativamente el riesgo de complicaciones graves y muerte, según un estudio reciente. VEA 6A Estado adeuda millones en prima de antigüedad Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Estado enfrenta una carga económica en compromisos de prima de antigüedad de exfuncionarios derivada de los efectos del Decreto Ejecutivo 52, aprobado por el expresidente Ricardo MartiFONDOS PÚBLICOS A raíz de un decreto reglamentado en 2014 se abrió la puerta para que funcionarios que se retiren reciban una prima o pago por sus años de servicio. nelli en 2014. Esta medida permitió el pago de prestaciones a los servidores públicos, incluida la prima de antigüedad, pero once años después ha dejado una obligación financiera que crece cada año y sigue sin resolverse. La diputada de Vamos Janine Prado denunció la negligencia de administraciones anteriores, al destacar que miles de exfuncionarios, muchos de ellos enfermos o fallecidos, aún no han recibido sus pagos. La deuda acumulada, cuyo monto total sigue siendo incierto, se ha convertido en un problema estructural sin una solución clara. Algunos ejemplos muestran la magnitud del problema: el Ministerio de Salud arrastra una deuda cercana a $40 millones, el Ministerio de Seguridad ha desembolsado $2 millones y a la Caja de Seguro Social en 2024 la Asamblea Nacional le aprobó $24.6 millones para 6,000 exfuncionarios. Otras instituciones han empezado a incluir partidas en sus presupuestos, pero la deuda sigue creciendo sin control. VEA 2A 15.7 millones de chilenos van hoy a las urnas Por primera vez el voto es obligatorio Chile celebra hoy sus novenas elecciones presidenciales desde el fin de la dictadura (1990), con la novedad del voto obligatorio. 15.7 millones de chilenos están llamados a votar. Los candidatos son de izq. a der.: Franco Parisi, del Partido de la Gente; Jeannette Jara, de Unidad; Marco Enríquez-Ominami, independiente; Johannes Kaiser, del Partido Libertario; José Antonio Kast, del Republicano y Social Cristiano; Eduardo Artés, independiente; Evelyn Matthei, del partido Chile Grande y Unido y Harold Mayne-Nicholls, independiente. EFE El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral instaló ayer la mesa de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Cortesía La negociación para definir el salario mínimo de 2026 comenzó ayer sábado en medio de tensiones sociales y económicas. Los sindicatos, liderados por Aniano Pinzón, exigen un aumento del salario mínimo a 900 dólares, al argumentar que la brecha con la canasta básica es insostenible. En contraste, los empresarios alertaron sobre el desempleo, la informalidad y la precariedad de las pequeñas empresas. Advierten que cualquier ajuste podría profundizar la crisis laboral. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, llamó a la prudencia y destacó la falta de reformas estructurales en el sistema de fijación salarial, mientras que el asesor René Quevedo señaló que la economía panameña está siendo sostenida por el endeudamiento, con un desempleo que podría superar el 10% en los próximos meses. VEA 4A COMISIÓN TRIPARTITA Sayagués:empleoyeducación para superar desafíos fiscales Salario mínimo: La lucha por los $900 y las advertencias de los empresarios Tras la decisión de Moody’s de mantener el grado de inversión de Panamá, Rodrigo Sayagués, socio director de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, destaca que el país aún enfrenta desafíos fiscales, como la baja recaudación y el elevado gasto estatal. En su opinión, más allá de una posible reforma fiscal, es crucial modernizar la educación y enfocarse en generar empleo. VEA 7A Irán lanza misiles contra la base militar de Estados Unidos en Catar sin causar grandes daños www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 La implementación del cannabis medicinal en Panamá entra nuevamente en una fase de expectativas y dudas entre los pacientes. Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) anunció modificaciones al decreto que regula la Ley 242 del 13 de octubre de 2021 sobre el cannabis medicinal —incluyendo la futura disponibilidad del producto en farmacias autorizadas—, las organizaciones de pacientes mantienen una postura cautelosa. Entre ellas Enma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas. Pinzón, paciente con enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas, recuerda que el cannabis medicinal no es un tema de moda, sino una alternativa terapéutica respaldada por evidencia científica internacional. En su caso, asegura que ha encontrado alivio significativo sin someter su cuerpo a los efectos adversos de medicamentos tradicionales como los antiinflamatorios no esteroideos (Aines). El director de Farmacias y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, afirmó recientemente en una entrevista a La Prensa que, con las modificaciones al decreto, el país está más cerca de ver los primeros productos del cannabis en las góndolas de farmacias autorizadas. Sin embargo, la representante de los pacientes advierte que el anuncio no abarca todos los pasos necesarios para garantizar un acceso real y seguro. Consultada sobre si esta vez el proceso realmente avanzará o si podría volver a estancarse, Pinzón fue clara en señalar que aún faltan elementos esenciales, ya que “el decreto ayuda para la apertura de farmacias y la distribución del producto, sin embargo, todavía no tenemos noticias de que el registro de paciente esté habilitado”. El registro es un componente clave de la regulación, ya que permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico y evitar desvíos del producto. Su ausencia deja a los pacientes en un limbo: sin registro, las farmacias no podrán despachar y los médicos no podrán formalizar las prescripciones, aunque el producto llegue al país. El registro de los pacientes es competencia ya de la Dirección General de Salud del Minsa. La capacitación médica: un punto de debate Otro de los cambios anunciados por el Minsa fue la eliminación del curso obligatorio que debían tomar los médicos para poder recetar cannabis medicinal. Con el ajuste, cualquier médico autorizado podrá emitir una receta. Aunque algunos sectores lo celebran como un paso para agilizar el sistema, Pinzón sostiene que la medida debe analizarse con prudencia. “El hecho de que eliminen la obligatoriedad de que los médicos se capaciten, no significa que aquellos médicos que están interesados en manejar de forma adecuada el medicamento, si optarán por la capacitación, nos toca a nosotros los pacientes saber escoger nuestros médicos”, afirmó. Para Pinzón, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el paciente, pero reconoce que, en la práctica, la información y la reputación médica serán claves para recibir un tratamiento adecuado. El uso medicinal del cannabis requiere conocimientos específicos sobre dosis, ¿Por qué el cannabis medicinal aún no llega a los pacientes en Panamá? ALTERNATIVA TERAPÉUTICA interacciones medicamentosas, mecanismos de acción y efectos secundarios. La voluntariedad de la capacitación podría generar desigualdades entre quienes accedenaunmédicoformadoy quienes no. Sin lista cerrada de enfermedades Otra modificación importante fue la eliminación de la lista cerrada de enfermedades para las cuales se permitía el uso del cannabis medicinal. Este cambio fue recibido con satisfacción por Pinzón, quien subraya que la ciencia es dinámica y que mantener un listado rígido sería contrario al avance del conocimiento. “El eliminar la lista colabora porque la investigación siempre continúa y puede ser que en el tiempo se encuentren otras enfermedades en donde el producto va a funcionar y el tener una lista cerrada, obstaculiza el acceso del paciente al avance de la ciencia”, explicó. Para los pacientes, esto significa que cualquier persona con una condición avalada clínicamente podrá ser evaluada por su médico para considerar si el cannabis es una alternativa viable, sin depender de una lista que podría quedar obsoleta. La participación de empresas privadas Según el Minsa, ya existen cinco empresas con licencias de operación y tres con licencias de sustancias controladas, lo que indica que el proceso productivo y logístico avanza. Sin embargo, las empresas deben solicitar los permisos necesarios en los países de donde importarán el cannabis. Pinzón reconoce el rol del sector privado, pero subraya que la responsabilidad final de garantizar la calidad recae en el Estado, pues “la Dirección de Farmacias y Drogas ya tiene una normativa para hacer cumplir, solo toca que en el tiempo la ejerza para asegurar la calidad y la seguridad de los productos que se le van a ofrecer a los pacientes”. Disponibilidad y precios El director nacional de Farmacias y Drogas aseguró que los productos estarán disponibles “pronto”. Pero para Pinzón, la verdadera preocupación no es solo la fecha, sino el costo. “El cannabis al que tendremos acceso es el importado, y lógicamente, va a ser más caro que el que sea producido en Panamá y la producción local va a tomar unos años más”, advirtió. Esto significa que, aunque la implementación avance, los primeros pacientes podrían enfrentar precios elevados, lo que limitaría el acceso para personas de bajos ingresos o sin seguro privado. Para las organizaciones de pacientes, aún falta lo más esencial: que el sistema funcione de principio a fin. Sin registro habilitado, capacitación clara, precios accesibles y supervisión estricta. Pinzón resume el sentir de muchos: la implementación real todavía no está garantizada. Según organizaciones de servidores públicos, el MEF es de las pocas instituciones que mantiene al día el pago de las primas de antigüedad. Archivo 11 años de primas de antigüedad sin pagar y en constante crecimiento Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] PRESTACIONES LABORALES Una norma de 2013 para el sector público ha generado una deuda millonaria y numerosos casos administrativos sin resolver en varias entidades. Atres días de dejar el poder, el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) aprobó el Decreto Ejecutivo 52, que habilitó el pago casi inmediato de prestaciones a los servidores públicos, incluida la prima de antigüedad y las indemnizaciones por renuncia o destitución. En su momento, la medida fue cuestionada por diversos sectores, que la señalaron como un mecanismo para blindar la planilla política de esa administración. Firmado por Martinelli y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, el decreto reglamentó las leyes 39 y 127 de 2013, que establecieron un nuevo régimen de estabilidad para el sector público y extendieron a los funcionarios un sistema de indemnizaciones similar al del Código de Trabajo. Sin embargo, 11 años después, esas mismas normas han dejado una deuda millonaria y un rastro de casos administrativos sin resolver en múltiples entidades, que aún no logran cumplir con las obligaciones acumuladas. El reclamo La diputada de Vamos, Janine Prado, advirtió que la deuda acumulada por el pago de la prima de antigüedad en el sector público se ha convertido en un problema estructural que ninguna administración ha querido enfrentar. Recordó que existen “millones adeudados a miles de exfuncionarios en una prima de antigüedad que es un derecho laboral adquirido”, pero señaló que “ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene esa cifra”, lo que, a su juicio, evidencia “una negligencia e irresponsabilidad más de administraciones pasadas”. Afirmó que la nueva administración fiscaliza el tema “para que se llegue a cumplir con estos exservidores públicos”, muchos de los cuales —añadió— enfrentan enfermedades o incluso han fallecido sin recibir lo que les corresponde. “Existen deudas desde 2014”, advirtió, al subrayar que los gobiernos dejaron el tema “a discreción” de cada institución, sin controles ni planificación presupuestaria. Los ejemplos Los casos son numerosos. En septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló que el Minsa arrastra una deuda cercana a los 40 millones de dólares en concepto de prima de antigüedad acumulada desde 2014. Detalló que la institución trabaja en la elaboración de un listado oficial de exservidores para establecer un plan de pago gradual, con el objetivo de ordenar un compromiso que por años permaneció sin control administrativo ni proyección presupuestaria. También en septiembre, el Ministerio de Seguridad informó que había desembolsado 2 millones de dólares en pagos de prima de antigüedad a 305 exfuncionarios, mientras otros 294 cheques —por un total de 572,800 dólares— permanecen pendientes de retiro. La entidad también reconoció que mantiene 2,167 trámites adicionales en proceso, por una cuantía de al menos 8.3 millones de dólares, una muestra del volumen acumulado de obligaciones que durante años quedaron sin una gestión ordenada. Solo entre estas dos instituciones, el monto supera los 50 millones de dólares. La Caja de Seguro Social informó el año pasado que analizaba el pago de la prima de antigüedad a unos 6,000 exfuncionarios que han presentado solicitudes desde 2014. Para ello, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de partida por 24.6 millones de dólares, destinado a complementar el pago de este derecho laboral acumulado durante más de una década. Otras entidades, como el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, comunicaron que este año pagaron primas de antigüedad por más de 200,000 y 300,000 dólares respectivamente. En el presupuesto Instituciones como el Ministerio de Comercio e Industrias, incluyeron en su presupuesto de 2026 una partida de 2.1 millones de dólares para el pago de este derecho. Lo mismo hizo la Autoridad Nacional de Tierras, al incluir 650,000 dólares para este tema, y la Universidad de Panamá, que destinó 5 millones para pagar primas, bonificaciones y otros programas. Sobre este tema, el MEF informó que los montos no están centralizados y que cada entidad maneja su cifra de forma independiente. Asimismo, cada institución define cómo prioriza el pago de la prima de antigüedad. Esto hace difícil conocer el monto total de la deuda. Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, advierte que la deuda sigue creciendo sin control y que “la cantidad de funcionarios es muy alta y no se está cumpliendo con la ley”. Explica que algunas instituciones han comenzado a incluir en sus presupuestos el pago de este derecho, pero insiste en que se debe priorizar a quienes salieron del Estado después del 1 de enero de 2014, como establece la normativa. “Hemos luchado para que se pague, y los primeros deben ser los más antiguos y los que ya no están trabajando”, señaló, destacando que el Ministerio de Economía y Finanzas es una de las pocas entidades que ha dado ejemplo con desembolsos. Para Haynes, el rezago es tan profundo que la deuda arrastra historias dolorosas: “Hay personas que han fallecido esperando”. La falta de un registro activo mantiene detenido el acceso al cannabis medicinal. iStock Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 Foto ilustrativa. La audiencia se realiza en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en la Plaza Ágora. Alexander Arosemena De las costas de Chepo a Pedregal y de ahí, al aeropuerto de Tocumen Juan Manuel Díaz [email protected] LA RUTA SECRETA DE LA DROGA El fiscal de Drogas relató que Pedregal se convirtió en el ‘centro logístico de acopio’ de la red criminal y que la droga era movilizada por una empresa de transporte de combustibles. El corregimiento de Pedregal, en el distrito de Panamá, se convirtió en el sitio de acopio de la droga procedente de Colombia que llegaba a las costas de Chepo y que luego era introducida al Aeropuerto Internacional de Tocumen para ser sacada del país. Así lo reveló el fiscal de Drogas Julio Campines al sustentar los cargos para las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí, por medio de las cuales se desmanteló una red criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Al dar inicio a sus alegaciones para sustentar la imputación de cargos por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, el fiscal Campines planteó que una célula de esta red criminal era la encargada de recibir la droga procedente de Colombia por las costas de Chepo y luego, llevarla hasta El Naranjal de Pedregal, almacenarla y, por último, introducirla al aeropuerto de Tocumen. Campines relató que Pedregal se convirtió en el “centro logístico de acopio” de esta organización y que la droga era movilizada por una empresa de transporte de combustibles. Durante la audiencia, que inició a la 11:35 a.m. de ayer pero que estaba prevista para las 10:30 a.m., el fiscal Campines detalló que otros miembros de la organización tenían botes artesanales en los que recogían droga que era transportada en otras embarcaciones procedentes de Colombia. La droga llegaba a Darién, a las costas de Chepo en la provincia de Panamá y a las de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé. El fiscal relató que el grupo llegó a recibir estupefacientes en forma líquida de Colombia, con los que, posteriormente, se elaboraron “tortas de droga” que fueron movidas hacia el interior del país. En su intervención, el fiscal Campines identificó a Edie Gálvez como el presunto cabecilla del grupo, quien era el encargado de realizar las reuniones para coordinar el movimiento de la droga, de delegar funciones y asignar tareas a otros miembros. La fiscalía vincula a Gálvez con el decomiso, en febrero de 2023, de 12 planchas con droga que fueron transportadas desde Colombia hasta el corregimiento de Mañanitas, en el distrito de Panamá, y con el decomiso de 102 paquetes con drogas en enero de 2023, que fueron transportados en una embarcación hasta la provincia de Darién. Los agentes antidrogas pudieron establecer que Gálvez realizaba reuniones en hoteles ubicados en el área este de la ciudad de Panamá, así como en las barriadas Villa Lucre y Brisas del Golf, ubicadas en el distrito de San Miguelito. Los tumbadores Campines también reveló que la red criminal mantenía un grupo que se dedicaba a la sustracción de drogas (tumbe) a otros grupos que introducían droga desde Colombia. Este grupo estaba armado con pistolas y fusiles para amedrentar a posibles competidores a quienes robaban la droga. Relató que tal fue el caso de 240 kilos de cocaína decomisados por las autoridades en la comunidad de La Mesa de San Martín, en el corregimiento de Pacora. Este grupo también estuvo implicado en el tumbe de 22 kilos de droga en el área del El Naranjal de Pedregal; en esa ocasión también se ubicaron siete armas de fuego. De acuerdo con la investigación, otro miembro del grupo se encargaba de los pagos por las diversas tareas que debían cumplir. Se hacían pagos de $1,000, $500, $650 y $750 por labores de transporte, vigilancia, custodia y entrega de combustible paras las lanchas. Otras detenciones La Policía Nacional informó el viernes sobre la detención de un hombre en el corregimiento de Pedregal, requerido por su presunta vinculación con esta red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la conspiración para cometer delitos relacionados con estupefacientes. Asimismo, las autoridades reportaron ayer que durante una acción preventiva se realizó la aprehensión de otro ciudadano en la Estación 24 de Diciembre del metro. La persona es requerida por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. Estas aprehensiones se suman a las diligencias realizadas el pasado miércoles en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, en el marco de las operaciones Eros y Colibrí. Para hoy se tiene previsto que la Fiscalía de Drogas presente la aplicación de medidas cautelares para los implicados, lo que deberá ser evaluado por la juez Sandra Castillo. Algunos abogados defensores alegan que la fiscalía no ha hecho una presentación convincente de los cargos, ya que durante los operativos se detuvo a personas por simples conversaciones telefónicas no relacionadas con el tráfico de drogas. También han señalado que en esta investigación se quiere procesar a personas por hechos que ya fueron investigados y por los que hay personas cumpliendo penas de prisión, es decir casos ya juzgados y que tiene sentencias en firme. Panorama
4A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 Panorama La Corte Suprema de Justicia no admitió cuatro demandas de inconstitucionalidad y dos amparos de garantías constitucionales contra normas que regulan los ascensos en la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Bajo la ponencia del magistrado suplente Juan Francisco Castillo, la Corte rechazó una demanda contra el Decreto Ejecutivo 899 de 2020 y otra contra los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 30 de enero de 2025, que amplía el ciclo de presentación de documentos para aspirantes a ascensos. Otras dos demandas contra el Decreto 899 también fueron desestimadas. Además, el máximo tribunal no admitió dos amparos presentados contra la Orden General del 30 de enero de 2025 que dispuso ascensos dentro del escalafón policial. Las acciones habían sido interpuestas por la abogaCSJ desestima recursos contra normas de ascensos en estamentos de Seguridad ESCALAFÓN da Zulay Rodríguez en representación de distintos miembros de los estamentos de seguridad. En enero, unas 400 unidades de la Policía, el Senafront y el Senan denunciaron ante la Defensoría del Pueblo irregularidades en los ascensos, lo que motivó una investigación. Aunque algunos afectados acudieron a la Corte y a la Sala Tercera para reclamar, la mayoría de los recursos fue rechazada. La Sala Tercera mantiene en trámite unas 30 demandas de nulidad contra decretos de ascensos emitidos en 2024 y 2025. Ayer se desarrolló la primera jornada de la Comisión Nacional de Salario Mínimo; el debate apenas comienza. Cortesía/Mitradel Salario mínimo: el difícil equilibrio entre urgencia y riesgo económico Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] COMISIÓN TRIPARTITA El país entra a una negociación marcada por profundas tensiones y un diagnóstico claro: la economía no ofrece márgenes amplios, pero las necesidades sociales tampoco permiten postergaciones. La mañana de ayer cayó pesada sobre el edificio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), donde la instalación de la Comisión de Salario Mínimo dejó ver, desde el primer saludo, que el país entraba a una negociación cargada de tensiones viejas y urgencias nuevas. En los pasillos de esa entidad estatal, mientras se acomodaban las delegaciones, ya se repetía la misma idea: la economía llega sin aire, pero las necesidades sociales ya no admiten espera. Los sindicatos ocuparon sus puestos con una demanda que llevan como un estandarte desde hace décadas: empujar el salario mínimo hacia los 900 dólares mensuales, el punto que —según dicen— toca por fin la vida real. Empuñaban cifras de crecimiento acumulado y recordaban, con tono fatigado, que el poder adquisitivo se ha ido deshaciendo como sal en agua. Del otro lado de la mesa, los empresarios hablaban del otro rostro del país: un desempleo que ya coquetea con los dos dígitos, más de 700 mil panameños en la informalidad y miles de pequeñas empresas que sobreviven apenas por terquedad. La demanda de los trabajadores Cuando tomó la palabra, Aniano Pinzón, presidente del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), dejó claro que la discusión no arrancaba en cero. “Los trabajadores panameños tenemos más de tres décadas de estar exigiendo sin éxito un salario mínimo decente, un salario que permita cubrir la canasta completa de bienes y servicios y no solamente la comida”, recordó, como si describiera una herida. Habló de gobiernos y empresarios repitiendo, año tras año, que no hay condiciones económicas, incluso en un país que llegó a ser el de mayor crecimiento en la región. Para él, ese argumento ya no resiste el peso de la historia. En medio del silencio de la sala, Pinzón retomó las cuentas que Conato había presentado en la última fijación salarial en 2023: la canasta saludable del Ministerio de Salud, calculada en 1,800 dólares para una familia típica. “Eso significa que, en un hogar con dos personas ocupadas, el salario mínimo debía ser de 900 dólares por mes”, dijo. Pero la realidad era otra: 577 dólares promedio. La brecha —insistió— exigía un ajuste de casi 58%, mientras que los últimos aumentos apenas avanzaron entre 4% y 6%. Para él, hablar de productividad, capacidades y crecimiento económico sin revisar salarios es repetir una ecuación incompleta. El Gobierno y los empresarios La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, intervino con un tono que buscó equilibrar la sala. Pidió respeto, autocrítica y recordó que la empresa privada —más que el Gobierno— sostiene el movimiento del empleo. “El sector empleador, quienes son realmente los encargados de la economía del país… el Gobierno no puede seguir cargando con el país”, dijo, marcando la línea de una mesa que deberá tomar decisiones para 2026. También lanzó un aviso: el mecanismo de fijación del salario mínimo arrastra más de 60 años sin ajustes estructurales, y quizá esta sea la última mesa que funcione con el modelo intacto. Del lado empresarial, Gabriel Diez hijo pidió algo que pareció más una súplica que una recomendación: prudencia. Habló de hogares que ya no logran cubrir lo básico, pero también de pymes operando al borde del colapso. Dijo que la negociación ocurre en un momento “especialmente frágil” y puso sobre la mesa dos cifras que congelaron varias miradas: un desempleo que supera el 10%, es decir, más de 320 mil personas buscando trabajo, y unos 700 mil panameños atrapados en la informalidad o el subempleo. Cualquier ajuste, advirtió, podría empujar a más empresas al precipicio. La realidad laboral El análisis más crudo vino del asesor laboral René Quevedo, quien recordó que la coyuntura económica presiona a esta Comisión como pocas veces antes. Aunque el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría (INEC) no ha publicado aún el Informe Laboral de 2025, todos dan por hecho que el desempleo volverá a los dos dígitos, un nivel que no se veía —fuera de la pandemia— desde 2005. Quevedo desgranó cifras: entre 2012 y 2024, el país perdió 24 mil empleos privados formales, mientras sumó 63 mil funcionarios y 264 mil informales. “Por cada trabajador privado que pierde su empleo, lo reemplazan tres funcionarios y diez informales”, dijo. A eso se suma un salto de casi 40 mil millones de dólares en la deuda externa. Para Quevedo, el país se ha convertido en una economía sostenida por endeudamiento y no por productividad, una estructura que se agravó tras el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión en marzo de 2024. Los síntomas —déficit de circulante y contracción del consumo— se sienten hoy en cada mesa de discusión. Y mientras los delegados recogían sus documentos al final de la jornada, quedó flotando una sensación difícil de ignorar: esta negociación que abarca nueve sesiones en el Mitradel no solo decidirá un salario, sino el rumbo de un modelo laboral que ha empezado a mostrar sus límites. El Ministerio de Cultura confirmó que el fuerte San Jerónimo, en Portobelo, no sufrió daños tras la inundación parcial registrada recientemente. Una inspección técnica del 7 de noviembre determinó que la estructura histórica permanece estable y sin afectaciones en las áreas intervenidas. La revisión, realizada por instituciones del Gobierno, el Patronato de Portobelo y San Lorenzo y las empresas a cargo de la restauración, incluyó la cerca de protección junto a la quebrada de Guinea, considerada una zona crítica. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que la intervenFuerte San Jerónimo, sin daños tras la inundación; realizan labores de limpieza PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL ción del fuerte se coordina con el Ministerio de Ambiente, dado su valor como patrimonio cultural y natural, y dijo que están a la espera del estudio ambiental para avanzar en los trabajos. Entre las obras previstas están la restauración de la estructura y la adecuación de canales de agua para evitar nuevas afectaciones por crecidas vinculadas al cambio climático. Un equipo socioambiental también verificó viviendas cercanas, donde no se reportaron daños. Antes de la inspección oficial, la empresa responsable ya había realizado una revisión preliminar y laOhigginis Arcia Jaramillo [email protected] Hay en trámite unas 30 demandas de nulidad contra decretos de ascensos. Elysée Fernández Fuerte San Jerónimo, en Portobelo, Colón. Alexander Arosemena bores de limpieza. El proyecto cuenta con planos finales aprobados, incluidos los anteproyectos para recuperar un muro inclinado hacia la quebrada, considerados esenciales para estabilizar el terreno y reforzar la protección del sitio. PRENSA.COM Escanea el código QR y accede a más información sobre este tema.
5A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025
6A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 Panorama Realizarse pruebas de VIH es clave para el diagnóstico temprano, la prevención de complicaciones y la protección de la salud de todos. iStock Siete de cada 10 personas llegan tarde al tratamiento para el VIH Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El 72% de las personas con VIH en Panamá inicia tratamiento tarde. Un estudio revela graves brechas en diagnóstico, acceso y atención, especialmente en zonas rurales. El 72% de las personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Panamá inicia su tratamiento en etapas avanzadas, una condición que incrementa drásticamente el riesgo de complicaciones, infecciones oportunistas y mortalidad. Esta cifra, revelada por un estudio reciente, evidencia un desafío urgente para el sistema de salud y para la respuesta nacional frente al VIH, especialmente en lo relacionado con la detección temprana, el acceso a servicios y la continuidad del tratamiento. La investigación, titulada “Características sociodemográficas y clínico-epidemiológicas relacionadas a enfermedad avanzada al momento de diagnóstico y a la mortalidad por VIH en Panamá”, analiza en detalle los factores que influyen en el diagnóstico tardío y en los desenlaces fatales asociados al VIH. El estudio expone desigualdades sociales, territoriales y estructurales que afectan a miles de personas, particularmente en contextos rurales, comarcales y urbanos marginados. El informe fue elaborado por la Planta de Generación de Energía Social (PGES), en colaboración con el Ministerio de Salud (Minsa), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la organización IntraHealth International. El estudio fue liderado por la investigadora Amanda Gabster, cuya coordinación científica permitió integrar evidencia robusta y análisis multidisciplinarios. Esta alianza institucional combinó experiencia técnica, datos clínicos y conocimiento comunitario para profundizar en un problema que continúa cobrando vidas, a pesar de los avances en terapias antirretrovirales (TARV). Dónde se realizó la investigación El estudio se desarrolló en siete centros de atención públicos distribuidos en distintas regiones del país. Participaron las clínicas de David, Colón y San Miguelito, además de dos instalaciones ubicadas en la comarca Ngäbe Buglé (San Félix y Pueblo Nuevo), y los hospitales Nicolás Solano y Santo Tomás en la ciudad de Panamá. Esta selección permitió abarcar zonas urbanas, rurales y comarcales, identificando patrones diferenciados en el acceso al diagnóstico y al tratamiento. El análisis se centró en personas que ingresaron al sistema de salud con enfermedad avanzada o que fallecieron mientras vivían con VIH. Con esta muestra, los investigadores evaluaron la calidad de la atención, los factores asociados a los retrasos en el inicio del tratamiento y las causas que influyen directamente en la mortalidad. Quiénes son los más afectados La mayor parte de los pacientes evaluados tenía entre 20 y 34 años, y la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Además, muchos enfrentaban condiciones de vulnerabilidad que dificultan su acceso oportuno a servicios de salud: desempleo, trabajo informal, migración interna y limitaciones económicas. Estos factores, combinados con el estigma social, crean múltiples barreras para realizarse una prueba de VIH o iniciar el tratamiento con rapidez. En total, los investigadores revisaron 199 expedientes clínicos de personas que ingresaron al sistema sanitario con enfermedad avanzada entre enero de 2021 y marzo de 2022. Del total, el 79% correspondió a hombres y el 21% a mujeres, una proporción que refleja la presencia de cuatro hombres por cada mujer. La distribución geográfica también fue desigual. Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón concentraron el 68% de los casos, siendo el Hospital Santo Tomás el principal centro de atención, con 113 expedientes analizados, equivalentes al 57% del total nacional. Esta concentración sugiere que las rutas de atención de mayor complejidad siguen recayendo en los hospitales urbanos. Mientras tanto, en Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé se registró el 32% de los casos, también con un predominio masculino significativo: cinco hombres por cada mujer en Chiriquí y seis por cada mujer en Ngäbe Buglé. Esta distribución evidencia la alta carga masculina en los ingresos por VIH avanzado y muestra que la mayoría de estos pacientes acude a centros hospitalarios cuando la enfermedad ya ha progresado gravemente. El análisis también revela que las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón presentan las tasas más altas de inicio tardío del tratamiento antirretroviral (TARV), lo que coincide con la mayor concentración de casos de enfermedad avanzada. Al mismo tiempo, las zonas comarcales y rurales siguen enfrentando limitaciones estructurales, como escasa capacidad diagnóstica, falta de personal especializado y barreras geográficas que dificultan la continuidad de la atención. Perfil sociodemográfico El estudio analizó igualmente las condiciones educativas, económicas y territoriales de las personas que ingresaron con enfermedad avanzada. La mayoría contaba con educación media (24%) o universitaria (21%), aunque un 18% solo había completado primaria y un 19% premedia. Estas diferencias fueron más evidentes entre hombres y mujeres. En el ámbito laboral predominaban personas desempleadas (33%) o con trabajos informales (35%), lo que dificulta el acceso oportuno a pruebas y controles de salud. En el caso de las mujeres, el rol de administradoras del hogar fue significativamente más frecuente (39%), una condición que también influye en la posibilidad de acudir a servicios médicos de manera regular. Estos datos reflejan que las desigualdades educativas, laborales y territoriales influyen en el diagnóstico tardío y en la falta de continuidad en la atención, especialmente en áreas rurales y comarcales donde persisten limitaciones estructurales. Las infecciones oportunistas más frecuentes Entre las infecciones oportunistas registradas destacan la candidiasis, la tuberculosis, la toxoplasmosis y la histoplasmosis. Estas enfermedades, asociadas a un sistema inmunológico debilitado, refuerzan la necesidad de detectar el VIH en etapas tempranas, cuando el tratamiento puede prevenir complicaciones graves y mejorar significativamente la calidad de vida. Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es que una proporción importante de las muertes ocurrió en pacientes que ya estaban en tratamiento, pero cuyos expedientes médicos estaban incompletos o sin diagnósticos confirmados. La falta de información clínica limita la capacidad del sistema de salud para brindar una atención adecuada y comprender plenamente las causas de estos fallecimientos. En la comarca Ngäbe Buglé, el panorama es aún más crítico: la mitad de los expedientes de personas fallecidas carecía de un diagnóstico preciso al momento de la muerte, una señal clara de las brechas profundas que persisten en la capacidad local para detectar, confirmar y tratar el VIH y sus complicaciones. A pesar de los desafíos, el estudio destaca la labor del personal de salud y de líderes comunitarios, quienes han desarrollado estrategias adaptadas a las realidades locales. En zonas rurales y comarcales, médicos y promotores trabajan en conjunto con figuras tradicionales para acompañar a las personas que viven con VIH, mejorar la adherencia al tratamiento y fortalecer los mecanismos de detección temprana. Pruebas y tratamiento son claves Para la coordinadora de AIDS Healthcare Foundation (AHF) en Panamá, Natasha Dormoi, el diagnóstico tardío del VIH está estrechamente vinculado a dos factores principales: el bajo nivel de conocimiento sobre el virus y las barreras estructurales dentro del sistema de salud. Explicó que aún persisten mitos, estigma y temor a ser señalados, lo que provoca que muchas personas eviten hacerse la prueba y busquen atención solo cuando presentan síntomas o infecciones avanzadas. Dormoi señaló que el acceso al diagnóstico oportuno sigue siendo limitado en varias zonas del país, donde las distancias, la falta de personal capacitado y los tiempos de espera entre el resultado reactivo, la confirmación y la vinculación al tratamiento pueden tardar semanas. A esto se suma que muchas personas no saben adónde acudir tras una prueba positiva. Para reducir estas brechas, AHF Panamá puso en marcha un programa comunitario de prevención, pruebas y vinculación en la comarca Ngäbe Buglé, una de las regiones con mayores dificultades de acceso. En coordinación con el Minsa y líderes locales, el equipo realiza jornadas para informar, distribuir insumos de prevención, aplicar pruebas rápidas y acompañar a las personas en el proceso de confirmación e inicio del tratamiento. La organización también colabora con siete clínicas de tratamiento antirretroviral, apoyando la adherencia y la retención de pacientes. Dormoi destaca que el trabajo conjunto con las redes comunitarias es clave para asegurar que las personas detectadas lleguen a los servicios de salud y se mantengan en tratamiento, un paso esencial para reducir la mortalidad asociada al VIH avanzado. Durante la presentación del estudio, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, subrayó que Panamá cuenta con las herramientas para hacer frente al VIH, pero necesita “superar los tabúes y priorizar la prevención”. La evidencia presentada demuestra que cuando el conocimiento científico se une al compromiso social, las vidas se transforman, añadió. La evidencia es clara: el VIH ya no es una sentencia si se detecta a tiempo. Sin embargo, para muchas personas en Panamá, el retraso sigue siendo la norma. El estudio abre una oportunidad para replantear estrategias, derribar estigmas y acercar los servicios a las comunidades más aisladas. Cada diagnóstico temprano evita una infección avanzada y cada tratamiento continuo representa una vida que puede mantenerse activa y saludable. El defensor del Pueblo en Taboga. Cortesía Defensoría pide abrir el mercado a nuevos operadores para la isla Taboga TRANSPORTE TURÍSTICO Getzalette Reyes [email protected] Residentes y comerciantes de Taboga se reunieron con la Defensoría del Pueblo para abordar el polémico aumento en las tarifas del transporte marítimo hacia la isla. El viernes, el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, se trasladó a Taboga para tratar el reciente incremento en el precio de los pasajes y las diferencias entre las empresas que prestan el servicio. Durante el encuentro, Leblanc insistió en que la apertura a nuevos operadores es clave para generar precios más accesibles. “Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos. Por eso proponemos que el Concejo evalúe un mecanismo de identificación para los residentes de Taboga que les permita acceder a tarifas diferenciadas y acordes con lo aprobado. Este tipo de medidas ya se aplica en otros países y Panamá puede adoptarlas”, explicó. El defensor indicó además que la Defensoría ha sostenido acercamientos con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para analizar posibles afectaciones a la libre competencia y revisar las razones detrás de los aumentos reportados. El pasado 7 de noviembre, los operadores Taboga Express Fast Ferry y Barcos Calypso anunciaron una suspensión temporal de sus servicios hacia la isla, alegando la falta de garantías en la seguridad del muelle donde atracan las embarcaciones. La decisión se da en medio de un clima de tensión entre los residentes y las empresas marítimas, luego del aumento del costo del pasaje: de $20 a $24 para residentes y $30 para turistas, medida que provocó recientes protestas en el puerto.
7A La Prensa Panamá, domingo 16 de noviembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Grado de inversión ratificado; los riesgos fiscales continúan Aunque Panamá retuvo el grado de inversión de Moody’s, persiste el desempleo y la informalidad, el sistema educativo debe modernizarse y el gasto público continúa presionando las finanzas del Estado. Moody’s reconoce que, si bien las autoridades panameñas han reducido el déficit fiscal en 2025, se requieren acciones para una consolidación fiscal más rápida y efectiva. Alexander Arosemena Alex E Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Esta semana la economía panameña recibió dos importantes noticias. Por un lado, la calificadora de riesgo Moody’s mantuvo el grado de inversión, mientras que los bonos panameños mejoraron su posición dentro del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), pasando del puesto 9 al 7 entre los más seguros en Latinoamérica. Con una perspectiva de crecimiento superior al 4% para este año, la economía panameña tiene el viento a favor para regresar a los niveles previos a la pandemia, pero hay tareas pendientes por resolver, como el desempleo, la informalidad, la baja recaudación fiscal y un elevado gasto estatal. Rafael Sayagués, socio director de Deloitte para el Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, comentó que la decisión de Moody’s refleja la resiliencia de la economía panameña, que en los últimos años pasó de un crecimiento superior al 7% a un 2.9% el año pasado, para luego aspirar a un 4% en 2025. Más allá de la ratificación del grado de inversión, Sayagués estima que el país debe centrarse en resolver los pendientes que hicieron que, a pesar de los avances — como las reformas a la Caja del Seguro Social—, la calificadora mantuviera la perspectiva negativa. La agencia de calificación indica que “la decisión de mantener la perspectiva negativa refleja que persisten riesgos para el proceso de consolidación fiscal, principalmente debido a la rigidez presupuestaria y la baja recaudación de ingresos”. Moody’s reconoce que, si bien las autoridades han reducido el déficit fiscal en 2025, se requieren acciones gubernamentales adicionales para lograr una consolidación fiscal más rápida y efectiva que revierta la tendencia creciente de la deuda, en consonancia con los planes del Gobierno. Aunque incrementar la recaudación de ingresos — quizás a través de una reforma fiscal— es una de las principales recomendaciones de las calificadoras de riesgo, Sayagués estima que su implementación en estos momentos no sería el camino más factible, ya que sería el mismo porcentaje de la población económicamente activa el que cargaría con un eventual ajuste tributario. En su opinión, las acciones deben estar enfocadas en incrementar la generación de puestos de empleo y reducir la informalidad, que roza el 50% de la población. “Es esencial en este momento que las políticas públicas busquen la inserción de los emprendedores, de la pequeña empresa, del microempresario, del profesional, porque eso ayudará a reducir el déficit fiscal y aumentar la base de contribuyentes”, señaló el ejecutivo de Deloitte, quien agrega que, al fomentarse la generación de empleos formales, mejora la calidad de vida de las personas, disminuyendo así los niveles de subsidios. De acuerdo con René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, la economía panameña ha enfrentado una fuerte contracción del consumo, cuyo “epicentro” se encuentra en Panamá y Panamá Oeste, donde, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, según datos de la Contraloría General, se perdieron más de 125 mil empleos, así como $60 millones mensuales de masa salarial. Según Quevedo, estas cifras representan el 47% de la contracción del consumo a nivel nacional en el primer semestre de 2025. Agrega que, tal como advirtió Moody’s, persisten riesgos para el proceso de consolidación fiscal debido a las rigideces del gasto público y la baja recaudación, por lo que se requieren medidas adicionales para acelerar el ajuste y contener el aumento de la deuda. Sobre la mejoría en la percepción de riesgo de los inversionistas respecto a los títulos de Panamá, Quevedo menciona que en abril de 2022 los bonos panameños eran calificados como los terceros más seguros de Latinoamérica, solo superados por los de Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión. No obstante, explica que en octubre de 2024 la situación era totalmente diferente, con los bonos ocupando el puesto 9, incluso superay se logre cumplir con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y generemos empleo formal para los panameños, nuestra perspectiva podrá mejorar”, destacó Diez. En sus proyecciones más recientes, divulgadas después de julio, los organismos multilaterales coinciden en que Panamá retomará un ritmo de expansión superior al promedio regional en 2025. El Banco Mundial estima que la economía crecerá 3.9% el próximo año, luego del 2.9% calculado para 2024, apoyada en la recuperación de la actividad logística, los servicios financieros y los proyectos de infraestructura. En la misma línea, la Cepal proyecta un aumento de 4.1% para 2025 y de 4.2% para 2026, cifras que sitúan al país entre los de mayor dinamismo de Centroamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, prevé que América Latina crecerá apenas 2.3% en 2025, pero destaca a Panamá como una de las economías con mejor trayectoria en la etapa pospandemia, con un desempeño que se ha mantenido cerca del 4% anual. Estas previsiones reflejan un consenso sobre el potencial de recuperación del país, pese a los desafíos fiscales y al impacto de la desaceleración regional. Listas y Estados Unidos Sumados a los retos internos, el socio director de Deloitte para el Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y el presidente del Conep estiman como prioritario para Panamá lograr la exclusión de cualquier lista discriminatoria, como la de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE). Sayagués señala que otras jurisdicciones que, al igual que Panamá, también estaban señaladas —como Hong Kong, Uruguay y Costa Rica— ya salieron de la lista, por lo cual estima prudente seguir el mismo camino que esos países. Esta semana Panamá volvió a solicitar a la UE poner fin a la inclusión de Panamá en las llamadas “listas discriminatorias” de países no cooperantes en materia fiscal. MACROECONOMÍA dos por países sin grado de inversión —Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y República Dominicana—, posición en la que se mantuvieron hasta septiembre de 2025, producto de la fuerte desaceleración de la economía y un perfil financiero a la baja. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, señaló que es importante que Panamá mantenga el grado de inversión con Moody’s, pero explica que la perspectiva se mantuvo en negativo porque no se ha resuelto el tema de la empresa minera, sumado a los retos fiscales. “En la medida en que negociemos cómo vamos a solucionar la situación de la mina, controlemos el déficit fiscal llevándolo a la baja René Quevedo. Archivo La contabilidad de los ingresos y los gastos Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] El Decreto Ejecutivo 170 de 1993 (DE 170/1993), reglamento del Impuesto sobre la Renta(ISR), indica que el contribuyente, quien es la persona natural o jurídica que genera renta gravable dentro de Panamá, deberá registrar sus ingresos, costos y gastos en un período fiscal en virtud de los registros contables que apliquen el sistema de devengado, de forma homogénea y aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En palabras sencillas, el sistema de devengado es aquel principio de contabilidad donde se registran los ingresos, costos y gastos en el momento en que ocurren o se registran, independientemente de si se ha cobrado lo facturado al cliente, o si se ha pagado la factura al proveedor. Por su parte, el sistema de caja es aquel método contable en el cual se registran los ingresos, costos y gastos en el momento en que se efectúe el cobro o se realice el pago. El artículo 20 del DE 170/1993 señala que la Dirección General de Ingresos (DGI) podrá autorizar, por medio de una resolución, a un contribuyente para que utilice el sistema de caja, de acuerdo con su tipo de actividad económica. El contribuyente deberá entonces aplicar de forma homogénea dicho sistema de caja al cual ha sido autorizado. Adicionalmente, y sin necesidad de requerir la autorización por parte de la DGI, podrán utilizar el sistema de caja las sociedades civiles dedicadas al ejercicio de profesiones liberales, las microempresas y las personas jurídicas cuyos ingresos gravables anuales no excedan de 250mil balboas. El sistema deberá ser homogéneo para los ingresos, costos y gastos. Señala la norma citada que, en el caso de las entidades bancarias, éstas quedarán facultadas para adoptar como normas técnicas de contabilidad para sus registros contables, la preparación de sus estados financieros y demás información requerida sobre sus operaciones, las siguientes: i) Las Normas Internacionales de Contabilidad de la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad; o ii) Los Principios Contables Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 85 79 87 195 205 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 83 247 215 210 200 Nivel máximo 89 pies Nivel máximo 252 pies América (“US-GAAP”). Para ello, el banco deberá notificar a la DGI con antelación cuál de estos sistemas acoge, el cual deberá ser acorde con el que ha informado a la Superintendencia de Bancos. Cápsula fiscal: Para realizar los registros de contabilidad, el contribuyente puede utilizar los sistemas magnéticos, no estando obligado a mantener un registro manual y para ello no se requiere obtener una autorización por parte de la DGI, siempre que se cumpla con los requisitos que la normativa establece. El autor es abogado especializado en materia tributaria. Rafael Sayagués. Cortesía
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