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prensa_2024_04_15

2A LaPrensa Panamá, lunes 15 de abril de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Cciap: ‘seevidencia la corrosiónmoral deun grupodepersonas ’ TRANSPARENCIA YasserYánezGarcía [email protected] El pasado martes 9 de abril, La Prensa publicó un listado de todoslos benefi - ciados con auxilios económicosdel Ifarhuentre l 7de juliode2019y el24demayo de2023. Apesardequelalistareve - la 2,114 nombres que reci - bieron un auxilio económico, aun así, la Contraloría General mantienebajo re - serva el nombre demás de dosmilbeneficiarios. En ese sentido,Adolfo Fá - brega, presidentede la Cá - mara de Comercio, Indus - trias yAgricultura dePana - má (Cciap), enfatizó en el texto de la Cámara Opina que “de esta manera, queda aldescubiertoel descaroy la impunidad de quienes tienen elmandato deadminis - trar los recursosdel Estado” y“la corrosión moral de un grupodepersonasqueapro - vechasus influenciasycone - xiones para asaltar el erario público”. Fábrega cuestionó ade - más, la falta de transparen - cia del contralor general de la República, al preferir ocultar los nombresde los beneficiariosde los auxilios económicosenvezdefiscali - zar y controlarel uso de los fondospúblicos. “Igualdegrave,es elhecho de queel ContralorGeneral de la República,en lugar de hacercumplir lasobligacio - nes que la Constitución le impone de fiscalizar y con - trolarelusodelosfondospúblicos, seael protagonistade la falta de transparencia al refrendarunagrancantidad de los Auxilios Económicos. No siendo suficiente, ocul - tando los beneficiarios de miles de estos. No existe jus - tificaciónlegalnimoarlpara que un funcionario público detalenvergadurajustifique su complicidad por el vei - dente incumplimiento de susfunciones ”. El presidente de la Cciap revela también, quese en - cuentranestudiandolosele - mentos legalesque les per - mitandenunciar ante elMi - nisterioPúblico todolo rela - cionado conlos auxilioseco - nómicos. Considearn que la forma en que han sido utilizados estos mal llamados auxilios no les permite ser simples espectadores. Enfa - tizanenque aquellosque re - cibieron dineros públicos sin necesidad, “tienen que devolverlos o enfrentar las consecuencias”. SegúnlaCciap,deestafor - maquedanenevidenciaque losmecanismos de control y supervisión de los recursos del Estado serántan efecti - vos como la voluntad de quienes loimplementan. A través de la columna dominical “La Cámara Opi - na”, la organización exige transparencia,justicia yres - ponsabilidaden el manejo de los fondos públicos. Además, hizo un llamado a los candidatos presidencialesa que en el último debate pre - sidencialelpróximomiércoles 17 de abrilde 2024 en el Teatro Anayansi del Centro de ConvencionesAtlapa, se comprometan con acciones concretas, como la imple - mentación dela carrera ad - ministrativa y la digitaliza - cióndeprocesos para elma - nejodelosfondospúblicos. Protestas por los auxilios económicos a las afueras de laContraloría. Miguel Cavalli Desde su implemenatción, la Ley 351 de 2022 ha generado debates y controversias en diversos sectores de la sociedad, pues se cuestiona su efectividad para combatir prácticas corruptas y promover la tarnsparencia en la gestión pública. TRANSPARENCIA OhigginisArciaJaramillo [email protected] La Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgáni - ca de la Contraloría GeneraldelaRepública(an - teriormente establecida por la Ley 32 de 1984), continúa siendo percibida comoun obstáculo significativo enla ardua batalla contra la co - rrupciónenPanamá. Desde su implementación, esta legislación hage - neradodebates ycontrover - siasendiversossectoresdela sociedad,pues secuestiona suefectividadparacombatir prácticas corruptas y pro - mover la transparenciaen la gestiónpública. De hecho, activistas y gruposde lasociedadcivil, como la Fundaciónpara el Desarrollo dela Libertad Ciudadana, capítulopanameño de Transparencia Internacional, siguen esperando unadecisión por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobrela demanda de incontsitu - cionalidadque sepresentó contra esanormativa. Como se recordará, la Ley 351 fue demandadapor La Fundaciónpara el Desarro - llode laLibertadCiudadana enabril de2023. Etse recur - so legal fue admitido ese mismo añoy estábajo lapo - nencia del magistrado Ol - medoArrocha. La inquietud OlgadeObaldía,directora ejecutiva de La Fundación para el Desarrollode la Li - bertad Ciudadana, subaryó que hay preocupación ante laaparente faltadeifscaliza - ción. “La investigación de La Prensa , del escandaloso abuso defondos através del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) deja claro que la demanda que presentamos el año pasado en abril contra la Ley 351de2022, preveíael debi - litamiento institucional que ocasionaría dicha Ley, por ser contrariaal diseñocons - titucional para el control y rendición de cuentas de los fondos públicos”, apuntó de Obaldía. Precisamente, recordó queentreotrosretrocesos, la leyotorgadiscrecionalidada la Contraloría parano hacer auditorías oinvestigaciones que lesolicitelaJurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público. También permite escenarios donde se obsta - culicen o no inicien “legalmente” los procesos de in - vestigación de corrupción enelusodefondospúblicosy otorga facultades casi pleni - potenciariasa laContraloría y facultades dediscreciona - lidad al contralor, que pue - denprestarse ala arbitrarie - dad. “Lomásllamativoesquela Ley 351, mientras esté vi - gente, libra selectivamente de responsabilidad a los auditoresde la Controlaríay al contralor, debilitando la rendición decuentas”, pun - tualizó. Alegatos Como parte de la deman - da que presentóla Funda - ciónpara elDesarrollo dela Libertad Ciudadana, varias entidades yciudadanos pre - sentaronsus alegatos como terceros. Entre este grupo que presentó alegatos, pi - diéndolealaCSJquedeclare lainconstitucionalidaddela Ley351de2022,están:Dio - nisia Barrios, representando a la FiscalíaGeneral de Cuentas; Guido Aleajndro Rodríguez,exfiscaldeCuen - tas; Alvin Weeden, ex con - tralor, quien falleció el año pasado. También están los aboga - dos Julio Linares Franco, Roberto Ruiz Díazy Daniel LombanaFranschechi. El abogado ycandidato a diputado, Ernesto Cedeño, también presentó una de - manda de inconstituciona - lidad sobreel artículo de la Ley 351 que otorgafueros y privilegiosalosfuncionarios de Contraloría, especíifca - mente aquel quelos exime de responsabilidad antela justiciadecuentas. En su momento,otras fi - guras públicas, comoel ma - gistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruis - ta, culparona laLey351de la baja cantidad de auditorías que estaban llegando al Tri - bunal deCuentas. “Va a lle - gar un momento,si esto si - gueasí,quenovamosatener trabajo en el Tribunal de Cuentas”,dijoCigarruistaen laAsambleaNacional. Opinióndelprocurador La Procuraduría de la Ad - ministración opinó en su momento que son incontsi - tucionales almenos sitee ar - tículos de lacitada ley. Uno de ellos es elartículo 1, que impide alMinisterio Públi - co y a la Jurisdicción de Cuentas solicitar a la Con - traloría iniciar investigacio - nes. El procurador González también consideró que la normadeteriora lafiscaliza - cióndelos fondospúblicos y otorgaprivilegiosalossindicatos y cooperativas, ade - más de evadir una función constitucional de la Contar - loría. Por otraparte, precisóque crea fuerosyprivilegiospara los funcionarios dela Con - traloría, además de generar unadesigualdaddetratoan - te la ley, puesevaden la res - ponsabilidad que la uJris - dicción de Cuentas genera para todos los funcionarios que manejan fondos públi - cos. Incluso, el procurador de la Administración mencio - nó que la norma genera una discrecionalidad que la Constitución no otorga al contralor, encuanto aque le permite cerrar investigacio - nes sin generar las denun - ciasquelaleyindica,deserel caso. El rol de laContraloríaGeneral de laRepública en la fiscalización de los fondos públicos ha sido constantemente cuestionado. Archivo Lapolémica leyqueponeunfrenoa la luchacontra lacorrupción

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