6A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 1. Inspección de la Defensoría del Pueblo en el hospital Cecilio Castillero. 2. Complejo Especializado Arnulfo Arias Madrid. 3. Hospital José Domingo De Obaldía. 4. Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Tomadas del informe Hospitales públicos son el reflejo del abandono estatal Aleida Samaniego C. [email protected] DEFENSORÍA DEL PUEBLO Centros como Nicolás A. Solano, Santo Tomás y el Complejo Hospitalario presentan graves fallas estructurales y riesgos para los pacientes, según constató la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo confirmó lo que médicos y pacientes han denunciado reiteradamente: los principales hospitales públicos de Panamá atraviesan una crisis grave y prolongada. La institución realizó inspecciones a 27 hospitales, tanto del Ministerio de Salud (Minsa) como de la Caja de Seguro Social (CSS), y el informe resultante revela un panorama alarmante de deterioro en la infraestructura, escasez de personal, fallas en los servicios y desabastecimiento de medicamentos. En el Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, los inspectores encontraron únicamente tres operarios de limpieza para cubrir toda la demanda del centro. Además, detectaron productos químicos reenvasados sin fichas de seguridad, incumplimiento de protocolos y un desagüe expuesto en el área de lavandería con equipos oxidados y ventilación deficiente, lo que incrementa significativamente el riesgo de infecciones cruzadas. El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid presentó también graves deficiencias estructurales: ductos deteriorados, una planta de lavandería con más de 30 años de antigüedad, calor excesivo y mantenimiento insuficiente. El déficit de personal es crítico: solo 13 empleados cubren áreas que requieren al menos 25, afectando directamente la calidad de la atención. El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel enfrenta problemas similares. Dos de sus cinco lavadoras están fuera de servicio, y la ventilación limitada genera humedad y riesgo de contaminación microbiana. Además, los insumos para urgencias pediátricas no siempre están disponibles, lo que compromete la atención en emergencias infantiles y pone en riesgo la vida de los pacientes. En el Hospital Santo Tomás, los inspectores documentaron baños en mal estado, sin agua, jabón ni papel, así como un deterioro generalizado en las áreas de atención. Aunque se construye una nueva sala de hemodiálisis con 60 máquinas, el personal sigue siendo insuficiente y requiere capacitación especializada para operar con seguridad. El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el sector de 24 de Diciembre, presenta una preocupante falta de especialistas en cardiología, gastroenterología y cirugía vascular periférica. Esta escasez obliga a derivar pacientes a otros centros, saturando la capacidad de atención y retrasando procedimientos críticos. El interior del país sufre igual abandono En el interior del país, la situación no es diferente. En el Hospital Aquilino Tejeira, en la provincia de Coclé, la sala de hemodiálisis cuenta con solo 10 máquinas para atender a 30 pacientes diarios, lo que obliga al personal a trabajar en tres turnos consecutivos y genera sobrecarga laboral significativa. En Herrera, los hospitales Cecilio A. Castillero y Gustavo Nelson Collado enfrentan problemas de almacenamiento y abastecimiento de medicamentos. Por ejemplo, de los 20,000 medicamentos solicitados por el hospital Gustavo Nelson Collado, solo recibe cerca de 5,000, dejando a los pacientes sin tratamiento oportuno. Mientras tanto, en Chiriquí y Bocas del Toro, los hospitales reportan insumos insuficientes para urgencias pediátricas y neonatales, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a otros centros para recibir atención adecuada, aumentando los riesgos de complicaciones graves. En Darién, especialmente en Yaviza y Metetí, la Defensoría documentó la acumulación de desechos y chatarra cerca de las áreas hospitalarias, incrementando el riesgo de proliferación de vectores y enfermedades. Según el informe, los hospitales de Darién y Panamá Oeste son los que tienen más deficiencias en el país, reflejando un abandono estructural y administrativo prolongado. El documento enumera veinte riesgos prioritarios, entre ellos infecciones intrahospitalarias, desabastecimiento de medicamentos, colapso de servicios por falta de especialistas, riesgo de pérdida de vidas por atención tardía y agotamiento del personal sanitario. Además, se registran violaciones al derecho a la salud y a la seguridad social, obligando a los pacientes a costear medicamentos o exámenes en laboratorios privados. La Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes en hospitales como Nicolás A. Solano, Santo Tomás, Hospital del Niño, Aquilino Tejeira, Cecilio Castillero, Ciudad de la Salud y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Entre sus recomendaciones destacan un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de medicamentos, auditorías conjuntas con el Minsa, la CSS y la Contraloría General de la República, y la creación de un sistema público de indicadores hospitalarios que permita evaluar y monitorear la calidad de los servicios. “El sistema de salud viene arrastrando desigualdades por más de 30 años”, afirmó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas que garanticen una atención digna y segura para todos los ciudadanos. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció ante la Asamblea Nacional que algunos hospitales, como Nicolás A. Solano y Luis Chicho Fábrega, llevan años sin recibir el mantenimiento adecuado, lo que ha agravado la crisis. La Defensoría anunció que dará seguimiento continuo a la implementación de estas medidas, con el objetivo de garantizar que todos los panameños reciban atención médica de calidad y en condiciones seguras en todo el país, evitando que la falta de infraestructura, insumos y personal siga poniendo en riesgo la salud de la población. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió ayer la orden de proceder a la empresa SGS Panama Control Services para ejecutar la auditoría integral de la mina Cobre Panamá. La orden establece un periodo de seis meses para que se ejecute la auditoría y dos meses adicionales como periodo de liquidación, contados a partir de la fecha. Justo el 7 de octubre, la Contraloría General de la República refrendó el contrato 003-2025 que contrajo MiAmbiente con SGS por $539,791 por el servicio de la auditoría. La orden de proceder fue firmada este miércoles por Oscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente que funge como encargado en ausencia del titular de la cartera, Juan Carlos Navarro. Desde el 12 de septiembre pasado, MiAmbiente anunció que la auditoría había iniciado con una etapa de planificación. Navarro recibió el 11 de septiembre la notificación de la selección de SGS como la empresa encargada de realizar la auditoría. La ejecución de la auditoría integral abarca una revisión del cumplimiento de aspectos legales, laborales, tributarios y de riesgos asociados; asimismo, incluye el paquete de auditoría de cumplimiento ambiental. No obstante, en los términos de referencia (TDR) de la contratación se especifica que la revisión de aspectos ambientales —particularmente los del estudio de Emiten orden de proceder para la auditoría integral de Cobre Panamá MINA EN DONOSO impacto ambiental del proyecto— abarcan hasta la suspensión de operaciones en 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y First Quantum Minerals, la empresa canadiense que tuvo la concesión. En uno de los más recientes comunicados, MiAmbiente detalló: “El proceso se enfocará en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes correspondientes a la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación de la mina. El análisis comprenderá la totalidad de lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el fin de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura”. Mario De Gracia [email protected] Vista de la tina de relave en el proyecto minero que se desarrolla entre Colón y Coclé, en diciembre de 2023. Alexander Arosemena 1 2 3 4 Una de las áreas del hospital Santo Tomás visitada por los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Tomada del informe Inspección en el hospital Ezequiel Abadía. Tomada del informe Panorama
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