8A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. le interesa promover a quien habla. Nada más apartado de un diálogo. Esa frasecita de “hagan lo que digo, no lo que hago” resuena en mi cabeza. Malos recuerdos de épocas pasadas, pero de las que, aparentemente, no aprendimos nada. Al utilizar mal los términos con una población incapaz de notarlo, se vuelve la norma que una orden se disfrace de “comunicación”. Por ello, abundan los comunicados vacíos de las instituciones estatales, en los que nos ordenan aguantar callados las malas gestiones que realizan. “Por este medio, les comunicamos que mañana estarán sin agua, por servicios de mantenimiento en las áreas de tal y cual…” Un comunicado real debería ir más bien así: “Debido a nuestra falta de programación y nuestra pésima comunicación con la ciudadanía, de ya para ya sepan que se quedarán sin agua y aguántense. Además, agradezcannos que estamos haciendo algo”. A seis meses de sequía, Azuero sigue acatando órdenes. Vamos a buscar agua a los bebederos designados, cual ganado. Seguimos dudando del agua que llega a las casas que tienen la suerte de recibirla. Los que pueden siguen invirtiendo dinero de una economía familiar golpeada en comprar agua, pues, aun teniendo ríos capaces de surtir sobradamente las Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La libre empresa y el empleo: una reflexión necesaria Confianza Lamentamos la pérdida de empleos derivada de los recientes ajustes en el sector productivo panameño. Cada puesto de trabajo representa una historia humana y un hogar afectado. No obstante, parte de estas decisiones empresariales se explica por un entorno más exigente. En 2024 se aprobó la Ley 438, que elevó la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre bebidas alcohólicas de $0.045 a $ 0.065 por grado alcohólico por litro, un incremento del 44%, con el propósito de financiar el bono anual de $140 para jubilados y pensionados. Es un fin social legítimo, pero que recuerda una lección básica de economía: toda política tributaria conlleva efectos sobre la producción, el consumo y el empleo. El problema de fondo no es el propósito social de la ley, sino su efecto acumulativo en un contexto en el que las empresas ya enfrentan presiones fiscales y regulatorias. Durante 2025, Panamá ha experimentado un aumento de impuestos, una reducción del gasto público y una visible caída en la confianza de los consumidores. Estos tres factores, combinados, han reducido el dinamismo económico y limitado la capacidad de las empresas para sostener el empleo. Cuando la recaudación aumenta mientras la demanda interna se debilita, el tejido productivo se tensa: las compañías deben reducir costos, aplazar inversiones o ajustar su estructura. La producción nacional de bebidas alcohólicas ha caído más del 12% en 2025, lo que ilustra cómo las medidas fiscales y la pérdida de poder adquisitivo impactan directamente en la actividad económica. Al mismo tiempo, la confianza del consumidor panameño se mantiene en 79 puntos sobre 100, dentro del rango de desconfianza, cuando hace pocos años superaba los 90 puntos. Esta caída refleja la percepción de que el empleo, el crédito y el consumo están bajo presión. En este escenario, el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y competitividad empresarial resulta crucial. La disciplina en las finanzas públicas es necesaria, y el esfuerzo del Estado por mantener la planilla dentro de límites sostenibles constituye una medida responsable. Pero si la contracción del gasto no se compensa con condiciones favorables para la inversión, el crecimiento se frena. En momentos de bajo optimismo económico, imponer nuevos costos o controles sobre la libre fijación de precios envía señales adversas. Un mal ejemplo que podría agravar la situación es la propuesta legislativa que busca regular los precios de las matrículas y servicios en los centros educativos privados. Aunque busca “proteger al consumidor”, terminaría desincentivando la competencia, limitando la innovación y reduciendo la oferta. Cuando se restringe la libertad de precios o se sobrecarga al productor, el mercado se paraliza. Lalibreempresahademostradoser,alolargodelahistoria, el sistema más eficaz para crear riqueza, fomentar la innovación y ampliar las oportunidades de empleo. Su fortaleza radica en la libertad de emprender, producir y progresar, pero también en su capacidad de sostener al propio Estado mediante los impuestos que genera. Defenderla no significa ignorar la función social del gobierno ni los programas de apoyo, sino entender que sin una economía privada dinámica y rentable, no hay base fiscal sostenible para mantenerlos. Panamá se encuentra ante una coyuntura compleja. Todo indica que el desempleo podría alcanzar niveles de dos dígitos este año, y no existe una solución mágica que revierta la tendencia. Lo que sí existe es la posibilidad de retomar el crecimiento mediante confianza, inversión y apertura. El país debe liberar las fuerzas que crean empleo. Cada puesto recuperado fortalece la economía, la dignidad y la esperanza de las familias panameñas. Esa, y no otra, es la mejor política social posible. El ‘soft power’ de la comunidad científica panameña Inversión en ciencia políticos, empresariales, sociales y religiosos. A pesar de estos datos, es llamativo que las personas encuestadas en la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos consideren que las instituciones tecnológicas y científicas panameñas son el actor con menor influencia, por debajo no solo de los actores políticos y económicos, sino también de los sociales y religiosos. Esto provoca un notable desempoderamiento de la comunidad científica. Este alto nivel de confianza y valoración positiva le confiere a la comunidad científica panameña un soft power que aparentemente no está ejerciendo, debido a la generalizada percepción de falta de influencia. En democracia se deben atender las demandas del demos (“pueblo”), y en economía son los hogares, las empresas y el Estado los que deben resolver los problemas económicos básicos de una sociedad. Pero es fundamental que estas demandas y las propuestas para resolverlas estén orientadas por un conocimiento fiable y consistente, validado por el método científico. Para afrontar los retos de la comunidad científica, es indispensable que esta disponga de suficientes recursos económicos para desarrollar y consolidar su labor en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En este punto es necesario enfatizar que la coyuntura actual deja poco margen para incrementos presupuestarios, marcada por dificultades económicas y un alto endeudamiento del sector público, lo que limita la capacidad de inverJon Subinas Seis meses de sequía Ética Un fenómeno ya conocido en las redes es la sustracción de presencia. No hablo de un secuestro, aunque la inseguridad que marca al país lo sugiera. Hablo de que ya no es necesario que las personas se vean o se escuchen en tiempo real para que la transmisión de un mensaje sea considerada como “comunicación”. Antes, era necesario que las personas miraran a los ojos a los demás o escucharan, al menos, su tono de voz — sin ensayo previo— para que aquellos receptores de lo que fuera que se quería transmitir pudieran no solo recibir de primera mano la información, sino también juzgar la veracidad de aquello que se les transmitía. La mentira siempre se pinta en el rostro del que miente. La duda es prima de la mentira, así que también se marca en el rostro o en el tono de voz de alguien que, si bien no miente, no está seguro de la veracidad de lo que transmite. Miedo y duda son familia, y si quiere descubrirlos, búsquelos en los ojos y en la voz. De esta parte vital de la comunicación se ha venido mutilando el proceso de diálogo, y ahora se dice que se dialoga con el pueblo, cuando en realidad solo se lee un discurso escrito previamente o un simple monólogo con una temática sesgada hacia los temas que necesidades de la población, las personas a quienes ha contratado el Estado por años —y a quienes les pagamos sus salarios los 15 y los 30— simplemente han permitido que por décadas nuestra fuente de agua sea contaminada indiscriminadamente, sin informar a la ciudadanía, pero sin dejar de cobrar. Esto podría figurar como la definición de diccionario de la palabra “crimen”. Los contaminadores no fueron solo porcicultores y ganaderos, sino también empresas y empresarios que se ocultan bajo imágenes corporativas o gremialistas, pero cuyo actuar los delata. Un profesional no lo es por estudiar algo, sino por cómo se maneja en su práctica cotidiana. Hace falta ética e integridad para llamarse profesional, empresario o funcionario. Queda poca gente que cumpla con esos requisitos en entidades públicas y privadas en estos tiempos de TikTok y zoquetadas similares. Otros elementos mutilados por el mundo virtual y pregrabado en que vivimos son la integridad y el conocimiento como requisitos para ostentar cargos de importancia. A la sustracción de presencia que mencionamos se suma, en paradójica broma matemática, la sustracción de valores. Y así vemos a los gladiadores de la corrupción defendiendo a sus prófugos y delincuentes preferidos, bloqueando cada esfuerzo por enderezar el rumbo del país. Seis meses de sequía, pero de fiesta. Despierta, Panamá. Dios nos guíe. Opinión EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad. EL AUTOR es ingeniero civil y escritor. EL AUTOR es doctor en Sociología y Antropología e investigador del Cieps. Bryan E. Townshend B. sión de Panamá. A pesar de estas restricciones, en el Órgano Legislativo existe un proyecto de ley que busca aumentar la inversión en ciencia al 1% del PIB. El proyecto de ley No.98 establece una proyección de crecimiento de la inversión desde 2025 hasta 2029, pero esta proyección se truncó con la propuesta de recorte a Senacyt de unos 21 millones de dólares para el presupuesto público de 2026, en un país cuya inversión en ciencia ronda apenas el 0.13% del PIB. De nuevo, según datos de encuesta, esta situación no cuenta con la aprobación de la ciudadanía ni de los representantes políticos. El Observatorio Panameño de Ciencia, Tecnología e Innovación reveló en 2024 que seis de cada diez personas consideran insuficiente la financiación de la ciencia en Panamá, y un 84% del cuerpo legislativo encuestado por el PELA-USAL en 2025 considera que Senacyt no dispone de los recursos necesarios para enfrentar los retos del país. Panamá ha aumentado el número de investigadores e investigadoras en los últimos años, una apuesta prometedora, aunque todavía limitada: cuenta con unos 200 por cada millón de habitantes, lejos del estándar internacional recomendado de mil por millón. A pesar de las dificultades del sistema de ciencia y tecnología, Panamá no debe cejar en su apuesta por una ciencia abierta y democrática, útil para mejorar la vida de su ciudadanía. Esta apuesta debe ser firme para fortalecer la competitividad en una coyuntura internacional compleja, aprovechar oportunidades y fortalecer las capacidades nacionales, y, sobre todo, para que el conocimiento científico permita abordar las profundas brechas que sufre la sociedad panameña. La ciencia y la tecnología constituyen elementos clave para impulsar la innovación, aumentar la productividad, generar nuevas oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En el caso panameño, la mayoría de la sociedad pone en valor la importancia de las instituciones científicas. Seis de cada diez personas encuestadas en la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos (CIEPS, 2025) valoran de forma positiva o muy positiva el rol de estas instituciones. Este dato tiene una especial relevancia en un contexto de alta desconfianza y crisis de representación, en el que se observa un importante deterioro en la valoración de la gran mayoría de las instituciones. La ciencia, como institución, es uno de los pocos actores que mantiene una valoración positiva constante en las encuestas presenciales del CIEPS desde 2021 hasta 2025. A su vez, es destacable que un 88% de los legisladores entrevistados en la encuesta del Proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA-USAL, 2025) manifiesten tener alguna o mucha confianza en Senacyt, siendo esta la entidad que genera más confianza entre un listado de 18 actores que incluye organizaciones políticas, económicas, sociales y religiosas. Incluso la encuesta telefónica realizada por el CIEPS, financiada por la Unión Europea dentro del Estudio sobre la libertad de expresión y prensa en Panamá (2025), destaca que la comunidad científica es el actor que acumula el mayor nivel de confianza ciudadana en su aparición en los medios, por encima de voceros La pérdida de valores, la desconexión entre Estado y ciudadanía, y la crisis ética y ambiental que ahoga a Azuero y al país entero. Jorge Samaniego La comunidad científica es una de las instituciones más confiables del país, pero su potencial de influencia pública sigue rezagado por falta de recursos, baja percepción de poder y un sistema político que no prioriza la inversión en ciencia. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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