2A La Prensa Panamá, lunes 10 de noviembre de 2025 En el país, 81 alcaldes reclaman que los recursos del impuesto de bienes inmuebles les sean entregados en su totalidad, tal como lo establece la Ley de Descentralización. Archivo Gobierno y política asfixian a municipios y juntas comunales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES En el país existen 81 municipios y 701 juntas comunales, pero muchos de estos gobiernos locales enfrentan problemas estructurales derivados de la injerencia política y la falta de recursos. Pasada más de una década de haberse prometido la descentralización plena, los municipios y juntas comunales del país siguen atrapados entre la política partidista, la falta de planificación y la escasez de recursos. En muchos casos, los gobiernos locales dependen de la voluntad del Ejecutivo para ejecutar obras o acceder a fondos, una situación que ha perpetuado la discrecionalidad y el clientelismo. En el país existen 81 municipios y 701 juntas comunales, pero varios de estos gobiernos locales están sumidos en problemas estructurales que, según el asesor de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Narciso Machuca, deben ser atendidos con urgencia. En el caso de los municipios, varios alcaldes de los principales distritos han solicitado al Gobierno Central cumplir con la Ley de Descentralización, que establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe transferir el 100% de los fondos recaudados del impuesto de bienes inmuebles. Machuca precisó que en los últimos siete años el MEF ha dejado de trasladar 502 millones de dólares a los gobiernos locales. Machuca subrayó que la deuda del Gobierno Central con los municipios es “considerable” y que, aunque existe base legal para una demanda, la prioridad debe ser el diálogo. “Cabe demanda, pero la asociación considera que hay que sentarse con el Ejecutivo para buscar alternativas de acuerdo de pago”, afirmó. Explicó que la Amupa propone un mecanismo que permita al Estado cumplir con los traslados establecidos en la Ley 37 de 2009, sin comprometer su capitalización. “Pagar lo que se recauda realmente y amortizar la deuda anualmente por los próximos cuatro o cinco años”, sugirió, al tiempo que recordó los dos reclamos principales de los municipios: que el MEF transfiera de forma íntegra los fondos del impuesto de bienes inmuebles el año siguiente a su recaudación y que se establezca un acuerdo sobre la morosidad pendiente. Los municipios subsidiados Otro de los temas que también afecta a los gobiernos locales es la falta de recursos en la mayoría de los municipios y juntas comunales del país. De los 81 municipios, cerca de 64 son subsidiados por el Estado, ya que, a diferencia de distritos como Panamá, Colón, San Miguelito o La Chorrera, no cuentan con ingresos de autogestión suficientes para financiar sus proyectos. Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han cuestionado la creación de nuevos distritos y corregimientos sin planificación ni estudios técnicos, muchas veces con fines políticos, lo que genera un alto costo para el Estado. En 1990, Panamá contaba con 68 distritos, y actualmente tiene 81. A esto se suma la proliferación de corregimientos: en 1972 existían 505, y hoy son 701. Este crecimiento desmedido ha inquietado al Tribunal Electoral (TE), que en 2014 pidió a los diputados abstenerse de crear nuevas divisiones político-administrativas en años cercanos a los comicios generales. 2019 fue el año en que más corregimientos se crearon. Datos del TE revelan que en 2014 surgieron 26 nuevos corregimientos; en 2019, 31; y en 2024 se añadieron otros 22. Cada nueva división representa un gasto mínimo de 300 mil dólares anuales para el erario público. Caso notable Un caso particular se registró en la comarca Naso, donde en 2024 se crearon los corregimientos de Teribe, San San Drui y Bonyik como parte de la conformación de la nueva comarca. Sin embargo, la normativa no contempló la figura de la alcaldía, lo que impide que las juntas comunales reciban fondos del impuesto de bienes inmuebles. Esto ha frenado el desarrollo de proyectos comunitarios, ya que las juntas no cuentan con sedes físicas ni recursos para alquilar oficinas, lo que ha dificultado el inicio de sus labores. Machuca señaló que entre 2024 y 2025 estas juntas comunales no han recibido fondos para proyectos, precisamente porque no existe una autoridad municipal que canalice los recursos. No obstante, la Amupa ha solicitado a la Autoridad Nacional de Descentralización buscar un mecanismo de transferencia directa. Hasta el momento no ha habido respuesta. Descentralización desvirtuada La descentralización, concebida como una herramienta para fortalecer la gestión local y reducir la dependencia del poder central, terminó convertida en un instrumento político. Durante el pasado gobierno (2019-2024), la llamada “descentralización paralela” desvirtuó su propósito original: se distribuyeron más de 300 millones de dólares sin controles efectivos, bajo un esquema marcado por el sesgo partidista de la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La mayoría de las juntas comunales beneficiadas pertenecían a ese colectivo, mientras que otras, marginadas por razones políticas, vieron frenados sus proyectos y presupuestos. Así, lo que debía ser una política de equidad territorial terminó convertido en un mecanismo de clientelismo, que dejó a la descentralización y a los gobiernos locales como las verdaderas víctimas de la política. Narciso Machuca, asesor de la Amupa. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente ayer en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. Representantes de unos 170 países participarán en una cita marcada por un mundo en crisis, profundos cambios geopolíticos, un número récord de conflictos armados, disputas comerciales e importantes líderes mundiales que siembran dudas sobre el calentamiento global. “Este es el momento de honrar nuestra ancestralidad en el derecho internacional. En la COP30, nuestra ambición debe ser llenar las lagunas mediante la implementación de la unión y la cooperación”, expresó el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, en una carta. Es la primera vez que la conferencia climática se celebra en el mayor bosque tropical del planeta, un ecosistema vital para la regulación de la temperatura global, pero también uno de los más amenazados por la deforestación y la minería ilegal. Desastre climático en Brasil en plena COP30 Y es que el planeta continúa dando señales alarmantes. El viernes, mientras los líderes mundiales discutían sobre la transición energética en Belém, un tornado sin precedentes causó al menos seis muertos y 784 heridos en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. El fenómeno, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, arrasó la localidad de Río Bonito do Iguaçu, donde destruyó casi todo el parque de viviendas. Este domingo, en Filipinas, casi un millón de personas fueron evacuadas ante la llegada de un nuevo supertifón, apenas dos días después de sufrir otro que dejó 220 muertos. En este contexto, el secretario general de la ONU, COP30: muchos deberes y la misión de frenar la ola de negacionismo CAMBIO CLIMÁTICO António Guterres, manifestó, en la apertura de la cumbre de líderes de la COP30, su pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C. “Es un fracaso moral”, dijo. Brasil, como país organizador, pretende enderezar el rumbo y mantener vivo uno de los pilares del Acuerdo de París. “La COP30 puede marcar el momento en que la humanidad vuelve a empezar, restaurando nuestra alianza con el planeta y entre generaciones”, indicó Corrêa do Lago en la misiva. Cinco ejes para avanzar en Belém El científico Paulo Artaxo, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), espera avances en cinco ejes: promover una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, garantizar mecanismos para acabar con la deforestación en los bosques tropicales hasta 2030, consolidar instrumentos para la financiación climática, implementar políticas de adaptación y reforzar el multilateralismo. El tema de la financiación sigue coleando desde la COP29 de Bakú. Los países en desarrollo insisten en negociar en Belém cómo llegar a los 1.3 billones de dólares anuales hasta 2035 para poder cumplir con sus objetivos climáticos. Las negociaciones se prolongarán hasta el día 21. EFE. BELÉM, BRASIL Integrantes de pueblos indígenas llegan a la aldea de la COP30 donde debatirán temas ambientales. EFE
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