1A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 22 de abril de 2025 - Año 44 - Nº 14994 Hoy por hoy La Iglesia católica, con más de 1,300 millones de fieles en el mundo, sigue siendo una de las instituciones con mayor influencia espiritual, social y cultural. Su papel como referente moral ha sido clave en tiempos de crisis y transformación. El pontificado de Francisco marcó una etapa de apertura, sencillez y cercanía con los marginados. Fue el papa de las periferias, el que pidió una Iglesia pobre para los pobres; el jesuita que, con Laudato Si’, llamó a cuidar nuestra casa común y puso el cambio climático en el centro del debate ético. Defendió el respeto a los homosexuales, condenó la guerra, denunció la desigualdad y pidió perdón por los abusos cometidos por miembros del clero, enfrentando con humildad una de las peores crisis morales de la Iglesia. En su visita a Panamá en 2019, pidió a los jóvenes no ser espectadores de la historia, sino protagonistas del cambio. Les instó a “armar lío”, a sacudir las estructuras con esperanza y compromiso. Hoy, tras su partida, el mundo vuelve la mirada al cónclave. Elegir un nuevo papa no es solo un rito interno: es decidir quién guiará a millones en un mundo convulso,marcadoporconflictos, migraciones, pérdida de sentido espiritual y amenazas a la dignidad humana. Ellas. pa Otros ojos para la historia del Mar del Sur 7B Coco Carrasquilla y El Puma chocarán en la Liga MX 5A Deportes Panorama Magistrada evita hablar sobre alquiler de blindado 8A Economía Impugnan precalificación en la licitación del teleférico 4B Mulino, el veto y la Corte: ¿quién frena la amnistía? Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El proyecto 235 sobre amnistía para beneficiar a figuras como Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela enfrentaría resistencia presidencial y posibles cuestionamientos judiciales. El presidente, José Raúl Mulino, podría vetarlo, y la Corte Suprema será clave para frenar su evidente inconstitucionalidad. VEA 2A La salud sexual sigue olvidadapese a esfuerzos La reactivación del ente institucional para atender el VIH es positiva pero insuficiente, adiverten expertos. Persisten el desabastecimiento, el estigma y la exclusión de poblaciones vulnerables. VEA 4A Aleida Samaniego C. [email protected] Cobre Panamá: sin arbitrajes y con auditoría en camino ENTREVISTA Katiuska Hernández [email protected] El gobierno de José Raúl Mulino auditará Cobre Panamá tras la suspensión de los arbitrajes. El ministro de Comercio, Julio Moltó, aseguró que todo se hará con transparencia y dentro del marco legal. VEA 1B Julio Moltó visitó el diario ‘La Prensa’. En la foto, junto a Annette Planells, presidente de Corprensa. Miguel López Murió el papa que llevó la periferia a Roma Falleció el papa Francisco a los 88 años, víctima de un ictus seguido de una insuficiencia cardíaca. Primer pontífice latinoamericano, jesuita y no europeo en más de 1,500 años, impulsó una Iglesia más cercana a los pobres, al medioambiente y a las víctimas de abuso. En 2019 visitó Panamá para pedir a los jóvenes que “armen lío” y transformen el mundo. Ahora, los cardenales se preparan para elegir a su sucesor como obispo de Roma. VEA 6B
2A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Martinelli sigue desafiando los límites del asilo desde la embajada de Nicaragua REDES SOCIALES A pesar de las restricciones inherentes a su condición de asilado, el expresidente Ricardo Martinelli (20092014) continúa realizando intervenciones políticas desde la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde permanece recluido. A través de mensajes difundidos en redes sociaLos diputados Ernesto Cedeño y Luis Eduardo Camacho conversan en el pleno legislativo el 21 de abril. Elysée Fernández Camacho justifica amnistía con leyes previas al golpe militar y referencias a Arnulfo Arias Mónica Palm [email protected] POLÉMICA Uno de los “precedentes” que citó Camacho en su informe de minoría es la Ley 4 del 7 de febrero de 1952, que concedió amnistía a Arnulfo Arias Madrid y a otras personas por los “sucesos” ocurridos en 1951. EldiputadoLuisEduardo Camacho no aportó nuevos argumentos en el “informe de minoría” que presentó con el propósito de que el pleno legislativo rescate el proyecto de ley de amnistía política, aunque citó dos “precedentes” que, según él, concedieron el perdón “por delitos sumamente graves, como el homicidio doloso”. El proyecto 235, que ya fue rechazado en primer debate por la comisión legislativa de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales -que Camacho preside-, favorecería a los condenados por blanqueo de capitales en el caso New Business y a los imputados por ese mismo delito en los casos Blue Apple y Odebrecht, lo que incluye a los expresidentes Ricardo Martinelli (20092014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Camacho es vocero y amigo de Martinelli, y milita en Realizando Metas (RM), partido que fundó el expresidente, quien permanece en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero de 2024, a fin de evadir la condena de 128 meses de prisión por blanqueo en el caso New Business. Uno de los “precedentes” que citó Camacho en su informe de minoría es la Ley 4 del 7 de febrero de 1952, que concedió amnistía a Arnulfo Arias Madrid y a otras personas investigadas por homicidio y lesiones, con motivo de los “sucesos” ocurridos en la Presidencia de la República entre el 7 y el 10 de mayo de 1951. Dichos acontecimientos derivaron en el derrocamiento de Arias —entonces presidente de la República— por parte de la Guardia Nacional. Los otros procesados por estos hechos fueron Roberto Anguizola Jr., Francisco José Linares, Juan de Dios Poveda, Eduardo Joaquín Yeros y Guillermo Rodríguez, entre otros mencionados en el expediente. Todos fueron amnistiados. La Ley 4 de 1952 también benefició a varios sindicados por las protestas y disturbios provocados por la derogación de la Constitución de 1946, así como a los investigados por el supuesto atentado contra el expresidente Ricardo Adolfo de la Guardia (1899-1969), entre otros casos. Camacho también mencionó en su informe a la Ley 70 del 18 de octubre de 1960, que concedió amnistía general a las personas implicadas, denunciadas o acusadas en relación con los hechos ocurridos el 18 de febrero de 1959, cuando un grupo de manifestantes protestó frente al Palacio Municipal, en San Felipe, para exigir la renuncia de 15 miembros del Consejo Municipal del distrito de Panamá. Para Camacho, estos son ejemplos de que “la amnistía se sustenta en conceptualizaciones no rígidas, sino en circunstancias histórico-jurídicas y sociales que la Asamblea Nacional analiza en el ejercicio de su derecho constitucional”. El vocero de Martinelli anotó argumentos que ya ha repetido desde que el proyecto de ley fue presentado, el 9 de abril pasado: que entre julio de 2015 y junio de 2019, la entonces procuradora de la Nación, Kenia Porcell, autorizó investigaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que está adscrito a la Presidencia de la República. Acusa a Porcell de conducir investigaciones “amañadas”, por instrucciones del entonces presidente Varela. Porcell nunca ha sido investigada o procesada por hechos como los que menciona Camacho. Tampoco fue “cesada” del cargo, como sostiene el diputado, sino que renunció en diciembre de 2019, cuando se filtraron los mensajes de WhatsApp que Varela intercambió con varias personas, incluyéndola a ella. Pero a Camacho, aparentemente, le da igual estas imprecisiones y asegura que son prueba inequívoca de que lo ocurrido en aquella época (en la que se inició la instrucción de los expedientes de New Business, Blue Apple y Odebrecht) fue una “dictadura judicial”. El proyecto 235 acabará con eso, prometió. El diputado de RM insiste en que en Panamá no existe una definición legal de “delito político”, aunque ese argumento ya fue refutado el pasado 15 de abril, durante la discusión y el rechazo, en primer debate, del proyecto de ley 235 sobre amnistía política, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Ese día, el diputado Roberto Zúñiga respondió que losdelitospolíticossonaquellos que atentan contra la seguridad jurídica del Estado, la democracia y los poderes constituidos legalmente. “Es quien quiere tumbar a un gobierno... Y así ha sido contemplado en la jurisprudencia panameña a lo largo de los años”, remarcó Zúñiga. Camacho y Zúñiga son miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN). Camacho además es uno de los diputados que apoyó con su firma al proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, del PRD. Él y Ariel Vallarino, también de RM, fueron los únicos que votaron a favor del proyecto 235. En contra se manifestaron Zúñiga, José Pérez Barboni y Manuel Cheng, así como Marta Sandoya y Ana María Poveda, suplentes de Crispiano Adames y Didiano Pinilla. Si el pleno legislativo acoge el informe de minoría de Camacho, podría ignorar la decisión de la Comisión de Gobierno y aprobar el proyecto 235 en primer debate. Para ello solo se necesita una mayoría simple de diputados. Martinelli, además de la condena de New Business, está llamado a juicio por las coimas de Odebrech, al igual que Varela. El juicio se celebrará en noviembre. Los dos hijos mayores de Martinelli -Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares- también serán enjuiciados por el caso Odebrecht, aunque la causa de ellos se dirime ante la Corte Suprema de Justicia, dado que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centromericano (Parlacen); Ricardo Martinelli Linares también es suplente del diputado de la AN, Tomás Benavides. El de Salazar es el segundo intento para que la Asamblea pueda otorgar amnistía política por delitos comunes. Antes estaba un proyecto de ley que presentó el propio Camacho, pero que no prosperó y que fue repudiado hasta por el presidente José Raúl Mulino. Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El poder del informe de minoría ANÁLISIS El artículo 166 de la Constitución Política establece el mandato de que todos los proyectos de ley deben tener tres debates en días distintos para llegar a convertirse en ley una vez lo firme el presidente del país. Ese mismo artículo establece el mecanismo para que, cuando en el primer debate de un proyecto de ley ante la comisión que debe conocerlo este sea rechazado, exista la vía de que el Pleno pueda “...a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su aprobación al Proyecto”. Ese mecanismo establecido en el artículo 166 de la Constitución Política es el informe de minoría. En el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el informe de minoría está desarrollado en los artículos 142 y 143 de dicho texto legal, y en particular en los dos primeros párrafos del artículo 143. les y comunicaciones dirigidas a miembros de su partido, Martinelli mantiene una presencia activa en la escena nacional, desafiando los límites tradicionales del asilo diplomático y a autoridades como el presidente de la República, José Raúl Mulino, que han cuestionado estas intervenciones. En un reciente mensaje, el exmandatario instruyó públicamente a los 15 diputados de su bancada de Realizando Metas (RM) en la Asamblea En los casos listados arriba, el resultado de los informes de minoría correspondió al balance del poder dentro del Órgano Legislativo. Como estos informes eran preparados por los partidos de oposición o por diputados de libre postulación, por definición no conformaban la mayoría y, por lo tanto, la maniobra del informe de minoría estaba destinada al fracaso. Su propósito era, pues, un ejercicio de transparencia para evidenciar la responsabilidad política por la decisión tomada. En el caso del proyecto de ley 235, que propone una amnistía a las personas condenadas, procesadas o investigadas por delitos de alto perfil —en particular los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht—, el informe de minoría corresponde a un ejercicio de oportunismo político y de desafío al presidente José Raúl Mulino. De ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 235 está destinado a enfrentar un veto presidencial por inexequibilidad, es decir, por inconstitucionalidad, dado que lo que pretende es amnistiar delitos comunes disfrazándolos como delitos políticos. *El análisis completo en prensa.com Informes de minoría Al menos seis rechazos en 20 años 28 de enero de 2005. Proyecto de reformas fiscales. 15 de noviembre de 2007. Presupuesto general del Estado para 2008. 29 de enero de 2012. Proyecto de reforma al sistema de justicia. 29 de mayo de 2012. Proyecto que establecía el FAP. 13 de octubre de 2021. Proyecto de reforma electoral. 29 de octubre de 2024. Presupuesto General del Estado para 2025. Nacional a votar a favor del proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en el Legislativo. El líder del colectivo político exhortó no solo a respaldar con el voto la iniciativa, sino también a defenderla y promoverla activamente en el pleno. El polémico proyecto de ley 325, que busca otorgar amnistía a los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, volvió a generar debate en la Asamblea Nacional luego de que el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho presentara un informe de minoría que persigue su aprobación. Aunque la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó el proyecto con cinco votos en contra el pasado 15 de abril, Camacho —quien preside la comisión— votó a favor junto a su copartidario de Realizando Metas (RM), Ariel Vallarino, consolidando así la minoría que respalda el informe. La narrativa del discurso de Martinelli se centró en la idea de “pasar la página” y de construir un clima de armonía nacional. “Busquemos la paz y trabajemos todos al unísono con este gobierno”, señaló. La Convención sobre Asilo de 1928, una de las invocadas por el régimen de Daniel Ortega para concederle protección al exmandatario, establece en su artículo quinto que “mientras dure el asilo, no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública”. En tanto, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 refuerza esta disposición y añade: “el funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial”.
3A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MATRAQUEADORA. La insistencia de Martinelli, Camacho y Popi Varela por forzar la aprobación del proyecto de ley de amnistía “política” tiene una nueva aliada: la exdiputada y presidenta de CD, Yanibel Ábrego. Y ni siquiera lo disimula. Como Didiano Pinilla, Tito Afú y Manuel Cohen no están por la labor, Ábrego acecha las curules de Orlando Carrasquilla, Julio de la Guardia y Jessica Romero, dispuesta a doblegar voluntades. Hay parásitos que uno no se los saca de encima ni con antibióticos. GIRO. La Sala Penal absolvió a Valentín Martínez Vásquez, pese a la oposición de la Procuraduría General de la Nación, que consideró que no habían variado los elementos y condiciones que derivaron en su condena (confirmada en dos instancias) por blanqueo de capitales en el caso New Business. Si la Procuraduría advirtió que no se había aportado nada nuevo —criterio que compartió la magistrada Maribel Cornejo—, ¿cómo fue que, de repente, la solicitud de revisión de sentencia se resolvió favorablemente? ¿Acaso Javier Caraballo no sabía lo que decía o alguien actuó en contravía del contenido del expediente o de la ley? RENUNCIA. En apenas nueve meses de gestión, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, ha tenido cuatro directores administrativos… y va para el quinto: Jorge López, Nelly Grimaldo (actual secretaria general), Raúl González y, el último, Ernesto Villarreal, quien no duró ni dos semanas en el cargo. No estaría de más que Mizrachi, tan aficionado a las redes sociales, ofreciera explicaciones en un live transmitido junto a toda esta gente. ‘BOARDING PASS’. El próximo fin de semana llegará a Panamá el nuevo embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, de 34 años de edad. Esta es su primera misión diplomática. No sabemos si eso es bueno, malo o peor, pero últimamente los hechos ocurren con tan poca predictibilidad que lo único que nos queda es esperar. ADIÓS. Mayela Lloyd renunció como directora de prensa de la Cancillería y Javier Martínez Acha le dedicó un mensaje en redes sociales para agradecer públicamente su profeEn Panamá, hay 22 mil 283 personas que viven actualmente con el VIH, de los cuales 15 mil 580 son hombres y 6 mil 703 son mujeres, según datos del Departamento de Epidemiología Minsa. iStock Reactivación de la Conavih: ¿Una solución efectiva para el VIH? Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA La medida busca fortalecer la respuesta nacional al VIH e ITS en Panamá, tras años de inactividad institucional. Organizaciones exigen acceso a tratamientos, prevención y enfoque integral en salud sexual. La Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH (Conavih) fue reactivada el 8 de abril de 2025, tras permanecer inactiva durante varios años. En la administración anterior, la comisión se reunió en contadas ocasiones, lo que generó dudas sobre la capacidad del Estado para enfrentar una epidemia que continúa afectando a miles de panameños, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Creada en enero de 2008 mediante el Decreto Ejecutivo No.7, la Conavih tiene como objetivo coordinar políticas públicas y programas de prevención, tratamiento y control del VIH en Panamá. Sin embargo, estuvo inactiva desde 2021, lo que dificultó una respuesta oportuna en un momento crítico. La primera sesión desde su reactivación tuvo lugar a finales de abril de 2024. En la primera reunión de la Conavih de la nueva administración de gobierno, realizada este año, se eligió una nueva junta directiva, que quedó conformada por: Ministerio de Salud (Minsa), presidencia; Fundación Probidsida (vicepresidencia); Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahmnp) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), vocalías; Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis Virales (PNVIH), Secretaría técnica. Ricardo Beteta, presidente de la Ahmnp, calificó la reactivación de la comisión como un paso positivo, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del país en cuanto a la atención del VIH. Afirmó que la falta de medidas efectivas por parte del gobierno ha causado una crisis prolongada, afectando de manera particular a grupos clave, como las personas Lgbtiq+, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), las trabajadoras sexuales, las personas privadas de libertad y los migrantes. A pesar de los esfuerzos de diversas entidades y de la existencia de normativas como la Ley 40 de agosto de 2018, que busca proteger los derechos de quienes viven con VIH, Panamá sigue siendo uno de los países con mayor incidencia en América Latina, con al menos 21,000 casos registrados desde 1980, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ sida (Onusida). El desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales se ha convertido en uno de los problemas más críticos. Muchas personas, especialmente aquellas que residen en áreas rurales o de difícil acceso, no pueden obtener los tratamientos necesarios para mantener su salud. Esta situación se ve agravada por la ausencia de políticas inclusivas y la persistencia del estigma hacia quienes viven con VIH. Durante los últimos años, la inactividad de la Conavih ha reflejado un modelo institucional desconectado de las realidades que enfrentan las comunidades más vulnerables, según las organizaciones de la sociedad civil. “Las políticas implementadas hasta el momento no han logrado reducir el estigma ni la discriminación. Tampoco han facilitado el acceso a los servicios de salud para quienes más lo necesitan”, señaló Beteta. Propuestas de las organizaciones Ante esta situación, las organizaciones que trabajan en el tema han propuesto varias medidas urgentes. Una de las principales es la reglamentación de la Ley 40, que busca garantizar los derechos de las personas que viven con VIH. No obstante, su falta de aplicación ha dejado a muchas en situación de vulnerabilidad frente a la discriminación. También se ha planteado la reactivación del mecanismo de contratación social, que permitiría a las organizaciones comunitarias — con conocimiento profundo de las realidades locales— acceder a recursos para llevar a cabo su labor. “Las organizaciones comunitarias han sido las más cercanas a las personas afectadas y son esenciales para desarrollar estrategias efectivas de prevención y atención”, explicó Beteta. En materia de prevención, uno de los reclamos más urgentes es el acceso equitativo a la profilaxis previa a la exposición (PrEP), una herramienta eficaz para evitar la transmisión del virus. Sin embargo, su disponibilidad en Panamá aún es limitada, especialmente en zonas rurales e indígenas, lo que constituye una de las principales brechas a cerrar. Además del VIH, las organizaciones han señalado la necesidad de incluir otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis y la tuberculosis, en la agenda de trabajo de la Conavih. El aumento de casos de sífilis, especialmente entre grupos clave, evidencia la falta de un enfoque integral en salud sexual y reproductiva, que abarque todas las ITS y no solo el VIH. Se espera que el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se reúna este 22 de abril con organizaciones que trabajan en la temática para abordar los múltiples retos en el manejo de las ITS. Realidad de las ITS En su primer mes de funcionamiento, el primer centro gratuito en Panamá especializado en la detección y tratamiento de ITS realizó un total de 175 pruebas de sífilis. De estas, 28 resultaron positivas, lo que representa una preocupante tasa de positividad del 16 %. La mayoría de los casos detectados fueron en hombres (19), seguidos por mujeres (8) y una persona trans. Estas cifras refuerzan la importancia de acudir a chequeos preventivos, sin importar el género o la identidad, ya que muchas de estas infecciones pueden pasar desapercibidas en sus etapas iniciales. Del total de casos positivos, 13 personas regresaron al centro para someterse a la prueba serológica confirmatoria, conocida como VDRL. De ese grupo, cinco fueron diagnosticadas con sífilis activa, es decir, en una fase en la que presentan síntomas y pueden transmitir la infección a otras personas. A todos los pacientes diagnosticados se les administró tratamiento inmediato con penicilina, azitromicina o ceftriaxona, los medicamentos esenciales recomendados para frenar la progresión de la enfermedad. Este centro, ubicado en el corazón de la ciudad de Panamá, forma parte de una iniciativa de la AIDS Healthcare Foundation (AHF-Panamá), con el respaldo del Minsa. Su objetivo es brindar acceso gratuito a pruebas, diagnóstico y tratamiento de ITS, especialmente a personas en condiciones de vulnerabilidad o que enfrentan barreras para acceder a servicios de salud sexual. En cuanto a otras ITS, se identificaron 22 casos de secreción uretral en hombres, 21 de secreción vaginal en mujeres y dos de secreción anorrectal. Además, se detectaron dos casos de verrugas genitales. Para el tratamiento, se administraron 19 dosis iniciales y cuatro dosis de refuerzo de penicilina, 27 esquemas con azitromicina y 33 con ceftriaxona. Un análisis por grupos etarios reveló que las personas jóvenes, especialmente aquellas entre los 20 y 29 años, son las más afectadas por la sífilis y el VIH. Esta población, en muchos casos sexualmente activa y con menor acceso a información confiable sobre salud sexual, continúa siendo el grupo de mayor riesgo. Aleida Samaniego C. [email protected] Naturgy investiga fallas eléctricas en hospitales Nicolás Solano y Anita Moreno SERVICIOS PÚBLICOS Las constantes variaciones en la red eléctrica en Panamá Oeste y las provincias centrales están generando serias afectaciones en el funcionamiento de hospitales clave del país. El pasado jueves 17 de abril, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, registró fallas en su sistema de climatización debido a estos problemas eléctricos, lo que ha causado la interrupción de servicios esenciales. Entre las áreas afectadas se encuentran los salones de operaciones, la central de equipos, la sala de urgencias y las unidades de hospitalización de corta estancia. Como resultado, dos de los tres quirófanos en funcionamiento fueron cerrados temporalmente, dejando el único quirófano habilitado exclusivamente para emergencias, ya que cuenta con un sistema de climatización de respaldo. El Minsa realizó trabajos para restaurar el sistema de climatización y minimizar el impacto en la atención a los pacientes, pero advirtió que la situación era crítica. Además, se reportó un problema similar en el Hospital Anita Moreno en La Villa de Los Santos, donde las fluctuaciones eléctricas también afectaron el sistema de acondicionadores de aire. En este caso, se tomaron medidas provisionales, como la habilitación de un sistema de enfriamiento en el cuarto de urgencias y el uso de equipos de aire tipo split en las salas de hospitalización. Aunque no se ha solicitado una intervención formal por parte de los hospitales, Naturgy Panamá informó que ha establecido contacto con las autoridades de los hospitales afectados para evaluar la causa de los incidentes y determinar si la raíz del problema está relacionada con fallas en el suministro eléctrico o con los sistemas internos de los centros hospitalarios. Estas incidencias ponen en evidencia la creciente preocupación sobre la estabilidad del suministro eléctrico en hospitales clave del país, lo que podría comprometer la atención de los pacientes en un momento crítico. sionalismo, honorabilidad, compromiso, dedicación, servicio, lealtad, etc. Todas esas son cualidades que seguramente reconocen quienes conocen a Lloyd. Lo sorprendente es que Acha haya tenido esa deferencia con ella y no con quien, hasta hace menos de una semana, era su vicecanciller: Carlos Ruiz Hernández. También llama la atención que utilice el mismo formato y los logos que emplea el Ministerio de Relaciones Exteriores para temas institucionales, como transmitir las condolencias por la muerte del papa Francisco. Raro, raro...
5A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 Panorama Plan de mantenimiento de verano: falta un 40% de escuelas Yaritza Mojica [email protected] INFRAESTRUCTURA El Meduca ha intervenido 697 escuelas en su plan de mantenimiento 2025, pero aún quedan 467 centros sin reparar, afectando regiones vulnerables como las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala. Un 59.8% de las escuelas que forman parte del programa de Mantenimiento Verano 2025 del Ministerio de Educación (Meduca) ya han sido entregadas. Se trata de 697 centros educativos que han recibido mantenimiento preventivo, mientras que aún faltan 467 centros por intervenir. Según el Meduca, este año se busca abarcar con tareas de mantenimiento 1,164 centros educativos, de un total de 3,120 escuelas que posee la institución en el país. Hasta la fecha, tras la más reciente actualización de la plataforma Meduca SIG (Sistema de Información Geográfica), aún queda pendiente el 40.1% de los centros escolares por ser reparados. Este porcentaje (40.1%) representa 231 escuelas que están en fase de atención y 236 que tienen trabajos programados. Entre las escuelas que están en atención, ubicadas en la capital, están el Instituto Comercial de Panamá, donde se realizan trabajos de refrigeración; la Escuela Bilingüe Cirilo Martínez, con labores de pintura, techo y plomería; y la Escuela Bilingüe Santos Jorge, donde se ejecutan trabajos de pintura, entre otros. Por el momento, las regiones con mayor número de proyectos o con trabajos programados son la comarca Ngäbe Buglé, específicamente en las áreas de Kodri (31 escuelas), Nedrini (21 escuelas) y Ñokribo (47 escuelas); seguida de la región educativa de Panamá Este, con 26 escuelas, y la región de Los Santos, con 25 centros escolares que tienen trabajos próximos a ejecutarse. En tanto, los centros escolares con más proyectos de atención y avance se encuentran en las regiones educativas de Chiriquí y Darién, seguidas de Guna Yala (24 escuelas) y Los Santos (20 escuelas). La Dirección Nacional de Mantenimiento del Meduca es la encargada del Plan de Verano 2025 en las 16 regiones escolares, con el objetivo de que 421,176 estudiantes matriculados en estos planteles puedan cursar su proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones adecuadas. Entre los trabajos que se desarrollan en los centros escolares están: albañilería, plomería, electricidad, refrigeración, poda de árboles, pintura, limpieza en general, acabados, cambio de techo y de lámparas. Con respecto a la inversión, el Meduca informó que para el año 2025 se están destinando al menos 997 millones de dólares a mejoras de infraestructura y proyectos, lo que incluye el programa de Mantenimiento de Verano, la construcción de siete nuevos centros educativos y la eliminación de aulas rancho y escuelas mixtas. La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó los avances registrados a través del Meduca SIG, destacando que el objetivo es crear un sistema eficiente y transparente para atender las necesidades de mantenimiento en las escuelas del país. “Cuando un director identifique un problema, podrá registrarlo en una plataforma, generando un ticket que permitirá una intervención rápida, especialmente para obras menores”, indicó. Según Molinar, este sistema busca agilizar la toma de decisiones, optimizar el uso de los recursos y hacer público cada gasto a través de la plataforma. Actualmente, se trabaja en el mantenimiento de 1,164 escuelas como parte de un proceso continuo que abarcará más de 3,000 centros. No obstante, la ministra enfatizó en que debe haber un cambio cultural hacia el cuidado de los bienes públicos, para evitar gastos innecesarios por vandalismo o mal uso de las instalaciones. Además, con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se está elaborando un manual de gestión para los directores escolares. Este documento servirá como guía para el mantenimiento preventivo y la administración adecuada de los centros educativos, ayudando a evitar daños mayores mediante intervenciones oportunas. Aún hay un porcentaje considerable de centros escolares que no forma parte del programa, aunque las autoridades han informado que durante todo el quinquenio se continuará con el programa de mantenimiento de las escuelas. Injusticia, vergüenza, indignación, inaceptable, traición. Estas fueron algunas de las palabras que resonaron en la Asamblea Nacional cuando un grupo de diputados cuestionó enérgicamente al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), por no cumplir con la entrega de becas a finalistas del reconocido Concurso Nacional de Oratoria. “¿Por qué juegan con los sueños de los jóvenes?”, cuestionó el diputado Carlos Saldaña, quien además afirmó que Bernardo Méneses, exdirector del Ifarhu, “tiene que estar tras las rejas”. Saldaña recalcó que, así como hubo presupuesto millonario para otorgar auxilios económicos a hijos de políticos, el mismo compromiso debe asumirse con los estudiantes que se han ganado ese derecho por mérito. El primero en elevar el reclamo fue el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino. Denunció que participantes del concurso, desde las promociones 2021 hasta 2025, siguen esperando las becas prometidas. Pérez Barboni instó a las autoridades del Ifarhu a contactar de forma inmediata a todos los finalistas para que se les reconozca lo que legítimamente les corresponde. Jorge González, de la coalición Vamos, no ocultó su molestia y calificó como “vergonzoso” el incumplimiento de la institución. Además, denunció que hijos de exministros, exdiputados y “personas sin ninguna vergüenza pública” sí han recibido auxilios económicos sin justificación académica ni necesidad comprobada. González pidió una auditoría “exhaustiva, diligente y firme” al manejo financiero del Ifarhu durante el último quinquenio (20192024), periodo en el que la entidad fue dirigida por Bernardo Méneses e Ileana Molo, ambos miembros activos del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Jorge Bloise, diputado de Vamos, fue otro de los que se sumó al reclamo. “Espero que la citación al director del Ifarhu se haga cuanto antes, esta misma semana, para que podamos cuestionarlo sobre el incumplimiento con las becas de los finalistas del Concurso Nacional de Oratoria”, exigió. Actualmente, el Ifarhu está bajo la dirección encargada de Gabriel Cajiga, sobre quien recae ahora la responsabilidad de corregir este incumplimiento que ha generado una ola de indignación tanto en la Asamblea como en la sociedad. Los discursos no cesaron. Eduardo Gaitán, diputado de Vamos, calificó como una “injusticia inaceptable” que más de 40 jóvenes finalistas del Concurso Nacional de Oratoria, a quienes describió como “brillantes” y “comprometidos”, hayan quedado sin las becas a las ‘¿Por qué juegan con sus sueños?´: diputados exigen justicia para oradores CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA que tienen derecho. “No es justo que, por la mala administración de Nando Meneses, quien utilizó el Ifarhu para beneficiar a sus allegados, estos jóvenes hoy estén sin oportunidad”, reprochó. Además, hizo un llamado urgente al director del Ifarhu y al presidente José Raúl Mulino para que “respondan con responsabilidad ante esta situación”. Lenín Ulate, también diputado de Vamos, fue más allá y proyectó un video de la edición 2023 del Concurso Nacional de Oratoria, en el que aparece un anuncio oficial del Ifarhu que promete la entrega de becas a los participantes. Cuestionó con dureza que esa promesa se haya quedado en el aire, y reprochó que la esperanza de los jóvenes haya sido convertida en “burlas”. El también independiente Luis Duke se refirió al asunto como “un escándalo más del PRD”. “No se les cumplió con lo que se les prometió. Espero que este gobierno dé una respuesta pronta y oportuEliana Morales Gil [email protected] Diputados de Moca y Vamos exigieron que el Ifarhu atienda el reclamo de los jóvenes finalistas del concurso. Elysée Fernández La Dirección Nacional de Mantenimiento del Meduca es la encargada del Plan de Verano 2025 en las 16 regiones escolares. Archivo na a estos jóvenes que esperan el premio que ganaron por mérito propio”, expresó. Además, señaló directamente a quienes considera responsables: Nando Meneses e Ileana Molo. Una de las víctimas de esta historia es Sharlis Herrera, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2023, quien contó a La Prensa que a pesar de haber sido premiada con una beca universitaria valorada en 25 mil dólares, esa ayuda no fue gestionada ni desembolsada. Egresada de la Escuela Bilingüe de Panamá, ocupó el séptimo lugar en la edición 2023 del concurso. Entre los premios estaba la beca para una universidad y carrera de su elección, con un año de plazo para hacerla efectiva. Herrera aplicó y fue aceptada en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, en Madrid, España, para iniciar en septiembre de 2024. Pero, funcionarios del Ifarhu le informaron que no podían tramitar su beca debido a que era un periodo de elecciones generales en el país y no podían hacer nada por ella. También le dijeron que su beca formaba parte del programa de auxilios económicos, el cual fue eliminado por la actual administración. Trabajos de reparación en la escuela Básica General Bilingüe Burunga, en Arraiján. Cortesía
6A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025
7A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025
8A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, guardó silencio ante preguntas de los medios de comunicación sobre la decisión de alquilar un auto blindado para su desplazamiento, luego que el 31 de enero de 2025 una bala impactó una ventana de su despacho. López, quien participó del acto de inauguración del Laboratorio Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no respondió las interrogantes formuladas por algunos medios de comunicación sobre el tema. En cambio, el procurador general de la Nación, Luis Gómez, explicó que la investigación relativa al impacto de bala en la oficina de la magistrada López no se ha cerrado y que aún se practican diligencias relacionadas con ese hecho. Gómez también informó que por este hecho no hay personas indiciadas, aunque la investigación sigue su curso y aún están por concluir varias diligencias. El Procurador no ofreció mayores detalles de las diligencias realizadas por considerar que se trata de una investigación en curso y que es necesario arribar a conclusiones sobre los hechos para entonces emitir alguna opinión. El pasado 31 de enero una bala impactó el vidrio de una de las ventanas del despacho de la magistrada María Eugenia López —sin que registraran heridos—, lo que activó los dispositivos de seguridad en el Palacio de Justicia Gil Ponce. En el marco de este incidente, el Órgano Judicial (OJ) contrató por un término de 30 días un auto blindado para el desplazamiento de la magistrada López. La contratación se efectuó bajo la figura de un procedimiento excepcional —con número 2025-0-30-0108-PE-000081— y por un monto de $70 mil 620 por un mes. El informe técnico elaborado por la Dirección de Servicios Generales del OJ para justificar el alquiler del vehículo detalla que por la naturaleza del cargo y atribuciones que desempeña, Investigación por disparo en CSJ sigue abierta; López guarda silencio sobre alquiler AUTO BLINDADO la magistrada presidente requiere de seguridad adecuada para garantizar su integridad física, dado que su investidura la expone a riesgos derivados de la toma de decisiones judiciales y administrativas de alto impacto, razón por la cual la seguridad en su desplazamiento es una prioridad, considerando que sus actividades incluyen reuniones oficiales y otros compromisos del cargo. Otra de las justificaciones para alquilar el auto blindado es el hecho que la magistrada debe realizar recorridos por diversos puntos del país en atención a las obligaciones de su cargo y que el vehículo ofrece garantías de seguridad. Algunos funcionarios de la administración de justicia han sufrido amenazas, tras manejar casos de alto perfil relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y corrupción, que han obligado redoblar las medidas de seguridad. José Vicente Pachar, director del Imelcf; María Eugenia López, magistrada de la Corte; y Carlos Gómez, procurador de la Nación, encabezaron la actividad. Tomado de @OJudicialPanamas Imelcf podrá identificar restos de desaparecidos con nuevo laboratorio Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses inauguró un laboratorio biomolecular que está dotado de equipos que permitirán procesar muestras recolectadas en escenas del crimen, así como muestras humanas de ADN no identificadas. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) puso en funcionamiento un nuevo laboratorio biomolecular con que el podrá realizar pruebas de ADN a restos de personas desaparecidas durante la invasión militar de diciembre de 1989 y víctimas de la dictadura militar (1968-1989). José Vicente Pachar, director de el Imelcf, reveló que los equipos que se encuentran en las instalaciones del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras (ISPOL), en Gamboa, están dotadas con equipos de tecnología avanzada con los que se puede hacer frente al procesamiento de muestras recolectadas en escenas del crimen, así como muestras humanas de ADN no identificadas. Además, este laboratorio realiza pruebas de filiación en casos civiles y penales. Pachar relató que con estos equipos ya no se tendrá que recurrir a laboratorios externos para hacer pruebas de ADN para la identificación de restos óseos antiguos, cuya verificación sea requerida para la solución de un caso penal. El Imelcf mantiene en su poder cajas con restos óseos de personas desaparecidas durante la dictadura militar que aún no han sido identificados, así como cuerpos recuperados en fosas comunes de personas fallecidas durante la invasión, sin identificar. La Fiscalía Superior de Liquidación solicitó la reapertura de 20 expedientes de personas desaparecidas durante la invasión, tras exhumar varios cuerpos de los cementerios Jardín de Paz y Monte Esperanza, a los que les extrajo ADN y que será comparado con muestras biológicas de familiares que han reportado la pérdida parientes durante los hechos de diciembre de 1989. Con anterioridad, las pruebas de ADN se realizaban con la colaboración de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que realizó los análisis comparativos de las muestras entregadas por los familiares de las víctimas. Hasta ahora, la fiscalía ha exhumado 41 cuerpos para someterlos al cotejo de su ADN con el de los familiares y hacer un proceso de exclusión para su identificación. No obstante, pese al avance logrado en este aspecto, Pachar advirtió que las morgues judiciales se encuentran saturadas y que en estos momentos mantienen unos 60 cadáveres no reclamados dentro de un camión refrigerado en espera de poder darles sepultura. Explicó que se está trabajando en acuerdo con el Municipio de San Miguelito para realizar sepelios de solemnidad en alguno de los cementerios manejados por sus autoridades. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó ayer que recomendó la destitución de tres miembros de una familia que laboran en una policlínica de la Caja de Seguro Social de la provincia de Veraguas. En un comunicado, la entidad informó que recibió una denuncia anónima contra estos tres funcionarios. Antai informó que en la denuncia se señalaba que una de las involucradas ocupaba el cargo de jefa de Recursos Humanos y que sus dos hijos laboran en la misma policlínica en Veraguas. “Tras finalizar las investigaciones, se verificó a través de certificaciones del Tribunal Electoral, específicamente la Dirección Nacional de Registro Civil y de la Caja de Seguro Social, Antai recomienda destituir a miembros de una familia que laboran en policlínica VERAGUAS que la funcionaria en el cargo de jefa de Recursos Humanos supervisaba y controlaba las labores de sus dos (2) hijos en dicha policlínica”, se plasma en el comunicado . La Antai agregó que, en consecuencia de esta situación, recomendó la destitución de los tres servidores públicos. Henry Cárdenas P. [email protected] Sede de la Antai. Archivo La magistrada María Eugenia López participó de la inauguración del laboratorio del Imelcf. Tomada de @OJudicialPanamas Diputados exigen al canciller comparecer La citación al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, para que comparezca ante la Asamblea Nacional y responda un cuestionario que toca temas de política exterior relacionada al Canal de Panamá fue reiterada por los diputados ayer. La Comisión de Relaciones Exteriores emitió una citación el 22 de enero y Martínez-Acha no ha acudido. La diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, reiteró el llamado con fuertes críticas a la gestión del canciller, incluso sugiriéndole que “si le quedó grande el cargo, que lo ponga a disposición”. Brenes enfatizó en este aspecto luego de que, el 18 de abril, Martínez-Acha divulgara un comunicado en el que desestimó las críticas en su contra sobre el acuerdo en torno a la seguridad del Canal de Panamá firmados con Estados Unidos, y afirmó, textualmente, que “no acepta” las críticas. El diputado Augusto Palacios, también de Vamos, cuestionó con ironía que se haya anunciado la participación del canciller en un conversatorio en el Colegio Nacional de Abogados previsto para el 23 de abril, mientras sigue sin confirmar su asistencia a la Asamblea Nacional. Posteriormente se conoció que el evento fue cancelado. El nuevo llamado a comparecer coincidió con la renuncia de Mayella Lloyd, directora de Información y Relaciones Públicas de la Cancillería. Aunque no se ofrecieron detalles sobre los motivos de su salida, esta es la segunda dimisión de personal cercano al canciller en menos de una semana. El 15 de abril también presentó su renuncia el exvicecanciller Carlos Ruíz Hernández. RELACIONES EXTERIORES Mario De Gracia [email protected] Javier Martínez-Acha. Archivo Panorama
9A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 organizan invita
10A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. testas estudiantiles o implementar controles ideológicos. Mientras Columbia cedió y fue criticada por claudicar, Harvard ha resistido, priorizando su autonomía académica. 2. Bufetes legales: Firmas como Kirkland & Ellis y Latham & Watkins aceptaron aportar $600 millones en servicios “pro bono” para evitar represalias, mientras Susman Godfrey demandó al gobierno, denunciando la inconstitucionalidad de estas exigencias. Estos casos reflejan un patrón: el poder estatal busca la subordinación de instituciones independientes, usando la coerción financiera y legal. Quienes resisten, como los melios, arriesgan consecuencias severas; quienes se pliegan, pierden autonomía y legitimidad. El fenómeno trasciende fronteras. La proyección internacional de esta ideología autoritaria y expansionista encuentra terreno fértil en gobiernos afines o vulnerables a la presión geopolítica. Casos destacados incluyen la intención de ocupar Groenlandia, anexar Canadá y retomar el control del Canal de Panamá, además del desencadenamiento de una guerra arancelaria global y la destrucción del sistema multilateral de comercio. En el caso de Panamá, el gobierno — acosado por el fantasioso alegato de la supuesta injerencia del Partido Comunista Chino sobre el Canal— ha cedido ante falacias y presiones de Estados Unidos, firmando un Memorando de Entendimiento que permite la presencia militar estadounidense, justificada bajo argumentos de “seguridad estratégica”. Aunque estas acciones no violan formalmente el Tratado de Neutralidad del Canal (1977), erosionan la soberanía panameña y su tradición de neuLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿De cuál país eres? Abuso de poder La semana pasada viajé a Chiriquí para pasar unos días con la familia, en reflexión, oración y esparcimiento, por la Semana Santa que acaba de culminar. Es bien conocido el dicho entre nuestros hermanos chiricanos de llamarse la República Federal de Chiriquí, y somos varios los que, en un momento u otro, hemos hecho alguna chanza con ese término o sentimiento regional. Una realidad que impacta cuando uno llega a la tierra de mi abuela paterna es la cantidad de coterráneos, gente buena, y también extranjeros que residen allí, principalmente en las tierras altas y paisajes espectaculares como los de Boquete. De verdad que, a veces, uno se siente en otro país, por la calidez de su gente y su trato humilde y sincero. Lo interesante y medular de este artículo es lo que pude percibir al regreso. Decidimos volver el sábado en lugar del domingo, como estaba planificado, previendo el tráfico vehicular que, como efectivamente ocurrió, se acumuló el Domingo de Pascua de Resurrección. Desde que uno sale de la ciudad de David, si bien es cierto que hay intervención estatal en la reparación de las vías, el tráfico era fluido, con solo los policías necesarios para prevenir, y no para perseguir o buscar a quién multar, excedieran o no la velocidad límite autorizada en ese tramo de la carretera Panamericana, que en la mayoría de los casos era de 100 km/h. El tráfico se movía bastante bien y me pareció que la mayoría de los conductores obedecían las señales de tránsito. Qué diferencia al pasar el Tabasará y llegar a Veraguas, con escenas muy similares a las que luego veríamos en Coclé. Los policías de tránsito, así como los de la ATTT, estaban escondidos, todos —sin excepción— viendo sus celulares en una mano, y algunos los radares que tenían en la otra. Eso sí, cada cierta cantidad de autos detenían alguno, y debo asumir que le imponían una multa por exceso de velocidad: 80 km/h en la mayoría de los tramos. Es curioso —y fue parte de lo que me inspiró a escribir este artículo— que la diferencia en la velocidad permitida se hizo evidente justo al cruzar la línea divisoria entre esas dos provincias. Esto me lleva a elucubrar si es una forma más “económica” de recaudar (justificada o injustificadamente), o si sencillamente los chiricanos saben manejar mejor y son más responsables que los veragüenses y coclesanos. Créanme que no me inclino mucho por la segunda opción. Durante el recorrido por esas dos bellas provincias, hay paisajes dignos de postales turísticas y de obligada visita para cualquier nacional o extranjero. Pero tengan la plena seguridad de que, con la actitud agresiva, corrupta y de “todos son culpables hasta que demuestren lo contrario” de algunos agentes del orden público, lo único que logran es alejar a los turistas, que no están dispuestos a tolerar abusos. Se me hace ilógico que en áreas de poca población —como entre Penonomé y Aguadulce— y con vías como la autodenominada “recta de Coclé” (nombre usado por los propios policías), la velocidad permitida sea diferente a la de las “rectas de Chiriquí”. Siento, y creo que así lo sentimos la mayoría de quienes usamos la vía Interamericana —que además tiene regulaciones que muchas autoridades y policías desconocen—, que no hay razón lógica para tales diferencias. A menos, claro está, que en su entrenamiento se esté sugiriendo el regreso a ese nefasto y oscuro capítulo de nuestra historia: la dictadura militar, que muchos estábamos seguros de haber superado. Es curioso, pues uno vuelve a sentir la diferencia, de forma notoria, al cruzar el puente del río Caimito, que divide Coclé de Panamá Oeste. En esta última, a pesar de los tranques causados por la cantidad de turistas que regresan de las playas, uno podía notar un trato completamente distinto. Esa es la clase de policías y agentes de tránsito que muchos anhelamos y respetamos. Pero cuando se alejan de ese comportamiento, los criticamos y seguiremos criticando. No queremos que viajar por la Panamericana se sienta como pasar de un país a otro. ¿Será que la presión del béisbol ha afectado la capacidad y honestidad de estos agentes? Entre frustración, tristeza y rabia Soberanía En ese gobierno, con el mismo canal, con las mismas enmiendas y reservas DeConcini, Church y Nunn, resistimos los intentos del Pentágono de volver a la base de Howard. Estas enmiendas no pueden servir de excusa, como pretende el gobierno actual, para justificar la sumisión que ha ocurrido en estos días. Por respeto a una lucha generacional, a los muertos, a la sangre derramada, y a todo el pueblo panameño, así como a todos los pueblos del mundo que nos apoyaron, se le dijo no a la base disfrazada que querían introducir en el Centro Multilateral Antidrogas en 1997. Tampoco puede utilizarse la temporalidad, la rotación de tropas, etc., para esconder una base militar. Donde hay soldados acantonados con armamento, equipo, aviones, tanquetas, con perímetros restringidos y letreros de “no trespassing”, protegidos por sus propias leyes y con su propia bandera, llámenlo como deseen: ¡eso es una base militar en nuestro país y punto! Por la existencia del canal, Panamá siempre ha estado en el ámbito de las luchas hegemónicas y las guerras regionales y mundiales. Hitler y los japoneses planearon la paralización de dicho canal y quién sabe cuántos movimientos terroristas también lo han planeado. Con la convicción de que las tensiones del mundo siempre estarían presentes, se diseñó la estrategia de la neutralidad del canal. Por ello, el argumento de que, porque estamos en medio de una crisis mundial hegemónica, debemos ceder es totalmente inválido. El Trump despiadado tampoco sirve de justificación. Él, en realidad, representa los intereses de la economía mundial. Está estirando las tensiones para hacer jugadas financieras y bursátiles. No aspira a la destrucción de esa fuerza en su estrategia ruda de negociación. Francisco Sánchez Cárdenas Sumisión vs. resistencia Lección de los melios “Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. El relato de Tucídides sobre la Historia de la guerra del Peloponeso y el Diálogo de los melios en 416 a.C. encapsula una dinámica eterna: el poder impone su voluntad, y los débiles enfrentan el dilema de resistir o someterse. Los atenienses, invocando la lógica del más fuerte, exigieron la rendición de los melios, quienes —confiando en la justicia y en una ayuda espartana que nunca llegó— optaron por resistir. El resultado fue trágico: masacre, esclavización y colonización. Este episodio no solo ilustra la brutalidad del imperialismo antiguo, sino que ofrece un marco para analizar las tensiones actuales entre autoritarismo, sumisión y resistencia. Hoy, la dinámica melia se repite en contextos como el de la mayor potencia del mundo, donde el gobierno federal ha lanzado una ofensiva contra instituciones clave —universidades y bufetes legales que defienden derechos ciudadanos— en nombre de una agenda ideológica. Ejemplos claros son: 1. Universidades: Harvard, Columbia, Princeton y otras han sido amenazadas con recortes de fondos federales (en el caso de Harvard, más de $2 mil millones) por resistirse a eliminar programas de diversidad, restringir protralidad. Panamá, como los bufetes y universidades estadounidenses que capitularon, parece elegir el realismo de la sumisión ante un poder abrumador. Tanto en melios como hoy, el núcleo del conflicto es ético. Resistir implica defender principios (libertad académica, Estado de derecho, soberanía), pero conlleva riesgos existenciales (sanciones, aislamiento, represión). Someterse garantiza la supervivencia inmediata, pero legitima el autoritarismo y normaliza la erosión institucional. La lección de Tucídides es cruda: en un mundo donde “los fuertes hacen lo que pueden”, la resistencia puede ser simbólica o suicida. Sin embargo, como muestra la demanda de Susman Godfrey o la postura de Harvard, la resistencia institucional, aunque costosa, es vital para preservar espacios de autonomía frente a la hegemonía del poder. El Diálogo de los melios sigue vigente como metáfora de las luchas contemporáneas. Desde las universidades estadounidenses hasta Panamá, el choque entre autoritarismo y resistencia expone una tensión irresuelta: ¿cómo defender valores democráticos frente a un poder que opera con lógica imperial? La historia sugiere que, aunque los débiles a menudo “sufren lo que deben”, su resistencia —aun en la derrota— siembra las semillas del honor futuro. En un mundo cada vez más polarizado, la disyuntiva melia es, en el fondo, un recordatorio de que la dignidad colectiva depende de elegir qué batallas vale la pena librar. Opinión EL AUTOR es dirigente cívico y analista. EL AUTOR es médico salubrista. EL AUTOR es médico. Juan B. Mckay Por razones electorales, el presidente Trump ha decidido adueñarse del canal. Ese es el objetivo. Él quedó retratado en diciembre pasado cuando lo anunció. De allí las mentiras cínicas y la repetida mención de Panamá en su discurso inaugural de enero y en el informe a la nación de febrero. En ese sentido debe interpretarse la visita a nuestro país de dos de sus más altos funcionarios hasta marzo. No le importan ni los tratados ni nuestra soberanía, y por eso está enviando más soldados a nuestro país. Nada será suficiente para su verdadero propósito con Panamá. El mal sueño se inició por la falta de entereza para decir ¡no! en los primeros momentos. El que crea que cediendo hará que la pesadilla pase, es mejor que despierte: ésta apenas se está iniciando. Por ese camino ponemos en peligro la pertenencia del canal. Señor presidente Mulino y resto del gobierno: todavía estamos a tiempo de evitar que la frustración, la tristeza y la rabia nos desvíen de las grandes tareas que, como panameños, tenemos por delante. Después de un debate nacional pasado por el tamiz constitucional, se debe accionar con claridad. En temas del canal, la cláusula constitucional es clara. En 1964, el presidente Chiari se atrevió a dar un paso histórico y, por las circunstancias, rompió relaciones con Estados Unidos; y en 1997, el presidente Pérez Balladares, ante una base disfrazada, por respeto al pueblo, les dijo que no. Haga usted una buena historia y no siga adelante por ese camino. Está a tiempo, y la mayoría del pueblo lo apoyará. Desde los mismos momentos de la separación de Colombia y la firma de los tratados Hay–Bunau-Varilla, Panamá ha mantenido una lucha de todas las generaciones subsiguientes por la soberanía del país. Desde mi adolescencia, a los 14 años, junto con otros compañeros, tuve encuentros con la policía zonians y con la policía militar del ejército (MPs) norteamericano, algunas veces por coger mangos, jugar, salirnos de los corredores en que nos permitían caminar y transitar por ese territorio nuestro. La más seria y campal fue por gritarles, en la hoy avenida de los Mártires, “¡Yankee go home!”. Allí llegaron múltiples patrullas de nuestra policía, de los zonians y de los MP. No nos pudieron llevar presos, como querían, gracias a la posición firme de un subteniente conocido como Botita García. Como institutor siempre mantuve ese espíritu patriótico. Mi madre siempre le dio gracias a Dios que, para el 9 de enero, me encontraba en España estudiando. También como instituto éramos antimilitaristas, pero por su conciencia social, nacionalista y patriótica, apoyamos a Omar Torrijos. Como político, siempre fue mi norte —desde 1986— lograr el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. Esa fue la meta que nos impusimos en 1990 con otros compañeros, primero desde el partido y luego desde el gobierno en 1994. Juan Antonio Casas
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