8A La Prensa Panamá, miércoles 11 de junio de 2025 Los gremios docentes de Panamá, agrupados en una alianza nacional, solicitaron formalmente, a través de una nota, a la Asamblea Nacional la apertura de un canal directo de diálogo para abordar los recientes acontecimientos relacionados con la Ley 462, que modifica aspectos de la Caja del Seguro Social (CSS). Desde el 23 de abril, los educadores panameños mantienen un paro indefinido como medida de presión para exigir la derogación de dicha ley. Según los gremios, esta norma es “lesiva a los derechos fundamentales” y contraria a los principios de seguridad social y solidaridad. No obstante, en un intento por encontrar una salida pacífica al conflicto, los docentes enviaron una nota a la diputada y presidente de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, en la que propusieron la conformación de una comisión de enlace compuesta por representantes de la Asamblea —incluidas su Presidencia y bancadas— y delegados de los gremios magisteriales. Esta comisión tendría como propósito facilitar un espacio de trabajo conjunto para analizar los puntos críticos de la legislación y avanzar hacia una propuesta consensuada. Entre las medidas planteadas, se incluye la convocatoria a una reunión de trabajo donde se aborden los artículos de la Ley 462 que afectan derechos adquiridos y prestaciones. Asimismo, los gremios proponen la presentación de un anteproyecto de ley que busque fortalecer el sistema de seguridad social y proteger a los asegurados. También sugieren establecer un calendario de discusión y consulta pública, con participación de la comunidad educativa y otros sectoLuego de 43 días de huelga, docentes buscan diálogo con Asamblea Nacional EDUCACIÓN res sociales. Los docentes subrayaron que su iniciativa parte de la convicción de que la educación y la seguridad social son pilares fundamentales del país. Por ello, hicieron un llamado a un diálogo urgente y respetuoso, que no postergue más la búsqueda de soluciones estructurales al problema de la CSS. Además, enfatizaron que están abiertos al debate, pero que este debe darse con voluntad política y transparencia. Finalmente, recordaron que el magisterio panameño ha sido históricamente un actor clave en la defensa de los derechos ciudadanos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la justicia social y la defensa del sistema solidario que garantice una vejez digna”, señalaron. Como gesto de buena fe, propusieron que la primera reunión con los diputados se realice la próxima semana, dando inicio a un proceso de construcción legal colectiva. Propuesta de bananeros La solicitud de los docentes guarda similitud con la presentada la semana pasada por Francisco Smith, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), quien pidió que la Asamblea Nacional actuara como mediadora en sus demandas vinculadas con la Ley 45, que regula las pensiones y jubilaciones de ese gremio. De hecho, Smith se reunió este martes 10 de junio con la diputada Castañeda y los jefes de bancada de los partidos políticos representados en el Legislativo. Los trabajadores bananeros llevan más de un mes bloqueando vías en Bocas del Toro, específicamente en áreas como Chiriquí Grande, Changuinola y Almirante. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha reiterado en múltiples ocasiones que no se derogará la Ley 462, que reforma la CSS. Los atentados de ayer dejaron al menos dos muertos y no menos de 30 heridos. EFE Colombia bajo ataque: claves de una creciente crisis de seguridad EFE. BOGOTÁ, COLOMBIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] COCHES BOMBA Colombia despertó ayer con una decena de atentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dos viejos epicentros del conflicto armado. Una ola de atentados con explosivos, ráfagas de fusil y coches bomba dejó al menos siete muertos ayer en el suroeste de Colombia. Los crímenes ocurrieron casi en simultáneo y apenas tres días después de que un senador y aspirante presidencial fuera tiroteado en un acto de campaña en Bogotá. Estas son las claves de la crisis de seguridad que revive el fantasma de la violencia de décadas pasadas y agita el panorama político colombiano: 1. Asedio al suroeste Colombia despertó ayer con una decena de atentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dos viejos epicentros del conflicto armado. En el Valle del Cauca hubo al menos tres explosiones en Cali, la capital, y otras más en un caserío del municipio de Jamundí. En el vecino Cauca, fueron tres las detonaciones en los municipios de El Bordo y Corinto, y en Caloto un francotirador asesinó a un policía. Hasta el cierre de esta edición habían al menos siete personas fallecidas y no menos de 30 heridos en esta región codiciada por los grupos armados ilegales como corredor estratégico para mover droga y otros negocios ilícitos hacia la costa Pacífica. Allí tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo guerrillero de izquierda activo en el país. Según el ministro de Defensa, los atentados de son una respuesta a los recientesavancesmilitaresenlazona, donde el Ejército estaría penetrando un “centro neurálgico” de las estructuras lideradas por alias Iván Mordisco’, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC. 2. El criminal más buscado de Colombia Tiene 50 años y su nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, pero se le conoce como Iván Mordisco y es el hombre más buscado del país. Por él, el Gobierno de Gustavo Petro ofrece una recompensa de cerca de un millón de dólares. Aunque en varias ocasiones han circulado rumores sobre su muerte, Mordisco sigue liderando actos de terrorismo, narcotráfico, asesinatos y reclutamiento forzado de menores de edad. Lleva unos 20 años en armas, pero su historia cobró notoriedad en mayo de 2016, cuando, en plena recta final del proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), anunció que un grupo de guerrilleros bajo su mando no se acogería a los acuerdos. 3. Atentado a senador y aspirante presidencial La serie de atentados de ayer ocurrió tres días después del hecho de violencia política más grave de los últimos años en Colombia: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial y nieto de un expresidente. El político fue tiroteado por la espalda mientras participaba en un acto de campaña en Bogotá el sábado, a un año de las elecciones presidenciales. Estos hechos, a manos de un menor de edad, evocaron los traumáticos años 1990, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados a manos de grupos ilegales que buscaban sembrar el miedo e influir en la política nacional. Uribe Turbay, de 39 años, permanece en estado crítico en una clínica mientras las autoridades intentan esclarecer el ataque, tras el cual surgieron denuncias sobre posibles planes para atentar contra otros líderes políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe (2002–2010). 4. Peor pico de violencia desde los acuerdos de paz El atentado contra Uribe Turbay causó un amplio rechazo, tanto de fuerzas políticas e instituciones nacionales como de gobiernos y organismos internacionales que lo señalaron como un grave golpe a la democracia y una muestra del preocupante aumento de la violencia en el país. Aunque Petro llegó al poder en agosto de 2022 con la promesa de lograr una “paz total” mediante acuerdos con los grupos armados, el primer presidente de izquierdas en la Colombia contemporánea no lo ha logrado. Por el contrario, estas organizaciones han fortalecido su presencia en varias regiones, especialmente en zonas rurales y municipios pequeños, donde la violencia se ha recrudecido. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha calificado el momento actual como la peor crisis humanitaria desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y Human Rights Watch ha registrado un aumento de más del 20% en los homicidios y casi un 35% en los secuestros desde entonces. Solo entre enero y abril de este año, al menos 950,000 personas se vieron afectadas por la violencia y el conflicto, una cifra cuatro veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2024, según datos de Naciones Unidas. 5. Crece la crispación política Esta crisis de seguridad se produce en medio de una escalada de la tensión política en el país, ya que Petro intenta imponer cambios en la normativa laboral a los que se oponen los sectores más conservadores. Esa fractura política se hizo evidente en la víspera, cuando nueve partidos se negaron a asistir a una reunión convocada por el mandatario para discutir medidas de seguridad de cara a las elecciones del próximo año. En ese contexto, Petro tiene previsto visitar hoy Cali para participar en una movilización convocada por sindicatos en apoyo a la consulta popular que el mandatario quiere convocar por decreto para aprobar su reforma laboral ante los reveses sufridos en el Senado, algo que la oposición tacha de “ilegal”. La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de lawfare, es decir, persecución judicial y política. “Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comQueda en firme condena de prisión de expresidenta Cristina Fernández CORTE SUPREMA probadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, dice el fallo. La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Tras conocerse la decisión, Fernández dijo que los jueces del Supremo “son tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos” y les calificó de “triunvirato de impresentables”. EFE. BUENOS AIRES, ARGENTINA Cristina Fernández había sido condenada en 2022. Aún le queda la petición de medida de casa por cárcel por edad. EFE Panamá registra una de las interrupciones escolares más largas del mundo. Richard Bonilla Panorama
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