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5A LaPrensa Panamá, martes 15 de junio de 2021 Panorama Detienenal dueñodeMeco porpresuntacorrupción Entre los detenidos estarían Carlos Cerdas Araya yMélida Solís Vargas, de las empresas Meco y H. Solís, respectivamente. Cinco constructoras son investigadas y un asesor del presidente Carlos Alvarado. INVESTIGACIÓNJUDICIAL AFP.SANJOSÉ,COSTARICA A utoridades deCosta Ricaallanaronayerla Casa Presidencial y varios organismosestatales, ydetuvieron, almenos, ados dueños de firmas construc - toras, enuna operaciónpara desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambiodeobraspúblicas. Durante la operación, li - derada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ),quedependedelaFis- calía,serealizaron57allana - mientos, tantoa entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018y2020unos78milmi - llonesdecolones,equivalen - tes a unos 125millones de dólares. “Identificamos un esque - madesobornos,unesquema deregalíasypagosindebidos dirigidos a funcionarios pú- blicospatrocinados porem - presas privadas (...) Incluso, había un sistema de inter - mediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entregade so - bornos y el ulterior lavado y ocultamiento deesos movi - mientos”, expuso el director delOIJ,WálterEspinoza. En el transcursode la ma - ñana, según información oficial delOIJ, sedetuvieron 28 sospechosos, entre ellos, dos de los dueños de las constructoras más impor - tantes del país:Carlos Cer - das Araya, de Meco; y Méli - daSolísVargas,deH.Solís. Además de la Casa Presi - dencial, la policíaingresó a otras 13instituciones públi - cas, entre ellas el Consejo NacionaldeVialidad(Cona - vi); el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), asícomoamúltiplesoficinas de empresasprivadas quese dedicaban almantenimien - to y desarrollo de obras via - les, y a 21casas de personas vinculadasalapresuntared. “Hubounadenunciahacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmen- te favorecíana algunasem - presas y que lo hacíanpara obtenerbeneficios enel ám - bito delmantenimiento, de - sarrollo y construcción de carreteras”,dijoEspinoza. “Esas empresas tenían monopolio de adjudicacio- nes y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionariosque daban beneficios irregula - res”, añadióel jefe de laOIJ. Entrelos favoresseincluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, y hasta favores se - xuales,entreotros. Los delitos quese investi - gan son peculado, cohecho, falsedad ideológica,malver - sación defondos ytráfico de influencias. Al respecto, laCasaPresi - dencialenvió uncomunica - do señalando queestá coo - perando con todas las dili- gencias judiciales, ya que reiteran que “la gestión pú - blica debedarse conestricto apego a lasnormas legalesy éticas”. Esta es lasegunda ocasión en que la Casa Presidencial es allanada. En febrero de 2020, lasautoridades ingre - saron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensiblede la población,atravésdelaUni - dad Presidencial de Análisis deDatos(UPAD). De acuerdo conel diario La Nación , Erick Ramos Fallas, quien representa a Cerdas, expresó que “esta- mos en unaamplia yplena colaboración conel Minis- terioPúblico, conlaslimita- ciones que eso impliquey, por supuesto, vamos a ejer- cer los controles delegali- dad que permite el ordena- miento jurídico para escla- recer la verdad real de los hechos”. Además, a través de sen - doscomunicados,MecoyH. Solísdijeronqueestánfacili - tando toda la información y documentación que el Mi - nisterioPúblicorequiera. La Nación reportó que uno de los investigados, Juan CamiloSaldarriaga Ji - ménez, es asesordel presi - dente de la República,Car - losAlvaradoQuesada,yque, aunque le allanaronla ofici - na y su apartamento,no fue detenido. Según medios costarri - censes, las investigaciones judiciales apuntan aque en algunos casos se desvió el presupuesto aprobado para unproyectohaciaotros. La pesquisa Detalles La investigación fue de- clarada como un caso de crimen organizado. El esquema, dijo el director del OIJ, representaba un asocio delictivo que, eventualmente, incre- mentaba el costo de las obras y que es ilegítimo, irregular y delictivo des- de el plano de la hipóte- sis dela investigación. 550 investigadores judi- ciales, así como 100 funcionarios del Poder Judicial participaron en los 57 allanamientos. Policías de laAgencia de InvestigaciónJudicial (OIJ) allanan la casa presidencial durante una investigaciónpor presuntos hechos de corrupción enSanJosé, CostaRica. AFP æ Comunicado Ante las amenazas dirigidas la semana pasada contra la integridad física de la periodista Flor Mizrachi Ángel por supuestos miembros de grupos delincuenciales organizados, el Consejo Nacional de Periodismo condena enérgicamente estos ataques, que buscan la autocensura de medios y periodistas frente a una escalada de hechos irregulares que han sido objeto de reportes noticiosos por parte de la ya mencionada periodista, los cuales dieron origen a las amenazas. El Consejo Nacional de Periodismo advierte a la colectividad panameña que las amenazas -en especial contra la vida de los periodistas u otros actores de la sociedad civil- constituyen graves atentados contra la libertad de expresión, cuyas consecuencias son notoriamente perjudiciales para nuestra aún joven democracia, tal como ha quedado evidenciado en otras latitudes, particularmente en cercanos países de nuestro continente. En consecuencia, los miembros del Consejo Nacional de Periodismo, al tiempo que rechazamos categóricamente esta pretendida agresión contra la vida de la periodista y su familia, que atenta contra sus derechos humanos y que al mismo tiempo debilita pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, hacemos un llamado a las autoridades, a fin de preservar la vida de todos aquellos que son víctimas de amenazas como las que han motivado este pronunciamiento. En tal sentido, el Consejo Nacional de Periodismo sugiere, tal como es la costumbre en otros países de la región, que las autoridades establezcan protocolos de acción ante este tipo de amenazas que incluyan, de forma automática, la urgente protección física de las personas amenazadas cuando estas den a conocer el hecho; juzgar el grado de peligrosidad de estas amenazas, y hacer una inmediata investigación contra quienes resulten sospechosos. La sociedad y el gobierno deben tener cero tolerancia a este tipo de amenazas. Los periodistas tienen un rol fundamental para con todos nuestros conciudadanos: los nutren con información para que puedan ejercer debidamente sus libertades y derechos. Cualquier amenaza a su vida o a su libertad de expresarse perjudica el derecho de los ciudadanos a estar informados y, a su vez, de informar a terceros; a ejercer la libertad de pensamiento y a expresarse libremente. Quedamos a la espera de que se convoque lo antes posible un encuentro a fin de establecer el sugerido protocolo de acción. Dado en la ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de junio de 2021.