1A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 9 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15164 Hoy por hoy El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ha decidido liderar el cambio para derogar la Ley 353 de 2023, aprobada por el PRD en los últimos meses de su gestión, que amplió de forma indebida la estabilidad laboral en la Asamblea y terminó blindando una planilla cada vez más insostenible. De los $98 millones del presupuesto legislativo, cerca de $75 millones se destinan a salarios. Vaya uno a saber qué funciones reales se esconden detrás de esas cifras y cuántos de esos nombramientos responden a compromisos políticos más que a méritos profesionales. Esa ley y la práctica clientelista en el Palacio Justo Arosemena distan mucho del espíritu original de la Ley 12 de 1998, que crea la carrera legislativa para “garantizar los principios de libertad política, igualdad, mérito, honestidad y capacidad”. Derogar la norma es un primer paso necesario. El siguiente debe ser uniformar los criterios del servicio público, estableciendo reglas comunes para todo el Estado y asegurando que la función pública responda al mérito, no a la militancia. Ese sería un buen paso de la Asamblea para comenzar a recuperar credibilidad. Ellas.pa Esther Rodríguez: Donde las formas florecen 5B ‘Las estadísticas están para romperse’: El Puma previo a partido en El Salvador Cobertura especial en prensa.com Revocan condena en caso New Business Sala Penal absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez La Sala Penal de la Corte, en un fallo con ponencia de la magistrada María Eugenia López, revocó la condena contra los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, y Gonzalo Gómez, argumentando que no se comprobó el origen ilícito de los fondos del caso New Business. VEA 2A Herrera propone eliminar la ley que blindó la planilla Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que su prioridad es transformar la institución desde adentro y recuperar la confianza ciudadana. Reconoce que enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera, con una planilla que absorbe el 76% del presupuesto legislativo y leyes que, en lugar de fortalecer la función pública, la han vuelto más rígida e ineficiente. Herrera confirmó que impulsará la eliminación de la Ley 353 de 2023, que blindó la carrera legislativa, y ENTREVISTA El presidente de la Asamblea aborda tres temas clave: eliminar la ley que blindó la planilla, modernizar el reglamento interno y definir prioridades presupuestarias. prometió actualizar el reglamento interno, pendiente desde hace décadas. También subrayó la necesidad de revisar la estructura presupuestaria para optimizar Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE Eliana Morales Gil ENVIADA ESPECIAL [email protected] “Que alcancen el acuerdo, que regresen los secuestrados”, pide Pablo Roitman, con la voz de quien ha aprendido a resistir entre la fatiga y la esperanza. Dos años después del ataque del 7 de octubre de 2023, su ruego coincide con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró que Israel y Hamás firmaron la primera fase del llamado “plan de paz”, que contempla el cese de la ofensiva israelí y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes. “Todos serán liberados muy pronto”, prometió Trump, mientras las familias israelíes —como la de Roitman, cuya madre fue secuestrada y regresó tras 53 días de cautiverio— vuelven a aferrarse a una esperanza que ya habían aprendido a sostener en silencio. VEA 5A MEDIO ORIENTE Donald Trump anuncia el primer ‘plan de paz’ entre Israel y Hamás Jorge Herrera participó ayer en el Consejo Editorial de ‘La Prensa’ y ‘Mi Diario’. Alexander Arosemena Panamá prevé récord en turistas Panamá se encamina a romper su propio récord turístico con 2.29 millones de visitantes internacionales al cierre de 2025, lo que representaría un crecimiento del 9% frente a 2024, cuando arribaron 2.1 millones de personas. Los datos los dio a conocer ayer el Fondo de Promoción Turística (Promtur Panamá), durante el Foro de Capacitación Turística, organizado por Copa Airlines. VEA 1B Mafias en la CSS; recuperan $819 mil desviados a través del SIPE Canal reporta 14.4% más de ingresos que el año anterior La Fiscalía Anticorrupción recuperó $819 mil de los $858 mil sustraídos de la Caja de Seguro Social (CSS) mediante la manipulación del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), sistema que gestiona las cuotas obrero patronales. En el caso hay 45 imputados entre funcionarios y empresarios, seis condenados y siete detenidos, por un fraude que expuso redes internas de corrupción. VEA 2A El Canal de Panamá registró ingresos por $5,705 millones en el último ejercicio fiscal, un aumento de 14.4% frente al periodo anterior. El incremento se atribuye al alza de peajes, mejoras en eficiencia operativa y una gestión adaptada a las limitaciones hídricas que afectaron el tránsito. VEA 3B CORRUPCIÓN PEAJES El Nobel de Química premió al británico Richard Robson, el japonés Susumu Kitagawa y el jordano Omar M. Yaghi por el desarrollo de un nuevo tipo de arquitectura molecular, las estructuras metalorgánicas. NOBEL DE QUÍMICA Tres mentes que cambiaron la materia recursos y fortalecer sectores como salud y educación, destacando que “el presupuesto del Oncológico tiene que subir”. VEA 4A El insólito concierto con el que Milei buscó ‘recuperar la mística’ en medio de los escándalos www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La Fiscalía Anticorrupción recuperó $819 mil de los $858 mil correspondientes a fondos sustraídos de la Caja de Seguro Social (CSS) cuya lesión ha sido detectada. Esta lesión es el resultado de la manipulación del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) por funcionarios y particulares, con el objetivo de alterar los montos que las empresas debían entregar en concepto de cuotas obrero patronales, a cambio de coimas. La fiscal anticorrupción Digna Castillo explicó que en este caso los fondos se recuperaron luego que los empresarios investigados aceptaron devolver el dinero como parte de su colaboración con la investigación. Castillo reveló que en este proceso hay 45 personas imputadas entre funcionarios, exfuncionarios de la CSS y empresarios y que se han logrado seis condenas a través de acuerdos de pena, con sanciones que superan los 60 meses de prisión. En esta investigación 32 de los imputados gozan de medidas cautelares de notificación periódica ante la autoridad competente y siete se encuentran detenidos provisionalmente. De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios de la CSS encargados de manejar el SIPE, en asocio con particulares, contactaban a los dueños de las empresas para ofrecerles alternativas fraudulentas para no hacer frente a los cobros coactivos —por la vía administrativa— que realizaba la institución por morosidad en la entrega de la cuotas obrero patronales. Por sus servicios los funcionarios cobraban entre un MP recupera $819 mil sustraídos a la CSS mediante alteraciones en el Sipe CORRUPCIÓN 20% a un 30% de la totalidad de la morosidad a cancelar. Los fondos eran depositados en las cuentas de terceras personas que servían como testaferros. La investigación, que empezó en 2018, encontró que los funcionarios que mantenían el SIPE, utilizaron datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era la persona que ejecutaba las alteraciones en la información que era entregada al sistema, en el que no se acreditó el pago de las cuotas. También se logró establecer en la investigación que los funcionarios del SIPE permitieron la afiliación a la CSS de extranjeros que ni siquiera laboraban en empresa alguna. Este expediente se suma a otro antecedente reciente: la red corrupta que manipuló el SIPE y dejó a cientos de trabajadores con “pensiones mutiladas”. En esa investigación, el Ministerio Público documentó cómo se reportaban salarios fraudulentamente bajos —incluso de un dólar mensual— que reducían las futuras pensiones, causando pérdidas superiores a $800 mil a la CSS y evidenciando que las alteraciones del sistema no eran hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude institucional. El 9 de abril de 2018, menos de un mes después de la publicación de La Prensa que dejó en evidencia el modus operandi de la red o redes que estaban operando, el entonces director de la CSS Alfredo Martiz confirmó que en la entidad funcionaba una “mafia” que mantiene “una estructura para delinquir” que provocó un desfalco de más de $300 millones. Otros casos Estos casos se suman a otra investigación relacionada con la CSS, pero que tiene relación con la pérdida de 63 armas de fuego pertenecientes al cuerpo de seguridad de esa entidad de seguridad social. Por este caso hay seis personas imputadas por el robo de pistolas calibre 9 milímetros, que se presume luego fueron vendidas a grupos delincuenciales que operan en la ciudad de Panamá. El director de la CSS, Dino Mon, reconoció la existencia de redes de corrupción dentro de la institución, como mafias que vendían citas médicas hasta en $125. Por estos hechos se han presentado 18 querellas ante el Ministerio Público, lo que revela que las irregularidades en el SIPE no son episodios aislados, sino parte de un entramado más amplio de corrupción que socava la seguridad. El 9 de abril de 2018, menos de un mes después de la publicación de La Prensa que dejó en evidencia elmodus operandi de la red, el entonces director de la CSS Alfredo Martiz confirmó que en la entidad funcionaba una “mafia” que mantiene “una estructura para delinquir” que provocó un desfalco de más de 300 millones de dólares. Nicolás (Izq.) y José Carlos Corcione Pérez Balladares. Archivo Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gómez Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] CASO NEW BUSINESS La decisión fue adoptada por las magistradas María Eugenia López Arias (ponente), Ariadne García y Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo). La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó un veredicto absolutorio a favor de Gonzalo Gómez Wong y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, en el proceso por blanqueo de capitales relacionados con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) a través de la sociedad New Business. La decisión fue adoptada por las magistradas María Eugenia López Arias (ponente), Ariadne García y Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo). Es la segunda ocasión en la que la Sala Penal favorece a condenados por el caso New Business. Antes, el 12 de marzo de 2025, acogió un recurso de revisión de sentencia a favor de Valentín Martínez Vásquez y lo salvó de cumplir la condena de 80 meses de prisión dictada en su contra por la juez Baloisa Marquínez, en julio de 2023. Aquel fallo también fue respaldado por las magistradas López y García; Cornejo salvó su voto. ¿Qué pasó ahora? En el edicto No.1084, divulgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se informó a las partes que la Sala Penal, mediante un fallo adoptado el 22 de septiembre de 2025, casó la sentencia de segunda instancia No.15 de 28 mayo del 2024, expedida por el Tribunal de Liquidación de Causas Penales, en la que se condenó a Gómez y los hermanos Corcione a 60 meses de prisión, cada uno, por blanqueo de capitales. En el fallo de la Sala Penal (de 70 páginas) se cita el artículo 22 del Código Procesal Penal, en el que se detalla que “las autoridades judiciales y del Ministerio Público tienen el deber de motivar jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite. La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica”. En el año 2010, Grupo Corcione firmó el contrato para diseñar, construir y equipar (electrónicamente) el edificio nuevo de la Asamblea Nacional. Según la investigación del Ministerio Público, los Corcione recibieron $1.9 millones de la AN y desviaron ese dinero a una cuenta canasta a nombre de New Business, utilizada para captar los fondos que se utilizaron para adquirir Epasa. Pero ahora, la Sala Penal determinó que el tribunal incurrió en un error de apreciación de las pruebas, ya que no se logró acreditar que los fondos entregados como anticipo a Constructora Corcione y Asociados, S.A., hayan sido malversados o su procedencia fuera ilícita. Además, que la propia Asamblea Nacional determinó que dichos fondos fueron usados de manera eficiente y transparente. Los antecedentes En principio, cuando la juez Marquínez dictó su sentencia, hace más de dos años, no condenó a los Corcione y a Gómez. Pero esa decisión fue apelada por el fiscal Emeldo Márquez y el caso fue enviado al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Es en esta instancia que se revoca la decisión de la juez Marquínez y se condenó a los dos hermanos y a Gómez Wong a la pena de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. Como pena accesoria, el tribunal ordenó la inhabilitación para ejercer el comercio por el mismo periodo que la pena principal, en el caso de Gómez. También se ordenó el comiso de los dineros, títulos y valores a nombre de los Corcione, los cuales habían sido aprehendidos por el Ministerio Público en abril de 2018. En cuento a Gómez, se le atribuyó que la empresa Excavaciones del Istmo recibió un contrato por $27.8 millones para realizar los trabajos de rehabilitación de caminos en la provincia de Panamá Oeste. Ocurrió lo mismo: según la investigación del Ministerio Público, $2 millones fueron depositados en una cuenta a nombre de la sociedad Factor Global y, posteriormente, desviados a la cuenta canasta de New Business. La Sala Penal consideró que la fiscalía no probó que el dinero fue desviado. Además, se tomó en cuenta que la Contraloría General de la República archivó una investigación por posible lesión patrimonial, ya que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que Excavaciones del Istmo había ejecutado los trabajos conforme dicta el contrato. Por el caso New Business, el expresidente Ricardo Martinelli se asiló en Colombia para evadir la pena de 120 meses de prisión, dictada en su contra por la juez Marquínez. La juez también dictó condena contra Daniel Ochy (96 meses de prisión), Iván Arturo Arrocha (80 meses), Janeth Vásquez (60 meses) y Valentín Martínez Vásquez, pero éste último, como ya se dijo, fue absuelto por la Sala Penal en marzo pasado. Funcionaria detenida por el caso SIPE en septiembre de 2025. Cortesía
3A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TARJETA ROJA. En plena fase eliminatoria para el Mundial 2026, la Fepafut intentó meter un gol de media cancha cuando, de la nada, decidió que, en el partido del próximo 14 de octubre entre Panamá y Surinam, los fanáticos de los palcos del estadio Rommel Fernández debían consumir alimentos y bebidas adquiridos exclusivamente a través de una sociedad anónima llamada Twinshight Group Corp., registrada en mayo pasado, cuyo presidente, representante legal y agente residente es una firma denominada Aguirre, Medina & Zarraonandia. Pandeportes dejó sin efecto la jugada de la Fepafut. Y así, la favorita cayó fuera de la cancha. Ojalá no surjan más sorpresas en esta etapa. COLADA. Ayer, la Comisión de Gobierno de la Asamblea rechazó un proyecto de ley que pretendía penalizar la calumnia y la injuria cuando la supuesta ofensa se cometa en perjuicio del familiar de un servidor público. El proponente de esta iniciativa, que solo obtuvo tres votos a favor, fue Camacho. ¿En serio piensan que esto es más importante que los proyectos anticorrupción? DESCARO. Bolota propone que los docentes en “huelga” puedan ausentarse hasta 60 días sin que el Meduca les aplique descuentos salariales o declare vacante el cargo. Lo mejor es la definición que aporta Bolota: “huelga docente” es cualquier ausencia del aula acordada por cinco o más personas. Esto parece un premio a la incompetencia y a la irresponsabilidad. INTERINA. Anilú Batista ejercerá como procuraJorge Herrera participó ayer en el Consejo Editorial de ‘La Prensa’ y ‘Mi Diario’. En la foto también se encuentran Aurelio Barría, miembro de la junta directiva; Rigoberto González, quien se incorporó esta semana a este medio como analista; y el periodista Ohigginis Arcia. Alexander Arosemena Herrera afirma que en las planillas se hará un análisis ‘caso por caso’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El presidente de la Asamblea Nacional precisó que de muchos funcionarios solo marcaban asistencia y se retiraban, y que trabajan con diputados de diferentes bancadas para eliminar la ley de carrera para atender este tema. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, enfrenta uno de los momentos más complejos y desafiantes de su vida política. Lidera una institución que, por décadas, ha sido objeto de críticas por contratos opacos y planillas abultadas, pero asegura que su objetivo es transformar la casa legislativa desde adentro. “Uno de los retos importantes de la Asamblea es [su] transformación. Viene de muchos años con el mismo patrón de conducta, pero lo importante es rescatar también esa mano de obra que trabaja dentro de la Asamblea”, afirmó en exclusiva a La Prensa. Herrera reconoce que la carrera legislativa y las leyes especiales que protegen a funcionarios de la Asamblea limitan algunas decisiones, pero subraya que el compromiso es avanzar en la eficiencia y responsabilidad de los trabajadores. “Cuando el funcionario trabaja no hay problema, pero aquel que no cumple con sus obligaciones [...] tenemos que hacer un alto”, dijo. El 76% del presupuesto del Legislativo, equivalente a $75 millones, se destina al pago de planilla. Ante la pregunta: “¿No considera este monto desproporcionado y poco sostenible frente a la situación actual del país?”, Herrera evitó dar cifras definitivas sobre la reducción de recursos, pero aseguró que se evaluará la estructura para optimizar el gasto. “Queremos hacer una proyección de ir bajando poco a poco el presupuesto de la Asamblea, pero sería una irresponsabilidad decirte que tantos millones cuando dentro de ese organigrama no la conocemos del todo”, explicó. La planilla de la Asamblea Nacional está compuesta por poco más de 4 mil funcionarios, y muchos de ellos, según lo explicó el propio Herrera, solo marcaban asistencia y se retiraban. “Se está trabajando con diputados de diferentes bancadas para ver cómo se elimina la ley de carrera legislativa y nosotros tomar las medidas al respecto”, puntualizó. El presidente del Legislativo aseguró que se analizará caso por caso, especialmente en planillas históricamente abultadas. Sobre Benicio Robinson, quien destina $261 mil 225 al mes en planillas, Herrera indicó que se cotejarán los datos con el Departamento de Recursos Humanos y se revisará si los funcionarios cumplen con sus responsabilidades legales. La intención de Herrera es derogar la Ley 353 de 2023, aprobada por el PRD en los últimos meses de su gestión, que amplió de manera indebida la estabilidad laboral en la Asamblea y terminó blindando una planilla cada vez más insostenible Comisión ad hoc En cuanto a la creación de una comisión ad hoc para discutir los proyectos anticorrupción presentados por el Ministerio Público, Herrera enfatizó la importancia de no violentar el reglamento interno ni la Constitución. No obstante, reconoció que existe un debate interno sobre la viabilidad de la comisión. “Ahorita mismo hay un tema de opiniones versadas en esta creación. Nosotros estamos esperando que nuestra asesoría legal nos dé las recomendaciones pertinentes”, afirmó. La Comisión de Gobierno, responsable de revisar las iniciativas anticorrupción y presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, ha retrasado el debate de las propuestas de ley. No obstante, la Constitución, en su artículo 167, establece que “todo proyecto de ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será pasado por el presidente de la Asamblea Nacional a una Comisión Ad Hoc para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial”. Reglamento interno El reglamento interno de la Asamblea lleva décadas sin actualizarse, y Jorge Herrera promete darle prioridad durante su año de presidencia. Entre los temas clave destacan las exoneraciones a diputados, los horarios de trabajo y la asignación de oficinas. “Uno de lospuntosimportantesdentro de la agenda es salir con ese reglamento interno. Eso téngalo por seguro”, afirmó. Detalló que, por ejemplo, diputados como Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, devolvieron las llaves de tres de las cinco oficinas que mantenían, mientras que su copartidario Benicio Robinson también cuenta con dos oficinas. Sobre los fondos de descentralización, Herrera defendió su uso durante los años 2019-2024, cuando a él se le asignaron $2.7 millones a proyectos locales. Ante la pregunta: “Entre 2019 y 2024 usted recibió fondos de la descentralización paralela siendo alcalde de Aguadulce. ¿Cómo los usó?”, Herrera explicó que los recursos se destinaron a obras de impacto económico y social, así como a atender deficiencias derivadas de la pandemia. El diputado reconoce que hubo irregularidades en algunos municipios, pero enfatiza que no se puede condenar a todos los alcaldes y representantes por casos aislados. “Oye, de 781 autoridades locales, si 20 o 30 le hicieron mal, que actúen los tribunales de justicia”, afirmó, defendiendo la labor de quienes gestionan correctamente los recursos públicos. Cierre de oficinas y política Herrera anunció que las cinco oficinas de participación ciudadana serán cerradas, asegurando que los funcionarios deberán cumplir con su trabajo de manera efectiva. Ante la pregunta: “¿Cuál será el futuro de las oficinas de participación ciudadana?”, respondió: “Aquella persona que no trabaja va a quedar cesante”, subrayó. Sobre la relación con el Ejecutivo y el presidente José Raúl Mulino dijo que se mantiene estable. “Hemos tenido una comunicación muy abierta y responsable. No nos han llamado nunca para decirnos cómo manejar la Asamblea”, aseguró, destacando que la coordinación se centra en proyectos de interés nacional. Entre las prioridades legislativas mencionadas se incluyen la ley de interés preferencial, la ley del etanol, la reforma de la carrera legislativa y el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema. Herrera también mencionó la discusión sobre Mercosur, asegurando que cualquier acuerdo que afecte la economía nacional pasará por el pleno de la Asamblea. Acerca de su futuro político, Herrera reiteró su lealtad al Partido Panameñista y, si bien no afirmó que correrá a la presidencia del colectivo, tampoco lo descartó. “Próximamente tomaremos una decisión; al final, lo que queremos es unir al partido”, apuntó. En materia presupuestaria, el presidente de la Asamblea enfatizó la importancia de priorizar sectores críticos como salud y educación. “El presupuesto que necesita el Oncológico, por ejemplo, tiene que subir. Debemos garantizar recursos para quienes realmente los necesitan”, afirmó, destacando la atención a pacientes y al personal médico. Mario De Gracia [email protected] Comisión de Presupuesto sugiere reasignación de unos $1,400 millones La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó formalmente las recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reasignar algunos montos dentro del proyecto de ley No.293, que dicta el presupuesto general del Estado 2026. El diputado presidente de la Comisión, Eduardo Vásquez, detalló que el total que algunas entidades pidieron reasignar alcanza cerca de $1,485 millones, dentro del ya presentado proyecto presupuestario de $34,901 millones, por lo que no implicaría un incremento. “El monto solicitado por diferentes instituciones que pasaron por la comisión para reconsideraciones es de $1,485 millones”, apuntó Vásquez. La intención sería recomendar al MEF hacer un “rejuego”, en el que se pase dinero de algunos renglones dentro del presupuesto a otros. Entre las entidades que la Asamblea sugiere tengan reasignaciones se encuentran el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el Ministerio de Salud (Minsa), algunas entidades dependientes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), entre otras. La aprobación de las recomendaciones se dio ayer, a través de la resolución No.35 de la Comisión de Presupuesto, que fue aprobada por 12 de los 15 diputados que la integran. El MEF deberá decidir si acoge las recomendaciones hechas por los diputados o no, para poder que el proyecto avance en el primer debate, pudiendo la Asamblea aprobarlo o rechazarlo. dora de la Nación ad honorem mientras dure la ausencia de Luis Carlos Gómez Rudy, quien se encuentra actualmente en Río de Janeiro participando en una conferencia sobre inteligencia artificial. ¿Por qué la designan a ella, que es la subsecretaria general del Ministerio Público, y no al secretario general, Jorge Luis de la Torre? Sería bueno escuchar esa explicación.
5A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 Panorama El plan de paz surge dos años después de la guerra. Reuters Medio Oriente mira con esperanza el plan de paz Eliana Morales Gil [email protected] REPORTES En Israel, un rumor se deslizó por los noticieros, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del llamado “plan de paz”. “Que alcancen el acuerdo, que regresen los secuestrados”, dijo Pablo Roitman, con el convencimiento de quien ha aprendido a resistir entre la fatiga y la esperanza. “El 80% de los israelíes estamos a favor de que esto se termine (..)”. Roitman caminaba entre los restos de Nir Oz, un kibutz ubicado a 1 kilómetro de la Franja de Gaza y una de las muchas comunidades que fueron atacadas el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas irrumpieron en territorio israelí. Ese día, más de mil 200 israelíes murieron, y alrededor de 250 fueron secuestrados. La madre de Pablo estuvo entre ellos. Regresó 53 días después, tras el primer acuerdo de intercambio. Pero cada palabra que él pronuncia lleva el peso de los vecinos que no volvieron: los quemados vivos, los ejecutados, los que aún permanecen bajo tierra, en los túneles del enclave. Dos años después, el país sigue contando los días de una guerra que ha dejado más de 67 mil muertos en Gaza. Naciones Unidas calcula que más del 80% de la población gazatí ha sido desplazada. En Israel, la herida es otra: la de los que esperan a los 48 secuestrados que siguen en manos del grupo islamista. “Lo único que nos queda es el optimismo y la esperanza”, dice Pablo. Su voz no tiene el tono del consuelo, sino el de alguien que agotó todas las formas de duelo posibles. El anuncio Durante la noche del miércoles 8 de octubre, en Israel, un rumor se deslizó por los noticieros, los cafés de Tel Aviv, las conversaciones de periodistas, y círculos políticos. Al pasar las horas, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del llamado “plan de paz”. Según escribió, “todos los rehenes serán liberados muy pronto” e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada “como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”. Trump aseguró que todas las partes “serán tratadas con justicia” y calificó el hecho como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América”. Agradeció además a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía “por haber hecho posible este acontecimiento histórico y sin precedentes”, y concluyó su mensaje con la frase: “Benditos sean los pacificadores”. Los primeros puntos del plan de paz propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos. Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas. Se anuncia dos semanas después de que Trump presentara la propuesta junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, bajo un contenido de alto el fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y el establecimiento de una administración internacional supervisada por Estados Unidos. En Jerusalén, el gobierno de unidad encabezado por Benjamin Netanyahu enfrenta una presión interna cada vez más intensa. La ciudadanía está cansada de la guerra. En Nir Oz, la quietud tiene algo de irreal. De tanto en tanto, un dron rompe el silencio o el zumbido de un avión. El viento levanta el polvo y mueve las cintas amarillas que aún delimitan las zonas donde se encontraron cuerpos. A un par de kilómetros, los campos se abren hacia el lugar donde hace dos años se celebró el festival Supernova, convertido en un santuario improvisado. Entre flores marchitas y retratos enmarcados, jóvenes israelíes llegan a diario para dejar mensajes escritos a mano: “No olvidamos. No perdonamos. Pero seguimos viviendo”. Clara Marman estuvo 53 días secuestrada en una casa en los territorios palestinos. Recuerda el olor a humedad, la oscuridad sin relojes, el eco de los bombardeos. “Puedo decir que el cautiverio fue un infierno”, narra con un hilo de voz. “Pero la espera de las familias, sin saber si sus seres queridos viven o mueren, es algo peor que el cautiverio mismo”, añade. A Clara la secuestraron junto a su pareja, Luis Hart, su hermana, su sobrina y una perra pequeña. Todos regresaron con vida. Habla con serenidad, pero sus manos tiemblan. “Lo más importante ahora es la liberación de los 48 rehenes que todavía están allí. Solo así podremos cerrar el círculo”. Su ruego está a punto de ser escuchado. Mientras los negociadores en El Cairo llegan a buen puerto, la región entera parece contener la respiración. En las calles de Gaza, el hambre y la falta de medicinas empujan a miles a los hospitales colapsados. Los equipos de la ONU advierten sobre un “riesgo real de hambruna generalizada”. En Israel, los sirenas han dejado de sonar con la frecuencia de antes, pero el trauma se mantiene intacto. La población israelí ha visto cómo se erosionan las certezas. Las divisiones políticas se disuelven ante una prioridad común: traer de vuelta a los secuestrados. En el centro de Tel Aviv, una gran pancarta con los rostros de los rehenes cuelga frente al Museo de Arte. Cada noche, familias encienden velas y oran. El papel de Trump en las negociaciones añade un componente imprevisible. Analistas afirman que el presidente busca reforzar su narrativa de estadista global y que quiere quedarse con el Nobel de Paz.
6A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 1. Inspección de la Defensoría del Pueblo en el hospital Cecilio Castillero. 2. Complejo Especializado Arnulfo Arias Madrid. 3. Hospital José Domingo De Obaldía. 4. Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Tomadas del informe Hospitales públicos son el reflejo del abandono estatal Aleida Samaniego C. [email protected] DEFENSORÍA DEL PUEBLO Centros como Nicolás A. Solano, Santo Tomás y el Complejo Hospitalario presentan graves fallas estructurales y riesgos para los pacientes, según constató la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo confirmó lo que médicos y pacientes han denunciado reiteradamente: los principales hospitales públicos de Panamá atraviesan una crisis grave y prolongada. La institución realizó inspecciones a 27 hospitales, tanto del Ministerio de Salud (Minsa) como de la Caja de Seguro Social (CSS), y el informe resultante revela un panorama alarmante de deterioro en la infraestructura, escasez de personal, fallas en los servicios y desabastecimiento de medicamentos. En el Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, los inspectores encontraron únicamente tres operarios de limpieza para cubrir toda la demanda del centro. Además, detectaron productos químicos reenvasados sin fichas de seguridad, incumplimiento de protocolos y un desagüe expuesto en el área de lavandería con equipos oxidados y ventilación deficiente, lo que incrementa significativamente el riesgo de infecciones cruzadas. El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid presentó también graves deficiencias estructurales: ductos deteriorados, una planta de lavandería con más de 30 años de antigüedad, calor excesivo y mantenimiento insuficiente. El déficit de personal es crítico: solo 13 empleados cubren áreas que requieren al menos 25, afectando directamente la calidad de la atención. El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel enfrenta problemas similares. Dos de sus cinco lavadoras están fuera de servicio, y la ventilación limitada genera humedad y riesgo de contaminación microbiana. Además, los insumos para urgencias pediátricas no siempre están disponibles, lo que compromete la atención en emergencias infantiles y pone en riesgo la vida de los pacientes. En el Hospital Santo Tomás, los inspectores documentaron baños en mal estado, sin agua, jabón ni papel, así como un deterioro generalizado en las áreas de atención. Aunque se construye una nueva sala de hemodiálisis con 60 máquinas, el personal sigue siendo insuficiente y requiere capacitación especializada para operar con seguridad. El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el sector de 24 de Diciembre, presenta una preocupante falta de especialistas en cardiología, gastroenterología y cirugía vascular periférica. Esta escasez obliga a derivar pacientes a otros centros, saturando la capacidad de atención y retrasando procedimientos críticos. El interior del país sufre igual abandono En el interior del país, la situación no es diferente. En el Hospital Aquilino Tejeira, en la provincia de Coclé, la sala de hemodiálisis cuenta con solo 10 máquinas para atender a 30 pacientes diarios, lo que obliga al personal a trabajar en tres turnos consecutivos y genera sobrecarga laboral significativa. En Herrera, los hospitales Cecilio A. Castillero y Gustavo Nelson Collado enfrentan problemas de almacenamiento y abastecimiento de medicamentos. Por ejemplo, de los 20,000 medicamentos solicitados por el hospital Gustavo Nelson Collado, solo recibe cerca de 5,000, dejando a los pacientes sin tratamiento oportuno. Mientras tanto, en Chiriquí y Bocas del Toro, los hospitales reportan insumos insuficientes para urgencias pediátricas y neonatales, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a otros centros para recibir atención adecuada, aumentando los riesgos de complicaciones graves. En Darién, especialmente en Yaviza y Metetí, la Defensoría documentó la acumulación de desechos y chatarra cerca de las áreas hospitalarias, incrementando el riesgo de proliferación de vectores y enfermedades. Según el informe, los hospitales de Darién y Panamá Oeste son los que tienen más deficiencias en el país, reflejando un abandono estructural y administrativo prolongado. El documento enumera veinte riesgos prioritarios, entre ellos infecciones intrahospitalarias, desabastecimiento de medicamentos, colapso de servicios por falta de especialistas, riesgo de pérdida de vidas por atención tardía y agotamiento del personal sanitario. Además, se registran violaciones al derecho a la salud y a la seguridad social, obligando a los pacientes a costear medicamentos o exámenes en laboratorios privados. La Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes en hospitales como Nicolás A. Solano, Santo Tomás, Hospital del Niño, Aquilino Tejeira, Cecilio Castillero, Ciudad de la Salud y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Entre sus recomendaciones destacan un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de medicamentos, auditorías conjuntas con el Minsa, la CSS y la Contraloría General de la República, y la creación de un sistema público de indicadores hospitalarios que permita evaluar y monitorear la calidad de los servicios. “El sistema de salud viene arrastrando desigualdades por más de 30 años”, afirmó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas que garanticen una atención digna y segura para todos los ciudadanos. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció ante la Asamblea Nacional que algunos hospitales, como Nicolás A. Solano y Luis Chicho Fábrega, llevan años sin recibir el mantenimiento adecuado, lo que ha agravado la crisis. La Defensoría anunció que dará seguimiento continuo a la implementación de estas medidas, con el objetivo de garantizar que todos los panameños reciban atención médica de calidad y en condiciones seguras en todo el país, evitando que la falta de infraestructura, insumos y personal siga poniendo en riesgo la salud de la población. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió ayer la orden de proceder a la empresa SGS Panama Control Services para ejecutar la auditoría integral de la mina Cobre Panamá. La orden establece un periodo de seis meses para que se ejecute la auditoría y dos meses adicionales como periodo de liquidación, contados a partir de la fecha. Justo el 7 de octubre, la Contraloría General de la República refrendó el contrato 003-2025 que contrajo MiAmbiente con SGS por $539,791 por el servicio de la auditoría. La orden de proceder fue firmada este miércoles por Oscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente que funge como encargado en ausencia del titular de la cartera, Juan Carlos Navarro. Desde el 12 de septiembre pasado, MiAmbiente anunció que la auditoría había iniciado con una etapa de planificación. Navarro recibió el 11 de septiembre la notificación de la selección de SGS como la empresa encargada de realizar la auditoría. La ejecución de la auditoría integral abarca una revisión del cumplimiento de aspectos legales, laborales, tributarios y de riesgos asociados; asimismo, incluye el paquete de auditoría de cumplimiento ambiental. No obstante, en los términos de referencia (TDR) de la contratación se especifica que la revisión de aspectos ambientales —particularmente los del estudio de Emiten orden de proceder para la auditoría integral de Cobre Panamá MINA EN DONOSO impacto ambiental del proyecto— abarcan hasta la suspensión de operaciones en 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y First Quantum Minerals, la empresa canadiense que tuvo la concesión. En uno de los más recientes comunicados, MiAmbiente detalló: “El proceso se enfocará en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes correspondientes a la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación de la mina. El análisis comprenderá la totalidad de lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el fin de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura”. Mario De Gracia [email protected] Vista de la tina de relave en el proyecto minero que se desarrolla entre Colón y Coclé, en diciembre de 2023. Alexander Arosemena 1 2 3 4 Una de las áreas del hospital Santo Tomás visitada por los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Tomada del informe Inspección en el hospital Ezequiel Abadía. Tomada del informe Panorama
7A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. de sobrecostos. Del otro lado del espectro académico, los economistas defensores del libre mercado, provenientes de la Escuela Austriaca y la Escuela de Chicago, siempre rechazaron los diagnósticos —y más aún las recetas— de la teoría keynesiana sobre los ciclos económicos. Advirtieron, con acierto, que si se aplican de forma inadecuada o excesiva, estas políticas pueden generar efectos muy perjudiciales. Además de criticar sus efectos deficitarios, estos laissez-faire expusieron con rigor una serie de consecuencias imprevistas que distorsionan el funcionamiento natural de la economía, como la inestabilidad de precios o la mala asignación de capital hacia sectores no rentables a largo plazo, que fracasan una vez se agota el combustible fiscal. Cuando el estímulo fiscal se reduce o finaliza, suele producirse una fuerte contracción económica que provoca despidos masivos y, en consecuencia, un aumento de los incumplimientos financieros. En este contexto, las políticas contracíclicas se convierten en una falsa panacea: un bálsamo temporal que no resuelve los problemas económicos de fondo y resulta insuficiente para generar prosperidad sostenible. A menudo maquillan problemas estructurales y postergan la ejecución de soluciones efectivas. Por ello, es imprescindible contar con mecanismos que permitan evaluar la eficiencia de estos programas, ya que pueden exponer al Estado a una creciente inestabilidad fiscal sin resolver los problemas para los que fueron concebidos e, incluso, agravarlos. Hay que abandonar las excesivas expectativaspuestasenlasmedidasmacroeconómicas anticíclicas como solución ideal a problemas complejos. Lo que se requiere son reformas profundas e integrales, capaces de brindar beneficios permanentes y sostenibles a largo plaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Candidaturas jurásicas en la renovación del PRD? Política Si hay algo que caracteriza al Partido Revolucionario Democrático (PRD) es que su línea política y la actuación de muchos de sus dirigentes han estado muy distantes —y en ocasiones, antagónicas— de la visión del fundador de este colectivo, el general Omar Torrijos Herrera. Los afiches y fotografías de Omar Torrijos se encuentran pegados en varias paredes del local del PRD, e incluso abundan en muchas residencias de los llamados dirigentes y “fundadores” de esta agrupación política. Sin embargo, una cosa es la “veneración de boca” y otra muy distinta ha resultado la práctica de los “autodenominados torrijistas”. Torrijos estatizó las empresas de energía, agua, teléfono y casino, entre otras. Pero con la llegada al poder del “torrijista” Ernesto Pérez Balladares, en 1994, esas mismas compañías estatales retornaron a la administración privada, haciendo que el costo por dichos servicios se disparara y afectara la calidad de vida de miles de panameños humildes, precisamente aquellos a quienes Omar Torrijos había determinado como prioridad del “gobierno revolucionario”. Según Torrijos, dentro del PRD y en las gestiones de gobierno debía darse el llamado “alpinismo generacional”, para dar paso a los nuevos cuadros y dirigentes que reemplazarían —por una cuestión de justicia social— a los antiguos líderes. No obstante, esta línea política jamás se cumplió, pues el PRD siguió el mismo camino de los “partidos oligarcas” que tanto criticó Omar Torrijos. Hoy día, los conceptos de “cambio”, “renovación” y “transformación” aparecen como meras frases huecas, selladas con el típico acento de la demagogia clásica de la partidocracia, que se suponía no debía formar parte de su accionar. En la futura escogencia del “nuevo” Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) figuran como candidatos a puestos sensitivos, como la Secretaría General, figuras como Balbina Herrera, Pedro Miguel González y Mitchell Doens, entre otros. Balbina Herrera, que ya ronda los 70 años, ha ocupado diversos cargos en los gobiernos del PRD. Por elección popular fue alcaldesa de San Miguelito (1984–1989), ha sido legisladora en tres periodos consecutivos, presidenta del partido en 2008 y ministra de Vivienda en el gobierno de Martín Torrijos. Sin embargo, en un partido que se enorgullece de tener la mayor cuota de inscritos del país (entre 300 y 400 mil adherentes), no parece haber otra figura para ocupar el puesto de secretaria general. Mitchell Doens, otro autodenominado fundador del PRD, con casi ochenta años, había mostrado sus aspiraciones a la Secretaría General, pero finalmente declinó a favor de Balbina Herrera. Otro de los que “aspira” y no se resigna a “expirar” es Pedro Miguel González (60 años), hijo de Gerardo González Vernaza, uno de los más allegados a Omar Torrijos y quien ocupara en su momento el cargo de vicepresidente de la República en el gobierno revolucionario. Pedro Miguel González ya ocupó el cargo de secretario general, así como el de diputado de la República en varias ocasiones. Como se puede apreciar, no existe ni ha existido en el PRD nada de “alpinismo generacional”. Lo que sí parece abundar es la ambición de poder y el delirio por figurar de los mismos de siempre, quienes miran al PRD como un medio y no como un fin. En resumidas palabras, cuando el PRD gobierna, a un grupito siempre le va bien. Todo lo demás es simple palabrería sin sustento de ninguna clase. La salud no es solo un tema de consultorios y quirófanos Políticas públicas ciente La prevención es la piedra angular de cualquier sistema moderno. Sin embargo, no basta con tener programas preventivos si no se sostienen en el tiempo ni cuentan confinanciamientoestable. Costa Rica, Uruguay y Canadá lo demuestran: aun con sólidos esquemas preventivos, enfrentan listas de espera o morosidad quirúrgica cuando la planificación y la liquidez fallan. En Panamá, la atención primaria es débil y desigual. Las regiones rurales y comarcales siguen fuera del radar preventivo. No existe continuidad entre lo que se detecta en los centros de salud y lo que se resuelve en los hospitales. La prevención sin planificación es solo un deseo. La prevención con presupuesto estable, personal motivado y protocolos claros es una política de Estado. 4. Planificación y financiamiento: los cimientos invisibles Un sistema de salud no puede descansar en la improvisación ni en promesas de gobierno. Debe tener metas multianuales, un fondo único y reglas claras de ejecución, blindadas contra la política coyuntural. Cuando los pagos a proveedores se retrasan —como en la reciente morosidad quirúrgica en Costa Rica— o cuando no hay reservas presupuestarias para medicamentos esenciales, el sistema colapsa, aunque existan buenas intenciones. En Panamá, se destina casi el 10% del PIB a la salud, pero los resultados no se corresponden con esa inversión. El problema no es cuánto gastamos, sino cómo y dónde lo hacemos. La integración funcional sin disciplina financiera es una promesa vacía. Y la fragmentación presupuestaria — dos fondos, dos planificaciones, dos burocracias— es el principal obstáculo para el cambio. 5. Los determinantes sociales: donde se gana la verdadera batalla La salud no se decide únicamente en los centros de salud ni en los hospitales. Se decide en el acceso a agua potable, en la eduFrancisco Sánchez Cárdenas Medidas contracíclicas: una panacea peligrosa Política económica En mi artículo anterior repasé los beneficios que ciertas medidas contracíclicas —estrategias que buscan sacar a una economía de una grave recesión— pueden ofrecer a corto plazo. Ahora propongo adentrarnos en los efectos perjudiciales que estas políticas macroeconómicas acarrean a mediano y largo plazo. Es necesario dimensionar las circunstancias en las que Keynes y otros economistas desarrollaron sus teorías progresistas en la década de 1930. La Gran Depresión fue la peor crisis económica en la historia de la humanidad. Ante circunstancias extremas se concibieron medidas extremas, cuyos efectos secundarios solo pudieron evidenciarse con el transcurso del tiempo. No niego que destinar parte del gasto público a inversiones en infraestructura que mejoren la calidad de vida de la mayoría sea una estrategia apropiada, especialmente cuando el altísimo costo o la envergadura de estas obras dificulta que el sector privado las asuma por completo. Los proyectos de asociación público-privada pueden ser una vía efectiva para desarrollarlas sin causar un impacto fiscal excesivo. Sin embargo, tienden a carecer de supervisión rigurosa y transparente por parte del Estado, quedando con frecuencia en el abandono o plagados zo. Para que Panamá aproveche plenamente sus ventajas y desarrolle todo su potencial, es fundamental crear condiciones de mercado atractivas que generen empleos dignos y equitativos, contribuyendo así a reducir la desigualdad social. Para lograrlo se requieren cambios estructurales que liberen la economía y fortalezcan el capital humano. Esto implica adoptar medidas disruptivas para la clase política, como una drástica reducción de las regulaciones burocráticas que obstaculizan una economía más dinámica, la creación de incentivos realistas para micro y pequeñas empresas, una profunda transformación del sistema educativo y la reducción del gasto público destinado a sostener la maquinaria clientelista. Solo así se podrán sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. También es crucial asignar una mayor proporción del presupuesto nacional a las instituciones de educación superior, especialmente en carreras técnicas y vocacionales, como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Instituto Técnico Superior Especializado (Itse) y la Universidad Tecnológica de Panamá. El análisis del presupuesto general del Estado para 2026 evidencia que los gobiernos siguen sin dar la debida prioridad a las inversiones que impulsan un progreso sostenible. Es más de lo mismo: buena parte del gasto se destina a políticas contracíclicas y de funcionamiento,mientrasque,demanera irresponsable, se recortan fondos a las institucionesdeformaciónsuperiormásrelevantes del país. Opinión EL AUTOR es sociólogo. EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es neurocirujano. Jaime Cheng Peñalba cación, el empleo digno, la nutrición, el transporte, el medio ambiente y la seguridad pública. Los países que logran resultados sostenibles en salud no dependen solo de su ministerio del ramo: coordinan políticas intersectoriales y colocan el bienestar como eje de desarrollo. Panamá necesita un Consejo Nacional de Determinantes de la Salud, en el que los ministerios de Educación, Vivienda, Ambiente, Economía, Trabajo y Desarrollo Social planifiquen de manera conjunta. La integración sanitaria sin integración social es apenas una reforma administrativa. Solo cuando el entorno deja de enfermar, los hospitales pueden concentrarse en curar. 6. Hacia una salud verdaderamente integrada e integral Integrar no significa fusionar burocracias, sino alinear objetivos, recursos y responsabilidades bajo una misma visión. La CSS y el MINSA deben actuar como un solo sistema público, con protocolos comunes y una red de atención única. Pero esa integración también debe ser integral, vinculando el gasto en salud con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la desnutrición. La experiencia internacional enseña que los sistemas más sólidos no son los que más hospitales construyen, sino los que planifican y sostienen políticas preventivas durante décadas. Sin financiamiento estable y sin visión social, la salud se convierte en una sucesión de crisis hospitalarias, en lugar de una política de bienestar nacional. Conclusión Las enfermedades no desaparecerán, porque son parte de la naturaleza humana. Lo que sí puede desaparecer es la indiferencia, la improvisación y la fragmentación que hoy agravan sus consecuencias. Integrar la salud, fortalecer la prevención y planificar con rigor no elimina el sufrimiento, pero lo hace manejable, digno y justo. En la solución de los grandes problemas nacionales —salud, educación, seguridad y pensiones— el principio es el mismo: planificación permanente y financiamiento seguro. La salud pública no es un gasto: es la más alta forma de inversión social y el reflejo más visibledelamadurezdeunpaís. La enfermedad seguirá existiendo, pero su peso social depende de la voluntad de actuar sobre los factores determinantes de la salud. 1. La enfermedad como parte de la vida La salud no es un estado permanente; es un equilibrio dinámico que se rompe y se reconstruye constantemente. Desde el útero materno estamos expuestos a procesos biológicos que conducen a la enfermedad. No podemos vivir de espaldas a nuestra naturaleza. Sin embargo, la diferencia la marca el desarrollo del país y la preparación de sus ciudadanos para enfrentar la enfermedad. Con planificación, prevención y equidad, la enfermedad se controla; con burocracia y desigualdad, se convierte en tragedia. Un sistema estructurado evita el sufrimiento exagerado que provoca esa tragedia. 2. La fragmentación como multiplicador del daño En Panamá, la descoordinación entre institucionestambiéncobravidashumanas. Recientemente vimos cómo, por faltadeinsumos,camasyascensores,sufren familiares y pacientes en un sistema fragmentado. El verdadero problema no radica en la calidad de los profesionales sanitarios ni en la falta de recursos. El problema es administrativo: la ausencia de una política que unifique recursos y empodere la prevención. La fragmentación afecta directamente la atención al paciente. Cada minuto perdido por esta desarticulación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Un sistema integrado no elimina el riesgo biológico, pero sí la negligencia estructural. 3. Prevención: necesaria pero no sufiIván Rogelio Robles Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. © Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==