8A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, guardó silencio ante preguntas de los medios de comunicación sobre la decisión de alquilar un auto blindado para su desplazamiento, luego que el 31 de enero de 2025 una bala impactó una ventana de su despacho. López, quien participó del acto de inauguración del Laboratorio Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no respondió las interrogantes formuladas por algunos medios de comunicación sobre el tema. En cambio, el procurador general de la Nación, Luis Gómez, explicó que la investigación relativa al impacto de bala en la oficina de la magistrada López no se ha cerrado y que aún se practican diligencias relacionadas con ese hecho. Gómez también informó que por este hecho no hay personas indiciadas, aunque la investigación sigue su curso y aún están por concluir varias diligencias. El Procurador no ofreció mayores detalles de las diligencias realizadas por considerar que se trata de una investigación en curso y que es necesario arribar a conclusiones sobre los hechos para entonces emitir alguna opinión. El pasado 31 de enero una bala impactó el vidrio de una de las ventanas del despacho de la magistrada María Eugenia López —sin que registraran heridos—, lo que activó los dispositivos de seguridad en el Palacio de Justicia Gil Ponce. En el marco de este incidente, el Órgano Judicial (OJ) contrató por un término de 30 días un auto blindado para el desplazamiento de la magistrada López. La contratación se efectuó bajo la figura de un procedimiento excepcional —con número 2025-0-30-0108-PE-000081— y por un monto de $70 mil 620 por un mes. El informe técnico elaborado por la Dirección de Servicios Generales del OJ para justificar el alquiler del vehículo detalla que por la naturaleza del cargo y atribuciones que desempeña, Investigación por disparo en CSJ sigue abierta; López guarda silencio sobre alquiler AUTO BLINDADO la magistrada presidente requiere de seguridad adecuada para garantizar su integridad física, dado que su investidura la expone a riesgos derivados de la toma de decisiones judiciales y administrativas de alto impacto, razón por la cual la seguridad en su desplazamiento es una prioridad, considerando que sus actividades incluyen reuniones oficiales y otros compromisos del cargo. Otra de las justificaciones para alquilar el auto blindado es el hecho que la magistrada debe realizar recorridos por diversos puntos del país en atención a las obligaciones de su cargo y que el vehículo ofrece garantías de seguridad. Algunos funcionarios de la administración de justicia han sufrido amenazas, tras manejar casos de alto perfil relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y corrupción, que han obligado redoblar las medidas de seguridad. José Vicente Pachar, director del Imelcf; María Eugenia López, magistrada de la Corte; y Carlos Gómez, procurador de la Nación, encabezaron la actividad. Tomado de @OJudicialPanamas Imelcf podrá identificar restos de desaparecidos con nuevo laboratorio Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses inauguró un laboratorio biomolecular que está dotado de equipos que permitirán procesar muestras recolectadas en escenas del crimen, así como muestras humanas de ADN no identificadas. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) puso en funcionamiento un nuevo laboratorio biomolecular con que el podrá realizar pruebas de ADN a restos de personas desaparecidas durante la invasión militar de diciembre de 1989 y víctimas de la dictadura militar (1968-1989). José Vicente Pachar, director de el Imelcf, reveló que los equipos que se encuentran en las instalaciones del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras (ISPOL), en Gamboa, están dotadas con equipos de tecnología avanzada con los que se puede hacer frente al procesamiento de muestras recolectadas en escenas del crimen, así como muestras humanas de ADN no identificadas. Además, este laboratorio realiza pruebas de filiación en casos civiles y penales. Pachar relató que con estos equipos ya no se tendrá que recurrir a laboratorios externos para hacer pruebas de ADN para la identificación de restos óseos antiguos, cuya verificación sea requerida para la solución de un caso penal. El Imelcf mantiene en su poder cajas con restos óseos de personas desaparecidas durante la dictadura militar que aún no han sido identificados, así como cuerpos recuperados en fosas comunes de personas fallecidas durante la invasión, sin identificar. La Fiscalía Superior de Liquidación solicitó la reapertura de 20 expedientes de personas desaparecidas durante la invasión, tras exhumar varios cuerpos de los cementerios Jardín de Paz y Monte Esperanza, a los que les extrajo ADN y que será comparado con muestras biológicas de familiares que han reportado la pérdida parientes durante los hechos de diciembre de 1989. Con anterioridad, las pruebas de ADN se realizaban con la colaboración de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que realizó los análisis comparativos de las muestras entregadas por los familiares de las víctimas. Hasta ahora, la fiscalía ha exhumado 41 cuerpos para someterlos al cotejo de su ADN con el de los familiares y hacer un proceso de exclusión para su identificación. No obstante, pese al avance logrado en este aspecto, Pachar advirtió que las morgues judiciales se encuentran saturadas y que en estos momentos mantienen unos 60 cadáveres no reclamados dentro de un camión refrigerado en espera de poder darles sepultura. Explicó que se está trabajando en acuerdo con el Municipio de San Miguelito para realizar sepelios de solemnidad en alguno de los cementerios manejados por sus autoridades. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó ayer que recomendó la destitución de tres miembros de una familia que laboran en una policlínica de la Caja de Seguro Social de la provincia de Veraguas. En un comunicado, la entidad informó que recibió una denuncia anónima contra estos tres funcionarios. Antai informó que en la denuncia se señalaba que una de las involucradas ocupaba el cargo de jefa de Recursos Humanos y que sus dos hijos laboran en la misma policlínica en Veraguas. “Tras finalizar las investigaciones, se verificó a través de certificaciones del Tribunal Electoral, específicamente la Dirección Nacional de Registro Civil y de la Caja de Seguro Social, Antai recomienda destituir a miembros de una familia que laboran en policlínica VERAGUAS que la funcionaria en el cargo de jefa de Recursos Humanos supervisaba y controlaba las labores de sus dos (2) hijos en dicha policlínica”, se plasma en el comunicado . La Antai agregó que, en consecuencia de esta situación, recomendó la destitución de los tres servidores públicos. Henry Cárdenas P. [email protected] Sede de la Antai. Archivo La magistrada María Eugenia López participó de la inauguración del laboratorio del Imelcf. Tomada de @OJudicialPanamas Diputados exigen al canciller comparecer La citación al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, para que comparezca ante la Asamblea Nacional y responda un cuestionario que toca temas de política exterior relacionada al Canal de Panamá fue reiterada por los diputados ayer. La Comisión de Relaciones Exteriores emitió una citación el 22 de enero y Martínez-Acha no ha acudido. La diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, reiteró el llamado con fuertes críticas a la gestión del canciller, incluso sugiriéndole que “si le quedó grande el cargo, que lo ponga a disposición”. Brenes enfatizó en este aspecto luego de que, el 18 de abril, Martínez-Acha divulgara un comunicado en el que desestimó las críticas en su contra sobre el acuerdo en torno a la seguridad del Canal de Panamá firmados con Estados Unidos, y afirmó, textualmente, que “no acepta” las críticas. El diputado Augusto Palacios, también de Vamos, cuestionó con ironía que se haya anunciado la participación del canciller en un conversatorio en el Colegio Nacional de Abogados previsto para el 23 de abril, mientras sigue sin confirmar su asistencia a la Asamblea Nacional. Posteriormente se conoció que el evento fue cancelado. El nuevo llamado a comparecer coincidió con la renuncia de Mayella Lloyd, directora de Información y Relaciones Públicas de la Cancillería. Aunque no se ofrecieron detalles sobre los motivos de su salida, esta es la segunda dimisión de personal cercano al canciller en menos de una semana. El 15 de abril también presentó su renuncia el exvicecanciller Carlos Ruíz Hernández. RELACIONES EXTERIORES Mario De Gracia [email protected] Javier Martínez-Acha. Archivo Panorama
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