2A La Prensa Panamá, martes 22 de abril de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Martinelli sigue desafiando los límites del asilo desde la embajada de Nicaragua REDES SOCIALES A pesar de las restricciones inherentes a su condición de asilado, el expresidente Ricardo Martinelli (20092014) continúa realizando intervenciones políticas desde la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde permanece recluido. A través de mensajes difundidos en redes sociaLos diputados Ernesto Cedeño y Luis Eduardo Camacho conversan en el pleno legislativo el 21 de abril. Elysée Fernández Camacho justifica amnistía con leyes previas al golpe militar y referencias a Arnulfo Arias Mónica Palm [email protected] POLÉMICA Uno de los “precedentes” que citó Camacho en su informe de minoría es la Ley 4 del 7 de febrero de 1952, que concedió amnistía a Arnulfo Arias Madrid y a otras personas por los “sucesos” ocurridos en 1951. EldiputadoLuisEduardo Camacho no aportó nuevos argumentos en el “informe de minoría” que presentó con el propósito de que el pleno legislativo rescate el proyecto de ley de amnistía política, aunque citó dos “precedentes” que, según él, concedieron el perdón “por delitos sumamente graves, como el homicidio doloso”. El proyecto 235, que ya fue rechazado en primer debate por la comisión legislativa de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales -que Camacho preside-, favorecería a los condenados por blanqueo de capitales en el caso New Business y a los imputados por ese mismo delito en los casos Blue Apple y Odebrecht, lo que incluye a los expresidentes Ricardo Martinelli (20092014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Camacho es vocero y amigo de Martinelli, y milita en Realizando Metas (RM), partido que fundó el expresidente, quien permanece en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero de 2024, a fin de evadir la condena de 128 meses de prisión por blanqueo en el caso New Business. Uno de los “precedentes” que citó Camacho en su informe de minoría es la Ley 4 del 7 de febrero de 1952, que concedió amnistía a Arnulfo Arias Madrid y a otras personas investigadas por homicidio y lesiones, con motivo de los “sucesos” ocurridos en la Presidencia de la República entre el 7 y el 10 de mayo de 1951. Dichos acontecimientos derivaron en el derrocamiento de Arias —entonces presidente de la República— por parte de la Guardia Nacional. Los otros procesados por estos hechos fueron Roberto Anguizola Jr., Francisco José Linares, Juan de Dios Poveda, Eduardo Joaquín Yeros y Guillermo Rodríguez, entre otros mencionados en el expediente. Todos fueron amnistiados. La Ley 4 de 1952 también benefició a varios sindicados por las protestas y disturbios provocados por la derogación de la Constitución de 1946, así como a los investigados por el supuesto atentado contra el expresidente Ricardo Adolfo de la Guardia (1899-1969), entre otros casos. Camacho también mencionó en su informe a la Ley 70 del 18 de octubre de 1960, que concedió amnistía general a las personas implicadas, denunciadas o acusadas en relación con los hechos ocurridos el 18 de febrero de 1959, cuando un grupo de manifestantes protestó frente al Palacio Municipal, en San Felipe, para exigir la renuncia de 15 miembros del Consejo Municipal del distrito de Panamá. Para Camacho, estos son ejemplos de que “la amnistía se sustenta en conceptualizaciones no rígidas, sino en circunstancias histórico-jurídicas y sociales que la Asamblea Nacional analiza en el ejercicio de su derecho constitucional”. El vocero de Martinelli anotó argumentos que ya ha repetido desde que el proyecto de ley fue presentado, el 9 de abril pasado: que entre julio de 2015 y junio de 2019, la entonces procuradora de la Nación, Kenia Porcell, autorizó investigaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que está adscrito a la Presidencia de la República. Acusa a Porcell de conducir investigaciones “amañadas”, por instrucciones del entonces presidente Varela. Porcell nunca ha sido investigada o procesada por hechos como los que menciona Camacho. Tampoco fue “cesada” del cargo, como sostiene el diputado, sino que renunció en diciembre de 2019, cuando se filtraron los mensajes de WhatsApp que Varela intercambió con varias personas, incluyéndola a ella. Pero a Camacho, aparentemente, le da igual estas imprecisiones y asegura que son prueba inequívoca de que lo ocurrido en aquella época (en la que se inició la instrucción de los expedientes de New Business, Blue Apple y Odebrecht) fue una “dictadura judicial”. El proyecto 235 acabará con eso, prometió. El diputado de RM insiste en que en Panamá no existe una definición legal de “delito político”, aunque ese argumento ya fue refutado el pasado 15 de abril, durante la discusión y el rechazo, en primer debate, del proyecto de ley 235 sobre amnistía política, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Ese día, el diputado Roberto Zúñiga respondió que losdelitospolíticossonaquellos que atentan contra la seguridad jurídica del Estado, la democracia y los poderes constituidos legalmente. “Es quien quiere tumbar a un gobierno... Y así ha sido contemplado en la jurisprudencia panameña a lo largo de los años”, remarcó Zúñiga. Camacho y Zúñiga son miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN). Camacho además es uno de los diputados que apoyó con su firma al proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, del PRD. Él y Ariel Vallarino, también de RM, fueron los únicos que votaron a favor del proyecto 235. En contra se manifestaron Zúñiga, José Pérez Barboni y Manuel Cheng, así como Marta Sandoya y Ana María Poveda, suplentes de Crispiano Adames y Didiano Pinilla. Si el pleno legislativo acoge el informe de minoría de Camacho, podría ignorar la decisión de la Comisión de Gobierno y aprobar el proyecto 235 en primer debate. Para ello solo se necesita una mayoría simple de diputados. Martinelli, además de la condena de New Business, está llamado a juicio por las coimas de Odebrech, al igual que Varela. El juicio se celebrará en noviembre. Los dos hijos mayores de Martinelli -Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares- también serán enjuiciados por el caso Odebrecht, aunque la causa de ellos se dirime ante la Corte Suprema de Justicia, dado que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centromericano (Parlacen); Ricardo Martinelli Linares también es suplente del diputado de la AN, Tomás Benavides. El de Salazar es el segundo intento para que la Asamblea pueda otorgar amnistía política por delitos comunes. Antes estaba un proyecto de ley que presentó el propio Camacho, pero que no prosperó y que fue repudiado hasta por el presidente José Raúl Mulino. Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El poder del informe de minoría ANÁLISIS El artículo 166 de la Constitución Política establece el mandato de que todos los proyectos de ley deben tener tres debates en días distintos para llegar a convertirse en ley una vez lo firme el presidente del país. Ese mismo artículo establece el mecanismo para que, cuando en el primer debate de un proyecto de ley ante la comisión que debe conocerlo este sea rechazado, exista la vía de que el Pleno pueda “...a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su aprobación al Proyecto”. Ese mecanismo establecido en el artículo 166 de la Constitución Política es el informe de minoría. En el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el informe de minoría está desarrollado en los artículos 142 y 143 de dicho texto legal, y en particular en los dos primeros párrafos del artículo 143. les y comunicaciones dirigidas a miembros de su partido, Martinelli mantiene una presencia activa en la escena nacional, desafiando los límites tradicionales del asilo diplomático y a autoridades como el presidente de la República, José Raúl Mulino, que han cuestionado estas intervenciones. En un reciente mensaje, el exmandatario instruyó públicamente a los 15 diputados de su bancada de Realizando Metas (RM) en la Asamblea En los casos listados arriba, el resultado de los informes de minoría correspondió al balance del poder dentro del Órgano Legislativo. Como estos informes eran preparados por los partidos de oposición o por diputados de libre postulación, por definición no conformaban la mayoría y, por lo tanto, la maniobra del informe de minoría estaba destinada al fracaso. Su propósito era, pues, un ejercicio de transparencia para evidenciar la responsabilidad política por la decisión tomada. En el caso del proyecto de ley 235, que propone una amnistía a las personas condenadas, procesadas o investigadas por delitos de alto perfil —en particular los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht—, el informe de minoría corresponde a un ejercicio de oportunismo político y de desafío al presidente José Raúl Mulino. De ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 235 está destinado a enfrentar un veto presidencial por inexequibilidad, es decir, por inconstitucionalidad, dado que lo que pretende es amnistiar delitos comunes disfrazándolos como delitos políticos. *El análisis completo en prensa.com Informes de minoría Al menos seis rechazos en 20 años 28 de enero de 2005. Proyecto de reformas fiscales. 15 de noviembre de 2007. Presupuesto general del Estado para 2008. 29 de enero de 2012. Proyecto de reforma al sistema de justicia. 29 de mayo de 2012. Proyecto que establecía el FAP. 13 de octubre de 2021. Proyecto de reforma electoral. 29 de octubre de 2024. Presupuesto General del Estado para 2025. Nacional a votar a favor del proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en el Legislativo. El líder del colectivo político exhortó no solo a respaldar con el voto la iniciativa, sino también a defenderla y promoverla activamente en el pleno. El polémico proyecto de ley 325, que busca otorgar amnistía a los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, volvió a generar debate en la Asamblea Nacional luego de que el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho presentara un informe de minoría que persigue su aprobación. Aunque la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó el proyecto con cinco votos en contra el pasado 15 de abril, Camacho —quien preside la comisión— votó a favor junto a su copartidario de Realizando Metas (RM), Ariel Vallarino, consolidando así la minoría que respalda el informe. La narrativa del discurso de Martinelli se centró en la idea de “pasar la página” y de construir un clima de armonía nacional. “Busquemos la paz y trabajemos todos al unísono con este gobierno”, señaló. La Convención sobre Asilo de 1928, una de las invocadas por el régimen de Daniel Ortega para concederle protección al exmandatario, establece en su artículo quinto que “mientras dure el asilo, no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública”. En tanto, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 refuerza esta disposición y añade: “el funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial”.
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