9A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Ante este panorama, surge la necesidad de buscar soluciones innovadoras que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos. Una opción que ha demostrado ser efectiva en otros países de la región y del mundo es la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este modelo promueve la colaboración entre el Estado y el sector privado para la ejecución de proyectos de infraestructura, la prestación de servicios y la gestión eficiente, combinando recursos y capacidades para alcanzar mayores niveles de eficiencia y calidad. En Panamá ya existen ejemplos positivos de APP en funcionamiento. La Petroterminal de Panamá (PTP) y varios puertos operan bajo este esquema y han logrado mejorar significativamente la gestión y eficiencia en el transporte de mercancías y combustibles. Además, proyectos de infraestructura vial y el Metro de Panamá han sido desarrollados mediante este sistema, demostrando que dicho modelo puede transformar sectores clave. Organismos multilaterales también respaldan esta estrategia. El Banco InLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Y mi derecho no cuenta? Convivencia En un país convulsionado por las luchas sociales y educativas, resuena en el ambiente un eco que surge de las voces profundas al grito de: ¡es mi derecho! ¿Pero qué es el derecho? Etimológicamente, la palabra derecho proviene del latín directum, que significa “lo que está conforme a la regla”, “lo recto”, “lo que no se desvía”. Surge, además, del participio del verbo dirigere, que significa “dirigir”, “enderezar”, “poner derecho”. Así, la raíz del concepto derecho se fundamenta en lo que es correcto o justo. Por lo anterior, es preciso recordar que Eduardo Couture definía el derecho como la conciencia de lo justo que cada generación transmite a la siguiente. Esta visión no se limita al cumplimiento de normas jurídicas, sino que reconoce una esencia impregnada de valores éticos y morales que dan sentido a las leyes. Por su parte, Eduardo García Máynez lo define como el conjunto de normas, principios y costumbres que regulan la vida en sociedad para lograr un orden justo. Nuevamente, el supremo valor de la justicia se asocia con el cumplimiento del derecho. Podría citar más definiciones y análisis sobre este concepto, pero me basta con lo ya estudiado para comprender que el derecho implica que cada uno debe actuar dentro de los valores sociales y morales para alcanzar una convivencia digna y sana. ¿Pero qué ocurre cuando algunos se atribuyen un derecho por encima del derecho de los demás? ¿Qué justifica que impongan su voluntad o criterio como si fuesen el único derecho válido? ¿Cómo es posible que el bloqueo del orden social o ideológico sea considerado justo? Es aquí donde planteo mi interrogante: ¿acaso el derecho a pensar diferente no cuenta? ¿Acaso mi derecho a ejercer libremente mis derechos constitucionales no cuenta? No se trata de lo que es bueno o malo, sino del libre ejercicio de los derechos, que nacieron como guía para la aplicación correcta de la justicia y para asegurar la justa distribución de deberes y derechos entre los ciudadanos. El profundo respeto a los derechos propios y ajenos contribuye a que nuestro país crezca, se fortalezca y se haga inmenso, como reflejo de nuestras conciencias y de nuestras acciones. Viviendo en el país de Lalalandia Gobernabilidad desigualdad, delincuencia, manipulación política, narcotráfico, corrupción y caos, todo esto alimentado por la falta de criterio propio. Aquel ambiente de relativa tranquilidad que nos caracterizó durante años — donde los principales problemas eran los tranques, la ineficiencia del transporte público y el alto costo de la vida— se desvaneció. La pandemia alteró profundamente esa normalidad, y el país entró en una etapa de convulsión en la que el libre tránsito es vulnerado, el respeto por el derecho ajeno desapareció, y se multiplican impunemente los daños materiales a terceros, la violación de libertades fundamentales y el aumento de la inseguridad. Hace apenas unos meses, el occidente chiricano fue secuestrado por grupos radicales que provocaron daños físicos y psicológicos a los residentes, y pérdidas económicas a los productores. Nadie asumió la responsabilidad. Hoy, la historia se repite, esta vez en la provincia de Bocas del Toro, donde los mismos grupos mantienen a la población bajo sitio, han destruido el tejido productivo, golpeado el turismo local e internacional, y condenado a la provincia a una debacle sin perspectivas de progreso. Estos hechos se han replicado en otras regiones, incluida la ciudad capital, donde los cierres de calles y actos beligerantes se han vuelto frecuentes. Estas manifestaciones tienen como Jorge Obediente Alternativa al fracaso de las instituciones de servicio público APP En Panamá, la realidad de los servicios públicos refleja un sistema colapsado, caótico y, en muchos casos, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. Desde hace años, los panameños —de todos los estratos sociales— sufrimos constante escasez de agua potable, cortes frecuentes en el suministro eléctrico, la virtual imposibilidad de utilizar el correo, una educación pública fallida y secuestrada por gremios y políticos, un sistema de salud ineficiente, y trámites interminables en instituciones como el Registro Público, el Cuerpo de Bomberos, Aduanas y otras entidades. Este conjunto de desafíos diarios genera una sensación de frustración y desesperanza que se traduce en protestas constantes, cierres de calles y demandas por soluciones inmediatas. La falta de eficiencia, inversión y gestión adecuada ha llevado a una situación insostenible, en la que el ciudadano siente que las instituciones tradicionales ya no responden a los desafíos actuales. La creciente insatisfacción social refleja un sistema que no logra adaptarse ni modernizarse, dejando al país en un estado de estancamiento en sectores fundamentales para el desarrollo. teramericano de Desarrollo (BID) ha financiado proyectos de APP en diferentes países de la región, especialmente en educación, agua y saneamiento. En Uruguay y Brasil, el BID apoyó la construcción y gestión de escuelas públicas mediante este mecanismo, logrando mejoras sustanciales en infraestructura y gestión educativa. En Colombia, el BID ha financiado varias APP en agua y saneamiento, ampliando el acceso a servicios vitales en zonas rurales y urbanas. Estos ejemplos demuestran que las APP no solo son una alternativa viable, sino también una herramienta efectiva para modernizar y hacer más eficientes las instituciones públicas. La clave está en fortalecer los marcos regulatorios, garantizar la transparencia y aprovechar la experiencia internacional para replicar modelos exitosos. El rol del Estado como supervisor y garante del cumplimiento es fundamental para que estos acuerdos beneficien verdaderamente a la población. Este mecanismo podría devolver la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas. Es momento de mirar hacia el futuro y aprovechar tanto las experiencias nacionales como las internacionales con alianzas público-privadas, como herramienta fundamental —y de urgente aplicación— para el desarrollo, el bienestar y la paz de nuestro actualmente agonizante país. Opinión EL AUTOR es docente y estudiante de Derecho. LA AUTORA es fundadora, Universidad Tecnológica Oteima. EL AUTOR es ciudadano. Danny Vega Méndez protagonistas a sindicatos, gremios docentes, grupos indígenas y estudiantes, que actúan con hostilidad y violencia. Algunos de ellos, presuntamente motivados con dinero, licor y comida. Los sindicalistas, en vez de proteger empleos, los destruyen. Los educadores, en vez de enseñar, promueven la ignorancia. Y los indígenas, víctimas de una educación deficiente, son presa fácil de los agitadores. Muchos de los participantes ni siquiera comprenden las causas de las protestas. Actúan como hipnotizados, guiados por líderes que solo buscan el caos. El Estado enfrenta un dilema: ¿cómo hacer frente a estos grupos radicales que utilizan la protesta como excusa para promover agendas oscuras y perjudiciales para la mayoría? • Si no se actúa, como ocurrió en Chiriquí, se sienten impunes y repiten la fórmula, como ahora en Bocas del Toro. • Si se levantan los bloqueos, se dice que se violan derechos constitucionales. • Si se les reprime, hay que alimentarlos a costa del contribuyente, o copiar el modelo Bukele. • Si se les exige resarcir los daños, se declaran perseguidos. • Si se les enfrenta con fuerza, se acusa al Estado de represión brutal. En La guerra de las galaxias, las Fuerzas del Mal buscaban desestabilizar los sistemas planetarios, mientras las Fuerzas del Bien protegían el orden. En Panamá, parece que solo actúan las Fuerzas del Mal, conformadas por educadores, sindicalistas, estudiantes, indígenas, políticos oportunistas y agitadores ideológicos. Las Fuerzas del Bien brillan por su ausencia o su incapacidad para defender la gobernabilidad. A este paso, ni George Lucas podría encontrarle un final feliz a esta saga. Vivir en Panamá es una experiencia digna de una película de George Lucas: una mezcla de ciencia ficción, terrorismo, aventuras, sexo, corrupción, drogas, intervencionismo foráneo, incoherencia política y acefalía gubernamental. Pero esta no sería una historia ambientada en una galaxia lejana, sino un documental basado en hechos reales, situado en el planeta Tierra. El lugar: Panamá. Quienes hemos recorrido décadas en este país, hemos sido testigos de su metamorfosis en los últimos 50 años. Pasamos de una vida republicana a dictaduras; luego vino una invasión extranjera para poner fin a esa dictadura; experimentamos una democracia incipiente, sin raíces ni consolidación. Un solo estadista se ha vislumbrado como figura presidencial, rodeado por una larga fila de mandatarios más preocupados por su codicia que por construir un bienestar nacional con visión de futuro. Recuperamos el canal, pero hoy tenemos “visitantes de larga estancia” ocupando espacios que antes fueron bases militares. Hemos vivido —y seguimos viviendo— en tiempos “interesantes”. La calidad de vida ha sufrido un deterioro constante. La educación pública es un fracaso, lo que compromete la esperanza de formar buenos ciudadanos. Esto genera una profunda brecha social entre quienes acceden a una educación sólida en centros privados y los cientos de miles que egresan del sistema público con una formación deficiente y un futuro comprometido. El resultado: desempleo, En Panamá ya existen ejemplos positivos de APP en funcionamiento. La Petroterminal de Panamá y varios puertos operan bajo este esquema y han logrado mejorar significativamente la gestión y eficiencia en el transporte de mercancías y combustibles. Nixa Gnaegi de Ríos Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón La educación pública es un fracaso, lo que compromete la esperanza de formar buenos ciudadanos. Esto genera una profunda brecha social entre quienes acceden a una educación sólida en centros privados y los cientos de miles que egresan del sistema público con una formación deficiente y un futuro comprometido.
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