MI DIARIO Miércoles 9 de abril de 2025 l Página 5 Contraloría presentará Exfuncionarios cierran calle en San Miguelito; exigen su plata querella penal primas de antigüedad, décimos atrasados y compensatorios que no fueron entregados. Según Yariela de Palacio, vocera del grupo, más del 80% de los funcionarios destituidos aún no ha recibido sus prestaciones, incluyendo personas con discapacidad y otros en situaciones vulnerables. “Queremos que se comprometan con una fecha global y no sectorial para realizar los pagos”, expresó. Por su parte, el tesorero municipal, Porfirio Luna, explicó que primero se saldará una deuda derivados del movimiento de contenedores se redujeron significativamente. “Aquí entre más contenedores mueves, menos ganas. Es inaudito”, afirmó Flores. Además, señaló que PPC ha declarado que estas compañías no son subsidiarias ni concesionarias, lo que llevó al contralor a calificarlas como “fantasmas”. Actualmente, estas entidades están bajo investigación por la Dirección General de Ingresos (DGI). Flores responsabilizó al excontralor Gerardo Solís por no evitar la renovación automática del contrato en 2021, pese a las falencias señaladas en auditorías previas. Según el informe presentado, las gestiones realizadas durante esa época fueron deficientes y se manejaron en secreto. “Nunca debió hacerse así”, declaró Flores. El contralor también cuestionó la falta de refrendo por parte de la Conpendiente con acreedores bancarios antes de proceder al pago de las prestaciones. La alcaldesa Irma Hernández reiteró su compromiso con los extrabajadores y aseguró que los pagos se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria. Hernández explicó que la administración anterior dejó una deuda acumulada de $14 millones, lo que ha complicado las finanzas municipales. Sin embargo, prometió trabajar desde la Tesorería para recaudar fondos suficientes. traloría General en el proceso de renovación del contrato. Según él, esto permitió que el Estado dejara de percibir ingresos significativos desde 2012, cuando se emitió una resolución que modificó las condiciones del acuerdo. Otro punto crítico señalado por Flores fue el papel de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en la renovación del contrato. Acusó a su junta directiva de actuar con negligencia o alevosía al aprobar auditorías superficiales y favorecer a PPC.“La camiseta de Panamá nadie se la puso. Tenemos un contrato leonino”, expresó. Flores adelantó que presentará querellas penales contra los exintegrantes de la junta directiva de la AMP y otros ERIC CONTE MI Diario ERIC CONTE Mi Diario Un grupo de exfuncionarios de la Alcaldía de San Miguelito cerró este martes la calle principal de Paraíso en protesta por el incumplimiento en el pago de sus prestaciones laborales. Los manifestantes, quienes fueron despedidos desde mediados de 2024, exigen una respuesta inmediata por parte de la alcaldesa Irma Hernández, reclaman el pago de vacaciones vencidas, El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, reveló los resultados de la auditoría realizada a Panama Ports Company (PPC), calificándolos como “muy serios” y señalando un perjuicio económico para Panamá que supera los $1.2 billones. Flores anunció que se interpondrán acciones legales contra exfuncionarios y directivos relacionados con el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Entre los principales descubrimientos, Flores destacó la existencia de subsidiarias fantasma que operaron entre 2015 y 2023, causando una drástica caída en las ganancias del Estado. Según el contralor, estas empresas recibieron pagos por $478 millones, mientras que los ingresos Por renovación del contrato de Panamá Ports sin refrendo responsables del proceso. Entre ellos figuran altos funcionarios como Carlos García Molino, José Alejandro Rojas Pardini y Noriel Araúz. Según el contralor, Panamá debía haber recibido $1,337 millones durante el periodo de concesión, pero solo obtuvo $483 millones. Esto representa un perjuicio económico directo de $853 millones, al que se suman $350 millones en exenciones fiscales otorgadas a PPC. En total, el daño económico asciende a más de $1.2 billones. Flores concluyó afirmando que esta situación no solo refleja incumplimientos por parte de PPC sino también una gestión desventajosa por parte del Estado panameño.
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