1A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 10 de noviembre de 2025 - Año 45 - Nº 15196 Hoy por hoy Bajo el sol ardiente de Azuero, La Villa de Los Santos vuelve a vestirse de patria hoy 10 de noviembre, al cumplirse 204 años del Primer Grito de Independencia, aquel día en que Rufina Alfaro y su pueblo desafiaron el yugo colonial y encendieron la llama de la libertad panameña. Sin embargo, la tierra donde nació ese espíritu rebelde hoy enfrenta otra lucha: la del agua. La crisis hídrica que golpea a Azuero desnuda una deuda histórica con la planificación y el manejo ambiental. El río La Villa, convertido en símbolo de contaminación y abandono, junto con los bosques talados y un Estado reactivo, evidencia que la independencia conquistada en 1821 aún no se traduce en una gestión responsable de los recursos. Celebrar a Rufina y a los santeños exige algo más que desfiles: implica asumir el mismo coraje para exigir políticas sostenibles y gobernantes comprometidos con el bienestar colectivo. La libertad, como el agua, debe cuidarse cada día para no perderla por negligencia. Ellas.pa Tambor Mayor: liderazgo con estilo en los desfiles patrios 5B ‘Nosotros habíamos hecho toda la tarea’: Miguel Ordóñez 4B Deportes Panorama Se registran menos casos de dengue: 13 mil frente a 24 mil 5A Economía $4,738 millones en ingresos tributarios a septiembre 2B Azuero, casi medio año sin tener agua potable Aleida Samaniego C. [email protected] La crisis hídrica en Azuero, provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, mantiene sin agua potable a miles de familias en Herrera y Los Santos desde mayo de 2025, es decir, casi seis meses. Los vertidos de desechos porcinos, las aguas residuales sin tratar y la deforestación agravaron el deterioro ambiental, aunque las acciones de restauración y control comienzan a mostrar resultados positivos, según las autoridades. Con la eliminación de las principales fuentes de contaminación, el Idaan avanza ahora en la limpieza y desinfección de las plantas CONTAMINACIÓN Se informó que se eliminaron las principales fuentes de contaminación y se avanza en la limpieza y desinfección de las plantas potabilizadoras y la red. potabilizadoras y la red de distribución. Si se cumplen los plazos y protocolos sanitarios, el suministro de agua potable podría restablecerse en las próximas semanas, poniendo fin a seis meses de emergencia y dando paso a una etapa de recuperación ambiental y comunitaria en Azuero. VEA 6A De los 81 municipios del país, 64 dependen de subsidios estatales para poder operar, según la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), lo que evidencia la fragilidad financiera de los gobiernos locales. A esta situación se suma la deuda del Gobierno central, que no ha transferido todos los fondos del impuesto de bienes inmuebles establecidos por la Ley de Descentralización, acumulando un déficit estimado de 502 millones de dólares en los últimos siete años. Aunque la descentralización buscaba autonomía y equidad territorial, la falta de planificación,lacreacióndesmedida de corregimientos y el uso político de los recursos han dejado a la mayoría de los municipios atrapados entre la escasez de fondos y la dependencia del poder central. Entre 1972 y 2024, el número de corregimientos pasó de 505 a 701, y el de distritos de 68 a 81, un crecimiento impulsado más por intereses políticos que por criterios técnicos. VEA 2A GOBIERNOS LOCALES Dos imputados quedan detenidos por homicidio de Esteban De León Diecisiete estafas al día: crece la ola de fraudes digitales 64 municipios dependen de subsidios estatales El juez de garantías Manuel Lezcano imputó cargos y ordenó la detención provisional de Arturo Hansell y Abdiel Oglivie por la presunta comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio del joven Esteban De León Osorio, desaparecido El auge del comercio digital ha disparado las estafas en línea en Panamá, donde aproximadamente 17 personas son víctimas cada día de fraudes cometidos a través de redes sociales y plataformas de compraventa. Entre enero y septiembre se registraron 4,515 denuncias, un aumento del 9% frente al año anterior. Ante esta tendencia, el diputado Eduardo Gaitán presentó un proyecto de ley que endurece las sanciones por estafa, elevando las penas hasta 12 años. VEA 7A INVESTIGACIÓN el 31 de octubre y hallado sin vida el 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, 24 de Diciembre. Durante la audiencia, el fiscal Víctor Barría Rizo presentó pruebas que vinculan a los imputados con la venta del celular y del vehículo de la víctima, que fue encontrado incendiado en Pacora. VEA 4A Hoy se celebran 204 años del Grito de La Villa de Los Santos, ocurrido el 10 de noviembre de 1821. Ocurre en medio de una crisis hidrica que golpea a Los Santos y Herrera. Elysée Fernández ‘El narcotráfico reemplazó la migración’, advierte obispo de Darién El obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, advirtió que la drástica caída del flujo migratorio en esa zona dejó a las comunidades indígenas sin sustento. Ante la falta de alternativas, algunos han pasado de vivir de la migración al narcotráfico. Alertó que el Estado debe atender esta situación con urgencia. VEA 7A Millones retenidos y juntas en aumento $502 millones debe el Gobierno a los municipios por lo acumulado en siete años. 701 Juntas comunales hay en todo el país, muchas creadas por promesas políticas.
2A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 En el país, 81 alcaldes reclaman que los recursos del impuesto de bienes inmuebles les sean entregados en su totalidad, tal como lo establece la Ley de Descentralización. Archivo Gobierno y política asfixian a municipios y juntas comunales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES En el país existen 81 municipios y 701 juntas comunales, pero muchos de estos gobiernos locales enfrentan problemas estructurales derivados de la injerencia política y la falta de recursos. Pasada más de una década de haberse prometido la descentralización plena, los municipios y juntas comunales del país siguen atrapados entre la política partidista, la falta de planificación y la escasez de recursos. En muchos casos, los gobiernos locales dependen de la voluntad del Ejecutivo para ejecutar obras o acceder a fondos, una situación que ha perpetuado la discrecionalidad y el clientelismo. En el país existen 81 municipios y 701 juntas comunales, pero varios de estos gobiernos locales están sumidos en problemas estructurales que, según el asesor de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Narciso Machuca, deben ser atendidos con urgencia. En el caso de los municipios, varios alcaldes de los principales distritos han solicitado al Gobierno Central cumplir con la Ley de Descentralización, que establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe transferir el 100% de los fondos recaudados del impuesto de bienes inmuebles. Machuca precisó que en los últimos siete años el MEF ha dejado de trasladar 502 millones de dólares a los gobiernos locales. Machuca subrayó que la deuda del Gobierno Central con los municipios es “considerable” y que, aunque existe base legal para una demanda, la prioridad debe ser el diálogo. “Cabe demanda, pero la asociación considera que hay que sentarse con el Ejecutivo para buscar alternativas de acuerdo de pago”, afirmó. Explicó que la Amupa propone un mecanismo que permita al Estado cumplir con los traslados establecidos en la Ley 37 de 2009, sin comprometer su capitalización. “Pagar lo que se recauda realmente y amortizar la deuda anualmente por los próximos cuatro o cinco años”, sugirió, al tiempo que recordó los dos reclamos principales de los municipios: que el MEF transfiera de forma íntegra los fondos del impuesto de bienes inmuebles el año siguiente a su recaudación y que se establezca un acuerdo sobre la morosidad pendiente. Los municipios subsidiados Otro de los temas que también afecta a los gobiernos locales es la falta de recursos en la mayoría de los municipios y juntas comunales del país. De los 81 municipios, cerca de 64 son subsidiados por el Estado, ya que, a diferencia de distritos como Panamá, Colón, San Miguelito o La Chorrera, no cuentan con ingresos de autogestión suficientes para financiar sus proyectos. Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han cuestionado la creación de nuevos distritos y corregimientos sin planificación ni estudios técnicos, muchas veces con fines políticos, lo que genera un alto costo para el Estado. En 1990, Panamá contaba con 68 distritos, y actualmente tiene 81. A esto se suma la proliferación de corregimientos: en 1972 existían 505, y hoy son 701. Este crecimiento desmedido ha inquietado al Tribunal Electoral (TE), que en 2014 pidió a los diputados abstenerse de crear nuevas divisiones político-administrativas en años cercanos a los comicios generales. 2019 fue el año en que más corregimientos se crearon. Datos del TE revelan que en 2014 surgieron 26 nuevos corregimientos; en 2019, 31; y en 2024 se añadieron otros 22. Cada nueva división representa un gasto mínimo de 300 mil dólares anuales para el erario público. Caso notable Un caso particular se registró en la comarca Naso, donde en 2024 se crearon los corregimientos de Teribe, San San Drui y Bonyik como parte de la conformación de la nueva comarca. Sin embargo, la normativa no contempló la figura de la alcaldía, lo que impide que las juntas comunales reciban fondos del impuesto de bienes inmuebles. Esto ha frenado el desarrollo de proyectos comunitarios, ya que las juntas no cuentan con sedes físicas ni recursos para alquilar oficinas, lo que ha dificultado el inicio de sus labores. Machuca señaló que entre 2024 y 2025 estas juntas comunales no han recibido fondos para proyectos, precisamente porque no existe una autoridad municipal que canalice los recursos. No obstante, la Amupa ha solicitado a la Autoridad Nacional de Descentralización buscar un mecanismo de transferencia directa. Hasta el momento no ha habido respuesta. Descentralización desvirtuada La descentralización, concebida como una herramienta para fortalecer la gestión local y reducir la dependencia del poder central, terminó convertida en un instrumento político. Durante el pasado gobierno (2019-2024), la llamada “descentralización paralela” desvirtuó su propósito original: se distribuyeron más de 300 millones de dólares sin controles efectivos, bajo un esquema marcado por el sesgo partidista de la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La mayoría de las juntas comunales beneficiadas pertenecían a ese colectivo, mientras que otras, marginadas por razones políticas, vieron frenados sus proyectos y presupuestos. Así, lo que debía ser una política de equidad territorial terminó convertido en un mecanismo de clientelismo, que dejó a la descentralización y a los gobiernos locales como las verdaderas víctimas de la política. Narciso Machuca, asesor de la Amupa. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente ayer en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. Representantes de unos 170 países participarán en una cita marcada por un mundo en crisis, profundos cambios geopolíticos, un número récord de conflictos armados, disputas comerciales e importantes líderes mundiales que siembran dudas sobre el calentamiento global. “Este es el momento de honrar nuestra ancestralidad en el derecho internacional. En la COP30, nuestra ambición debe ser llenar las lagunas mediante la implementación de la unión y la cooperación”, expresó el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, en una carta. Es la primera vez que la conferencia climática se celebra en el mayor bosque tropical del planeta, un ecosistema vital para la regulación de la temperatura global, pero también uno de los más amenazados por la deforestación y la minería ilegal. Desastre climático en Brasil en plena COP30 Y es que el planeta continúa dando señales alarmantes. El viernes, mientras los líderes mundiales discutían sobre la transición energética en Belém, un tornado sin precedentes causó al menos seis muertos y 784 heridos en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. El fenómeno, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, arrasó la localidad de Río Bonito do Iguaçu, donde destruyó casi todo el parque de viviendas. Este domingo, en Filipinas, casi un millón de personas fueron evacuadas ante la llegada de un nuevo supertifón, apenas dos días después de sufrir otro que dejó 220 muertos. En este contexto, el secretario general de la ONU, COP30: muchos deberes y la misión de frenar la ola de negacionismo CAMBIO CLIMÁTICO António Guterres, manifestó, en la apertura de la cumbre de líderes de la COP30, su pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C. “Es un fracaso moral”, dijo. Brasil, como país organizador, pretende enderezar el rumbo y mantener vivo uno de los pilares del Acuerdo de París. “La COP30 puede marcar el momento en que la humanidad vuelve a empezar, restaurando nuestra alianza con el planeta y entre generaciones”, indicó Corrêa do Lago en la misiva. Cinco ejes para avanzar en Belém El científico Paulo Artaxo, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), espera avances en cinco ejes: promover una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, garantizar mecanismos para acabar con la deforestación en los bosques tropicales hasta 2030, consolidar instrumentos para la financiación climática, implementar políticas de adaptación y reforzar el multilateralismo. El tema de la financiación sigue coleando desde la COP29 de Bakú. Los países en desarrollo insisten en negociar en Belém cómo llegar a los 1.3 billones de dólares anuales hasta 2035 para poder cumplir con sus objetivos climáticos. Las negociaciones se prolongarán hasta el día 21. EFE. BELÉM, BRASIL Integrantes de pueblos indígenas llegan a la aldea de la COP30 donde debatirán temas ambientales. EFE
3A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BURLA 1. El juicio por los sobornos de Odebrecht fue pospuesto ante la imposibilidad de ubicar y notificar al imputado Ricardo Martinelli. El tribunal sostiene que, hace más de cuatro meses, remitió una asistencia judicial a Colombia, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta. Lo sorprendente es que el embajador de Panamá en ese país, Mario Boyd, sí sabe cómo localizarlo para irse de parranda con él, pero no para notificarlo. Sobran ejemplos de cómo los delincuentes influyentes usan sus conexiones para mantenerse impunes. BURLA 2. Martinelli escribió en redes sociales que sí fue notificado del juicio; luego borró el mensaje sin dar ninguna explicación. Quienes sí están notificados son sus abogados, Carlos Carrillo y Roniel Ortiz, ya que el 20 de enero pasado, cuando hubo otro intento fallido de celebrar el juicio, la juez Baloisa Marquínez advirtió a todos los presentes aquel día (entre ellos Carrillo y Ortiz, junto con varios imputados, defensores, fiscales y querellantes) que desde entonces quedaban oficialmente avisados. ¿Cómo pueden estar sus abogados notificados, pero él no? O son tontos o creen que los demás lo somos. CHIFEO. Balbina Herrera no ha dudado en opinar a favor del detenido exdirector del Ifarhu, Nando Meneses; pero cuando los periodistas le preguntan por la suerte de Gaby Carrizo, responde escuetamente: “No tengo por qué contestar”. Perdóname, perdóname… RUTA. La Comisión Nacional de Reformas Electorales ha dado los pasos para definir con claridad qué ocurre cuando un candidato presidencial es Los fiscales Jorge Luis Ferguson y Víctor Barría Rizo dan declaraciones a la salida de la audiencia. Juan M. Díaz Imputan cargos y ordenan detención por homicidio de De León Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO El fiscal de Homicidio y Femicidio, Víctor Barría Rizo, alegó que ambos procesados mantuvieron una activa participación en la desaparición y muerte de la víctima. El juez de garantías Manuel Lezcano imputó cargos y ordenó la detención provisional a Arturo Hansell y Abdiel Oglivie por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio del joven Esteban De León Osorio, quien fue reportado desaparecido el 31 de octubre y hallado muerto el 5 de noviembre. Durante la audiencia, celebrada ayer, el juez Lezcano estimó que el Ministerio Público acreditó la vinculación de ambos imputados a la desaparición y muerte de Esteban De León. El fiscal de Homicidio y Femicidio, Víctor Barría Rizo, alegó que ambos procesados mantuvieron una activa participación en la desaparición y muerte de la víctima. Barría Rizo relató que ambos implicados intentaron gestionar la venta del teléfono celular y del vehículo de la víctima, que luego apareció quemado. El juez Lezcano alegó que la medida cautelar aplicada a ambos imputados era proporcional y necesaria, ya que existe el riesgo de fuga. Además, se trata de delitos graves, existe riesgo de destrucción de pruebas y peligro para la comunidad. Arturo Hansell, de 24 años de edad, y Oglivie, de 20, pueden enfrentar penas de hasta 63 años de prisión, ya que se les imputaron los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir. Fiscal presenta argumentos El fiscal Barría Rizo relató que durante las investigaciones se logró tener acceso a un testigo, quien presta el servicio de transporte. El testigo relató que realizó varios recorridos solicitados por Hansell y Oglivie hasta un sitio para desbloquear el celular perteneciente a Esteban De León Osorio y que luego de ello el teléfono fue puesto en venta por la suma de $300. Según el fiscal, este testigo también detalló que uno de los recorridos llevó a ambos investigados hasta una estación de combustible en Tocumen y que una vez allí llegó un auto del cual descendieron varias personas y que una de ellas le entregó un fajo de billetes a los procesados, pero que no pudo escuchar la conversación que sostuvieron; luego, en otro punto, entregaron el celular y regresaron a Las Paredes en la 24 de Diciembre. El teléfono finalmente fue vendido a una tercera persona que labora en Darién, que fue ubicada por la Policía Nacional y que aceptó devolverlo, ya que desconocía su origen ilícito. En su intervención el fiscal también explicó que ambos imputados residen en una casa de alquiler en Las Paredes, en el corregimiento 24 de Diciembre y que desde ese punto realizaron múltiples contactos tanto para vender el teléfono como el automóvil de la víctima. Los movimientos de los imputados quedaron registrados en una cámara de video de un comercio en Las Paredes, en donde se observa el vehículo de Esteban De León Osorio estacionado en un campo de juegos próximo y también se alcanza a ver el auto gris modelo picanto, contratado por los imputados para realizar múltiples recorridos por la zona. La investigación también acreditó que Hansell le preguntó a uno de sus hermanos si estaba interesado en comprar un auto, y que este respondió no estar interesado, pero luego le preguntó el precio y Hansell le dijo que lo vendían en $400. Y ese fue el auto que luego apareció quemado en el área de Pacora. La fiscal también reveló tener el testimonio de una persona que aseguró haber conversado con Hansell, quien le dijo estar preocupado porque la Policía se estaba acercando, ya que hacían allanamientos en Las Paredes, luego de ubicar el cuerpo de Esteban De León Osorio. Otro testigo interrogado por la fiscalía relató que en una ocasión pasó por la casa rentada por Hansell y Oglivie y que observó un vehículo estacionado con el maletero hacia la residencia y al preguntarles qué hacían, estos le respondieron que estaban llevando una carga. Informe de Necropsia En la audiencia, la fiscalía también informó que el cuerpo de Esteban De León Osorio, que fue encontrado el día 5 de noviembre envuelto en un lona en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Las Paredes, tenía más de 72 horas inerte. El informe realizado por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) no pudo establecer una causa de muerte. Esta entidad señaló que se requiere de pruebas científicas adicionales para establecer la causa del deceso. Así mismo el fiscal Barría dijo que las evidencias recolectadas durante la investigación sugieren la participación de otras personas en los eventos que llevaron a la privación de libertad y muerte de la víctima. Al concluir la audiencia, la defensora pública de Hansell solicitó que a su cliente se le diera protección y que no fuera enviado a la cárdel La Joya por haber recibido amenazas contra su vida. Em esta comparecencia judicial estuvieron presentes el padre y la madre de Esteban De León Osorio, quienes declinaron dirigirse al tribunal, ya que, de acuerdo con lo expresado por el abogado de las víctimas, se encuentran destrozados. Juan Manuel Díaz [email protected] Jaime Powell fue aprehendido en España en el marco de una investigación internacional. Cortesía CSJ valida investigación por blanqueo a red con nexos en España y Dubai PROCESO JUDICIAL Una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) validó la investigación por presunto blanqueo de capitales a Jaime Powell, alias Yunya, a quien se vincula a una red que utiliza los puertos de Colón para enviar droga a España. A Powell se le sigue una investigación paralela en España por nexos con una red afincada en Dubai que presuntamente mueve droga hacia puertos europeos. Bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, la Corte Suprema de Justicia no acogió un amparo de garantías presentado por Powell contra la decisión asumida por la juez de garantías Tulia Morelos, que no acogió un recurso de afectación de derechos por supuesto doble juzgamiento. La juez Morelos, en una audiencia de afectación de derechos, determinó que la FiscalíadeDrogasnohabíaviolado las garantías fundamentales de Powell al llevar una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, cuando en España se le sigue un proceso por el mismo delito. El 31 de marzo pasado el Primer Tribunal de Justicia también rechazó un recurso presentado por Powell contra la decisión del juez Morelos. En aquella ocasión el Tribunal argumentó que en este caso, dicho principio no es aplicable, pues cada país tiene su propio sistema jurídico y sus propias leyes. Así, lo que es considerado un delito en unpaíspuedenoserloenotro. Tras esta decisión del Primer Tribunal Superior, la defensa de Powell recurrió a la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Powell argumenta que las garantías fundamentales de su cliente fueron violentadas, al sostener que se le está sometiendo a un doble juzgamiento, ya que existe un proceso en España y otro en Panamá por la presunta comisión del mismo delito. La Fiscalía de Drogas solicitó asistencia judicial internacional a las autoridades españolas y de Dubái para obtener detalles de las investigaciones llevadas a cabo en esos países contra este presunto grupo criminal. Powell mantiene la calidad de indiciado dentro de la denominada investigación Éxodo, que desmanteló una red ligada a presuntas actividades de tráfico de drogas, entre cuyos cabecillas figura Juan Vicente Blandford, quien supuestamente desde la cárcel daba directrices a Powell y a Anthony Meza, este último detenido en Dubái. Según la investigación de la Fiscalía, esta red criminal enviaba drogas desde puertos ubicados en la provincia de Colón hacia Europa. De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, en Dubái se inició la operación denominada Desertlight, mientras que en España a la misma se le denominó operación Faucas; en ambas se vincula a la misma red criminal. El 25 de abril de 2024, la juez de garantías Yanina Mosquera imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención provisional de 14 de ellas dentro de la operación Éxodo. inhabilitado, como ocurrió con Ricardo Martinelli en 2024. Si estas modificaciones al ‘Código Electoral’ hubiesen estado vigentes en las pasadas elecciones, José Raúl Mulino no solo habría heredado la candidatura, sino que también podría haber designado a su vicepresidente. Ya era hora de corregir estos vacíos, para no depender de interpretaciones trasnochadas del TE o de la Corte.
5A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 Panorama Se registran menos casos de dengue: 13 mil frente a 24 mil Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Hasta la semana epidemiológica 42 de 2025, el Minsa ha registrado un acumulado de 13,536 personas afectadas y 22 fallecimientos por dengue. En el mismo período de 2024 iban 24 mil 697 casos. Los datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) revelan que los casos acumulados de dengue registrados en el país durante 2025 muestran una disminución significativa en comparación con el año anterior. Hasta la semana epidemiológica 42, correspondiente al periodo del 12 al 18 de octubre de 2025, se contabilizaron un total de 13,536 casos de dengue, cifra considerablemente menor que la registrada en el mismo período de 2024, cuando se reportaron 24,697 casos, es decir, 11,161 casos menos en lo que va de este año. Asimismo, el número de defunciones asociadas al dengue también disminuyó. Durante el mismo periodo del año pasado se habían registrado 46 fallecimientos, mientras que en 2025 la cifra se redujo a 22 muertes. Panamá afrontó en 2023 cifras alarmantes de dengue, con 16,211 casos y 17 muertes, lo que representó el mayor registro en al menos 20 años, según el informe de Epidemiología del Minsa. Sin embargo, en 2024 la situación empeoró drásticamente, ya que el año finalizó con 32,077 casos y 52 muertes, un dato considerado histórico. Actualmente, la situación es especialmente crítica en las zonas densamente pobladas. La región Metropolitana encabeza los reportes con 4,158 casos, seguida por San Miguelito, con 2,404, y Panamá Oeste, con 1,449. Regiones como Panamá Norte, Chiriquí y Bocas del Toro también presentan cifras elevadas, con 1,267, 813 y 745 casos, entre todas. Del total de casos, 11,997 pacientes presentan dengue sin signos de alarma, mientras que 1,446 desarrollaron complicaciones y 93 fueron sido clasificados como dengue grave, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud. El dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, se manifiesta de manera abrupta tras un período de incubación que varía entre cinco y siete días. La enfermedad atraviesa tres fases distintivas: febril, crítica y convaleciente. En la fase febril, la fiebre suele ser el primer síntoma notable, acompañada de dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, articulares y óseos, además de erupciones cutáneas y manifestaciones hemorrágicas menores. Esta etapa puede durar varios días y requiere monitoreo constante debido a la posible aparición de complicaciones. La fase crítica es particularmente peligrosa y requiere atención médica inmediata. Los signos de alarma incluyen vómitos persistentes, dolor abdominal severo, sangrado, dificultad para respirar, hipotensión postural, agrandamiento del hígado y aumento progresivo del hematocrito, indicativo de hemoconcentración. Las manifestaciones hemorrágicas pueden incluir petequias, equimosis, púrpura, epistaxis, sangrado de encías y hematuria, o un resultado positivo en la prueba del torniquete. Finalmente, la fase convaleciente marca el inicio de la recuperación, pero también requiere vigilancia médica cuidadosa para prevenir recaídas o complicaciones. A pesar de la reducción de casos y fallecimientos en 2025, las autoridades de salud mantienen la vigilancia activa, especialmente en las zonas más afectadas, y recuerdan a la población la importancia de eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma.
6A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 Casi seis meses sin agua potable: Azuero, ante su peor crisis Aleida Samaniego C. [email protected] RECURSO HÍDRICO Con la limpieza y desinfección de la planta de Llano de Piedra, el Idaan pone en marcha la fase final para devolver el agua potable a miles de familias de Azuero. La crisis del agua en la región de Azuero comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se vio obligado a suspender la operación de cuatro plantas potabilizadoras debido a la grave contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento para miles de familias en las provincias de Herrera y Los Santos. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (Miambiente), los análisis realizados por su Dirección de Calidad Ambiental confirmaron que la contaminación del agua se originó principalmente por el vertido directo de desechos porcinos y aguas residuales sin tratamiento, producto de la actividad de granjas y comunidades asentadas a orillas de los ríos La Villa y Estibaná. Estas descargas, junto con el manejo inadecuado de vertederos municipales, el uso indiscriminado de agroquímicos y la acelerada deforestación de las cuencas hidrográficas, agravaron el deterioro ambiental en la región de Azuero. La situación desencadenó una de las peores crisis sanitarias y ambientales de la región en la última década. Durante casi seis meses, miles de hogares han permanecido sin acceso a agua potable, lo que ha obligado a los residentes a depender de camiones cisterna o comprar agua embotellada, un gasto que golpea duramente la economía familiar. En las comunidades rurales más apartadas, la escasez se siente con mayor intensidad: muchas familias deben caminar largas distancias para conseguir agua segura o almacenar lluvia para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, tras meses de intervención ambiental, las autoridades comienzan a reportar los primeros signos de recuperación. El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino Bernat, confirmó que los niveles de contaminación del agua han disminuido considerablemente. “Hace seis meses se registraban 100 mil partes por millón de coliformes fecales, y hoy solo se reportan 10 partes por millón. Aunque la mejora es notable, aún no se ha alcanzado el nivel óptimo de calidad del agua”, señaló. Vallarino atribuyó este avance a las acciones implementadas con el fondo de emergencia ambiental aprobado por el Gobierno, que permitió poner en marcha un plan integral de restauración de cuencas. Entre las medidas aplicadas, destacó la reforestación de áreas críticas y zonas de recarga hídrica, con el propósito de recuperar la cobertura vegetal que ayuda a filtrar el agua y reducir la erosión del suelo que arrastra contaminantes hacia los ríos. Una de las estrategias más efectivas ha sido el trabajo directo con los porcinocultores, señalados como los principales responsables de los vertimientos. A la fecha, se han instalado 20 biodigestores en granjas de pequeña escala, una tecnología que permite tratar los desechos orgánicos del ganado porcino y convertirlos en biogás para uso doméstico. “Estos biodigestores no solo evitan que los residuos lleguen a los ríos, sino que también generan energía limpia para los hogares rurales. Es una solución ambiental y económica a la vez”, explicó. Además, Miambiente ha distribuido un manual de buenas prácticas ambientales entre los productores de mayor escala, el cual promueve el uso responsable de las aguas residuales tratadas para riego y la recuperación de pastos degradados, minimizando la contaminación y fomentando un modelo más sostenible de producción. Otra parte del fondo de emergencia ha sido destinada a la rehabilitación de vertederos en la región, entre ellos el de Colmón de Macaracas, que ya fue cerrado definitivamente. En los otros dos vertederos identificados, las autoridades avanzan hacia un manejo más controlado de los desechos sólidos, que incluye la impermeabilización del terreno y la disposición adecuada de lixiviados para evitar filtraciones hacia los mantos freáticos. “Estamos atendiendo una crisis, pero también enfrentando un problema histórico. Durante años, el manejo deficiente de residuos y la falta de tratamiento de aguas servidas han degradado nuestras cuencas. Aún no tenemos la solución definitiva, pero seguimos trabajando para reducir su impacto”, concluyó Vallarino. Mientras las autoridades continúan con los monitoreos y la aplicación de medidas correctivas, la población de Azuero mantiene la esperanza de que la recuperación de sus ríos sea duradera y que la lección aprendida motive a todos los sectores —productivos, comunitarios y gubernamentales— a asumir una responsabilidad compartida con el agua, el recurso más vital de la región. Trabajos de desinfección del Idaan El Idaan anunció un avance crucial hacia la solución definitiva de la crisis hídrica que ha afectado a las provincias de Herrera y Los Santos. Según la entidad, todas las fuentes de contaminación han sido eliminadas, lo que permite avanzar a la segunda fase del plan de recuperación, centrada en la limpieza y desinfección de las plantas potabilizadoras y la red de distribución. En ese sentido, en agosto se mapeó y revisó la red de agua potable para instalar válvulas e hidrantes que antes no existían, paso previo a la limpieza y desinfección total. El director ejecutivo del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que esta fase tiene como objetivo garantizar el restablecimiento de un suministro seguro y apto para el consumo humano. “Estamos entrando en la etapa final del proceso. Queremos que las familias de Azuero vuelvan a tener agua potable en sus hogares lo antes posible”, aseguró. De acuerdo con el cronograma oficial, la segunda fase de los trabajos de desinfección inició el pasado jueves 6 de noviembre, comenzando por la planta potabilizadora de Llano de Piedra, en la provincia de Los Santos. Este paso marca el inicio de una operación técnica clave que busca restablecer gradualmente el servicio en toda la región. Villarreal enfatizó que las labores se ejecutarán bajo rigurosos protocolos sanitarios y que la reincorporación del servicio dependerá del aval final del Ministerio de Salud (Minsa), encargado de verificar que el agua cumpla con los estándares de potabilidad establecidos. De cumplirse los plazos y protocolos previstos, el Idaan confía en restablecer la normalidad del suministro en las próximas semanas, poniendo fin a casi seis meses de emergencia hídrica en Azuero y marcando el inicio de una etapa de recuperación ambiental y comunitaria para la región. Las familias de Azuero esperan volver a llenar sus tanques y abrir el grifo sin miedo. Han sido meses de espera, de filas y de aprendizaje forzado sobre el valor del agua. El río La Villa, que nace en la reserva forestal de El Montuoso, en Herrera, es una de las principales fuentes hídricas de la península de Azuero y atraviesa las provincias de Herrera y Los Santos. Imagen del río La Villa, tomada ayer en horas de la tarde. Elysée Fernández El Gato: ¿La solución al problema del agua en Azuero? Análisis Carlos Alberto Vargas P. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] No, no me refiero al felino doméstico. Se trata del río El Gato, donde ya existe una propuesta para evaluar la construcción de un reservorio multipropósito. Este afluente del río La Villa, nace en las cercanías de la Reserva Forestal El Montuoso, un pulmón verde esencial para la estabilidad ecológica de la región. Su cobertura boscosa regula el ciclo del agua, previene la erosión y mantiene la calidad de los caudales que alimentan la cuenca del río La Villa, fuente vital para miles de familias en Azuero. El sitio de presa sobre el río El Gato fue identificado durante los estudios de reservorios multipropósito solicitados en 2016 por el Ministerio de Ambiente a la Autoridad del Canal de Panamá. El diseño conceptual plantea una presa de gravedad de 65 metros de altura, con un área de influencia directa de 749 hectáreas y un volumen útil de 153 hectómetros cúbicos, capaz de aportar 3.2 metros cúbicos por segundo de agua. En palabras simples: un embalse con músculo suficiente para asegurar agua de calidad para el abastecimiento de la población, riego agrícola y control de inundaciones. La cuenca del río La Villa, sin embargo, atraviesa hoy una situación crítica. Su degradación es producto de múltiples factores que se entrelazan: deforestación, ganadería extensiva, uso indiscriminado de agroquímicos, vertido de aguas residuales, mala disposición de basura y el impacto directo de la porcicultura. Además, el uso no planificado del suelo, la extracción ilegal de aguas, la caza furtiva y la pérdida de biodiversidad agravan el problema, junto con la insuficiencia de cultura ambiental en la región. A esto se suma el cambio climático que intensifica tanto las sequías como las crecidas. La gobernanza del agua tampoco escapa a la complejidad. Existen múltiples instituciones con competencias parciales, marcos normativos que se solapan y una débil coordinación entre actores locales. El resultado es una gestión fragmentada que dificulta una respuesta integral al deterioro de la cuenca. Las consecuencias son evidentes: aumento de la turbidez, erosión, sedimentación, presencia de materia orgánica y microorganismos patógenos. Estos contaminantes llevaron incluso a prohibir el consumo del agua proveniente de potabilizadora locales, afectando directamente a miles de habitantes. Azuero es una región eminentemente agrícola y pecuaria. Según datos del INEC y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, las provincias de Los Santos y Herrera concentran casi el 100% del cultivo del tomate industrial del país, el 94% del maíz mecanizado, el 77% del melón, el 41% del ganado porcino y el 20% del vacuno. Este nivel de producción demanda enormes volúmenes de agua, lo que agrava la presión sobre los recursos hídricos disponibles. En los últimos meses se han impulsado medidas importantes: sanciones a quienes contaminan, rehabilitación de plantas de tratamiento, mejor manejo de vertederos, desinfección de redes de acueducto y campañas de reforestación. También se han promovido prácticas más sostenibles en la porcicultura y una mayor conciencia ambiental. Actualmente se desarrolla un proceso de desinfección progresiva de las tuberías que inició en Llano de Piedra y continuará en Macaracas, Chitré, La Villa de Los Santos, Guararé y Las Tablas. Se estima que para enero de 2026 las potabilizadoras y tuberías volverán a suministrar agua apta para el consumo de la población, tras ocho meses de restricciones. Pero estas acciones, aunque valiosas, no bastan. La próxima estación lluviosa, prevista para mayo de 2026, traerá consigo nuevas crecidas y retos. La pregunta es inevitable: ¿estaremos realmente preparados para enfrentarlas? Si no se adoptan soluciones estructurales, los problemas volverán con cada ciclo climático. Por eso, además de las medidas tomadas, se requiere avanzar hacia una estrategia de largo plazo. Y ahí entra nuevamente El Gato. Este reservorio multipropósito no solo almacenaría agua para tiempos de sequía, sino que también serviría para regular caudales, mitigar inundaciones y mejorar la seguridad hídrica de toda la cuenca. Además, su construcción permitiría fortalecer la gobernanza del recurso mediante una gestión más integrada y sostenible. La presa El Gato sería una inversión estratégica para garantizar el desarrollo futuro de Azuero, su producción agropecuaria y la calidad de vida de su gente. En lugar de ver el proyecto como una obra más, deberíamos entenderlo como un símbolo de planificación, prevención y unidad en torno al agua: un recurso que, bien manejado, puede ser el verdadero motor de progreso para la región. Tal vez el gato no tenga siete vidas, pero si se construye bien, esta presa podría darle una nueva vida a Azuero. El autor es ex Vicepresidente de Ambiente, Agua y Energía de la Autoridad del Canal de Panamá. Panorama
7A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 Panorama El obispo de Darién, Pedro Hernández (der.), junto a miembros de los estamentos de seguridad. ‘Algunos pueblos pasaron de vivir de la migración, al narcotráfico, como mulas’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El obispo de Darién, Pedro Hernández Cantadero, afirma que en las comunidades indígenas ya no quieren trabajar o cosechar: ‘Esta provincia es una bomba de tiempo, el Gobierno tiene que hacer algo’. La drástica disminución del flujo migratorio en el tapón de Darién, tras las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos y Panamá, puso fin a uno de los capítulos más dolorosos y deshumanizantes vividos en esa frontera: el tránsito de miles de personas que, en busca de un futuro, arriesgaban —y con frecuencia perdían— la vida en una de las selvas más temidas del continente. Sin embargo, el silencio que dejó el éxodo también trajo consigo otra forma de crisis. Las comunidades indígenas que durante años sobrevivieron al amparo de la migración, y llegaron a manejar sumas impensables de dinero, hoy enfrentan un vacío económico y social que las devuelve a la precariedad de siempre. Uno de los que más conoce el tema es el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, quien ocupa ese cargo desde hace 20 años y quien, durante la última década, ha tenido la responsabilidad, como parte de la Iglesia católica, de ayudar a miles de migrantes que cruzan esa área. En entrevista con La Prensa, advirtió que la provincia atraviesa una de sus peores crisis sociales desde que Estados Unidos prohibió la entrada de migrantes irregulares. “Desde que se prohibió la entrada de migrantes en Estados Unidos, a Darién casi no llegan. No pasan ni de cien por mes”, afirmó. Según Hernández, la drástica reducción del flujo migratorio ha tenido un impacto directo en las comunidades fronterizas que, durante años, encontraron en la movilidad humana una fuente de ingresos. Las estadísticas Las cifras del Servicio Nacional de Migración confirman la magnitud del cambio que describe el obispo de Darién. Entre enero y septiembre de 2024 ingresaron al país por la selva 263,296 migrantes, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra se desplomó a apenas 2,982. La diferencia —260,314 personas menos— refleja el impacto directo de las nuevas políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y Panamá. “Había una relación muy fuerte entre el indígena y el migrante. Había negocios en viviendas indígenas que recibían hasta cinco mil dólares semanales”, explicó Hernández, al recordar que muchos habitantes del Tapón de Darién vivieron de la atención a los viajeros: alojamiento, alimentación y transporte. No obstante, advirtió que aquella dependencia económica se transformó en un problema estructural. “Eso fue un modus vivendi que los llevó a no trabajar”, añadió. El narcotráfico El obispo lamentó que, ante la falta de alternativas, algunos pobladores hayan recurrido a actividades ilícitas. “El modus vivendi de ellos ahora es el narcotráfico. Están colaborando como mulas”, denunció. Hernández insistió en que el Estado panameño debe intervenir con urgencia para ofrecer opciones sostenibles. “Hay que crear un sistema que pueda ayudar a las comunidades a salir de la situación precaria. No hay proyectos que ayuden a la gente a vivir de una forma real y verdadera. ¿En Darién de qué vivir?”, se preguntó. Monseñor Hernández Cantarero anunció que esta semana visitará el Alto Tuira para conocer la realidad de las comunidades más aisladas. “Pasaron de vivir de la migración al narcotráfico como mulas. No quieren cosechar”, dijo, al advertir sobre el deterioro social. Su mensaje final implica una advertencia contundente y un llamado a la acción por parte del Gobierno: “Darién es una bomba de tiempo. El Gobierno no hace nada por crear algo que ayude a esta población”, concluyó con preocupación. Los informes de inteligencia de los estamentos de seguridad, tanto panameños como colombianos, reconocen que la instalación de una “barrera perimetral” en el Tapón del Darién —zona selvática que marca la frontera entre Panamá y Colombia— redujo drásticamente el paso de migrantes irregulares y alteró el equilibrio económico de las redes criminales que controlaban ese tránsito. Ante la pérdida de ingresos, el Clan del Golfo, una de las organizaciones más activas en la región, desplazó sus operaciones hacia la minería ilegal y el narcotráfico, utilizando a indígenas panameños y colombianos como mano de obra forzada o intermediarios. Según estimaciones de organismos nacionales e internacionales, cerca de un millón de personas cruzaron Darién entre 2020 y 2024, y por cada una de ellas el grupo cobraba entre 80 y 100 dólares por permitirles avanzar hacia territorio panameño. Migración inversa Por otra parte, las defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia han advertido en los últimos meses sobre un deterioro humanitario en la región, provocado por el incremento de la migración inversa, es decir, el retorno de migrantes a sus países de origen tras no poder ingresar a Estados Unidos. Un informe presentado en Bogotá, con respaldo de la ONU, señala que, en lo que va de 2025, al menos 14,000 personas han sido devueltas o retornaron voluntariamente desde México y Estados Unidos, en un contexto donde el paso hacia el norte por Darién se redujo en un 98% respecto a los niveles del año anterior. Datos del Ministerio Público reflejan que los delitos de estafas y otros fraudes se han incrementado en los últimos años. Tomado de pixabay/Joshgmit De delito ocasional a industria criminal: la estafa deja 17 víctimas diarias en el país FRAUDE DIGITAL Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El auge del comercio digital ha traído consigo un fenómeno que enciende las alarmas en el país: el incremento de las estafas en línea. Cada vez más panameños son víctimas de fraudes cometidos a través de redes sociales y plataformas de compraventa, donde los delincuentes se aprovechan del anonimato digital para engañar a compradores y vendedores. Las autoridades del Ministerio Público han reiterado el llamado a la precaución, advirtiendo que este tipo de delito se ha posicionado entre los más frecuentes en Panamá. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en promedio 17 personas son estafadas cada día bajo distintas modalidades, siendo las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí las zonas con mayor incidencia. Los casos van desde ventas de artículos inexistentes hasta transferencias electrónicas fraudulentas, lo que demuestra que los delincuentes han perfeccionado sus métodos y ampliado su alcance en el entorno virtual. Entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 4,515 denuncias por estafa y fraude, frente a las 4,142 registradas en el mismo periodo de 2024. El incremento del 9% preocupa a las autoridades, que advierten sobre la necesidad de fortalecer la educación digital. Después de Panamá, con 2,534 denuncias, la provincia de Panamá Oeste es la que más casos reporta, con 552. En tercer lugar se encuentra Chiriquí, con 416. La propuesta de ley En medio de este escenario, el diputado Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que endurece las sanciones por el delito de estafa. La iniciativa plantea modificar los artículos 220 y 221 del Código Penal, con el objetivo de adecuar las penas a la magnitud del daño económico y a las nuevas modalidades de fraude, especialmente las que se cometen a través de medios digitales. De acuerdo con cifras de la Corte Suprema de Justicia, entre 2019 y 2024 los casos judicializados por estafa aumentaron un 578%, pasando de 189 a 1,282. En el mismo período, los casos imputados bajo este delito crecieron un 778%, y los remitidos a mediación se dispararon en más de 1,100%. Sin embargo, apenas 512 procesos culminaron con una sentencia, lo que evidencia —según Gaitán— la necesidad de reforzar tanto la legislación como la respuesta institucional ante este tipo de delitos. El crecimiento del fraude Los datos de la Procuraduría General de la Nación, aportados por el diputado para sustentar la iniciativa, confirman la tendencia. En los últimos cinco años se han recibido más de 26,600 denuncias por estafa en todo el país. En 2019 se reportaron 2,680 casos, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 5,241, un aumento del 95.6%. “La estafa dejó de ser un delito ocasional. Hoy es una industria del crimen que afecta a miles de panameños y a la economía nacional”, advirtió el diputado Gaitán durante la presentación de su propuesta. El proyecto de ley, aprobado en primer debate, propone elevar la pena por el delito de estafa de cuatro a seis años de prisión, y aumentar hasta un tercio la sanción cuando el crimen se cometa mediante abuso de confianza o a través de medios cibernéticos. En los casos agravados —cuando el perjuicio económico supere los 50 mil dólares o cuando el delito afecte a la Administración Pública—, la condena podría alcanzar entre siete y doce años de prisión. Gaitán argumentó que las sanciones actuales no son suficientes para disuadir a los delincuentes y que el bajo riesgo de castigo ha incentivado la reincidencia. “El daño que provocan estas estafas no solo es económico, sino también moral y social. La gente pierde la confianza en las instituciones y en el mercado”, señaló. En una de las operaciones más amplias del año, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la “Operación Rezago” en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, logrando desarticular una red criminal dedicada a la estafa agravada. Durante los allanamientos fueron detenidas 15 personas, presuntamente vinculadas a una organización que operaba bajo distintas fachadas para cometer fraudes. Según las autoridades, el grupo se hacía pasar por vendedores o compradores de vehículos, terrenos, celulares, paquetes vacacionales y alquileres, entre otros bienes y servicios, con el fin de engañar a sus víctimas. Hasta el momento se investigan más de 25 denuncias, que habrían provocado pérdidas superiores a los 100 mil dólares.
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