2A LaPrensa Panamá, jueves 17 de septiembre de 2020 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Laprotecciónde la democraciacontra el dinerosucio Además de la prohibición de financiamiento privado en las campañas políticas, se debe considerar una reforma procesal para combatir los delitos de corrupción y el blanqueo de capitales. ANÁLISIS RodrigoNoriega EspecialparaLaPrensa
[email protected] E n 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad enGua- temala,determinóquelaco- rrupción era la principal fuente de ingresos de las or- ganizacionespolíticasenese país. Según el organismo, entreel crimenorganizadoy elnarcotráficopodríanestar aportando el 25%del finan- ciamiento de los partidos políticos guatemaltecos. En Panamánoexisteunestudio similar. La detención del exgober- nador de la comarca de Gu- naYalaesta semana, y los re- cientesarrestosdeallegados cercanosdeundiputadoyde otra gobernadora, se han convertido enuna seguidilla deincidentesqueporcoinci- dentales que hayan sido, in- dican una tendencia de pe- netración en la política de elementos del crimen orga- nizadoyelnarcotráfico. Apesardequepordécadas Panamáha confrontado im- portantes presiones inter- nacionales sobre los temas de lucha contra el narcotrá- fico y prevención del blan- queodecapitales,esmuypo- coloqueexisteparaproteger a la frágil democracia del vi- rusdeldinerosucio. Ungranvacío Para ser electo a un cargo público,desdePresidentede la República, hasta repre- sentante de corregimiento, la ConstituciónPolítica es- tablece entre los requisitos no haber sido condenado por delito doloso, con pena de prisión de 5 años o más. Así lo estipulan el artículo 153numeral 4para losdipu- tados, el artículo 180 para Presidente y vicepresidente de la República, y el artículo 226 para los representantes de corregimiento. Curiosa- mente, la norma aplicable para los alcaldes no tiene rango constitucional, si no que está establecida en leyes como el Código Electoral , en su artículo 291, en su nu- meral3. La prohibición de elegir personas condenadas por delitos, apareció en la Cons- tituciónde1972,yenaquella época se limitaba a delitos “contra la cosa pública”, es decir,todaslasformasdepe- culado. En lapráctica este es un requisito simbólico, ya que en Panamá obtener una condena en firme, es decir, hastaagotar el últimorecur- so disponible ante la Corte Suprema de Justicia, puede requerir de muchos años, lo que facilita el que personas indiciadas o vinculadas a una investigación penal puedanaspirarauncargode elección. Enloreferentea losmagis- trados de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal Electoral, losProcuradores o el Contralor y subcontralor General de la República en- tre otros altos funcionarios, lasprohibicionesdehabersi- docondenadospordelitodo- loso se mantienen. Para la granpartedelrestodelosser- vidores públicos, solo basta que no tengan una inhabili- tación de funciones vigente, que es una pena accesoria dictaminadaporunjuez. El financiamientosucio estáprohibidopero… Según el artículo 256 del Código Penal está prohibi- do financiar campañas polí- ticas con fondos provenien- tes del blanqueo de capitales. Vale recordar que esta actividadcompren- de numerosas opera- ciones delictivas y no estálimitadaalnarcotráfi- co.Aunque lasanciónesde5 a 10 años, se desconoce si existeunsolocasoactivoan- telajusticiapanameña. La fragmentación institu- cional dificulta que aquellos que pudieran tener la infor- mación de actividades sos- pechosas la compartan de formavigorosaconelMinis- terio Público o la Fiscalía GeneralElectoral. Así, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está ads- crita a la Presidencia de la República. La UAF es la principal entidad que actúa en la detección y monitoreo del blanqueo de capitales en Panamá. Al estar adscrita a unórganopolítico, existe un filtroqueevitaquetodalain- formación que debería estar enconocimientodefiscalese investigadores, esté contro- lada por la Presidencia de la República. Por otro lado, aunque el CódigoElectoral regulaes- trictamente el financia- miento privado de las cam- pañas políticas, la informa- ción depende de las propias organizaciones políticas y del cumplimiento, de buena fe, de lasnormas electorales. La investigación de las in- fracciones de las normas electorales le corresponde a la Fiscalía General Electo- ral, queusualmentemantie- ne fuertes vínculos con la coalición de partidos gober- nantes. Según Ana Matilde Gó- mez,exprocuradorageneral de la Nación, lo que se nece- Métodopara ocultar ladroga sorprendióa la jueza ErickMarteloRobinson. MiguelCavalli ForoCiudadanopresenta recurso contradecisióndel plenodel TE LEY ELECTORAL ElianaMoralesGil
[email protected] El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales pre- sentó ayer un recurso de re- consideración contra el acuerdodel plenodel Tribu- nal Electoral (TE) 43-1 del pasado 11 de septiembre, con el que se decidió que no se puede modificar el meca- nismode votaciónenel seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Con ese acuerdo, los magistrados dejaron sin efecto la histórica decisión que laCNREtomóel pasado jueves: que los temas dema- yor relevancia que se discu- tan en la comisión sean aprobados pormayoría cali- ficada de siete votos y no por “mayoría de votos”, fórmula en la que los partidos políti- costienenventaja. Por estos días la CNRE discute los cambios a la ley electoral. El recurso que fue presen- tadoadvierte,entreotrasco- sas, queno comparten lade- cisióndelplenodebidoaque el artículo 128 del Código Electoral , al hablar de ma- yorías, lo hace de forma am- plia y sin restringir el con- cepto de distintas de mayo- ría. El documento dice, ade- más,,queesForoCiudadano busca mecanismos que ga- ranticenmayores consensos dentro de la CNRE. “Al final el país ganará con un Códi- goElectoral queno respon- da a los intereses de los par- tidos, ni deningúnsector es- pecífico de la sociedad civil, sino al clamor ciudadano de una democracia más robus- tayparticipativa”,señalan. PROCESO OlmedoRodríguezCampos
[email protected] Erick Martelo Robinson, exgobernador de la comarca Guna Yala y Rogelio Alba, quedaron detenidos ayer, luego de que en una audien- cia la juezadegarantíasDia- na García legalizara su de- tención, mientras se les in- vestiga por la supuesta co- misióndelosdelitosdepose- sión agravada de drogas y modificación de estructura de vehículo a motor (doble fondo). Ambos fueron aprehendi- dos en un retén de la Policía Nacional,enelcorregimien- todeLasGarzas. Les encon- traron 79 paquetes de una sustancia que parece ser co- caína en una estructura de- bajodelasientodelcarro. Durante la audiencia, la jueza contó que en sus años de experiencia tratando te- mas relacionados al tráfico de drogas nunca había visto esa modalidad: el mecanis- mo instalado en el vehículo para ocultar el doble fondo dondeestabaladroga. Tras conocerse el hecho, el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo gi- ró instrucciones para la des- titución de Martelo Robin- son y de paso se nombró a AlexisAlvaradocomonuevo gobernadordeGunaYala. Precisamente, en horas delmediodíadeayer,Marte- lo Robinson fue notificado de su destitución del cargo de gobernador, por partedel director general del Minis- terio de Gobierno, Lorenzo Hincapié. Martelo Robinson es miembro del oficialista Par- tido Revolucionario Demo- crático. FE DE ERRORES sita es “prohibir el financia- miento privado”, evitando de esta forma la influencia de cualquier dinero sospe- choso, en las campañas elec- torales. La jurista dijo ayer miércoles en el programa Cuarto Poder de Teleme- tro Radio, que era necesario un cambio de la mentalidad enlapolíticapanameña. La influencianose limi- taaldinero Elpoderdelasredesdecri- men organizado se mani- fiesta de diversas formas en su relación con el Estado y el gobierno oficial. Aunque el dinero es lamás obvia, otras formas de cooperación son viables. Por ejemplo, las bandas o pandillas pueden aportar “voluntarios” para caminar en favor de un par- tido político o una candida- tura específica. Estas mis- mas organizaciones pueden excluirde suterritorioagru- pos políticos opositores, li- mitandosucapacidaddeac- ceso a campañas equitati- vas. El último elemento de presión política es la intimi- dación o el uso de la fuerza. Tanto los servidores públi- coscomo los funcionariosde elección son sumamente vulnerables a este tipo de presiones, ya sea dirigidas hacia ellos, o a sus círculos cercanos. Laagendapendiente Los riesgos que enfrenta Panamá son comunes a to- da la región. Otros países han transitado con al- gún grado de éxito el saneamiento de su gobier- no y de su política. Además de la prohibición de finan- ciamiento privado, reco- mendadapor laexprocura- dora Gómez, se debe consi- derar una reformaprocesal paracombatir losdelitosde corrupciónyel blanqueode capitales. Quizás sea nece- sario centralizar en un solo tribunalanivelnacionalto- dos estos casos, para facili- tar la vigilancia activa de la ciudadanía. Panamá carecedeuna ju- risdicción de extinción de dominio que expropie aquellos bienes cuyo ori- gennopuedenserjustifica- dos tanto por autoridades como por particulares. El sistema actual de jurisdic- cióndecuentasdependeen mayormedidadeunejerci- cio responsable de la Con- traloría General de la Re- pública, pero la institución está rebasada por la multi- plicidad de casos pasados y presentes, que requieren su atención, y por el sesgo político de dicho despa- cho. Al final, depende del ejer- ciciodeunaciudadaníaacti- va el que nuestra democra- cia resista los embates del narcotráfico y que aquellos que actúan en nombre del Estado cumplan con todas las leyes, y no sean rehenes del crimen organizado y la corrupción en todas sus for- mas. En la noticia titulada ‘Ministerio Público sufre otro revés: Sala Penal no admite casación en caso Riego de Tonosí’, publicada el pasado lunes 15 de septiembre, se dijo por error, que Riccardo Francolini figuraba entre los investigados del caso. Este medio de comunicación aclara que Francolini no está vinculado a esta investigación. a r r i v a l 1 2 3 4 5