1A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 11 de junio de 2025 - Año 44 - Nº 15044 Hoy por hoy No estamos ante un reclamo laboral. Lo que está en juego aquí es algo más inquietante: la incapacidad de discrepar dentro del movimiento sindical sin ser castigado. La suspensión de Julia Suira y Aniano Pinzón del Conato revela que, al parecer, el sindicalismo panameño se ha contagiado de lo que tanto denuncia: el pensamiento único. Su principal puntal se autodenomina “sindicato único” y promovió en 2022 una “mesa única” donde solo cabía una voz. ¿No se puede pensar distinto? ¿No es válido cuestionar los métodos y los fines? Imponer una postura a fuerza de bloqueos, sin respeto al derecho a la libre circulación, la salud o el trabajo, no le hace ningún favor a la supuesta defensa de la Caja de Seguro Social. Mucho menos cuando esa defensa se basa en una propuesta que ni siquiera garantizaba la sostenibilidad de la institución. En algunos países, el partido único es sinónimo de autoritarismo. ¿Queremos replicar eso en el sindicalismo? ¿Se defienden los derechos… o se impone una línea? Tres vuelos de sabor en el Wings Week 6B Ellas.pa Panorama Chiriquí Grande: la otra cara de los bloqueos en Bocas del Toro 5A ADEMÁS Confirman condena a Fernández de de Kirchner 8A Rebelión en Conato: expulsan a Suira y Pinzón por no seguir línea política Nelva Reyes, secretaria general del Conato, confirmó la suspensión por dos años de Julia Suira y Aniano Pinzón, tras no acatar la línea política del movimiento sindical durante las protestas y bloqueos contra la Ley 462. VEA 2A Azuero, en estado de emergencia ambiental Eliana Morales Gil [email protected] El gobierno de José Raúl Mulino decretó estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos; en Los Santos abarca los distritos de Las Tablas, Macaracas y Tonosí. La medida responde a la crisis hídrica ocasionada por la contaminación de La Villa y su principal afluente, el Estibaná, que amenaza el suministro de agua potable en Azuero. CONTAMINACIÓN El Minsa advirtió que el agua de las potabilizadoras que se abastecen de los ríos La Villa y Estibaná no es apta para el consumo humano, debido a su alta carga contaminante. Según la resolución del Consejo de Gabinete, las instituciones —como Salud, Idaan y MiAmbiente— están autorizadas a realizar contrataciones directas por hasta $10 millones, monto que puede ajustarse mediante otra resolución, para ejecutar obras de mitigación, distribución de agua embotellada y cisternas, y garantizar la protección de la salud pública. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que ya se identificaron las causas de contaminación. “Son causas que tienen más de 70 años. La contaminación de los ríos es multifactorial, y por eso estamos atacando cada uno de los problemas de forma individual”, dijo. Agregó que en las diferentes fincas de porcicultores, que representan el 40% de la economía de la región de Azuero, se han identificado prácticas inadecuadas que podrían estar contribuyendo a la crisis”. Se informó que hay 36 puntos de contaminación, de los cuales 16 son críticos. VEA 4A Atentandos Colombia duele en tiempos de Petro Ciudadanos encendían ayer velas por la salud del senador Miguel Uribe Turbay, herido en un atentado el pasado fin de semana. Su caso marcó el inicio de una semana de terror en Colombia: coches bomba, francotiradores y ataques simultáneos dejaron al menos siete muertos. La violencia repunta bajo el gobierno de Gustavo Petro, que prometió paz total y enfrenta creciente tensión política. VEA 8A EFE Un total de 615 aspirantes de seis universidades oficiales y particulares presentaron el examen de certificación básica en medicina el pasado 31 de enero, revelando marcadas diferencias en el rendimiento académico. La Universidad de Panamá obtuvo los mejores resultados con un 100% de aprobados y una media de 63.76%. Le siguieron la Universidad Autónoma de Chiriquí (73%) y la Universidad Interamericana (72%). En contraste, la Universidad Americana tuvo solo 47% de aprobación, mientras que en la Universidad Columbus fue del 55% y en la Universidad Latina del 59%, aunque esta última mostró una caída en los resultados entre quienes repiten el examen. VEA 6A Avanza norma que suspende ley de intereses preferenciales Desempeño desigual en examen de certificación El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate suspender hasta diciembre de 2025 la Ley 468, tras reclamos de bancos y promotores por frenar préstamos hipotecarios. VEA 5A Y 1B ASAMBLEA NACIONAL Panamá se perfila para salir de lista de riesgo de la Unión Europea La Comisión Europea recomendó sacar a Panamá de su lista de países con alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Ministerio de Economía y Finanzas calificó la decisión como un reconocimiento a los esfuerzos sostenidos del país por reforzar su sistema antilavado y cumplir con estándares internacionales de transparencia. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Julia Suira y Aniano Pinzón. Archivo Choque en el movimiento sindical: suspenden por dos años a Suira y Pinzón del Conato BLOQUEOS Los sindicalistas Julia Suira y Aniano Pinzón fueron suspendidos por dos años del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Así lo informó Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP). “No acataron la línea política que definió Conato en distintas ocasiones”, dijo Reyes. La suspensión se produjo ayer, luego de que Suira hablara con diversos medios de comunicación, en los cuales hizo un llamado urgente a liberar las vías cerradas en Bocas del Toro, especialmente en sectores críticos como Changuinola y Chiriquí Grande, donde los bloqueos han generado graves afectaciones a trabajadores y comunidades de la región. Reyes explicó que ambos dirigentes “no respetaron” lo que fue avalado por la mayoría en Conato, que es el respaldo a la lucha contra la explotación minera y las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. “Además, ellos no han participado casi en nada en esta lucha”, indicó Reyes, al tiempo que señaló que sacaron un comunicado en el que “nos echan la culpa de que Panamá está perdiendo inversiones, cuando son otras las causas. No es la lucha. Además, la lucha que estamos haciendo es responsabilidad del señor José Raúl Mulino, responsable de imponer la ley, como lo es la 462”. El comunicado que hace referencia Reyes es uno publicado por la Coordinadora Nacional Democrática Sindical, con el título: “Si se impone la intransigencia Panamá entera pierde”. Suira es secretaria general de la Central Obrera Casa Sindical, y Pinzón es secretario general de la Unión General de Trabajadores. A juicio de Suira, la defensa del empleo debe ser una prioridad para todo líder sindical: “Un sindicato no es un sindicato si todos sus trabajadores están despedidos”. Mario De Gracia [email protected] Sitraibana y diputados dialogan con diputados hasta avanzada la noche ASAMBLEA NACIONAL La reunión entre la junta directiva ampliada de la Asamblea Nacional y unos 15 dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se extendió por al menos nueve horas. El diálogo inició a las 11:00 a.m. de ayer y, al cierre de esta edición (8:30 p.m.) seguían conversando. ¿El motivo? lograr acuerdos ante las peticiones de los trabajadores de revisar la Ley 45 de 2017, que reglamentó el monto de sus pensiones, la cantidad de sus aportes, entre otros derechos. De acuerdo con el sindicato, esa norma fue trastocada con la más reciente reforma a la Ley 51 Orgánica de Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Ley 462 de 2025. Los sindicalistas no hablaron con los medios de comunicación. Lo hicieron directamente en la mesa en la que estaba la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, así como los jefes de cada bancada legislativa. Pocos detalles de la reunión se conocieron con el transcurso de la tarde. Cerca de las 3:00 p.m., el equipo del diputado Benicio Robinson se aproximó al salón para conversar con los miembros del sindicato. Se pudo conocer posteriormente que el propio diputado se habría comunicado con los dirigentes. No hubo detalles al respecto. Más tarde, el diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se dirigió a los medios de comunicación para dar detalles de lo sucedido en la reunión. “Ellos [trabajadores bananeros] han estado mencionando otros puntos sobre las modificaciones a la ley de la CSS y sobre el tema del supuesto abandono de la empresa [Chiquita Panamá] en la producción. Sin embargo, los estamos escuchando y garantizando por parte del PRD el apoyo siempre y cuando sea lo que ellos quieran”, señaló Sucre. El diputado reiteró que los trabajadores buscan una modificación a la ley que rige sus pensiones, que habría sido modificada por la Ley 462. Sucre señaló que desde su partido apoyarían la modificación que cumpla con las exigencia de Sitraibana. En tanto, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, pidió también que se siguiera el espacio de diálogo con los trabajadores para lograr la mejor solución ante sus peticiones. Anteriormente, una comisión de alto nivel del Órgano Ejecutivo, conformada por cinco ministros, intentó lograr acuerdos con el sindicato en Changuinola, Bocas del Toro, pero no hubo resultados. Por tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, envió una nota al dirigente del sindicato, Francisco Smith, a través del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. La misiva fue entregada ayer mismo en horas de la mañana, pero sus detalles no fueron especificados por el sindicato. Según mencionó el presidente Mulino al dirigirse a los medios de comunicación el pasado 29 de mayo, tan pronto el sindicato levante los cierres de vías en Bocas del Toro, tramitará con la Asamblea una ley que abarque el tema de sus pensiones. Sitraibana paralizó sus labores en la empresa Chiquita Panamá desde el 28 de abril y ha mantenido cierres de vías que fueron frenados parcialmente con el viaje de la comitiva a ciudad de Panamá, pero se mantienen de forma intermitente en otros puntos de la provincia al occidente panameño. Chiriquí Grande en el Caribe es un punto clave entre Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí. Alexander Arosemena Chiriquí Grande: la otra cara de los bloqueos en Bocas del Toro Eliana Morales Gil [email protected] LIBRE CIRCULACIÓN Mientras Mulino busca diálogo con Sitraibana, Changuinola abre vías por horas. Pero en Chiriquí Grande, los bloqueos son más radicales: exigen derogar la Ley 462 y denuncian una deuda histórica con sus comunidades. Después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que enviaría una carta a Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), para intentar destrabar la crisis en Bocas, de Toro, las vías en Changuinola comenzaron a abrirse de manera intermitente. Allí, los manifestantes permiten el paso de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y, en la tarde, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Esa franja horaria, aunque limitada, ha dado un respiro parcial a ciudadanos, transportistas y comerciantes. Pero 67 kilómetros al sureste, en Chiriquí Grande, el pulso de la crisis social late con otra intensidad. Aquí la tensión no tiene horario. Desde El Valle, primer punto de cierre en dirección a la cordillera Central, hasta Quebrada Pastor, la carretera nacional se fragmenta en al menos doce bloqueos. A cargo de cada uno están grupos de educadores, obreros de la construcción y líderes comunitarios de la etnia Ngäbe-Buglé, seguidores de la Mamatata, la autoridad espiritual que guía buena parte de la vida colectiva en la comarca. A diferencia de Changuinola, en Chiriquí Grande no existe un cronograma predecible. Cada punto decide abrir o cerrar la vía según las decisiones de sus propios dirigentes o coordinadores. Ayer martes 10 de junio, por ejemplo, la carretera se liberó por dos horas en la tarde: entre el mediodía y las dos de la tarde. Según relatan los residentes de la zona, se trata de una estrategia de presión: no exigen únicamente la restitución de derechos laborales, como hace Sitraibana en Changuinola, que pide que se reviertan los efectos de la Ley 45, sino que demandan la derogación total de la Ley 462, que reformó la seguridad social del país. Algunos analistas locales consultados para esta noticia, que pidieron mantener su nombre en reserva, coinciden en un punto: el Gobierno asume que sentarse a negociar con Francisco Smith resolverá todos los bloqueos en Bodiodía y las 3:00 p.m. para darle paso a Smith, quien, junto a su comitiva, viajaba a la capital para reunirse con diputados de la Asamblea. “Al sindicalista bananero se le dio paso exclusivo durante su viaje a la ciudad capital, junto a otros dirigentes (...)”, reportó Chiriquí Grande Noticias, medio digital que añadió que, luego del paso del bus que transportaba a los sindicalistas, “todos los puntos de cierre volvieron a ser bloqueados de manera indefinida”. Sobre el distrito En Chiriquí Grande viven 12,495 personas, según el censo de 2023. El distrito lo conforman seis corregimientos: Bajo Cedro, Chiriquí Grande, Miramar, Punta Peña, Punta Róbalo y Rambala. A pesar de su riqueza natural y su importancia como punto de conexión entre la costa y la cordillera, la zona sigue al margen de las decisiones nacionales. Según el Mapa de Pobreza y Desigualdad del Ministerio de Economía y Finanzas, en 2017 más de la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza. El censo de 2023 revela que en las 4,513 viviendas particulares habitan, en promedio, 4.4 personas. De los jóvenes entre 4 y 24 años, el 68.9% forma parte del sistema educativo. En cada cierre improvisado, los pobladores recuerdan que el problema va más allá de una reforma legal. Para muchos, es la historia de una deuda pendiente con las comunidades indígenas y campesinas de la provincia. Una deuda que, por ahora, ni las cartas ni las mesas de diálogo parecen dispuestas a saldar. cas del Toro. Pero advierten que en Chiriquí Grande están los grupos con un liderazgo incluso más radical a la hora de reclamar. Las horas en que las vías se desbloquearon Sin embargo, el pasado lunes, la realidad cambió. Todas las vías cerradas fueron abiertas entre las 12:00 me-
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4A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] FUERA. El Conato expulsó de sus filas a Aniano Pinzón y Julia Suira, por solicitar la reapertura de las vías. Suira es secretaria general de la Central Obrera Casa Sindical y Pinzón es parte de la recién creada Coordinadora Democrática Sindical, constituida el 9 de mayo pasado, a fin de promover una salida consensuada al conflicto. Y así nos preguntamos cómo es que las cosas han llegado tan lejos… El 23 de abril, Bocas del Toro cumple dos meses bajo secuestro. Si fuera por el Conato, lo único que queda es seguir contando los días de cierre. Más nada. IRONÍA. MiAmbiente reunirá a 270 personas, entre el 18 y el 20 de junio, con motivo del Día Mundial de la Sequía y la Desertificación y el Día de las Cuencas Hidrográficas. El evento, que costará $62,505 (incluye alimentos y hospedaje), se celebrará en el hotel Mykonos de Santiago. Más apropiado habría sido conmemorar estas efemérides en Herrera y Los Santos. Y esto ocurre en plena contención del gasto público. REGALO. El próximo viernes es el cumpleaños del presidente. Lo debería celebrar en Changuinola, para que todo su entorno conozca de primera mano las privaciones que está pasando la población, por culpa de un grupito de intransigentes. NAUFRAGIO. Rubén Darío Campos, diputado del Parlacen y directivo en Realizando Metas (RM), está pidiendo una renovación de la junta directiva del colectivo. Alega que un partido político no se dirige por control remoto o desde la cubierta de un yate, como pretende hacer Martinelli. No tardan en llegar las reacciones virulentas. DESGRACIA. Ojalá aquí no tuviéramos que hablar más nunca de Alex Lee. Pero ayer, una fiscalía anticorrupción ordenó una inspección judicial en la alcaldía de Colón, por el manejo La región de Azuero enfrenta una crisis de agua a raíz de la contaminación del río La Villa y Estibaná. Cortesía Agua del grifo en Azuero, un riesgo para la piel y la salud general Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El virólogo y microbiólogo Alexander Martínez,advirtió que el contacto con agua contaminada puede generar afecciones en la piel, gastroenteritis, así como enfermedades neurológicas. Las plantas potabilizadoras afectadas por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, en la región de Azuero, comenzaron a restablecer el suministro de agua a las comunidades que dependen de ellas. Sin embargo, el líquido no es apto para el consumo humano, advirtió el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. “El agua no se puede usar para tomar”, recalcó Boyd Galindo, quien explicó que solo podrá utilizarse para actividades como el aseo personal y el lavado de utensilios. No obstante, incluso este uso restringido puede representar un riesgo sanitario. El virólogo y microbiólogo Alexander Martínez Torres, coordinador de los Laboratorios de Microbiología Experimental y Aplicada y de Microbiología de Aguas de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá, advirtió que el contacto con agua contaminada puede generar afecciones en la piel, gastroenteritis de origen viral, bacteriano o protozoario, así como enfermedades neurológicas, entre ellas meningitis viral o bacteriana. Martínez Torres explicó que, aunque se utilicen métodos como luz ultravioleta o cloración, virus entéricos y protozoarios pueden sobrevivir a estos tratamientos, lo que incrementa el riesgo de transmisión tanto por contacto directo con el agua contaminada como por ingestión accidental durante el uso cotidiano. El infectólogo Xavier Sáez-Llorens indicó que, si el agua presenta alta densidad de bacterias coliformes, por ejemplo, habría riesgo de ingerirla durante el baño o que esta entre en contacto con las mucosas; ingerirla directamente podría causar intoxicación intestinal. De igual modo, se debe tener en cuenta el tipo de microbio, añadió. La causa del problema: múltiples factores La crisis del agua que se registra por la contaminación del río La Villa apunta a varios factores, como la porcicultura, el uso de agroquímicos, entre otros. De hecho, un operativo interinstitucional realizado el pasado 7 de junio en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, culminó con la paralización temporal de actividades en cuatro establecimientos vinculados a la contaminación de la cuenca del río La Villa. La acción fue encabezada por el Ministerio de Ambiente, con apoyo de la Inteligencia de la Policía Nacional, la Policía Ambiental Rural y Turística, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Salud (Minsa). Los sitios notificados con orden de cierre fueron: Porcinaland, propiedad de Orlando De Gracia; Finca La Ceiba, propiedad de Albino Muñoz; Finca Paja Verde, propiedad de Azael Moreno; Vertedero Municipal de Macaracas, con notificación dirigida al alcalde del distrito. Las medidas, de acuerdo con fuentes oficiales, se tomaron de forma preventiva, con el objetivo de frenar actividades que estarían afectando directamente el recurso hídrico. Las autoridades otorgaron un plazo a los responsables para que ejecuten acciones correctivas. No obstante, Juan Guevara, representante de la Asociación de Porcicultores de Panamá, atribuyó la situación a una “cacería de brujas” por parte de las autoridades, al culpar a los productores por la contaminación de los ríos. Guevara afirmó que el verdadero problema es el colapso de las plantas potabilizadoras y del sistema de alcantarillado, especialmente en Chitré y Los Santos. Añadió que la planta potabilizadora de Chitré tiene más de 80 años y fue mal construida. Desde las crecidas de 2022 y 2024, los fallos se han incrementado. Según dijo, los mantenimientos no se están realizando adecuadamente y esta situación se repite en todo el país. Juan Manuel Díaz [email protected] Dayra Caicedo. LP Así cayó ‘el Científico’, el cerebro detrás del secuestro de Dayra Caicedo PANDILLERISMO La noche del 9 de abril marcó el abrupto final de Harold Segura, alias “Científico”. Fue asesinado a tiros en su residencia de Altos de Tataré, Pacora, luego de que un grupo de hombres con uniformes similares a los de la policía irrumpiera a la fuerza y le disparara en repetidas ocasiones. Con su muerte, las autoridades cerraron un capítulo importante en la investigación del secuestro de Dayra Caicedo, ocurrido el 19 de febrero de este año. Según las pesquisas del Ministerio Público, Segura había sido identificado como el autor intelectual del rapto. Fue él quien, de acuerdo con las investigaciones, ordenó instalar un dispositivo de GPS en el vehículo de Caicedo para seguir cada uno de sus movimientos y planear el secuestro. Los investigadores detallan que, tras ser privada de libertad en su residencia en Vista Alegre, Arraiján, Caicedo fue llevada hasta Tanara, Chepo. Allí permaneció cautiva durante varios días. Posteriormente, según las pesquisas, fue trasladada a una casa en Panamá Viejo, propiedad de Abdiel Bayo, hoy detenido por su presunta participación en el delito. Las autoridades accedieron a una cámara de vigilancia ubicada en la residencia de Segura. En las imágenes se observa una reunión en la que participaron Bayo y otras personas vinculadas al secuestro. Esa evidencia consolidó la presunta responsabilidad de Segura en la planificación del crimen. El secuestro de Caicedo duró 34 largos días. Fue hallada el 24 de marzo, abandonada en una estación de combustible en Burunga, Arraiján. No presentaba lesiones físicas. Hasta ahora, las autoridades no han esclarecido el móvil del secuestro ni han confirmado si se pagó algún rescate. La audiencia Todos los detalles del presunto cerebro del secuestro fueron dados a conocer en una audiencia celebrada ayer, en la que el Tribunal Superior de Apelaciones, integrado por los magistrados José Félix Sánchez y Adilio González, decidió mantener la medida de retención domiciliaria para Edgardo López Ábrego, cuyo vehículo fue identificado como parte de la caravana que habría participado en el secuestro. La fiscalía solicitó la detención preventiva, argumentando que se trata de un delito grave y que existe riesgo de fuga. Sin embargo, el tribunal consideró que la fiscalía no presentó elementos suficientes para cambiar la medida dictada inicialmente por un juez de garantías. La pandilla HP Informes de inteligencia apuntan a que Segura estaba vinculado a la pandilla Humildad y Pureza (HP), liderada por Carlos Roberto Aguilar, alias “Robert”, quien permanece prófugo y es requerido en la operación Damasco. Según la fiscalía, pandilla HP es un grupo criminal responsable de actividades de asociación ilícita, sicariato, tráfico de drogas y asociación ilícita y que tendría una estrecha colaboración con el Clan del Golfo. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y las autoridades siguen desenredando la trama criminal que condujo al secuestro de Dayra Caicedo y al asesinato de Harold Segura, el “Científico”. irregular de $3.3 millones transferidos por el Programa de Interés Social de la Autoridad de Descentralización. Y a finales de esta semana, tiene una audiencia para decidir las pruebas que serán admitidas en el proceso que se le sigue por presunto peculado en la junta comunal de Barrio Sur. Es lo mismo que ha ocurrido en Barrio Norte, con Bolota. Pareciera que los políticos colonenses se han ensañado con esta provincia. Estado de emergencia en Herrera y Los Santos Eliana Morales Gil [email protected] El gobierno declaró estado de emergencia en Herrera y Los Santos debido a la crisis hídrica ocasionada por la contaminación del río La Villa y sus afluentes. En consecuencia, las dependencias del Estado podrán usar hasta $10 millones para contrataciones especiales destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios necesarios para atender la situación de emergencia hasta el 31 de diciembre. El ministro de Salud, Fernando Boy Galindo, explicó que esperan que la situación se normalice en un plazo razonable y, sobre las causas, dijo: “Son causas que tienen más de 70 años. La contaminación de los ríos es multifactorial, y por eso estamos atacando cada uno de los problemas de forma individual”. Agregó que en las diferentes fincas de porcicultores, que representan el 40% de la economía de la región de Azuero, se han identificado prácticas inadecuadas que podrían estar contribuyendo a la crisis. Y del agua que llega por el grifo remarcó “es agua que se puede usar para lavar, para limpiar (...) pero no para el consumo humano”.
5A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Casas en venta en sectores urbanos. Alexander Arosemena Una omisión que daría al traste con la ley de intereses preferenciales Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] LEGISLATIVO Unas 9 mil familias podrían perder su oportunidad de vivienda si la Asamblea aprueba el proyecto 289 sin corregirlo. La ley sería jurídicamente ineficaz si no incluye el texto completo y actualizado. La esperanza de unas 9 mil familias de adquirir vivienda propia podría truncarse si el proyecto de ley 289 —que busca restablecer la vigencia de la Ley 3 del 20 de mayo de 1985— es aprobado por la Asamblea Nacional tal como está redactado. El 24 de abril pasado entró en vigencia la Ley 468, que derogó la Ley 3 de 1985. Al carecer de un período de transición, unas 9 mil viviendas de interés social cuya compra estaba en trámite quedaron en el limbo. Ante esta realidad, el sector financiero cabildeó para que el gobierno del presidente José Raúl Mulino corrigiera la situación mediante el proyecto de ley 289. La vuelta a la vida de una ley El artículo 2 del proyecto de ley 289 dice así: Artículo 2. Se restablece la vigencia de la Ley 3 de 20 de mayo de 1985 y todas sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2025. A primera vista, la redacción del artículo 2 parecería suficiente para que la Ley 3 de 1985 recupere su vigencia. Sin embargo, esto no es así. El artículo 37 del Código Civil, aplicable en este caso, establece lo siguiente: Artículo 37. Una ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia.En este último caso será indispensable que se promulgue la ley que recobra su vigencia junto con la que la pone en vigor. Esto significa que el texto completo de la Ley 3 de 1985 debe estar incluido dentro del artículo 2. Para complicar el asunto, dicha ley ha sido modificada 17 veces en sus 40 años de existencia, por lo que habría que publicar su versión actualizada. Otro aspecto que complementa el restablecimiento de la Ley 3 de 1985 es la necesidad de publicar en la Gaceta Oficial los decretos ejecutivos y resoluciones que la reglamentan. Al tratarse de normas administrativas, esta responsabilidad recae en el Órgano Ejecutivo. El efecto Si el proyecto de ley 289 fuese aprobado en tercer debate tal como fue votado en la Comisión de Economía y Finanzas del Órgano Legislativo, sin incluir el texto actualizado de la Ley 3 de 1985, el restablecimiento ordenado en su artículo 2 no tendría efecto jurídico alguno. En otras palabras, se aprobaría una norma jurídica inútil. Los diputados pueden devolver el proyecto de ley 289 a segundo debate y hacer la corrección necesaria: incluir el texto completo y actualizado de la Ley 3 de 1985 con todas sus reformas. Para ello tienen plazo hasta el 25 de junio, ya que las sesiones extraordinarias concluyen al día siguiente. VEA 1B Defensoría: en Arimae hubo uso excesivo de gases Luego de una visita a la comunidad de Arimae, Darién, una misión especial reportó que hay evidencias del uso excesivo de gases lacrimógenos durante las protestas que se realizaron en este sector del país la semana pasada, informó la Defensoría del Pueblo. En un comunicado, se señala que estos gases dejaron varias afectaciones en la comunidad y que la visita, a la que se sumó personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se extendió por dos días. La Defensoría adelantó que esta visita generará un informe con los hallazgos y testimonios de la comunidad y de las autoridades, recabados porelequipotécnicodelainstitución. El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, recomienda a las autoridades evitar ingresar a las comunidades si las vías ya han sido despejadas. De igual forma, se le pide a la población atender y verificar las informaciones de medios de comunicación social formales sobre personas fallecidas o heridas, para evitar ser víctima de la desinformación, lo cual puede ser un vehículo para detonar el descontento en la comunidad, que podría devenir en actos de la violencia y enfrentamientos. BLOQUEOS Henry Cárdenas [email protected] Panorama
6A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Panorama Universidades privadas revelan fallas en examen de certificación Aleida Samaniego C. [email protected] FACULTAD DE MEDICINA El examen de certificación básica en medicina de enero 2025 reveló un bajo rendimiento en varias universidades privadas, con tasas de aprobación cercanas o incluso por debajo del mínimo requerido. El examen de certificación básica en medicina se ha convertido en un termómetro esencial para evaluar el nivel académico de los futuros médicos del país. Con un total de 615 aspirantes provenientes de seis universidades oficiales y particulares, los resultados han revelado diferencias notables en el rendimiento. Así lo muestran los resultados del examen aplicado el pasado 31 de enero de 2025, obtenidos por La Prensa del Consejo Interinstitucional de Certificación Médica del Ministerio de Salud, luego de solicitar la información a través de la Ley de Transparencia. La prueba, estandarizada y con un criterio de aprobación definido como una nota superior al 41.5%, busca garantizar que quienes egresan de las facultades de medicina estén mínimamente preparados para ejercer. Sin embargo, el panorama que arrojan los resultados dista de ser homogéneo. Mientras algunas universidades presentan promedios alentadores, otras aún tienen a casi la mitad de sus estudiantes reprobando, especialmente las universidades particulares. Universidad Columbus: bajo rendimiento, incluso tras varios intentos Por ejemplo, con 114 estudiantes que hicieron la prueba, la Universidad Columbus mostró uno de los desempeños más comprometidos. Solo 63 aspirantes lograron aprobar, equivalente al 55% del total. Los 51 restantes (45%) no superaron el umbral requerido. Si bien supera por un estrecho margen el criterio mínimo, el hecho de que casi la mitad no alcanzara la nota pone en entredicho la efectividad de su plan de estudios. Más preocupante resulta el desglose por categoría: entre los 36 estudiantes que se presentaron por primera vez, solo 19 (53%) lograron aprobar el examen. En cambio, entre los 78 que repitieron el examen dos o más veces, 44 (56%) tuvieron éxito. Aunque esta diferencia sugiere una mejora con la repetición, también refleja que el aprendizaje acumulado no está siendo suficiente para lograr una mayoría sólida de aprobados en el primer intento. Universidad Latina: 41% reprueba el examen y los repetidores empeoran En la Universidad Latina, 236 estudiantes participaron en el examen. De ellos, 139 (59%) aprobaron, mientras que 97 (41%) no lo lograron. A primera vista, esta institución muestra un rendimiento moderadamente aceptable, pero al analizar los detalles se observan señales que no deben pasarse por alto. La media de notas fue de 44.89%, apenas unos puntos por encima del mínimo, lo que evidencia una gran concentración de calificaciones bajas. Asimismo, entre los 74 estudiantes que tomaron el examen por primera vez, 53 (72%) aprobaron. Entre los 162 que lo repitieron, el porcentaje de aprobación bajó al 47%, lo que contradice la lógica esperada de mejora tras más intentos. Universidad Americana: desempeño por debajo del promedio El panorama en la Universidad Americana es aún más complejo. Con 85 estudiantes que presentaron la prueba en enero pasado, solo 40 (47%) lograron aprobar, mientras que 45 no alcanzaron el puntaje mínimo. La media general fue de apenas 42.17%, prácticamente rozando el corte de 41.5 %. Un análisis por tipo de participación revela que, de los 24 estudiantes que tomaron el examen por primera vez, la mitad aprobó. Por su parte, entre los 61 que lo repitieron, solo 28 (46%) lograron pasar. Interamericana y Unachi: señales alentadoras Dos universidades mostraron un desempeño alentador. En la Universidad Interamericana, el 72% de los 53 estudiantes aprobó. La media general fue de 45.33%, lo cual, aunque aún cercana al mínimo, refleja una mejora considerable con respecto a otras instituciones privadas. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), 22 de los 30 estudiantes pasaron la prueba, es decir, un 73%. Cabe resaltar que todos los participantes presentaban el examen por segunda vez o más, lo que podría indicar un fuerte componente de persistencia académica y mejoría progresiva. La media de 53.29% refleja una preparación más sólida y un rendimiento superior al promedio nacional. Universidad de Panamá: rendimiento sobresaliente La gran excepción es la Universidad de Panamá, donde el 100% de los 97 estudiantes aprobó el examen. La media fue de 63.76%, muy por encima del promedio nacional, con calificaciones que no solo superaron el corte, sino que se distribuyeron en rangos altos. Este rendimiento se mantuvo tanto entre los estudiantes de primera vez como entre los de segunda o más repeticiones. Los 17 de primera vez aprobaron todos, al igual que los 80 que lo intentaron en una segunda ocasión o más. El contraste entre universidades públicas y privadas es notorio: mientras la Universidad de Panamá y la Unachi superan el promedio con holgura, instituciones como Columbus, Latina y Americana presentan tasas de aprobación apenas por encima del umbral mínimo, o incluso por debajo de él. Además, los datos evidencian que, en varios casos, repetir el examen no mejora significativamente los resultados, lo que sugiere debilidades persistentes en los procesos de enseñanza y acompañamiento académico. Una observación interesante del informe es que no siempre repetir el examen garantiza una mejora sustancial. Mientras en algunos casos como Interamericana y Unachi se observa una mejoría clara, en otras universidades los resultados se mantienen estancados o incluso empeoran entre quienes repiten. El hecho de que universidades públicas como la de Panamá y la Unachi lideren en desempeño, mientras varias privadas muestran tasas altas de reprobación, revive el debate sobre la calidad de la educación superior y la equidad en el acceso a una formación de excelencia. Aunque muchas universidades privadas cuentan con tecnología y recursos, los resultados sugieren que esos elementos no garantizan, por sí solos, una educación efectiva. La diferencia podría estar en la estructura curricular, en la calidad del cuerpo docente o en los mecanismos de seguimiento académico que se implementan a lo largo de la carrera. Tras las publicaciones iniciales de este medio en febrero pasado sobre los resultados del examen, varias universidades privadas respondieron con comunicados en los que rechazaron la interpretación de los datos. Alegaban que las publicaciones buscan desprestigiar la formación de sus egresados, basándose —según sus palabras— en información parcial y no obtenida por canales oficiales. Durante más de una década, los resultados de esta prueba, que mide la calidad de la educación médica en el país, han sido un misterio para la opinión pública, a pesar de su importancia para garantizar la adecuada formación de los futuros profesionales de la salud. La prueba de certificación básica en medicina es un instrumento que busca asegurar que los médicos recién graduados que aspiran al internado cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para ejercer con seguridad y calidad. Sin embargo, las cifras demostraron que una proporción preocupante de egresados, especialmente de universidades privadas, no logra alcanzar el nivel requerido. APROBARON NO APROBARON Examen de certificación básica en medicina - 31 enero 2025 Universidad Interamericana Fuente: Consejo Interinstitucional de Certificación en Medicina del Minsa SE INSCRIBIERON PARA HACER EL EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMER VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MAS VECES > 2 VECES NO SE PRESENTARON A HACER EL EXAMEN 56 23 30 3 7 22 8 16 70% 27% 73% 30% PUNTAJE APROBACIÓN > 41.5% APROBARON NO APROBARON Examen de certificación básica en medicina - 31 enero 2025 Universidad Columbus Fuente: Consejo Interinstitucional de Certificación en Medicina del Minsa SE INSCRIBIERON PARA HACER EL EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMER VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MAS VECES > 2 VECES NO SE PRESENTARON A HACER EL EXAMEN 116 36 78 2 17 44 34 19 53% 44% 56% 47% PUNTAJE APROBACIÓN > 41.5% APROBARON NO APROBARON Examen de certificación básica en medicina - 31 enero 2025 Universidad Latina Fuente: Consejo Interinstitucional de Certificación en Medicina del Minsa SE INSCRIBIERON PARA HACER EL EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMER VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MAS VECES > 2 VECES NO SE PRESENTARON A HACER EL EXAMEN 245 74 162 9 21 86 76 53 72% 47% 53% 28% PUNTAJE APROBACIÓN > 41.5% APROBARON NO APROBARON Examen de certificación básica en medicina - 31 enero 2025 Universidad Americana Fuente: FConsejo Interinstitucional de Certificación en Medicina del Minsa SE INSCRIBIERON PARA HACER EL EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMER VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MAS VECES > 2 VECES NO SE PRESENTARON A HACER EL EXAMEN 88 24 61 3 12 28 33 12 50% 46% 46% 50% PUNTAJE APROBACIÓN > 41.5% APROBARON NO APROBARON Examen de certificación básica en medicina - 31 enero 2025 Universidad de Panamá Fuente: Consejo Interinstitucional de Certificación en Medicina del Minsa SE INSCRIBIERON PARA HACER EL EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMER VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MAS VECES > 2 VECES NO SE PRESENTARON A HACER EL EXAMEN 98 17 80 1 17 100% 80 100% PUNTAJE APROBACIÓN > 41.5% APROBARON NO APROBARON Examen de certificación básica en medicina - 31 enero 2025 Unachi Fuente: Consejo Interinstitucional de Certificación en Medicina del Minsa SE INSCRIBIERON PARA HACER EL EXAMEN HICIERON EL EXAMEN POR PRIMER VEZ HICIERON EL EXAMEN POR SEGUNDA VEZ Y MAS VECES > 2 VECES NO SE PRESENTARON A HACER EL EXAMEN 32 0 30 2 22 73% 8 27% PUNTAJE APROBACIÓN > 41.5%
7A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025
8A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Los gremios docentes de Panamá, agrupados en una alianza nacional, solicitaron formalmente, a través de una nota, a la Asamblea Nacional la apertura de un canal directo de diálogo para abordar los recientes acontecimientos relacionados con la Ley 462, que modifica aspectos de la Caja del Seguro Social (CSS). Desde el 23 de abril, los educadores panameños mantienen un paro indefinido como medida de presión para exigir la derogación de dicha ley. Según los gremios, esta norma es “lesiva a los derechos fundamentales” y contraria a los principios de seguridad social y solidaridad. No obstante, en un intento por encontrar una salida pacífica al conflicto, los docentes enviaron una nota a la diputada y presidente de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, en la que propusieron la conformación de una comisión de enlace compuesta por representantes de la Asamblea —incluidas su Presidencia y bancadas— y delegados de los gremios magisteriales. Esta comisión tendría como propósito facilitar un espacio de trabajo conjunto para analizar los puntos críticos de la legislación y avanzar hacia una propuesta consensuada. Entre las medidas planteadas, se incluye la convocatoria a una reunión de trabajo donde se aborden los artículos de la Ley 462 que afectan derechos adquiridos y prestaciones. Asimismo, los gremios proponen la presentación de un anteproyecto de ley que busque fortalecer el sistema de seguridad social y proteger a los asegurados. También sugieren establecer un calendario de discusión y consulta pública, con participación de la comunidad educativa y otros sectoLuego de 43 días de huelga, docentes buscan diálogo con Asamblea Nacional EDUCACIÓN res sociales. Los docentes subrayaron que su iniciativa parte de la convicción de que la educación y la seguridad social son pilares fundamentales del país. Por ello, hicieron un llamado a un diálogo urgente y respetuoso, que no postergue más la búsqueda de soluciones estructurales al problema de la CSS. Además, enfatizaron que están abiertos al debate, pero que este debe darse con voluntad política y transparencia. Finalmente, recordaron que el magisterio panameño ha sido históricamente un actor clave en la defensa de los derechos ciudadanos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la justicia social y la defensa del sistema solidario que garantice una vejez digna”, señalaron. Como gesto de buena fe, propusieron que la primera reunión con los diputados se realice la próxima semana, dando inicio a un proceso de construcción legal colectiva. Propuesta de bananeros La solicitud de los docentes guarda similitud con la presentada la semana pasada por Francisco Smith, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), quien pidió que la Asamblea Nacional actuara como mediadora en sus demandas vinculadas con la Ley 45, que regula las pensiones y jubilaciones de ese gremio. De hecho, Smith se reunió este martes 10 de junio con la diputada Castañeda y los jefes de bancada de los partidos políticos representados en el Legislativo. Los trabajadores bananeros llevan más de un mes bloqueando vías en Bocas del Toro, específicamente en áreas como Chiriquí Grande, Changuinola y Almirante. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha reiterado en múltiples ocasiones que no se derogará la Ley 462, que reforma la CSS. Los atentados de ayer dejaron al menos dos muertos y no menos de 30 heridos. EFE Colombia bajo ataque: claves de una creciente crisis de seguridad EFE. BOGOTÁ, COLOMBIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] COCHES BOMBA Colombia despertó ayer con una decena de atentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dos viejos epicentros del conflicto armado. Una ola de atentados con explosivos, ráfagas de fusil y coches bomba dejó al menos siete muertos ayer en el suroeste de Colombia. Los crímenes ocurrieron casi en simultáneo y apenas tres días después de que un senador y aspirante presidencial fuera tiroteado en un acto de campaña en Bogotá. Estas son las claves de la crisis de seguridad que revive el fantasma de la violencia de décadas pasadas y agita el panorama político colombiano: 1. Asedio al suroeste Colombia despertó ayer con una decena de atentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dos viejos epicentros del conflicto armado. En el Valle del Cauca hubo al menos tres explosiones en Cali, la capital, y otras más en un caserío del municipio de Jamundí. En el vecino Cauca, fueron tres las detonaciones en los municipios de El Bordo y Corinto, y en Caloto un francotirador asesinó a un policía. Hasta el cierre de esta edición habían al menos siete personas fallecidas y no menos de 30 heridos en esta región codiciada por los grupos armados ilegales como corredor estratégico para mover droga y otros negocios ilícitos hacia la costa Pacífica. Allí tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo guerrillero de izquierda activo en el país. Según el ministro de Defensa, los atentados de son una respuesta a los recientesavancesmilitaresenlazona, donde el Ejército estaría penetrando un “centro neurálgico” de las estructuras lideradas por alias Iván Mordisco’, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC. 2. El criminal más buscado de Colombia Tiene 50 años y su nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, pero se le conoce como Iván Mordisco y es el hombre más buscado del país. Por él, el Gobierno de Gustavo Petro ofrece una recompensa de cerca de un millón de dólares. Aunque en varias ocasiones han circulado rumores sobre su muerte, Mordisco sigue liderando actos de terrorismo, narcotráfico, asesinatos y reclutamiento forzado de menores de edad. Lleva unos 20 años en armas, pero su historia cobró notoriedad en mayo de 2016, cuando, en plena recta final del proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), anunció que un grupo de guerrilleros bajo su mando no se acogería a los acuerdos. 3. Atentado a senador y aspirante presidencial La serie de atentados de ayer ocurrió tres días después del hecho de violencia política más grave de los últimos años en Colombia: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial y nieto de un expresidente. El político fue tiroteado por la espalda mientras participaba en un acto de campaña en Bogotá el sábado, a un año de las elecciones presidenciales. Estos hechos, a manos de un menor de edad, evocaron los traumáticos años 1990, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados a manos de grupos ilegales que buscaban sembrar el miedo e influir en la política nacional. Uribe Turbay, de 39 años, permanece en estado crítico en una clínica mientras las autoridades intentan esclarecer el ataque, tras el cual surgieron denuncias sobre posibles planes para atentar contra otros líderes políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe (2002–2010). 4. Peor pico de violencia desde los acuerdos de paz El atentado contra Uribe Turbay causó un amplio rechazo, tanto de fuerzas políticas e instituciones nacionales como de gobiernos y organismos internacionales que lo señalaron como un grave golpe a la democracia y una muestra del preocupante aumento de la violencia en el país. Aunque Petro llegó al poder en agosto de 2022 con la promesa de lograr una “paz total” mediante acuerdos con los grupos armados, el primer presidente de izquierdas en la Colombia contemporánea no lo ha logrado. Por el contrario, estas organizaciones han fortalecido su presencia en varias regiones, especialmente en zonas rurales y municipios pequeños, donde la violencia se ha recrudecido. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha calificado el momento actual como la peor crisis humanitaria desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y Human Rights Watch ha registrado un aumento de más del 20% en los homicidios y casi un 35% en los secuestros desde entonces. Solo entre enero y abril de este año, al menos 950,000 personas se vieron afectadas por la violencia y el conflicto, una cifra cuatro veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2024, según datos de Naciones Unidas. 5. Crece la crispación política Esta crisis de seguridad se produce en medio de una escalada de la tensión política en el país, ya que Petro intenta imponer cambios en la normativa laboral a los que se oponen los sectores más conservadores. Esa fractura política se hizo evidente en la víspera, cuando nueve partidos se negaron a asistir a una reunión convocada por el mandatario para discutir medidas de seguridad de cara a las elecciones del próximo año. En ese contexto, Petro tiene previsto visitar hoy Cali para participar en una movilización convocada por sindicatos en apoyo a la consulta popular que el mandatario quiere convocar por decreto para aprobar su reforma laboral ante los reveses sufridos en el Senado, algo que la oposición tacha de “ilegal”. La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de lawfare, es decir, persecución judicial y política. “Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comQueda en firme condena de prisión de expresidenta Cristina Fernández CORTE SUPREMA probadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, dice el fallo. La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Tras conocerse la decisión, Fernández dijo que los jueces del Supremo “son tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos” y les calificó de “triunvirato de impresentables”. EFE. BUENOS AIRES, ARGENTINA Cristina Fernández había sido condenada en 2022. Aún le queda la petición de medida de casa por cárcel por edad. EFE Panamá registra una de las interrupciones escolares más largas del mundo. Richard Bonilla Panorama
9A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Ante este panorama, surge la necesidad de buscar soluciones innovadoras que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos. Una opción que ha demostrado ser efectiva en otros países de la región y del mundo es la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este modelo promueve la colaboración entre el Estado y el sector privado para la ejecución de proyectos de infraestructura, la prestación de servicios y la gestión eficiente, combinando recursos y capacidades para alcanzar mayores niveles de eficiencia y calidad. En Panamá ya existen ejemplos positivos de APP en funcionamiento. La Petroterminal de Panamá (PTP) y varios puertos operan bajo este esquema y han logrado mejorar significativamente la gestión y eficiencia en el transporte de mercancías y combustibles. Además, proyectos de infraestructura vial y el Metro de Panamá han sido desarrollados mediante este sistema, demostrando que dicho modelo puede transformar sectores clave. Organismos multilaterales también respaldan esta estrategia. El Banco InLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Y mi derecho no cuenta? Convivencia En un país convulsionado por las luchas sociales y educativas, resuena en el ambiente un eco que surge de las voces profundas al grito de: ¡es mi derecho! ¿Pero qué es el derecho? Etimológicamente, la palabra derecho proviene del latín directum, que significa “lo que está conforme a la regla”, “lo recto”, “lo que no se desvía”. Surge, además, del participio del verbo dirigere, que significa “dirigir”, “enderezar”, “poner derecho”. Así, la raíz del concepto derecho se fundamenta en lo que es correcto o justo. Por lo anterior, es preciso recordar que Eduardo Couture definía el derecho como la conciencia de lo justo que cada generación transmite a la siguiente. Esta visión no se limita al cumplimiento de normas jurídicas, sino que reconoce una esencia impregnada de valores éticos y morales que dan sentido a las leyes. Por su parte, Eduardo García Máynez lo define como el conjunto de normas, principios y costumbres que regulan la vida en sociedad para lograr un orden justo. Nuevamente, el supremo valor de la justicia se asocia con el cumplimiento del derecho. Podría citar más definiciones y análisis sobre este concepto, pero me basta con lo ya estudiado para comprender que el derecho implica que cada uno debe actuar dentro de los valores sociales y morales para alcanzar una convivencia digna y sana. ¿Pero qué ocurre cuando algunos se atribuyen un derecho por encima del derecho de los demás? ¿Qué justifica que impongan su voluntad o criterio como si fuesen el único derecho válido? ¿Cómo es posible que el bloqueo del orden social o ideológico sea considerado justo? Es aquí donde planteo mi interrogante: ¿acaso el derecho a pensar diferente no cuenta? ¿Acaso mi derecho a ejercer libremente mis derechos constitucionales no cuenta? No se trata de lo que es bueno o malo, sino del libre ejercicio de los derechos, que nacieron como guía para la aplicación correcta de la justicia y para asegurar la justa distribución de deberes y derechos entre los ciudadanos. El profundo respeto a los derechos propios y ajenos contribuye a que nuestro país crezca, se fortalezca y se haga inmenso, como reflejo de nuestras conciencias y de nuestras acciones. Viviendo en el país de Lalalandia Gobernabilidad desigualdad, delincuencia, manipulación política, narcotráfico, corrupción y caos, todo esto alimentado por la falta de criterio propio. Aquel ambiente de relativa tranquilidad que nos caracterizó durante años — donde los principales problemas eran los tranques, la ineficiencia del transporte público y el alto costo de la vida— se desvaneció. La pandemia alteró profundamente esa normalidad, y el país entró en una etapa de convulsión en la que el libre tránsito es vulnerado, el respeto por el derecho ajeno desapareció, y se multiplican impunemente los daños materiales a terceros, la violación de libertades fundamentales y el aumento de la inseguridad. Hace apenas unos meses, el occidente chiricano fue secuestrado por grupos radicales que provocaron daños físicos y psicológicos a los residentes, y pérdidas económicas a los productores. Nadie asumió la responsabilidad. Hoy, la historia se repite, esta vez en la provincia de Bocas del Toro, donde los mismos grupos mantienen a la población bajo sitio, han destruido el tejido productivo, golpeado el turismo local e internacional, y condenado a la provincia a una debacle sin perspectivas de progreso. Estos hechos se han replicado en otras regiones, incluida la ciudad capital, donde los cierres de calles y actos beligerantes se han vuelto frecuentes. Estas manifestaciones tienen como Jorge Obediente Alternativa al fracaso de las instituciones de servicio público APP En Panamá, la realidad de los servicios públicos refleja un sistema colapsado, caótico y, en muchos casos, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. Desde hace años, los panameños —de todos los estratos sociales— sufrimos constante escasez de agua potable, cortes frecuentes en el suministro eléctrico, la virtual imposibilidad de utilizar el correo, una educación pública fallida y secuestrada por gremios y políticos, un sistema de salud ineficiente, y trámites interminables en instituciones como el Registro Público, el Cuerpo de Bomberos, Aduanas y otras entidades. Este conjunto de desafíos diarios genera una sensación de frustración y desesperanza que se traduce en protestas constantes, cierres de calles y demandas por soluciones inmediatas. La falta de eficiencia, inversión y gestión adecuada ha llevado a una situación insostenible, en la que el ciudadano siente que las instituciones tradicionales ya no responden a los desafíos actuales. La creciente insatisfacción social refleja un sistema que no logra adaptarse ni modernizarse, dejando al país en un estado de estancamiento en sectores fundamentales para el desarrollo. teramericano de Desarrollo (BID) ha financiado proyectos de APP en diferentes países de la región, especialmente en educación, agua y saneamiento. En Uruguay y Brasil, el BID apoyó la construcción y gestión de escuelas públicas mediante este mecanismo, logrando mejoras sustanciales en infraestructura y gestión educativa. En Colombia, el BID ha financiado varias APP en agua y saneamiento, ampliando el acceso a servicios vitales en zonas rurales y urbanas. Estos ejemplos demuestran que las APP no solo son una alternativa viable, sino también una herramienta efectiva para modernizar y hacer más eficientes las instituciones públicas. La clave está en fortalecer los marcos regulatorios, garantizar la transparencia y aprovechar la experiencia internacional para replicar modelos exitosos. El rol del Estado como supervisor y garante del cumplimiento es fundamental para que estos acuerdos beneficien verdaderamente a la población. Este mecanismo podría devolver la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas. Es momento de mirar hacia el futuro y aprovechar tanto las experiencias nacionales como las internacionales con alianzas público-privadas, como herramienta fundamental —y de urgente aplicación— para el desarrollo, el bienestar y la paz de nuestro actualmente agonizante país. Opinión EL AUTOR es docente y estudiante de Derecho. LA AUTORA es fundadora, Universidad Tecnológica Oteima. EL AUTOR es ciudadano. Danny Vega Méndez protagonistas a sindicatos, gremios docentes, grupos indígenas y estudiantes, que actúan con hostilidad y violencia. Algunos de ellos, presuntamente motivados con dinero, licor y comida. Los sindicalistas, en vez de proteger empleos, los destruyen. Los educadores, en vez de enseñar, promueven la ignorancia. Y los indígenas, víctimas de una educación deficiente, son presa fácil de los agitadores. Muchos de los participantes ni siquiera comprenden las causas de las protestas. Actúan como hipnotizados, guiados por líderes que solo buscan el caos. El Estado enfrenta un dilema: ¿cómo hacer frente a estos grupos radicales que utilizan la protesta como excusa para promover agendas oscuras y perjudiciales para la mayoría? • Si no se actúa, como ocurrió en Chiriquí, se sienten impunes y repiten la fórmula, como ahora en Bocas del Toro. • Si se levantan los bloqueos, se dice que se violan derechos constitucionales. • Si se les reprime, hay que alimentarlos a costa del contribuyente, o copiar el modelo Bukele. • Si se les exige resarcir los daños, se declaran perseguidos. • Si se les enfrenta con fuerza, se acusa al Estado de represión brutal. En La guerra de las galaxias, las Fuerzas del Mal buscaban desestabilizar los sistemas planetarios, mientras las Fuerzas del Bien protegían el orden. En Panamá, parece que solo actúan las Fuerzas del Mal, conformadas por educadores, sindicalistas, estudiantes, indígenas, políticos oportunistas y agitadores ideológicos. Las Fuerzas del Bien brillan por su ausencia o su incapacidad para defender la gobernabilidad. A este paso, ni George Lucas podría encontrarle un final feliz a esta saga. Vivir en Panamá es una experiencia digna de una película de George Lucas: una mezcla de ciencia ficción, terrorismo, aventuras, sexo, corrupción, drogas, intervencionismo foráneo, incoherencia política y acefalía gubernamental. Pero esta no sería una historia ambientada en una galaxia lejana, sino un documental basado en hechos reales, situado en el planeta Tierra. El lugar: Panamá. Quienes hemos recorrido décadas en este país, hemos sido testigos de su metamorfosis en los últimos 50 años. Pasamos de una vida republicana a dictaduras; luego vino una invasión extranjera para poner fin a esa dictadura; experimentamos una democracia incipiente, sin raíces ni consolidación. Un solo estadista se ha vislumbrado como figura presidencial, rodeado por una larga fila de mandatarios más preocupados por su codicia que por construir un bienestar nacional con visión de futuro. Recuperamos el canal, pero hoy tenemos “visitantes de larga estancia” ocupando espacios que antes fueron bases militares. Hemos vivido —y seguimos viviendo— en tiempos “interesantes”. La calidad de vida ha sufrido un deterioro constante. La educación pública es un fracaso, lo que compromete la esperanza de formar buenos ciudadanos. Esto genera una profunda brecha social entre quienes acceden a una educación sólida en centros privados y los cientos de miles que egresan del sistema público con una formación deficiente y un futuro comprometido. El resultado: desempleo, En Panamá ya existen ejemplos positivos de APP en funcionamiento. La Petroterminal de Panamá y varios puertos operan bajo este esquema y han logrado mejorar significativamente la gestión y eficiencia en el transporte de mercancías y combustibles. Nixa Gnaegi de Ríos Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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