23 En Rwanda, contratos de largo plazo con operadores privados han asegurado el abastecimiento de la capital Kigali y modernizado sistemas rurales, mientras que en Jordanía un modelo de gestión privada en Amán incrementó la cobertura de 90 % a 100 %, redujo pérdidas en la red y mejoró la infraestructura sanitaria, combinando eficiencia operativa con metas sociales. Incluso en América Latina, la experiencia argentina —pese a sus debates— evidenció que la expansión de redes de agua potable en áreas concesionadas redujo la mortalidad infantil en hasta 7%, demostrando el impacto social de una mayor cobertura. Más allá de la infraestructura, han surgido modelos financieros innovadores, como WaterEquity, que canaliza recursos privados para ofrecer microcréditos a familias y comunidades. Estos esquemas permiten financiar conexiones domiciliarias y sistemas de saneamiento, al tiempo que generan retornos financieros atractivos para inversionistas de impacto. Para Panamá, replicar estos modelos implica crear un marco regulatorio transparente, definir esquemas tarifarios sostenibles y establecer incentivos que equilibren la rentabilidad privada con objetivos sociales y ambientales. La participación empresarial puede acelerar proyectos de desalinización, plantas de tratamiento, modernización de redes y tecnologías para reducir pérdidas y reutilizar aguas residuales. En un país donde el agua es vital para la economía y la vida, integrar al sector privado en una estrategia nacional de seguridad hídrica es un pilar esencial para garantizar el futuro. La seguridad hídrica de Panamá requiere inversión conjunta, innovación y compromiso compartido.
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