Un atraco al Estado DENUNCIA I Me escribió un guachimán desde Ernesto Córdoba Campos para pedir que pongan cámaras por donde está la escuela San Francisco de Asís porque las personas tiran la basura allí. Además, un poco más adelante hay una alcantarilla sin tapadera, lo que representa una amenaza para las personas que pasan por el lugar. DENUNCIA II A las autoridades del Tránsito, pelen el ojo con las regatas de las chivas de la barriada Suntracs que van hacia San Isidro. Se creen rápidos y furiosos. ¡A LA REJA! Al que le cayó la ley fue al exrepresentante de San Francisco Carlos Pérez Herrera, quien fue detenido ayer porque, según circuló ayer en redes sociales, debe más de $30 mil en pensión alimenticia. Dicen que al man lo guardaron en Tinajitas. EL GUACHIMÁN VIGILA... Recuerda que si tienes alguna queja o denuncia comunitaria, puedes escribir al Whatsapp 62275427 de El Guachimán. Este es un espacio pensado para que las personas puedan dar a conocer los problemas que aquejan a sus comunidades. No te quedes callado. FONDA VS. FONDA La batalla de Fonda vs. Fonda está llegando a su fin. Pronto daremos a conocer a los finalistas que se enfrentarán en la gran final que se realizará el próximo 8 de marzo. Gracias a nuestros lectores que con sus“likes”apoyaron a sus fondas favoritas. Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Los artículos de Opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores. Mi Diario no avala sus puntos de vista. Presidente Annette Planells Editor en jefe Eric Conte Gerente de Ventas y Comercial Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3236: Mi Diario ISSN L 2953-3260: midiario.com Corporación La Prensa, S.A. Ave. 12 de Octubre y calle C Hato Pintado, Pueblo Nuevo Apartado 0819-05620 Panamá, Rep. Panamá Teléfono 222-9000 / Fax 222-9090 [email protected] EL GUACHIMÁN EL TUIT TAQUILLERO EL CABEZAZO EDITORIAL Si lo que opina el procurador general de la República es cierto, los funcionarios que firmaron el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a favor de la empresa Panama Ports Company (PPC) deberían responder ante la justicia por ser promotores de un virtual atraco al Estado panameño. Es sencillamente increíble que un contrato visiblemente lesivo a los intereses del país haya sido negociado en esos términos, pero que lo hayan firmado funcionarios que deben velar por la colectividad, sencillamente no tiene perdón. Los leoninos términos del contrato con PPC nos revelan que los gobernantes de la pasada Administración fueron irresponsables y actuaron como una pandilla de gangsters de cuello blanco, a los que no les importó entregar bienes estatales a una empresa que les saca o les sacará provecho económico en perjuicio de nuestro patrimonio. Es por ello que deberían ser sentados y acusados por negligencia inexcusable, solo para empezar. Esa maleantería que nos gobernó durante cinco años no presentó objeción alguna a la cláusula 2.1 del contrato, que permite a PPC explotar estructuras distintas a las concesionadas, lo cual es violatorio de los artículos 1, 2, 19, 29, 32, 50 y 159 de la Constitución, ya que el gobierno pasado entregó a PPC terrenos para operar en una expansión futura. Pero ni es todo ni es lo más grave. El contrato impide que otras empresas puedan competir, ya que le concede un derecho preferencial a PPC sobre futuras concesiones en la antigua base naval de Rodman, en el Pacífico, lo cual es un evidente privilegio indebido y le confiere a la empresa una posición dominante sin que exista una justificación de interés público. Pero, además, el contrato le entrega a PPC facilidades e instalaciones en la isla Telfers (Colón) y en Diablo (Panamá) sin ningún tipo de supervisión estatal, lo cual impide también al Estado reasignar estos recursos a otros operadores que podrían generar mayores beneficios para el país, lo cual afecta el interés general y socava los principios de interés general y justicia social. En otras palabras, nos han robado y con la anuencia de nuestros propios funcionarios. Mi opinión Página 6 l Jueves 27 de febrero de 2025 MI DIARIO
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