5A La Prensa Panamá, martes 18 de febrero de 2025 Panorama VT Shipping tiene permiso para proveer combustible a naves, a través de barcazas. Archivo Renuevan permiso de operación a empresa investigada por el MP y la DGI Mónica Palm [email protected] VT Shipping International Inc. es investigada por el Ministerio Público por recibir beneficios fiscales exclusivos de una zona libre de petróleo sin contar con el contrato requerido. La Dirección General de Ingresos también audita su situación tributaria. VT Shipping International Inc., la empresa neerlandesa que es auditada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y es objeto de dos investigaciones en el Ministerio Público (MP), podrá seguir prestando servicios como proveedor de productos derivados del petróleo a través de barcazas. El permiso de VT Shipping fue expedido originalmente el 16 de octubre de 2009, con vigencia de cinco años. Desde entonces, se ha renovado en 2014 y 2019. Este último expiró el 20 de noviembre de 2024, seis días antes de que el MP realizara una inspección en la DGI para averiguar por qué a la empresa se le otorgaron los beneficios fiscales propios de una zona libre de combustible, a pesar de que no tenía contrato con la SNE para operar como tal. Pese a estas circunstancias, el 15 de enero pasado, la Secretaría Nacional de Energía (SNE) le prorrogó el permiso como proveedor a través de barcazas hasta el 13 de octubre de 2029. La prórroga fue concedida por el secretario nacional de Energía, Juan Manuel Urriola, a través de la Resolución MIPRE-2025-0001494. Urriola, ante consulta de La Prensa, indicó que VT Shipping cumplía con todos los requisitos y, hasta ahora, no hay un dictamen que indique que es culpable de cometer alguna falta. Por tanto, considera que no había un fundamento legal para negar la extensión. “Al conocer sobre la investigación en curso por parte de la DGI relacionada con una posible evasión fiscal, la SNE retuvo la extensión de la prórroga y consultó al viceministro de Finanzas [Fausto Fernández]. En respuesta, se nos informó que la investigación seguía en curso, que aún no se habían obtenido resultados y que no era posible precisar una fecha de conclusión”, contó Urriola. Agregó que el permiso es únicamente para transportar productos derivados del petróleo (pero no comercializarlos) a través de barcazas y no es válido para operar como zona libre de combustible ni abastecer camiones cisternas. En la Resolución MIPRE-2025-0001494 consta que también se le permite prestar el servicio a las naves internacionales en tránsito, a las camaroneras y a las naves de cabotaje interno, siempre que liquiden los respectivos impuestos. Para ello, solo podrá abastecerse de combustible en las zonas libres. Beneficios fiscales El Ministerio Público investiga por qué la anterior administración de la DGI otorgó a VT Shipping los beneficios fiscales y exoneraciones propias de una zona libre de petróleo, pese a que su permiso solo le permitía abastecer a naves en tránsito, a través de barcazas. Por esta razón, la Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección ocular en la DGI a fin de ubicar los documentos que sustenten estos incentivos, el 26 de noviembre pasado. VT Shipping emitió entonces un comunicado en el que aseguró que nunca ha operado una zona libre, aunque no precisó por qué tenía ese reconocimiento por parte de la DGI. El eje de la investigación está en una resolución del 1 de octubre de 2020, en la cual el entonces director de Ingresos, Publio De Gracia, reconoció la aplicación de las exoneraciones fiscales y otros incentivos exclusivos de una zona libre de petróleo a VT Shipping. Al menos tres secretarios de Energía manifestaron en su momento, por escrito, que la empresa neerlandesa no tiene contrato con el Estado para operar una zona libre de petróleo: Jorge Rivera Staff, Rosilena Ivette Lindo Riggs y, precisamente, el actual, Juan Manuel Urriola. Urriola prorrogó el permiso de VT, a sabiendas de cuál es su situación procesal. De hecho, él mismo preparó una nota certificada dirigida al viceministro Fernández, para informarle que entre agosto de 2023 y junio de 2024 la SNE había recibido tres oficios por parte del MP, en los que se solicitó información y copia autenticada de los permisos. En esa nota, expedida el 14 de octubre de 2024, Urriola advirtió que la empresa no mantiene ni ha mantenido nunca contratos para operar y administrar una zona libre de combustible. Así también lo reconoció a La Prensa. Incluso, compartió una respuesta que proporcionó a Mariela Adames, funcionaria de instrucción de la DGI, cuando ella le preguntó si la SNE tiene registros de los contratos que ha suscrito VT Shipping con empresas que sean usuarias de zonas libres de combustible. “La Secretaría Nacional de Energía no cuenta con registros de los contratos que ha suscrito la sociedad VT Shipping International Inc.”, indicó Urriola. Agregó que la empresa tampoco tiene la obligación de informar sobre los contratos con sus clientes. Por lo pronto, los procesos ante la DGI y las dos fiscalías (la anticorrupción y la especializada contra la Delincuencia Organizada) siguen su curso y todavía están en etapa de investigación. Aleida Samaniego C. [email protected] En el país hay un centenar de centros de adultos mayores. Archivo Abuso sexual en hogar de adultos mayores: la denuncia tardó cuatro meses en ser atendida DERECHOS HUMANOS La denuncia por abuso sexual y negligencia en un centro de atención integral para adultos mayores ha puesto en evidencia fallas en los protocolos de respuesta. Aunque la alerta se dio en octubre de 2024, el Ministerio Público no comenzó a tomar declaraciones a las víctimas hasta febrero de 2025. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que, debido a la confidencialidad de la investigación, no puede ofrecer detalles específicos sobre el caso, aunque confirmó que está bajo la jurisdicción del Ministerio Público. El 6 de septiembre de 2024, la administradora del centro en cuestión recibió un reporte sobre el abuso de una adulta mayor. Sin embargo, la junta directiva no fue informada sino hasta el 2 de octubre y, al día siguiente, una abogada acudió al Mides en busca de asesoría legal. Fue en esa reunión cuando el ministerio tuvo conocimiento de los hechos de abuso y de la negligencia en la administración de medicamentos a los residentes. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el presunto agresor continuó participando en actividades del hogar y tenía acceso libre a las áreas comunes y habitaciones de los residentes. Aunque la familia de la víctima solicitó su expulsión, el hombre permaneció en el lugar casi dos meses después del incidente sin que se iniciara una investigación para determinar si hubo más afectados, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa. Inspecciones y reclamos familiares sin respuesta El 10 de octubre, la directora de Adultos Mayores del Mides sostuvo una reunión con la familia afectada para abordar las denuncias de abuso y las irregularidades en la medicación de los residentes. Seis días después, el 16 de octubre, la Coordinación Nacional de Adultos Mayores del Mides y el Ministerio de Salud realizaron una inspección en el centro. El 1 de noviembre, la familia presentó una cronología detallada de los hechos ante la Junta de Síndicos del albergue, señalando deficiencias en la administración de medicamentos y nuevos casos de negligencia. Otras familias también presentaron quejas, como la de una madre preocupada por la atención médica y el trato recibido por su hija en el hogar. Hasta el 27 de noviembre de 2024, el caso seguía sin resolverse y los familiares de los residentes continuaban denunciando problemas en la atención y el cuidado de los adultos mayores. En febrero de 2025, cuatro meses después de la denuncia inicial, el Ministerio Público comenzó a tomar declaraciones a las víctimas, evidenciando las demoras en la respuesta de las autoridades. Acciones del Mides ante la crisis Recientemente, la directora de Servicios de Protección Social del Mides, Rossana Muñis, indicó a La Prensa que su equipo ya trabaja en la planificación del cronograma de inspecciones para 2025. Estas visitas, que se realizan dos veces al año, forman parte de un programa integral destinado a garantizar que los centros cumplan con los estándares de calidad establecidos por la ley y ofrezcan un trato digno a los residentes. “Quiero asegurar a la ciudadanía que estamos monitoreando de cerca este asunto y que tomaremos las medidas necesarias para garantizar la protección de nuestros adultos mayores”, expresó Muñis. La funcionaria también destacó que las inspecciones son sorpresivas, lo que permite obtener una evaluación precisa y real de las condiciones en los centros. Durante cada visita, un equipo multidisciplinario compuesto por personal del Mides, el Ministerio de Salud (Minsa), psicólogos, gerontólogos y trabajadores sociales se asegura de que todo esté en orden. “Si encontramos irregularidades, damos al centro un plazo de 15 días para corregirlas. Si no se toman las medidas correctivas, podemos imponer sanciones que van desde advertencias hasta la suspensión temporal del servicio”, explicó Muñis. Subrayó que hay ocho hogares de adultos mayores en proceso de cierre y una denuncia en el Ministerio Público. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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