2A La Prensa Panamá, jueves 9 de octubre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La Fiscalía Anticorrupción recuperó $819 mil de los $858 mil correspondientes a fondos sustraídos de la Caja de Seguro Social (CSS) cuya lesión ha sido detectada. Esta lesión es el resultado de la manipulación del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) por funcionarios y particulares, con el objetivo de alterar los montos que las empresas debían entregar en concepto de cuotas obrero patronales, a cambio de coimas. La fiscal anticorrupción Digna Castillo explicó que en este caso los fondos se recuperaron luego que los empresarios investigados aceptaron devolver el dinero como parte de su colaboración con la investigación. Castillo reveló que en este proceso hay 45 personas imputadas entre funcionarios, exfuncionarios de la CSS y empresarios y que se han logrado seis condenas a través de acuerdos de pena, con sanciones que superan los 60 meses de prisión. En esta investigación 32 de los imputados gozan de medidas cautelares de notificación periódica ante la autoridad competente y siete se encuentran detenidos provisionalmente. De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios de la CSS encargados de manejar el SIPE, en asocio con particulares, contactaban a los dueños de las empresas para ofrecerles alternativas fraudulentas para no hacer frente a los cobros coactivos —por la vía administrativa— que realizaba la institución por morosidad en la entrega de la cuotas obrero patronales. Por sus servicios los funcionarios cobraban entre un MP recupera $819 mil sustraídos a la CSS mediante alteraciones en el Sipe CORRUPCIÓN 20% a un 30% de la totalidad de la morosidad a cancelar. Los fondos eran depositados en las cuentas de terceras personas que servían como testaferros. La investigación, que empezó en 2018, encontró que los funcionarios que mantenían el SIPE, utilizaron datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era la persona que ejecutaba las alteraciones en la información que era entregada al sistema, en el que no se acreditó el pago de las cuotas. También se logró establecer en la investigación que los funcionarios del SIPE permitieron la afiliación a la CSS de extranjeros que ni siquiera laboraban en empresa alguna. Este expediente se suma a otro antecedente reciente: la red corrupta que manipuló el SIPE y dejó a cientos de trabajadores con “pensiones mutiladas”. En esa investigación, el Ministerio Público documentó cómo se reportaban salarios fraudulentamente bajos —incluso de un dólar mensual— que reducían las futuras pensiones, causando pérdidas superiores a $800 mil a la CSS y evidenciando que las alteraciones del sistema no eran hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude institucional. El 9 de abril de 2018, menos de un mes después de la publicación de La Prensa que dejó en evidencia el modus operandi de la red o redes que estaban operando, el entonces director de la CSS Alfredo Martiz confirmó que en la entidad funcionaba una “mafia” que mantiene “una estructura para delinquir” que provocó un desfalco de más de $300 millones. Otros casos Estos casos se suman a otra investigación relacionada con la CSS, pero que tiene relación con la pérdida de 63 armas de fuego pertenecientes al cuerpo de seguridad de esa entidad de seguridad social. Por este caso hay seis personas imputadas por el robo de pistolas calibre 9 milímetros, que se presume luego fueron vendidas a grupos delincuenciales que operan en la ciudad de Panamá. El director de la CSS, Dino Mon, reconoció la existencia de redes de corrupción dentro de la institución, como mafias que vendían citas médicas hasta en $125. Por estos hechos se han presentado 18 querellas ante el Ministerio Público, lo que revela que las irregularidades en el SIPE no son episodios aislados, sino parte de un entramado más amplio de corrupción que socava la seguridad. El 9 de abril de 2018, menos de un mes después de la publicación de La Prensa que dejó en evidencia elmodus operandi de la red, el entonces director de la CSS Alfredo Martiz confirmó que en la entidad funcionaba una “mafia” que mantiene “una estructura para delinquir” que provocó un desfalco de más de 300 millones de dólares. Nicolás (Izq.) y José Carlos Corcione Pérez Balladares. Archivo Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gómez Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] CASO NEW BUSINESS La decisión fue adoptada por las magistradas María Eugenia López Arias (ponente), Ariadne García y Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo). La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó un veredicto absolutorio a favor de Gonzalo Gómez Wong y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, en el proceso por blanqueo de capitales relacionados con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) a través de la sociedad New Business. La decisión fue adoptada por las magistradas María Eugenia López Arias (ponente), Ariadne García y Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo). Es la segunda ocasión en la que la Sala Penal favorece a condenados por el caso New Business. Antes, el 12 de marzo de 2025, acogió un recurso de revisión de sentencia a favor de Valentín Martínez Vásquez y lo salvó de cumplir la condena de 80 meses de prisión dictada en su contra por la juez Baloisa Marquínez, en julio de 2023. Aquel fallo también fue respaldado por las magistradas López y García; Cornejo salvó su voto. ¿Qué pasó ahora? En el edicto No.1084, divulgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se informó a las partes que la Sala Penal, mediante un fallo adoptado el 22 de septiembre de 2025, casó la sentencia de segunda instancia No.15 de 28 mayo del 2024, expedida por el Tribunal de Liquidación de Causas Penales, en la que se condenó a Gómez y los hermanos Corcione a 60 meses de prisión, cada uno, por blanqueo de capitales. En el fallo de la Sala Penal (de 70 páginas) se cita el artículo 22 del Código Procesal Penal, en el que se detalla que “las autoridades judiciales y del Ministerio Público tienen el deber de motivar jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite. La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica”. En el año 2010, Grupo Corcione firmó el contrato para diseñar, construir y equipar (electrónicamente) el edificio nuevo de la Asamblea Nacional. Según la investigación del Ministerio Público, los Corcione recibieron $1.9 millones de la AN y desviaron ese dinero a una cuenta canasta a nombre de New Business, utilizada para captar los fondos que se utilizaron para adquirir Epasa. Pero ahora, la Sala Penal determinó que el tribunal incurrió en un error de apreciación de las pruebas, ya que no se logró acreditar que los fondos entregados como anticipo a Constructora Corcione y Asociados, S.A., hayan sido malversados o su procedencia fuera ilícita. Además, que la propia Asamblea Nacional determinó que dichos fondos fueron usados de manera eficiente y transparente. Los antecedentes En principio, cuando la juez Marquínez dictó su sentencia, hace más de dos años, no condenó a los Corcione y a Gómez. Pero esa decisión fue apelada por el fiscal Emeldo Márquez y el caso fue enviado al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Es en esta instancia que se revoca la decisión de la juez Marquínez y se condenó a los dos hermanos y a Gómez Wong a la pena de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. Como pena accesoria, el tribunal ordenó la inhabilitación para ejercer el comercio por el mismo periodo que la pena principal, en el caso de Gómez. También se ordenó el comiso de los dineros, títulos y valores a nombre de los Corcione, los cuales habían sido aprehendidos por el Ministerio Público en abril de 2018. En cuento a Gómez, se le atribuyó que la empresa Excavaciones del Istmo recibió un contrato por $27.8 millones para realizar los trabajos de rehabilitación de caminos en la provincia de Panamá Oeste. Ocurrió lo mismo: según la investigación del Ministerio Público, $2 millones fueron depositados en una cuenta a nombre de la sociedad Factor Global y, posteriormente, desviados a la cuenta canasta de New Business. La Sala Penal consideró que la fiscalía no probó que el dinero fue desviado. Además, se tomó en cuenta que la Contraloría General de la República archivó una investigación por posible lesión patrimonial, ya que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que Excavaciones del Istmo había ejecutado los trabajos conforme dicta el contrato. Por el caso New Business, el expresidente Ricardo Martinelli se asiló en Colombia para evadir la pena de 120 meses de prisión, dictada en su contra por la juez Marquínez. La juez también dictó condena contra Daniel Ochy (96 meses de prisión), Iván Arturo Arrocha (80 meses), Janeth Vásquez (60 meses) y Valentín Martínez Vásquez, pero éste último, como ya se dijo, fue absuelto por la Sala Penal en marzo pasado. Funcionaria detenida por el caso SIPE en septiembre de 2025. Cortesía
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