7A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 Panorama El obispo de Darién, Pedro Hernández (der.), junto a miembros de los estamentos de seguridad. ‘Algunos pueblos pasaron de vivir de la migración, al narcotráfico, como mulas’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El obispo de Darién, Pedro Hernández Cantadero, afirma que en las comunidades indígenas ya no quieren trabajar o cosechar: ‘Esta provincia es una bomba de tiempo, el Gobierno tiene que hacer algo’. La drástica disminución del flujo migratorio en el tapón de Darién, tras las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos y Panamá, puso fin a uno de los capítulos más dolorosos y deshumanizantes vividos en esa frontera: el tránsito de miles de personas que, en busca de un futuro, arriesgaban —y con frecuencia perdían— la vida en una de las selvas más temidas del continente. Sin embargo, el silencio que dejó el éxodo también trajo consigo otra forma de crisis. Las comunidades indígenas que durante años sobrevivieron al amparo de la migración, y llegaron a manejar sumas impensables de dinero, hoy enfrentan un vacío económico y social que las devuelve a la precariedad de siempre. Uno de los que más conoce el tema es el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, quien ocupa ese cargo desde hace 20 años y quien, durante la última década, ha tenido la responsabilidad, como parte de la Iglesia católica, de ayudar a miles de migrantes que cruzan esa área. En entrevista con La Prensa, advirtió que la provincia atraviesa una de sus peores crisis sociales desde que Estados Unidos prohibió la entrada de migrantes irregulares. “Desde que se prohibió la entrada de migrantes en Estados Unidos, a Darién casi no llegan. No pasan ni de cien por mes”, afirmó. Según Hernández, la drástica reducción del flujo migratorio ha tenido un impacto directo en las comunidades fronterizas que, durante años, encontraron en la movilidad humana una fuente de ingresos. Las estadísticas Las cifras del Servicio Nacional de Migración confirman la magnitud del cambio que describe el obispo de Darién. Entre enero y septiembre de 2024 ingresaron al país por la selva 263,296 migrantes, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra se desplomó a apenas 2,982. La diferencia —260,314 personas menos— refleja el impacto directo de las nuevas políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y Panamá. “Había una relación muy fuerte entre el indígena y el migrante. Había negocios en viviendas indígenas que recibían hasta cinco mil dólares semanales”, explicó Hernández, al recordar que muchos habitantes del Tapón de Darién vivieron de la atención a los viajeros: alojamiento, alimentación y transporte. No obstante, advirtió que aquella dependencia económica se transformó en un problema estructural. “Eso fue un modus vivendi que los llevó a no trabajar”, añadió. El narcotráfico El obispo lamentó que, ante la falta de alternativas, algunos pobladores hayan recurrido a actividades ilícitas. “El modus vivendi de ellos ahora es el narcotráfico. Están colaborando como mulas”, denunció. Hernández insistió en que el Estado panameño debe intervenir con urgencia para ofrecer opciones sostenibles. “Hay que crear un sistema que pueda ayudar a las comunidades a salir de la situación precaria. No hay proyectos que ayuden a la gente a vivir de una forma real y verdadera. ¿En Darién de qué vivir?”, se preguntó. Monseñor Hernández Cantarero anunció que esta semana visitará el Alto Tuira para conocer la realidad de las comunidades más aisladas. “Pasaron de vivir de la migración al narcotráfico como mulas. No quieren cosechar”, dijo, al advertir sobre el deterioro social. Su mensaje final implica una advertencia contundente y un llamado a la acción por parte del Gobierno: “Darién es una bomba de tiempo. El Gobierno no hace nada por crear algo que ayude a esta población”, concluyó con preocupación. Los informes de inteligencia de los estamentos de seguridad, tanto panameños como colombianos, reconocen que la instalación de una “barrera perimetral” en el Tapón del Darién —zona selvática que marca la frontera entre Panamá y Colombia— redujo drásticamente el paso de migrantes irregulares y alteró el equilibrio económico de las redes criminales que controlaban ese tránsito. Ante la pérdida de ingresos, el Clan del Golfo, una de las organizaciones más activas en la región, desplazó sus operaciones hacia la minería ilegal y el narcotráfico, utilizando a indígenas panameños y colombianos como mano de obra forzada o intermediarios. Según estimaciones de organismos nacionales e internacionales, cerca de un millón de personas cruzaron Darién entre 2020 y 2024, y por cada una de ellas el grupo cobraba entre 80 y 100 dólares por permitirles avanzar hacia territorio panameño. Migración inversa Por otra parte, las defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia han advertido en los últimos meses sobre un deterioro humanitario en la región, provocado por el incremento de la migración inversa, es decir, el retorno de migrantes a sus países de origen tras no poder ingresar a Estados Unidos. Un informe presentado en Bogotá, con respaldo de la ONU, señala que, en lo que va de 2025, al menos 14,000 personas han sido devueltas o retornaron voluntariamente desde México y Estados Unidos, en un contexto donde el paso hacia el norte por Darién se redujo en un 98% respecto a los niveles del año anterior. Datos del Ministerio Público reflejan que los delitos de estafas y otros fraudes se han incrementado en los últimos años. Tomado de pixabay/Joshgmit De delito ocasional a industria criminal: la estafa deja 17 víctimas diarias en el país FRAUDE DIGITAL Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El auge del comercio digital ha traído consigo un fenómeno que enciende las alarmas en el país: el incremento de las estafas en línea. Cada vez más panameños son víctimas de fraudes cometidos a través de redes sociales y plataformas de compraventa, donde los delincuentes se aprovechan del anonimato digital para engañar a compradores y vendedores. Las autoridades del Ministerio Público han reiterado el llamado a la precaución, advirtiendo que este tipo de delito se ha posicionado entre los más frecuentes en Panamá. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en promedio 17 personas son estafadas cada día bajo distintas modalidades, siendo las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí las zonas con mayor incidencia. Los casos van desde ventas de artículos inexistentes hasta transferencias electrónicas fraudulentas, lo que demuestra que los delincuentes han perfeccionado sus métodos y ampliado su alcance en el entorno virtual. Entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 4,515 denuncias por estafa y fraude, frente a las 4,142 registradas en el mismo periodo de 2024. El incremento del 9% preocupa a las autoridades, que advierten sobre la necesidad de fortalecer la educación digital. Después de Panamá, con 2,534 denuncias, la provincia de Panamá Oeste es la que más casos reporta, con 552. En tercer lugar se encuentra Chiriquí, con 416. La propuesta de ley En medio de este escenario, el diputado Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que endurece las sanciones por el delito de estafa. La iniciativa plantea modificar los artículos 220 y 221 del Código Penal, con el objetivo de adecuar las penas a la magnitud del daño económico y a las nuevas modalidades de fraude, especialmente las que se cometen a través de medios digitales. De acuerdo con cifras de la Corte Suprema de Justicia, entre 2019 y 2024 los casos judicializados por estafa aumentaron un 578%, pasando de 189 a 1,282. En el mismo período, los casos imputados bajo este delito crecieron un 778%, y los remitidos a mediación se dispararon en más de 1,100%. Sin embargo, apenas 512 procesos culminaron con una sentencia, lo que evidencia —según Gaitán— la necesidad de reforzar tanto la legislación como la respuesta institucional ante este tipo de delitos. El crecimiento del fraude Los datos de la Procuraduría General de la Nación, aportados por el diputado para sustentar la iniciativa, confirman la tendencia. En los últimos cinco años se han recibido más de 26,600 denuncias por estafa en todo el país. En 2019 se reportaron 2,680 casos, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 5,241, un aumento del 95.6%. “La estafa dejó de ser un delito ocasional. Hoy es una industria del crimen que afecta a miles de panameños y a la economía nacional”, advirtió el diputado Gaitán durante la presentación de su propuesta. El proyecto de ley, aprobado en primer debate, propone elevar la pena por el delito de estafa de cuatro a seis años de prisión, y aumentar hasta un tercio la sanción cuando el crimen se cometa mediante abuso de confianza o a través de medios cibernéticos. En los casos agravados —cuando el perjuicio económico supere los 50 mil dólares o cuando el delito afecte a la Administración Pública—, la condena podría alcanzar entre siete y doce años de prisión. Gaitán argumentó que las sanciones actuales no son suficientes para disuadir a los delincuentes y que el bajo riesgo de castigo ha incentivado la reincidencia. “El daño que provocan estas estafas no solo es económico, sino también moral y social. La gente pierde la confianza en las instituciones y en el mercado”, señaló. En una de las operaciones más amplias del año, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la “Operación Rezago” en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, logrando desarticular una red criminal dedicada a la estafa agravada. Durante los allanamientos fueron detenidas 15 personas, presuntamente vinculadas a una organización que operaba bajo distintas fachadas para cometer fraudes. Según las autoridades, el grupo se hacía pasar por vendedores o compradores de vehículos, terrenos, celulares, paquetes vacacionales y alquileres, entre otros bienes y servicios, con el fin de engañar a sus víctimas. Hasta el momento se investigan más de 25 denuncias, que habrían provocado pérdidas superiores a los 100 mil dólares.
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